La tortura, el asesinato
y la desaparición forzada
son crímenes de Lesa Humanidad
A pedido expreso de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, la jueza Staricco dispuso el allanamiento de la vivienda en la cual reside en régimen de prisión domiciliaria José Nino Gavazzo. La semana pasada, un equipo policial de Asuntos Internos se presentó en la casona de Parque Miramar y procedió, por primera vez desde el retorno a la institucionalidad democrática, a allanar la residencia, en vida, de un terrorista estatal. Un paso básico y elemental en cualquier investigación seria de un hecho delictivo.
Disfrutando cómodamente su prisión domiciliaria
El operativo, que duró unas cinco horas, sirvió para incautarse de decenas de “biblioratos” y “varias cajas con documentación” que contienen información relativa al terrorismo de Estado, según fue informado por diferentes medios de comunicación.
El allanamiento fue autorizado por la jueza letrada de 7º turno de Ciudad de la Costa, Elena Iriarte, en tanto la zona de Parque Miramar forma parte de su jurisdicción.
Luego de restablecida la pretensión punitiva del Estado en octubre de 2011, hasta el momento el Poder Judicial en su conjunto, salvo honrosas y destacadas excepciones, ha sido el principal obstáculo para llegar a la verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos y sancionar las graves violaciones a los DDHH que se cometieron. A diferencia de lo sucedido en Argentina y Chile donde centenares de represores se encuentran en prisión, aún con gobiernos claramente de derecha, en Uruguay solo un reducido grupo de violadores a los derechos humanos ha sido juzgado y condenado.
A pesar de ello, todos los presuntos involucrados en las graves violaciones, sus abogados defensores, el Centro Militar, sus cómplices y sus apoyos políticos, económicos, académicos y mediáticos, aducen que el Poder Judicial es parcial. El alegato político del Gral. Guido Manini Ríos que forzó su destitución es un ejemplo gráfico de lo que afirmamos. Se victimizan a los ojos de la sociedad.
Sin justicia no habrá verdad
Hasta el momento las Fuerzas Armadas no han brindado la información que permita saber lo ocurrido con los casi doscientos detenidos desaparecidos. Es una deuda institucional. La Fuerzas Aérea ha reconocido oficialmente su participación en dos vuelos que transportaron detenidos en forma clandestina. Proporcionó, además, la información que permitió ubicar los restos de Ubasgesner Chaves Sosa.
Llegar a la verdad de lo ocurrido, esclarecer los hechos, cuando los responsables institucionales, las Fuerzas Armadas, se niegan a proporcionar la misma, es patrimonio exclusivo del Poder Judicial, quien tiene el monopolio de la actuación al respecto. La investigación criminalística que solo el Poder Judicial, con el auxilio de la Policía, puede llevar a cabo de acuerdo a las disposiciones constitucionales, es el camino para romper el silencio delictuoso de todos los involucrados.
En estos años han habido pequeños avances, pero la Suprema Corte de Justicia, tal como lo anunció el expresidente de la misma Dr. Jorge Ruibal Pino en el año 2013, ha continuado siendo “una muralla” inamovible. Desde la designación de la Dra. María Elena Martínez como integrante de la misma en el año 2017 han recrudecido las posturas que privilegian el derecho de los terroristas estatales antes que el de las víctimas y a la necesidad de que haya justicia para evitar la repetición de los hechos.
Ha continuado tolerando, incluso, todas las chicanas habidas y por haber presentadas por los defensores para enlentecer las causas y paralizarlas.
Ha permitido la total condescendencia hacia los criminales para que obtengan el beneficio de la prisión domiciliaria y tengan una vejez agradable y apacible, tal como lo puso al desnudo el reportaje impúdico, hace unos días, del vocero oficial del terrorismo de Estado.
Tribunales de Honor vergonzosos
Una parte importante de los generales en actividad sigue despreciando la Constitución y el sistema democrático republicano de gobierno. Se nota claramente al leer la Resolución de los Tribunales de Honor que juzgaron las conductas de los criminales José Nino Gavazzo, Ricardo Maurente y Jorge “Pajarito” Silveira. El Honor de nuestras actuales Fuerzas Armadas acepta, sin ninguna molestia o malestar, las acciones que el conjunto de la sociedad uruguaya considera abominables y sancionables penal y moralmente.
