Los médicos de la dictadura

Detenido en el tiempo

Los médicos militares en la dictadura y después.

Betania Núñez

4 octubre, 2019

Con el gesto que desenterró los expedientes de 81 médicos militares –acusados en los ochenta de ser autores o cómplices de la tortura– afloró también un viejo debate del Sindicato Médico del Uruguay: entre 1985 y 1988, la mayoría de los médicos agremiados resolvió que el ejercicio de la medicina y la carrera militar eran incompatibles. Hoy, aunque muchas cosas hayan cambiado, los médicos militares son casi tantos como a la salida de la dictadura.

Como un oxímoron, para el Sindicato Médico de los ochenta esas dos palabras, “médico” y “militar”, significaban cosas opuestas, porque el juramento hipocrático y la jerarquía militar eran interpretados como mandatos irreconciliables. Claro que, además, no era cualquier momento histórico. A la salida de la dictadura la cadena de mando respondía a unas Fuerzas Armadas que –todavía amenazantes– habían torturado, asesinado y desaparecido con la complicidad de un número nada despreciable de médicos.

“Merecen una condena genérica, porque formaron parte de un aparato de persecución, de saña, como nunca antes había visto el pueblo. Y eso es válido aunque muchas veces no los involucrara en la tortura, o en la vigilancia o simplemente porque, a veces, sin participar directamente en esos actos, examinaban a los presos encapuchados o en las condiciones que les fijaban, formando parte de un ejército que el pueblo uruguayo tenía claro que lo estaba persiguiendo, oprimiendo y ocupando”, argumentaba Marcos Carámbula hace 34 años, en ese momento secretario general del Sindicato Médico del Uruguay (Smu), con el correr de los años legislador, intendente, presidente de Asse.¹

En esa asamblea del 16 de octubre de 1985 –realizada en el Palacio Sudamérica, de la que participaron más de mil médicos y estudiantes de medicina, que se extendió hasta las 3.33 de la madrugada– destacados dirigentes hablaron en términos semejantes a los de Carámbula. Aunque la postura no fuera unánime, no eran extrañas las palabras, el énfasis, las ideas. El pediatra Jorge Quian, ahora subsecretario del Ministerio de Salud Pública, dijo esa noche que no quería médicos militares en el Smu y que no podía “ser compatible la condición de docente con la de médico militar”. Para argumentar la necesidad de una pronta desmilitarización, Quian agregó: “Quiero médicos que trabajen en el servicio de sanidad de las Fuerzas Armadas y que respondan, primero, a la Universidad, y después a su sindicato médico”.

Ante las ambivalencias de algunos y las excusas de otros, Daniel Parada, aún estudiante, años más tarde profesor agregado de Clínica Médica en la Facultad de Medicina, explicitó: “Se ha dicho aquí muchas veces que hubo médicos que salvaron vidas”, pero muchos de ellos “estaban cumpliendo órdenes de mantenerlos con vida para volverlos a torturar”. En las actas de la asamblea figura de inmediato la palabra “aplausos”; pero no todos acompañaron su lectura: en esa asamblea también había, y hablaron, médicos militares.

Ya sobre el final, la propuesta del Comité Ejecutivo del Smu –que implicaba una “severa amonestación” a todos los médicos militares que trabajaron durante la dictadura y el mandato de iniciar todas las gestiones posibles para lograr, de una vez por todas, la desmilitarización de los médicos– recibió 363 votos a favor y 204 en contra. También se aprobaron dos agregados: se entendió que no era conveniente que los médicos militares fueran a la vez docentes universitarios ni que trabajaran para una institución del sindicato como el Casmu.

Si el que lee las actas se quedara solamente con lo que ocurrió esa noche, creería que en los siguientes meses el Smu desafilió a todos los médicos militares o, directamente, que logró que esa modalidad de contratación de las Fuerzas Armadas dejara de aplicar. Pero no había un solo sindicato médico.

En 1988 se seguían discutiendo las mismas cosas. Gregorio Martirena, que hasta ese año había trabajado en la Comisión Nacional de Ética Médica que juzgó y condenó a cinco médicos militares por participar de las sesiones de tortura, falsificar certificados de defunción u omitir la asistencia hasta el extremo de provocar la muerte,² en una asamblea realizada el 18 de agosto, señaló: “En 1972, la VI Convención Médica Nacional declaró públicamente que en los cuarteles uruguayos se torturaba. ¿Por qué? Porque ya médicos uruguayos habían demostrado que había gente que había muerto en los cuarteles”. Y añadió: “Pocos médicos eran militares de carrera; la mayoría de los médicos eran civiles. En 1975 la reforma de la ley militar los obliga a tomar el grado militar. Muchos médicos que no estaban de acuerdo (…) pidieron su baja y se retiraron”.

