Secretos de la Caja Militar
Andrés Alsina
9 junio 2022
La reforma de la Caja Militar es el mayor obstáculo para que el gobierno pueda consensuar la reforma de pensiones y jubilaciones con la oposición; y en el tercer año de su período de gobierno, también en la coalición, que dispersa lealtades para marcar ya perfil electoral.
Luego del parejo resultado del referendum sobre 135 artículos de la LUC, la coalición vio estrecharse en mucho sus límites políticos. Quería expresar en la reforma –base material de cualquier otra relación empresaria– sus valores y prioridades, las condiciones que quiere para las empresas y sus inversiones, y al tiempo conservar posibilidades electorales, pero ahora es algo difícil de concretar, si no imposible.
De hecho, el interés de los militares por conservar su situación de privilegio y opacidad sobre sus condiciones de retiro está presente en la coalición, y no solo a través de Cabildo Abierto. También se expresaron sobre el tema, en contra de la mini reforma hecha por el Frente Amplio en 2018, recientemente el actual comandante en Jefe de Ejército, que no consideró que estar en actividad le fuera un impedimento constitucional para una opinión política, ni nadie parece haberlo notado. Y cuando se la trató en Senado, en 2018, lo hicieron en el mismo sentido el hoy presidente Lacalle y el hoy ministro de Defensa Javier García. Es de suponer que coincide con ellos el ex presidente Julio María Sanguinetti; el resto de la coalición guarda un prudente silencio que sugiere que quiere navegar a dos aguas.
Lo que impacta a la población, que es la que vota, son que estos pasivos tengan aguinaldo y el resto de los pasivos no, y el monto de lo que cuesta el aporte de Rentas Generales a la llamada Caja Militar. Es que Rentas Generales le pasa el 85% de sus prestaciones para 51.827 pasivos que cobraban en 2020, mientras el BPS recibe de Rentas Generales el 15% para 800.000 pasivos. Se abundará al respecto en esta nota.
La cifra de aportes que demanda la Caja Militar y lo que proporcionó a la Comisión de Expertos en Seguridad Social, CESS, durante su trabajo en 2021, es de 450,1 millones de dólares en 2019. Pero luego del trabajo de CESS, el contador Ariel Rodriguez Machado hizo un prolijo estudio de los aportes a la Caja Militar a través de las rendiciones de cuentas –ya que otra fuente específica no hay disponible–, de donde surgen novedades.
La cifra de 450,1 millones de dólares en 2019 que maneja la CESS no es todo lo que sale de Rentas Generales hacia la Caja Militar, según el estudio de Rodriguez Machado. En ella no se computan los objetos 571.000 “Jubilaciones” y 572.000 “Pensiones”, que suman 121,1 millones de dólares para el 2019: es lo pagado a militares que al cumplir el tiempo de servicio y la edad reglamentaria, han dejado de prestar sus servicios a los organismos e instituciones públicas (como los servicios de inteligencia que tienen no se sabe si todos los ministerios, y otros no especificados puestos en el Estado), y las prestaciones a los supervivientes de personas amparadas por el régimen de seguridad social. Esto lleva el total proveniente de Rentas Generales en 2019 a 570,2 millones de dólares.
El cambio de nombre de la caja militar a Servicio tiene la implicancia de que, pese a ser ordenador de gastos, su detalle es englobado por el Ministerio de Defensa en su inciso 03, restándole especificidad. Esto sucedió primero en la reforma a la ley orgánica militar que la dictadura se apresuró a hacer en 1974, que lo llamó Servicio de Retiros y Pensiones Militares, y luego en el gobierno de Lacalle Herrera en 1992, que terminó de definir el nombre de “Servicio de Retiros y Pensiones Militares”.
Dado que es unidad ejecutora del MDN, la Caja Militar no presenta balance contable ni estudio contable auditado, con lo que no se puede identificar fielmente sus movimientos financieros. Lo pagado por la Caja Militar se incluye en el presupuesto quinquenal del Poder Ejecutivo, y es actualizado por inflación. No hay control de que las transferencias de Rentas Generales se usen en los destinos descritos. Por lo tento, no hay constancia, por ejemplo, de que a los militares presos en Domingo Arena se les retenga medio sueldo con destino al tesoro de la Caja Militar, como lo establece legislación de 1942 para los oficiales retenidos a disposición de la justicia militar u ordinaria.
Y no es un mero detalle que el costo del funcionamiento, remuneraciones e inversiones de la Caja no se computen en la Asistencia Financiera, en tanto es un servicio de Defensa. Mientras, el personal civil que trabaja en ella aporta al BPS. Ambas cosas son funcionales a reducir el monto que le aporta Rentas Generales.
