Una vuelta de tuerca
El ocaso del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.
Sofía Kortysz
El grupo, creado mediante decreto por Tabaré Vázquez en los inicios de la actual administración, se ha ido desmembrando al aumentar los obstáculos que ya venía enfrentando para cumplir con su labor. Ante este panorama y la posibilidad de que un nuevo gobierno pueda borrarlo de un plumazo, su coordinador, Felipe Michelini, considera que la “vía del decreto está agotada” y apuesta a la creación de un marco legal en el que inscribir las tareas que desempeña.
La tarea iba a ser ardua. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj) tenía la finalidad de investigar los crímenes de lesa humanidad “cometidos por agentes del Estado o quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de éste” entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. Además, debía sistematizar todos los elementos generados en los procesos judiciales pertinentes y digitalizar la información existente y que se lograse incorporar. Como si fuera poco, se le encomendaba la tarea de asegurar “el acceso, análisis, detección y cruzamiento” de datos de forma “ágil y fidedigna”, así como acompañar el trabajo de las comisiones especiales vinculadas a las leyes reparatorias.
El grupo se conformaría por siete personas de diversos organismos que, en el momento de su creación, fueron Macarena Gelman, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, Susana Andrade, Pedro Sclofsky, Ademar Olivera y Mario Cayota. El decreto también indicaba que la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, de la Presidencia, sería el soporte funcional y administrativo del grupo, que pasaría a definir sus planes de trabajo.
EL ÚLTIMO QUE APAGUE LA LUZ. Pero lo cierto es que de las personas que inicialmente conformaban el Gtvj hoy quedan tan sólo tres: Gelman, Sclofsky y Michelini, su coordinador. En 2017 Cayota, que era el representante de la Iglesia Católica, fue designado por el presidente Vázquez como embajador en el Vaticano. Si bien en el Gtvj consideran relevante que Cayota esté investigando los archivos que allí se encuentran, a los que no es nada sencillo acceder, no deja de ser un integrante menos en el trabajo diario. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se retiró del grupo en febrero, “por la falta de decisión política respecto de las Fuerzas Armadas”. El detonante fue la falsa ubicación de un enterramiento que entregó el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. Familiares desconocía la fuente del comandante y no tuvo la posibilidad de chequear esa información antes de comenzar las excavaciones, que no arrojaron nada revelador. Antes de que comenzase el trabajo de campo, Familiares solicitó a Vázquez una reunión, pero nunca lograron ser recibidos directamente por él. En diálogo con Brecha, Michelini también hizo referencia a la ausencia de hallazgos tras la excavación en La Montañesa y en una chacra en la zona de Pajas Blancas: “Excavar se puede excavar, es caro pero se puede hacer. Ahora, si no se tiene la investigación previa necesaria, se excavará todo el país pero no se va a encontrar nada”.
A estas bajas se le sumó hace dos meses la de la diputada por la lista 711 Susana Andrade. Estaba en el grupo en representación de Mundo Afro, pero se retiró con el apoyo de su sector político, también por las declaraciones de Manini Ríos, “que no contribuyen a cuidar y a consolidar la democracia alcanzada con el sacrificio de tantos compatriotas”. En su carta de renuncia también mencionó el rol de la cancillería en el juicio por el Plan Cóndor en Roma, en el cual, asegura, “hemos hecho todo para perder, se trabajó tarde, a destiempo, se cambió la estrategia jurídica, acompañado de otras negligencias”. La carta concluía que la responsabilidad es del gobierno: “debe ser contundente”, y no puede “ser tibio frente al terrorismo de Estado”. Por una situación personal, también Olivera, que integraba el grupo en representación de la Iglesia Metodista, debió alejarse.
Michelini reconoce que la articulación del Gtvj con la Presidencia, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, ha sido compleja. De hecho, la historiadora Isabel Wschebor, directora de esta secretaría desde 2015, renunció a comienzos de 2016. Tras un período en el que este cargo se mantuvo acéfalo asumió Fernando Gómez, quien permaneció en el puesto tan sólo ocho meses. Dio un paso al costado días después de que Familiares expresara públicamente –en el acto por el Día de los Trabajadores de 2017– la falta de compromiso político y advirtiera que “de continuar a este ritmo, si no se dota rápidamente de los medios materiales y de personal, la batalla para acceder a nuevos archivos está perdida y este esfuerzo será nuevamente una mera declaración de buenas intenciones”.
¿Y AHORA? A comienzos de este año el Gtvj presentó un balance de su actuación respecto al plan de trabajo que se habían propuesto en sus inicios. Allí indican algunos puntos en los que se pudo avanzar, por ejemplo en el acceso a una parte importante de la documentación, pero también las trabas que siguen entorpeciendo su actividad. Se mencionaba que el robo en el Grupo de Investigación de Arqueología Forense (Giaf), así como la amenaza realizada por el llamado “Comando Barneix”, dos causas que siguen sin resolverse, habían generado un clima de miedo que atentaba contra el avance de las investigaciones. También se indicaba que el vínculo con el Poder Judicial había sido “disímil y complejo”. Tampoco cuenta al día de hoy con un equipo interdisciplinario que posea los conocimientos y capacidades necesarias para llevar adelante las tareas que se le encomendaron.
Ante la actual situación, Michelini plantea: “Uno podría decir: es una iniciativa presidencial y el 1 de marzo se termina, o la sociedad uruguaya encuentra el espacio institucional a los efectos de darle continuidad al trabajo”. En su opinión, “la línea del decreto presidencial está agotada”, se debería crear un marco legal que estableciera la tarea del grupo como “una política pública estatal de larga duración, con órganos que tuviesen un cometido legal expreso, inequívoco, con los poderes jurídicos necesarios e imprescindibles para poder llevarla adelante”. Agregó que “en una sociedad que le da tanta importancia a la ley”, este marco legal fortalecería y “haría más visible la tarea”. Asimismo, considera que en el grupo hay un “diagnóstico común” pero no necesariamente un acuerdo en cuanto a las posibles soluciones, aunque, en última instancia, todos son conscientes de que ellos no tendrán la última palabra.
En la misma línea, desde la asociación de ex presos políticos Crysol dijeron a Brecha que “el Estado uruguayo debe aumentar su compromiso con la búsqueda de los detenidos desaparecidos”, y que ya le han expresado a Michelini que el “camino más democrático y transparente” sería crear una ley que potenciara a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). “Una ley significa un gran debate público en los medios, con la ciudadanía, la posibilidad de que las organizaciones sociales podamos llevar sugerencias cuando se esté tratando en el Parlamento”, recalcaron.
La posibilidad de transferir algunas responsabilidades del Gtvj a esta institución no sería la única alternativa para continuar el trabajo realizado hasta el momento, ya que hay quienes consideran que no está entre sus funciones investigar. Por lo tanto, otra opción podría ser la creación de una nueva persona jurídica.
De todas formas, Michelini resaltó que, mientras esto se debate, el grupo sigue trabajando. Esta semana le entregó a la Facultad de Información y Comunicación nueva documentación para sistematizar en conjunto con la Facultad de Ingeniería. Además remarcó que el Equipo Argentino de Antropología Forense está trabajando en el Batallón número 14 (véase nota de Mauricio Pérez). Evaluando entonces los “avances y retrocesos” que ha habido, el coordinador del Gtvj concluyó: “Si usted me pregunta: ¿prefiere aceptar trabajar en el marco de una fragilidad institucional a que no se haga nada? Por supuesto, prefiero mil veces el esquema en el que estoy a un Estado que mire para el costado”.