Es lo que surge en la interpretación que los generales que integraron dichos tribunales, Juan Fajardo, Alfredo Erramún y José González, realizaron y realizan de las normas vigentes y de la doctrina de honor de las Fuerzas Armadas. La firma de los tres militares en las conclusiones amerita haber sido pasados a retiro forma inmediata por el Presidente de la República y el pasaje a la justicia ordinaria por encubrimiento.
Lo mismo sucede con aquellos que integraron el Tribunal de Alzada. Demostraron ser absolutamente antidemocráticos, desconociendo las normas constitucionales. Revelaron una complicidad alarmante con los principales criminales de nuestro país, un desprecio absoluto por las decisiones del poder judicial.
Para los tres generales, torturar, asesinar y desaparecer ciudadanos, son conductas honrosas que no dañan ni la moral ni el prestigio de la institución. Revelan un ideal de institución absolutamente contrario a las normas constitucionales vigentes y a la sensibilidad de la inmensa mayoría de la población. Son indignos de permanecer como generales en actividad por su claro pronunciamiento golpista. Igual situación se ha vivido en la Armada en el Tribunal de Honor que juzgó a Larcebeau.
Mucho camino para transitar
La creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) al comienzo del actual gobierno fue un gran avance político, más allá de los escasos logros obtenidos. Se trasmitió al sistema político, al conjunto de la sociedad un mensaje claro y elocuente.
La creación de la Fiscalía Especializada en crímenes de Lesa Humanidad ha sido también un paso importante, otro claro mensaje del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en cuanto a su compromiso con las normas internacionales de DDHH y con la justicia, un importante paso adelante, pero que no está en condiciones de derribar, aparentemente “la muralla de la impunidad” en la SCJ.
La impunidad, los terroristas estatales, siguen teniendo apoyos importantes a todos los niveles, incluso a nivel parlamentario. La movilización permanente y constante ha permitido obtener los logros alcanzados hasta ahora. Habrá que redoblarlos, convocando al conjunto de la ciudadanía. El próximo 20: todos a la calle!
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DD.HH
18 de mayo de 2019
“Si la verdad y la justicia son una
lucha de este gobierno, la impunidad
debe tener fin”
Amnistía Internacional Uruguay manifestó que el Estado uruguayo “sigue siendo responsable de cada uno de los delitos -de lesa humanidad cometidos en dictadura- hasta que se aclaren plenamente y sus autores reciban las sanciones que correspondan”.
En referencia a los aportes al proyecto de “Convención sobre Crímenes de Lesa Humanidad”, Amnistía Internacional destaca que, en efecto, “Uruguay ha realizado importantes aportes en la discusión que tiene lugar ante la Comisión de Derecho Internacional de la ONU sobre este proyecto”.
Sin embargo, la organización recuerda a las autoridades uruguayas que “los crímenes del pasado reciente continúan impunes”.
“Si este gobierno está dispuesto a no desestimar la lucha por la verdad, la justicia y la reparación, resulta fundamental que las distintas dependencias del Estado avancen con la correspondiente investigación de tales crímenes y destinen los recursos necesarios para llevarla adelante”, expresó Amnistía Internacional a través de un comunicado, pocas antes de realizarse la 24ª Marcha del Silencio.
Ante la Justicia
A la vez, la organización manifiesta que “es necesario llevar ante la justicia a todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluidos los crímenes de lesa humanidad, sin importar en la fecha que fueron cometidos”.
“El Estado uruguayo sigue siendo responsable de cada uno de los delitos hasta que se aclaren plenamente y sus autores reciban las sanciones que correspondan”, sostiene Amnistía.
A la vez indica que si la verdad y la justicia son una lucha que este gobierno afirma que no está dispuesto a desestimar, “la impunidad debe tener fin”.