Derechos vulnerados
Jueza condenó a tres medios de comunicación por difundir información.
Mauricio Pérez
4 octubre, 2019
Antonio Romanelli (izq) junto a su abogado, Juan Carlos Fernández Lecchini
El fallo judicial que obliga a tres medios de comunicación a publicar la respuesta de un militar acusado de verduguear a presos políticos durante la dictadura genera, en palabras del relator para la libertad de expresión, Edison Lanza, “un antecedente complicado”. El derecho a respuesta “no puede ser una medida automática”, advirtió.
La jueza Dolores Sánchez avaló el pedido de derecho a respuesta presentado por el coronel (r) Antonio Romanelli y condenó a tres medios de comunicación (Radio Uruguay, Montevideo Portal y el diario La República) a divulgar una carta de su autoría en la que desmiente el testimonio de unos cuarenta ex presos políticos sobre su actuación como carcelero en el sector Barracas del Penal de Libertad.
Estos medios difundieron un texto del colectivo Crysol en el que se denuncia a Romanelli por tratos crueles y degradantes contra los presos políticos. El hoy asesor de seguridad de Cabildo Abierto, de acuerdo a esta carta pública, “hostigó brutamente a centenares de prisioneros”; era “un auténtico verdugo”, que tenía una particular saña con las personas mayores, con quienes padecían problemas psiquiátricos y con la gente de la comunidad judía.
Los tres medios intentaron contactarse con Romanelli para que aportara su versión sobre esta denuncia, pero no obtuvieron respuesta. El militar se presentó directamente ante la justicia y reclamó “derecho a respuesta”, aduciendo que la información divulgada era agraviante e inexacta. Tras escuchar a las partes, la jueza amparó el reclamo. Argumentó que el derecho a respuesta es “un instrumento informativo” que “se rige por el principio de equivalencia”, cuyo objetivo es que la persona que se siente agraviada pueda dar su versión, de forma que se “oigan las dos campanas” y la opinión pública “se forme un juicio imparcial”.
De acuerdo a la jueza, este derecho está amparado en normas nacionales e internacionales, y tiene su origen en el artículo 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Afirmó que los tres medios “conocen” del derecho que le asiste a Romanelli y por eso intentaron entrevistarlo. “Sin embargo, no logro comprender el fundamento de la negativa a publicar la respuesta del actor, pero sí efectuarle una entrevista o haberlo intentado comunicándose con allegados para que lo hiciera”, escribió Sánchez.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, afirmó que el derecho a respuesta es un mecanismo legítimo, pero “no puede ser una medida automática” porque afecta la libertad de expresión. Este principio “debe ser utilizado en consonancia con los principios de la libertad de expresión”, reafirmó Lanza a Brecha. Para el experto, una de las garantías de la libertad de expresión es defender la independencia de los medios para definir cuáles son los asuntos de interés público y qué información difundir y cómo. Esa garantía procura evitar que el Estado o cualquier tercero interfieran en las decisiones que toman los editores y los periodistas.
Este asunto, en la visión de Lanza, debe visualizarse en su contexto: la difusión de la carta de Crysol es un tema de interés público que involucra a un representante de un partido político, que está sujeto al escrutinio de los medios de comunicación y de la población. La difusión de la carta, por tanto, está bajo el amparo de la libertad de expresión. Según el relator, el coronel Romanelli tiene todo el derecho a expresarse, refutar la información y dar su versión, y “tenía infinidad de posibilidades” para hacerlo. “Podría haber hecho una conferencia de prensa o haber dado su opinión en un acto público, la que seguramente habría sido recogida por estos medios”, señaló. Sin embargo, eligió la última ratio, que es recurrir a la vía legal y reclamar su derecho a respuesta.
Este mecanismo está reservado para casos extremos, por ejemplo, cuando un periodista o un medio cometieron un error y se niegan a rectificarlo, o cuando se actúa de mala fe y no se le permite a la persona agraviada que responda. En la interpretación de Lanza, ninguno de estos supuestos se verifica en este caso, por lo que puede entenderse que la intención de acudir a la justicia “es generar un efecto inhibitorio”.
“La justicia tiene un papel importante para que estos mecanismos no sean utilizados para inhibir que se investigue el pasado de estas personas –afirmó–. Si este fallo es confirmado, se puede asentar un precedente muy complicado, ya que cualquier funcionario público o legislador le puede imponer a un medio de comunicación, en forma automática, sin más, que publique su versión sobre un hecho en el que se lo cuestiona”, agregó.