Cuarto intermedio mediante, el debate se retomó el 24 de agosto: ya pasadas las 12 se cantó el himno y se convocó a la movilización del día siguiente, en defensa de las firmas reunidas para habilitar un referéndum en contra de la ley de caducidad. Martirena había dicho: “Estos médicos fueron cómplices cada vez que vieron a un torturado”, y eso “va a ser aclarado por la justicia cuando el pueblo uruguayo logre con el referéndum terminar con la ley de impunidad, y podamos hacer de una vez por todas lo que se debe hacer en cualquier país que quiera salir adelante, no olvidar las cosas, no tapar los recuerdos, sacarlos aunque sangren, hacerlos luz y caminar con dignidad”.

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El referéndum no se aprobó y los médicos militares no fueron condenados, salvo unos pocos a nivel gremial; pese a que se redactó un anteproyecto de ley, la desmilitarización tampoco se llegó a concretar. Si en 1975 eran muy pocos los médicos militares, hacia 1985 eran alrededor de 600. Hoy no son muchos menos.

Según datos aportados a Brecha por José Bayardi, ministro de Defensa Nacional, de 709 médicos que trabajan hoy para el ministerio, 483 tienen rango militar. Hay otros 18 que corresponden a personal subalterno y 29 equiparados al régimen militar. Civiles “puros” hay, en total, 179, y comenzaron a ingresar recién a partir del primer gobierno del Frente Amplio (FA). Sin embargo, durante estos últimos tres gobiernos también siguieron ingresando médicos bajo el régimen militar.

A partir de la reforma de la ley orgánica, asegura Bayardi, se está repensando la estructura y la intención es que la mayoría de los médicos pasen a ser civiles, aunque “un 10 o un 20 por ciento tendrían que seguir siendo médicos militares sujetos a disciplina”. Pero “hay un debate de fondo que es la integración del Hospital Militar, uno aspira a que sea parte del sistema”, dice ahora, como presidente de Asse, Carámbula. El hecho es que en 2007, con la reforma de la salud, las mutualistas y Asse pasaron a formar parte del Sistema Nacional Integrado de Salud (Snis), y los trabajadores, y luego otras poblaciones, accedieron a la atención sanitaria a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Eso no fue lo que ocurrió con la Sanidad Militar ni la Policial.

Parada opina que ahí está la clave: “La salida para todo esto es integrar a los usuarios del Militar y el Policial al Fonasa, y que esos hospitales sean dos prestadores más del sistema de salud”. Para empezar, los militares y sus familiares en el Interior se atienden en las mutualistas o en Asse, porque el servicio de Sanidad Militar se concentra en la zona metropolitana. Para seguir, los médicos militares tienen un régimen laboral y jubilatorio diferente al resto de sus pares. “¿Por qué tiene que haber un Hospital Militar?, ¿cuál es la finalidad?”, pregunta Parada: “Esa infraestructura podría servir para toda la población”.

Quian sostiene, en este sentido, que “la idea es que en algún momento Sanidad Militar y Policial ingresen al Snis, pero cuándo lo vamos a logar, la verdad es que no lo tengo claro”, y Bayardi va para atrás: “En 2007, algunos pensábamos que Sanidad Militar tenía que incluirse en el Snis, pero la mayoría del Poder Ejecutivo consideró que no era el momento. No voy a decir quiénes, pero eran mayoría en el Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas, salvo una porción muy minoritaria, tampoco querían”, y luego el tema “no se volvió a discutir”.

Daniel Olesker, que desde la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Salud Pública (Msp) trabajó en la primera etapa de la reforma de la salud y en la segunda administración del FA fue titular del Msp, sostiene que las resistencias no se hicieron sentir al principio, porque Azucena Berrutti, durante su gestión como ministra, y Bayardi, que en esa época ocupaba el rol de subsecretario, trabajaron por la incorporación al Snis, pero más tarde ese proceso se trancó: “No tuvo que ver con temas económicos porque el beneficio neto que les hubiese generado era muy alto, pero existía cierto temor de que se diera un proceso de migración de los familiares de los militares hacia el mutualismo”.

