Causa La Tablada: declaró Guldenzoph
y negó vinculación con el centro de torturas
26 de octubre de 2020
La defensa de Wellington Sarli presentó excepciones de prescripción e inconstitucionalidad.
El represor Jorge Charleta Guldenzoph declaró este lunes ante la jueza penal de 26º Turno, Ana de Salterain, y la doctora Graciela Malvarez, de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, en la causa que investiga torturas en La Tablada y las desapariciones de los militantes comunistas Félix Ortiz, Miguel Mato y Omar Paitta.
En su declaración, Guldenzoph no hizo mayores aportes a la investigación judicial y negó haber operado en La Tablada o en cualquier otro centro de tortura, definiéndose como un “civil” nombrado policía por “formalidad” para cumplir funciones administrativas en el centro de análisis de información e inteligencia de estrategia de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).
Guldenzoph admitió haber integrado la Unión de la Juventud Comunista (UJC) hasta 1975, pero niega haber investigado a sus ex compañeros, así como haberlos entregado. Cuando le preguntaron por qué abandonó el partido, respondió que fue por varias razones, entre ellas la actitud de Víctor Castiglioni (director de la DNII) “con respecto a mi persona; sus actitudes fueron tener dos entrevistas conmigo para hablar de un tema que le interesaba, que luego se publican dos libros, dándome la oportunidad de hacer lo que me gustaba: escribir, dar conferencias”, agregó.
En esa línea, negó haber participado en la detención del militante comunista Néstor Nieves, que lo reconoció y dijo haber ingresado tres veces a La Tablada en 1976 para leer las actas de José Luis Mazzera, Marcelo Lauffer y Jorge Mazzarovich, en el marco de una investigación sobre la UJC.
Guldenzoph, que se encuentra recluido en Domingo Arena, es recordado por el sadismo con que ejercía la tortura contra sus ex compañeros. En democracia fue representante de la secta Moon. En julio de este año fue procesado con prisión por tortura entre 1974 y 1983 en la DNII, donde fue reconocido como torturador por unas 50 personas, en su mayoría militantes de la UJC.
Según informaron a la diaria, el militar uruguayo radicado en Chile Wellington Sarli, que estaba citado a declarar en la sede, presentó un recurso de excepción de prescripción del delito del que se lo acusa y otro de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad (18.831). A Sarli, apodado Simón, se lo reconoce como uno de los militares que torturaban en La Tablada.
Sarli fue extraditado en 2006 y condenado por la Justicia chilena en la causa que investigó el asesinato de Eugenio Berrios, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional de la dictadura de Augusto Pinochet. En esa causa fue condenado a cinco años y un día por los delitos de cómplice de secuestro, asociación ilícita y homicidio. Sarli fue el único de los tres militares uruguayos condenados en esa causa que no aceptó la posibilidad prevista en el tratado de extradición de culminar su pena en Uruguay y permaneció en Chile.
El miércoles 21, declaró por esta causa el ex integrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas Enrique Uyterhoeven, quien admitió la existencia de torturas y particularmente el submarino en el centro de La Tablada, pero minimizó la práctica al describirla como “mojarle la capucha [a la víctima] para dar la impresión de que no podía respirar”. Uyterhoeven dijo además que la práctica de la tortura respondía a la cadena de mando y que “siempre estaba un comandante en todos los interrogatorios”.
La causa fue iniciada en 2011 por la militante comunista Ivonne Klinger y otros 20 presos políticos, y luego se anexó el expediente vinculado a la desaparición de Paitta, Mato y Ortiz, secuestrados entre setiembre de 1981 y enero de 1982, torturados en La Tablada y que permanecen desaparecidos.
Tiene como indagados, además de Guldenzoph, Sarli y Uyterhoeven, a los militares Juan Pagola, Terra, Juan Esponda y Jorge Grau, quien se encuentra prófugo en Paraguay.