Como nunca, la clase militar uruguaya se
aferra con uñas y dientes a sus privilegios
2 de mayo 2021
Por Andrés Gaudin
Su brazo político, Cabildo Abierto, forma parte del gobierno y tiene presencia legislativa. El propio presidente Lacalle Pou pretende una reforma, pero le advirtieron que no lo admitirán.
Desde el fin de la dictadura, en 1985, todos los gobiernos uruguayos han intentado cambiar el exclusivo, y de tan exclusivo obsceno régimen jubilatorio de los militares. Todos menos el dos veces presidente Julio María Sanguinetti, que estuvo y está demasiado comprometido con el quehacer cuartelero.
En algunos casos el intento fue con cierta profundidad, en otros, para la tribuna. Por falta de una mayoría legislativa especial, al Frente Amplio la intención le consumió tres gobiernos y sólo logró en 2018, una mini reforma que no alcanzó ni a rozar los beneficios que tienen 50.000 de los 3,5 millones de uruguayos.
Ahora el presidente Luis Lacalle Pou designó una comisión de expertos que algo debería proponer antes de julio. El grupo redactó un borrador en el que admite que el régimen jubilatorio de los militares “tiene beneficios marcadamente excepcionales”.
A pesar de que “pocos tienen el coraje cívico de hincarle el diente al tema”, dice la ex senadora Constanza Moreira, el debate aparece cada tanto entre los más politizados, los partidos del progresismo y los sindicatos, los sectores que en estos días militan para derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC) a cuya sombra Lacalle Pou convocó a sus expertos. En el medio surgen, como un recordatorio, los enervantes datos sobre los privilegios de los militares, que parecen llamados a perpetuarse. No sólo porque siguen en el gobierno los dos arcaicos partidos –el Blanco y el Colorado– que siempre se recostaron en los cuarteles, sino porque ahora los militares tienen el suyo, Cabildo Abierto, con una presencia legislativa que los hace imprescindibles para la suerte de Lacalle.
El borrador de la comisión no es nada alentador. Por un lado da pistas de que se apuntaría a profundizar el fracasado régimen de capitalización de las AFJP. Por otro, pone énfasis en resolver la crisis del sistema a través de la reducción de gastos, como si la previsión social no fuera un beneficio bien ganado.
En cambio, poco dice sobre la necesidad de poner patas para arriba el régimen jubilatorio militar, que ha permitido el creciente deterioro de la relación activo/pasivo, es decir, de la cantidad de personas activas que hacen aportes respecto del número de jubilados y pensionados que reciben una pasividad. Gracias al trato privilegiado que tienen los militares a la hora de jubilarse, esa relación pasó de 1,17 activos por cada pasivo en 1988 a 0,52 en 2019. Año tras año, hay más jubilados que activos.
Las cajas de jubilaciones de los uniformados –militares y policías– tienen un alto déficit. Un dato permite visualizar la situación. El subsidio estatal requerido por ambas cajas es similar al que recibe el Banco de Previsión Social (BPS), pero con un mínimo de pasivos respecto de éste.
La Caja Militar (CM) atiende a unos 50.000 pasivos, mientras el BPS paga algo más de 800 mil jubilaciones. Para satisfacer las pasividades de esos 50.000 uniformados, la CM necesitó en 2020 que el Estado la asistiera con 550 millones de dólares (algo más del 1% del producto bruto interno), mientras el BPS recibió 680 millones para atender a sus 800 mil beneficiarios civiles.
La jubilación promedio de los oficiales superiores es de 4200 dólares mínimos más cargas complementarias, tal como si estuvieran en plena actividad. Ante un pedido de informes del diario La República, la Caja Militar respondió este martes 27 de abril que un coronel o un general retirado cobran una pasividad mensual de entre 7000 y 7500 dólares.
Después de haber comido, haber dormido y haberse vestido a cargo del Estado durante su vida en los cuarteles, a la hora de jubilarse los militares tienen privilegios que no alcanzan a los civiles de ningún ámbito.
Pueden jubilarse con 20 años de servicio y pasan a cobrar el equivalente al 100% de los haberes de un activo. Los civiles deben tener un mínimo de 30 años para obtener una jubilación del 50% del promedio de los últimos diez años trabajados. Cada año de servicio en el exterior –diplomático o integrante de los cuerpos de paz de la ONU– se computa doble. Los generales o el grado equivalente en la marina y la aeronáutica, pasan a retiro obligatorio al cumplir 60 años de edad o tras permanecer ocho años en el mismo grado, y en estos casos, como premio, perciben una jubilación equivalente a la del grado siguiente del escalafón.
Con estos y otros elementos a mano, la comisión de expertos de Lacalle tuvo que coincidir con un informe previo del Banco Mundial, y admitir que el “régimen previsional militar se financia básicamente con recursos fiscales generales (…) y prevé beneficios marcadamente excepcionales, brindando una pasividad vitalicia con condiciones de acceso y de cuantía excepcional, tanto a personal denominado combatiente como no combatiente”.
Los líderes de Cabildo Abierto ya dijeron que no permitirán que se toque ni una coma de lo establecido (de los privilegios) en la Ley Orgánica Militar impuesta en 1974 por la dictadura,
Según Búsqueda, el semanario del establishment, los tres líderes de Cabildo Abierto (el ex comandante en jefe del ejército y actual senador Guido Manini Ríos, el coronel retirado y también senador Raúl Lozano y el ex coronel y ahora viceministro de Defensa Rivera Elgue do Campo) reciben además de aquellos 7000/7500 dólares más extras, un sueldo de 6300 dólares mensuales como legisladores o miembro del gabinete.
Más de 200 altos cargos de la estructura del Estado asignados a dirigentes del partido militar cobran un sueldo mensual promedio de 2300 dólares.
Casi el 90% de los jubilados civiles percibe un promedio de 313 dólares mensuales. Manini dice que dona su sueldo de legislador a una institución religiosa, filial de la brasileña Fazenda da Esperança Monte Carmelo.
