EL 2020 Y LOS PROCESAMIENTOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
El tímido avance
Mauricio Pérez
8 enero, 202
Trece represores fueron procesados en 2020 por su responsabilidad en crímenes de la dictadura; la Justicia aún tiene pendiente de resolución el pedido de procesamiento de otras 50 personas por estos delitos
Sobre fines de marzo de 2020, la Justicia dispuso el procesamiento con prisión del coronel (r) Lawrie Rodríguez por el homicidio muy especialmente agravado de Iván Morales Generali, en 1974. Rodríguez, un hombre relevante en la represión contra opositores políticos, fue el primer procesado por crímenes de la dictadura en 2020, pero no el último.
Según un informe del Observatorio Luz Ibarburu, 13 personas –entre militares, policías y civiles– fueron procesadas el año pasado por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. La lista incluye a los empresarios Miguel Sofía y Jorge Charleta Guldenzoph, dos de los civiles más emblemáticos de la represión antes y durante la dictadura, procesados en junio en un lapso de apenas cinco días (véase «Civiles de la represión», Brecha, 17-VI-20).
El resto de los procesados fueron los militares Nelson Coitinho, Hugo Garciacelay, Víctor Stocco, José María Cabrera y Daniel Quintana, el soldado Leonardo Vidal y los policías José Lemos y Tabaré Sartorio (hoy fallecido). En diciembre, en tanto, fueron procesados el coronel (r) Mario Ramos y el médico militar Nelson Fornos, por torturas, en el Grupo de Artillería número 2 de Trinidad (Flores). Los procesamientos refirieron a violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1971 y 1983 contra un universo de 67 víctimas.
En este sentido, los 13 represores procesados el año pasado representan el 28 por ciento del total de personas enjuiciadas por estos delitos desde 2002 hasta la fecha (45). «Si hubiera una gráfica, el 2020 representaría un pico de procesamientos», señaló a Brecha el abogado Pablo Chargoñia. Sin embargo, la interpretación de este dato debe analizarse en su contexto, ya que la respuesta de una parte del sistema judicial sigue siendo muy tardía.
Según Chargoñia, este pico de procesamientos se produce en causas iniciadas entre 2011 y 2012, cuyo trámite se demoró por los múltiples recursos «en cascada» presentados por las defensas de los militares como estrategia para dilatar la resolución de las causas. Una vez que esos recursos perlados comenzaron a agotarse, los jueces quedaron en condiciones de resolver los expedientes. «Eso explica este aumento de enjuiciamientos que se dio en 2020», señaló.
Ante esto, Chargoñia estimó que el 2021 también podría deparar novedades importantes en materia de procesamientos. Según el informe del observatorio, la Justicia tiene pendiente de resolución pedidos de procesamiento librados por la Fiscalía en varios expedientes, que involucran a 48 personas –seis de las cuales ya fueron procesadas o condenadas en otras causas–. En esta situación están, por ejemplo, la indagatoria penal por el secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien y el homicidio del estudiante de agronomía Hugo Leonardo de los Santos.
Sin embargo, el avance de las causas no supone una mirada optimista, afirmó Chargoñia, ya que los 13 procesamientos dictados en 2020 representan un progreso importante, pero «sigue siendo un número muy exiguo». «Supera los números que presentan Brasil o Paraguay, pero están muy por debajo de los que presentan Chile y, sobre todo, Argentina […]. Se puede decir que las graves violaciones a los derechos humanos en la década del 70 tienen un abordaje judicial todavía tímido, que se explica –entre otras razones– en que la ley de caducidad estuvo vigente desde 1986 hasta 2011», expresó.
En este marco, el informe señala que del total de enjuiciados o condenados por crímenes de la dictadura (45) sólo 33 están vivos. De ellos, 20 están alojados en prisión (en la cárcel de Domingo Arena o en la Guardia de Coraceros) y 13 recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria, en su mayoría por motivos de salud.