Olesker apunta que hay unos 27 mil funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional en actividad, pero si se suma a los militares retirados y los familiares, la Sanidad de las Fuerzas Armadas atiende a casi 150 mil personas, muchas de ellas con doble cobertura sanitaria, lo que genera una ineficiencia en el sistema, algo que en el próximo gobierno se debería corregir.³ De hecho, las bases programáticas del FA para 2020-2025, establecen que “se impulsará una progresiva integración y complementariedad del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas al Snis, en tanto una de las reservas estratégicas de salud del Estado”. El tema no estuvo ni en la agenda de esta administración ni en la de la anterior. Cómo se haría en un eventual próximo gobierno tampoco está dicho.

Por lo pronto, los expedientes que contienen las denuncias contra 81 médicos militares y que analizó aquella Comisión Nacional de Ética Médica, fundamentalmente entre 1985 y 1988, sacados de un cofre fort del Banco República y entregados a la Suprema Corte de Justicia el pasado 13 de setiembre, permitieron reflotar esta otra discusión.“Pienso que no tenemos que tener Ejército y mucho menos médicos militares”, reitera, hoy, Jorge Quian. Otros no sabían que esos expedientes estaban todavía guardados, que había miles de fojas para seguir. “Yo desconocía esos documentos y cuando me enteré, no lo podía creer”, dice Parada, y lanza dos preguntas: “¿Por qué no seguí indagando?, ¿por qué me quedé pensando en otras cosas?”.

1.   Todas las citas de las asambleas de 1985 y 1988 fueron tomadas de las actas correspondientes.
2.   Véase la nota “Volver a ver”, publicada por Brechael 20 de setiembre de 2019, luego de que el Smu delegara la custodia de los 81 expedientes de los médicos militares denunciados en 1985 a la Suprema Corte de Justicia.
3.            Según un informe de CPA Ferrere de agosto de 2018, “aproximadamente 350 mil personas cuentan con doble cobertura”, y buena parte se explica por los usuarios de Sanidad Militar y Policial, que también tienen cobertura Fonasa.

Contrataque

Ya en 1984, luego de la VII Convención Médica Nacional y adelantándose a lo que serían los llamados a los médicos militares acusados, Hugo Medina, como comandante en jefe del Ejército, prohibió a los médicos militares asistir a cualquier tribunal que buscara juzgar su conducta.

Y ante las asambleas del Smu de octubre y diciembre de 1985, la reacción corporativa en defensa de los médicos militares puede ejemplificarse con las palabras impresas en la revista del Centro Militar, El Soldado. El editorial de la edición de comienzos de 1986, dedicada casi enteramente al tema, planteaba que los cuestionamientos contra los médicos militares pretendían “generar vacantes que posteriormente podrían ser llenadas mediante un sutil procedimiento de infiltración de individuos hostiles a las propias Fuerzas Armadas, por motivos ideológicos. Tal como efectivamente ya ocurrió en épocas no tan lejanas, esos elementos infiltrados podrían, luego, trabajar en pro del debilitamiento y destrucción de la Institución, utilizando –entre otras cosas– la información que logren obtener mediante el trato directo con militares y familiares, pretendiendo restar posibilidades operacionales a las unidades de combate en casos de conflictos internos o externos”.¹

El análisis no quedaba ahí. “A esta altura de los acontecimientos, resulta evidente que para el marxismo apátrida –que se rige por consignas y dictados internacionales– no ha pasado inadvertida la importancia de todo lo señalado en este editorial. Por ello, desde el advenimiento del actual régimen constitucional (y aun desde bastante tiempo antes) viene desarrollando esa campaña sistemática de desprestigio que denunciamos, en contra del Servicio de Sanidad Militar y las funciones que el mismo cumple y contra los propios médicos militares. Siguiendo fielmente las conocidas técnicas del comunismo internacional, esta campaña se dirige, en principio, hacia algunos prestigiosos médicos, para ir ampliándose gradualmente hasta llegar a atacar a la totalidad del sistema sanitario de las Fuerzas Armadas y Policiales”.

1.   Número 10 de la revista, correspondiente a enero-febrero de 1986, publicado por el Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente (Geipar) de la Universidad de la República en su sitio web.