Gobierno se reunirá con
los amenazados por el
Comando Barneix
10 de junio de 2019
El encuentro se producirá tras la visita de la CIDH.
Entre el 27 y el 29 de mayo, dos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaron Montevideo y se reunieron con jerarcas del Poder Ejecutivo. Luego redactaron un comunicado en el que decían, entre otras cosas, que tomaron nota y agradecían “la información brindada por el Estado” en los “avances de las investigaciones en la identificación y sanción de los responsables” de las amenazas del grupo autodenominado “Comando Barneix”, en contra de “autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron en el proceso de causas judiciales relativas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura”. Además, el comunicado sostenía que la CIDH “urge al Estado continuar invirtiendo todos los esfuerzos para determinar y sancionar a los responsables”.
Según informó el portal Sudestada, el Ministerio del Interior encargó a Estela González, directora del Equipo Especial-auxiliar de la Justicia en crímenes de terrorismo de Estado de esa cartera, para que establezca un primer contacto con las víctimas de las amenazas del Comando Barneix. Ese encuentro tendrá lugar mañana. La ex fiscal Mirtha Guianze y la investigadora italiana Francesca Lessa, víctimas de las amenazas del comando, dijeron a Sudestada que si bien participarán en el encuentro, no tienen expectativas, debido a la falta de novedades en la causa.
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07/06/2019
Comando Barneix: el
gobierno convocó a los amenazados
a reunión el martes 11
A más de dos años de los hechos, la CIDH había pedido al Ministerio del Interior que informe de supuestos “avances” en la investigación, que los afectados niegan
Cuatro de los amenazados por el “Comando Barneix” ante la CIDH: abogado Pablo Chargoñia (izquierda), y detrás Mirtha Guianze, Francesca Lessa y Jair Kirshke, junto a Florencia Retamosa y Raúl Olivera del Observatorio Luz Ibarburu. Foto: CIDH.
Fabián Werner / Sudestada
Los defensores de Derechos Humanos y abogados amenazados de muerte el 9 de febrero de 2017 por el “Comando Barneix” negaron que hayan existido “avances” en la investigación que realiza el Estado uruguayo. Esta versión fue transmitida por representantes del Ministerio del Interior a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó Montevideo entre el 27 y el 29 de mayo.
La presidenta de la Comisión, la panameña Esmeralda Arosemena, y la relatora para Uruguay, la chilena Antonia Urrejola, se entrevistaron durante tres días con representantes del Estado, la sociedad civil y la academia, y al finalizar hicieron público un comunicado con el resultado de la visita.
En el pronunciamiento del 31 de mayo se señala textualmente:
“la Comisión toma nota y agradece la información brindada por el Estado en los avances de las investigaciones en la identificación y sanción de los responsables de las amenazas del grupo autodenominado ‘Comando Barneix’ en contra de autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron en el proceso de causas judiciales relativas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura en Uruguay. La CIDH urge al Estado continuar invirtiendo todos los esfuerzos para determinar y sancionar a los responsables”
El tenor del comunicado de la CIDH tomó por sorpresa a los amenazados, que se comunicaron entre sí en los últimos días para comentar la llamativa versión sobre aparentes “avances en la identificación y sanción de los responsables de las amenazas” que nunca les fueron comunicados por el Ministerio del Interior ni por la Justicia.
Quienes recibieron las amenazas fueron la ex vicecanciller Belela Herrera, la ex fiscal Mirtha Guianze, la investigadora italiana Francesca Lessa, el activista brasileño Jair Kirshke, el juez francés Louis Joinet, el fiscal de Corte Jorge Díaz y los abogados Hebe Martínez Burlé, Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez y Pablo Chargoñia.
Dos de las personas amenazadas, la investigadora italiana Francesca Lessa y la exfiscal Mirtha Guianze hablaron con Sudestada en representación de todas las víctimas y dijeron que nunca les fue comunicado ningún tipo de avance en la investigación en los más de dos años transcurridos desde la llegada de los mensajes. Incluso, detallaron que hubo pedidos para que se tomaran algunas diligencias investigativas pero eso tampoco se llevó adelante.
Guianze afirmó que la última noticia que tuvieron fue a raíz de la carta abierta de enero de 2018, que motivó un pedido de informes de la Suprema Corte de Justicia a la jueza Julia Staricco, tras lo cual ella convocó a una audiencia el 13 de marzo de ese año.
“Esa audiencia fue inconducente. Concurrimos los denunciantes, la policía, la fiscal Mónica Ferrero y representantes de la Facultad de Ingeniería. Lo que propusimos no se llevó a cabo por el Juzgado”, lamentó.
Por su parte, Lessa dijo desde Londres que antes de esa audiencia los abogados les informaron que el expediente “estuvo paralizado en fiscalía durante ocho meses”, hasta noviembre de 2018. En ese momento “la resolución que dictó la fiscalía fue absolutamente inútil” , dijo Lessa, ya que citaba a declarar al entonces decano de la Facultad de Humanidades Álvaro Rico y a la exdirectora de la Secretaría de DDHH para el Pasado Reciente, Isabel Wschebor.
Incluso, Guianze recordó algunos episodios que le causaron “molestia”, como cuando la Policía la llamó para hacerle consultas sobre el “Archivo Castiglioni”, cuando habían sido los denunciantes quienes habían pedido a la Justicia que se buscara información en esos documentos.