Creada en 1911, a menos de una semana que José Batlle y Ordoñez asumiera su segunda presidencia, la opacidad ya formaba parte de su funcionamiento, según la economista Mariana Sienra: “esta primera forma de previsión social que se inició en el siglo XIX (1897, con pasividad solo para oficiales) resulta poco transparente, en tanto sus fondos se confundían con rentas generales y por no ser posible distinguir, en los presupuestos, las pensiones graciables de las pensiones otorgadas por derecho”. Ese carácter elitista, la pasividad militar lo recupera, lo mantiene, y lo profundiza en distintas etapas de la historia, con apoyo expreso del Partido Nacional y silencio del Partido Colorado, como se especificará. Y los militares lo justifican en que el estado militar es de por vida, y en las condiciones inherentes al servicio.
En 1960, en el primer gobierno del Partido Nacional en 93 años, el pago a retirados militares pasa de Rentas Generales a la órbita de la Caja Militar, con lo que se aumenta fuertemente la opacidad de su funcionamiento. Y les mejora las condiciones de retiro a través de su rendición de cuentas: “Los militares que hubiesen pasado a situación de retiro, con un cómputo de más de 35 años y menos de 40 de servicios, percibirán el 90 % de los aumentos correspondientes a los de su grado en actividad. Los que hubiesen computado más de 40 años de servicios percibirán el 100 % de los aumentos otorgados en sueldos y compensaciones a los de su grado en actividad.”
En 1974, la dictadura cívico militar reafirma a texto expreso su carácter de servicio dentro de su modificación de la Ley Orgánica Militar. En 1977, un decreto de la Dictadura y autoriza en ciertos casos el traslado de haberes del jubilado que fallece a otros de su familia. Más importante es que via Ley Orgánica Militar, se accedía al regimen jubilatorio con 15 años de trabajo y retiro obligatorio con 45 a 60 años de edad, según el escalafón, con 100% del salario. Luego se introdujeron modificaciones que subieron a 20 los años de servicio.
En 1979, el acto institucional N°9 determina que las asignaciones de jubilación y de pensión serán ajustadas anualmente en función de la variación del Indice Medio de Salarios, y establece una facultad claramente discrecional: “Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer índices diferentes así como diferenciales al igual que adelantos a cuenta del ajuste anual, en forma racionalmente proporcionada a las posibilidades económicas de la República, procurando satisfacer las necesidades reales del beneficiario.”
En 1992, un nuevo gobierno nacionalista, el de Lacalle Herrera, establece un aumento del 5,3% a los pasivos militares que no se toma en cuenta para el cálculo de hogar constituído, para acumular a su retiro los servicios públicos y/o privados ni para la asignación suplementaria a quienes no puedan ascender por carecer de vacantes. También se acumula a su retiro los servicios públicos o privados prestados con anterioridad a su ingreso a las Fuerzas Armadas y los servicios docentes militares (algo solo habilitado a oficiales) prestados en actividad o retiro.
El ajuste de del haber se hará automáticamente en cada oportunidad en que se aumenten los salarios de los funcionarios públicos de la Administración Central. Y también se ajustarán por el Indice Medio de Salarios; y si éste no se produjo, se ajustará temporariamente por el índice provisional de Estadística y Censo.
En 1996, el gobierno de Sanguinetti hizo una reforma de la Seguridad Social en la que no tocó a la Caja Militar, y en 2018, al filo de terminar su tercer gobierno, el Frente Amplio hizo lo que hoy llama “la reforma posible”, pues sin apoyo alguno de la oposición, el texto fue fuertemente condicionado por el imprescindible voto 50, que era el del diputado Darío Pérez, hoy en el Partido Nacional. Esa es la reforma que cuestionó en su momento la entonces oposición herrerista, el entonces comandante en Jefe y hoy senador Guido Manini, y hoy lo hace el actual comandante en Jefe de Ejército, Gerardo Fregossi.
En 2020 el Ministerio de Defensa recibió el 6,37% del presupuesto nacional, siendo el segundo mayor presupuesto luego de Enseñanza, y a través de su inciso 03 ampara y opaca los gastos de la Caja Militar. A su vez, se constata que ese gasto va en aumento. Una de las razones es la disminución de personal activo y por lo tanto, que aporta montepío, en relación a los pasivos, que reciben su jubilación. Esta relación pasó de 1,17 (activos por cada pasivo) en 1988 a 0,52 en 2019.
En una mirada más abarcativa, en 2008, el déficit de la Caja Militar a compensar por Rentas Generales fue del 0,87% del pbi, alcanzó 1% del pbi en 2017 y sigue creciendo: en 2021 fue del 15% del pbi. Según la proyección del Centro de Investigación Económica que cita la diaria, al menos hasta 2040 continuará su trayectoria ascendente. En 2021, el pbi por habitante fue de 14.612,40 dólares, con lo que cada uruguayo contribuyó en el año con 168 dolares a la Caja Militar.
1 “Transferencias de Rentas Generales a la Seguridad Social. Financiamiento de Caja Militar”