PISA HUEVOS. El presidente de Crysol, Gastón Grisoni, explicó que la carta de los ex presos políticos tuvo su origen en la indignación que les generaron las declaraciones de Romanelli, en su calidad de asesor de Cabildo Abierto, sobre la necesidad de humanizar las cárceles. “Sobre todo viniendo de él, que te basureaba en forma constante las 24 horas”, dijo Grisoni a Brecha. Buena parte de los ex presos políticos, agregó, recuerdan los abusos cometidos por el entonces alférez Romanelli, alias Pisahuevos, en el Penal de Libertad. Esto incluía los plantones, los malones, los islazos, las requisas, los insultos, las amenazas, la destrucción sistemática de las manualidades o las sanciones injustificadas.
En este sentido, el candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, afirmó que las denuncias contra su asesor no tienen sustento y que su objetivo es afectar al novel partido, ya que durante 40 años nadie había dicho nada. Sin embargo, Grisoni recordó que las referencias a los abusos de Romanelli no son nuevas y aparecen en varios libros. Uno de ellos (Los desastres de la cana, de Álvaro Rodríguez, publicado en 2007) relata por ejemplo todas las medidas que dispusieron el jefe de las Barracas y su asistente, Romanelli, para evitar que los presos políticos tomaran mate.
Este tipo de acciones, explicó Grisoni, buscaban “la destrucción física, psíquica y psicológica” de los presos políticos. “En el Penal te sentías institucionalizado, no había la arbitrariedad que existía en los cuarteles, pero esa lógica se mantenía”, apuntó.
En este marco, tras conocerse el fallo de la jueza Sánchez, los ex presos políticos reiteraron sus denuncias contra Romanelli y le reclamaron que se hiciera cargo de su exposición pública y de sus intenciones políticas “absolutamente coherentes con su vocación represiva”. Además, insistieron en que los hechos relatados son reales, por lo que solicitaron al militar que dejara de amedrentar a los medios. “Háganos un juicio por difamación. Es más, pida un careo con cada uno de nosotros y díganos en la cara que mentimos, diga que mentimos cuando demos detalles, diga que mentimos cuando gente que hace 40 años que no se ve coincide en la versión de sus acciones represivas. O, mejor aun, tenga algo de coraje alguna vez y reconozca lo que hizo”, culmina la carta.
_ _ _ _ _ _ _
ESTIMONIO
Una experiencia directa
sobre Antonio Romanelli
07.10.2019
MONTEVIDEO (Uypress/Cristina Laitano) – En julio de 1977 las Fuerzas Conjuntas ingresaron con violencia a mi casa y se llevaron preso a mi esposo, por ser integrante del Partido Comunista del Uruguay. Para desesperación de familiares y amigos, durante casi un año su paradero fue desconocido. Más tarde supimos lo que ya intuíamos: en ese período fue sometido a interrogatorio bajo torturas.
A comienzos de 1978 fue trasladado al Penal de Libertad. Allí mantenía visitas quincenales con los familiares adultos, a través de un vidrio, conversando por un teléfono y sin ningún tipo de contacto físico. Con los familiares menores de 13 años se autorizaban las visitas en forma directa, una vez al mes.
Nuestros dos hijos, en ese momento de 18 meses y 3 años, comenzaron a visitar a su papá en un jardín que el establecimiento de reclusión militar había adaptado a esos efectos.
Entre los militares que custodiaban los movimientos de los niños y los presos, se encontraba el entonces Alférez Antonio Romanelli, actual asesor en seguridad del candidato a presidente por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.
El Alférez Romanelli se destacaba por su especial crueldad en el trato con los familiares de los presos políticos. Entre otros actos amenazantes, ordenaba a sus tropas que apuntaran hacia las personas que se movían dentro del jardín. Esta actitud creaba un clima ominoso de inseguridad, porque ante cualquier movimiento que fuera interpretado como sospechoso podía comenzar una balacera en el jardín en el que se encontraban los niños.
De esa forma, la relación entre padres e hijos perdía naturalidad, y se distorsionaba por los nervios de los presos ante la posibilidad de que se generara una situación violenta. En este sentido, el Alférez Romanelli era eficaz en lograr su objetivo.
Antonio Romanelli era conocido como el Pisahuevos, apodo vinculado a las prácticas habituales de maltrato físico a los presos políticos. Entre sus muchas “virtudes”, se destacaba la especial saña con la que agredía a los más débiles, a los más veteranos y a los enfermos.
Fiel a su admiración por la ideología nazi, se empecinaba en maltratar a los judíos. Una forma de torturarlos era sentarlos al sol hasta que la piel les quedaba totalmente herida.
Lo que me cuesta entender es como estos personajes, ejemplos del lado más oscuro de la especie humana, pueden hoy impunemente presentarse como asesores de candidatos a la presidencia, con aspiraciones de ocupar cargos públicos en democracia.
Quisiera hacer un llamado de atención a todos los compatriotas que, preocupados por temas como la seguridad, piensan darle su apoyo a estos hombres y mujeres que en tiempos de dictadura militar se mostraron tan valientes, pero que son tan cobardes que hoy rehúyen enfrentar a la justicia para dar cuenta de las atrocidades que cometieron.