“Algunos de nosotros sabemos que figuramos allí como sometidos a seguimientos y a espionaje, pero eso tampoco se hizo y el ‘Archivo Castiglioni’ sigue encajonado”, dijo.
Tanto Guianze como el fiscal Jorge Díaz preguntaron en la audiencia de noviembre de 2018 sobre las razones por las cuales la Policía no había investigado en el cúmulo de documentación encontrado en la casa del excomisario Elmar Castiglioni tras su muerte en octubre de 2015.
“No supieron contestarnos”, recordó Guianze.
“Dijeron que ellos se limitaron a lo que les habían ordenado, que era indagar el ‘Comando Barneix’, y que para ellos el ‘Archivo Castiglioni’ no entraba en el asunto. A partir de ahí, quedó claro que sí entraba, pero las diligencias que se hicieron fue citar a Rico y a Wschebor, que habían producido informes preliminares que no ahondaban en el contenido del archivo”
“El pedido de las víctimas era que el Juzgado pidiera acceso a esos documentos rescatados de la casa de Castiglioni, porque todos tenemos interés en saber lo que contienen, pero eso aparentemente no está”, lamentó Guianze.
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Equipo del Ministerio del Interior
maneja la hipótesis de que el Comando
Barneix estuvo relacionado con los juicios
por el Plan Cóndor en Roma
12 de junio de 2019
Víctimas de amenazas creen que esta línea de investigación no es completa.
Como esperaban algunos de los invitados, el encuentro de este martes entre algunos de los amenazados por el Comando Barneix y jerarcas del Ministerio del Interior sobre el avance de la investigación por este caso terminó sin demasiadas novedades. Una de las víctimas de este grupo, la ex fiscal Mirtha Guianze, había sostenido el lunes, en diálogo con Radio Uruguay, que no albergaba expectativas sobre el encuentro debido a la falta de novedades en la investigación en los 28 meses que van desde que ocurrieron las amenazas.
A juicio de las víctimas de las amenazas, el encuentro no parece haber desentonado con lo que viene siendo la historia. “Me fui intoxicado por tanto humo”, ironizó uno de los participantes del encuentro que prefirió mantenerse en el anonimato. En concreto, la reunión se produjo a pedido de la jueza titular del caso, Julia Staricco, y fue dirigida por Estela González, directora del Equipo Especial-auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado. En el encuentro, celebrado en la sede del Observatorio Luz Ibarburu, este equipo presentó su hipótesis de trabajo: las amenazas fueron una reacción o están relacionadas con el juicio por el Plan Cóndor en Roma; la aparición del “comando” se produjo un mes después de la sentencia en primera instancia de la Corte de Asís de Roma, que absolvió a 13 militares retirados imputados por crímenes de lesa humanidad.
“Ellos creen que la hipótesis fundamental es que está vinculado a los juicios de Roma, pero nosotros no tenemos una mínima conexión con eso, sino con la actuación del Poder Judicial uruguayo y la parálisis que se ha producido en los hechos en la Justicia uruguaya por este tipo de casos”, explicó a la diaria el abogado Juan Errandonea, querellante en el caso del asesinato de Nibia Sabalsagaray ante la Justicia uruguaya.
En tanto, el abogado del Observatorio Luz Ibarburu Pablo Chargoñia sostuvo que no considera que esa hipótesis sea una línea de investigación suficiente para explicar “el porqué de la amenaza ni la identificación de los amenazadores”. No obstante, explicó que este equipo del Ministerio del Interior se maneja únicamente con fuentes abiertas a todo público, como registros en la prensa, lo que significa una limitación a la hora de desarrollar su investigación.
Errandonea dijo que la hipótesis no es muy sofisticada, y que la investigación viene enfocándose excesivamente en el “aspecto tecnológico”, cuando debería estar “encuadrada políticamente” y “vinculada a otros hechos, como el robo de la oficina del Grupo de Investigación en Arqueología Forense en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, o la vandalización de los sitios de la memoria”.
A pesar de que los exiguos resultados del encuentro, las víctimas tienen expectativas de que la orientación de la investigación pueda dar un giro a partir de un futuro encuentro que el Equipo Especial-auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado tendrá el viernes con los grupos de inteligencia que funcionan en la órbita del Poder Ejecutivo, organizados por intermedio del Sistema Nacional de Inteligencia, cuya institucionalidad se creó a partir de la ley que le dio forma, y que fue aprobada en octubre del año pasado.
Algunos participantes del encuentro interpretaron que la reunión fue una suerte de respuesta del gobierno y el Poder Judicial a la petición que en febrero de este año tramitaron contra el Estado uruguayo las víctimas de las amenazas del comando, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esa oportunidad denunciaron la “falta de investigación” en el caso, y la vincularon con un “patrón mucho más amplio y preocupante, relacionando hechos de naturaleza parecida y resaltando el contexto de impunidad dominante en el país”.
A fines de mayo, una delegación de la CIDH visitó el país y exigió el esclarecimiento de las amenazas contra los activistas. La relatora para Uruguay Antonia Urrejola pidió en esa oportunidad que el Ministerio del Interior informe de los avances de las investigaciones. En su informe sobre Uruguay, la CIDH agradeció la “información brindada por el Estado” al respecto, pero lo urgió a “continuar invirtiendo todos los esfuerzos para determinar y sancionar a los responsables”.