Actas del procesamiento de “Nino” Gavazzo

La Dra. MirthaGuianze, fiscal que logró probar la culpabilidad de los asesinos y secuestradores de la dictadura uruguaya.

HECHOS   En estos autos resultan plena y legalmente probados los hechos siguientes: En el período considerado en este expediente, concretamente desde abril a octubre del año 1976 operaban en la República Argentina un grupo de militares y policías uruguayos, en el marco de la coordinación de los gobiernos de facto que imperaban en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, denominado “Plan Cóndor”. Esta coordinación tenía como objetivo la detención (secuestro), tortura, traslado de un país a otro, desaparición o muerte de todas aquellas personas consideradas como “subversivas”, o sospechadas de ello, teniendo como tales no sólo a los que pertenecían (o habían pertenecido en el pasado) a grupos armados, sino también a aquéllos cuya actividad, relacionamientos, etc. traslucían un pensamiento político o ideológico opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región. En la especie se centrará la relación sobre secuestros, torturas, confinamiento en condiciones infrahumanas, traslados clandestinos a nuestro país y en algunos casos desaparición forzada de ciudadanos uruguayos aprehendidos en Argentina. La inmensa mayoría de esas personas estuvieron vinculadas al llamado “Partido por la Victoria del Pueblo” (en adelante PVP). La responsabilidad específica en los hechos de esta naturaleza se encuadraba en los designios del denominado gobierno “cívico –militar” que comandaba la Nación; por consiguiente la planificación de los secuestros y homicidios ocurridos durante su mandato, respondían a políticas de Estado. El lugar físico donde se asentaban mayoritariamente esas operaciones en Argentina (no se excluyen otros sitios), era la base denominada “Automotores ORLETTI”. La descripción de la misma se encuentra en actuaciones de la CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas), órgano oficial que se constituyó en la República Argentina, publicado en 1984, específicamente en el informe “Nunca más”:“Ubicación: Calle Venancio Flores 3519/21, esquina Emilio Lamarca, Capital Federal. Nivel de dependencia del C:C.D con FF.AA. y/o Fuerzas de Seguridad. Ejército Argentino en conexión con Ejército Uruguayo. Superintendencia de Policía Federal dirigía los interrogatorios. Descripción: Antiguo taller con un cartel al frente “Automotores Orletti”. Había una puerta grande con cortina metálica de enrollar, a la izquierda puerta blindada con mirilla, se abría mecánicamente, la consigna emitida por radio era “Operación Sésamo”. Constaba de dos plantas. En la planta baja, un gran salón de 6 a 8 metros por 30 metros. Una división baja separaba del retrete (uno para treinta personas) y del lavadero. De allí salía una escalera de base de concreto y peldaños de madera. Piso de hormigón, sucio de tierra y grasa. Chasis de autos desparramados. También automóviles secuestrados. Tanque de agua grande con una rondana arriba de donde se colgaban a los presos para el  “submarino”. Banderola junto al techo. En la planta alta funcionaban una sala de interrogatorios, otra de torturas y una terraza donde se colgaba ropa a secar. Los militares llamaban a ese centro: “El Jardín”, (Buenos Aires, 1984, pág. 105).  Esta descripción, que se reproduce aún cuando ya fue incluida en la solicitud de procesamiento, por entenderla de interés a la causa, concuerda plenamente con los testimonios de las personas que permanecieron allí detenidas y con otros elementos de juicio obtenidos en procesos desarrollados en Argentina.

La prueba recolectada lleva a concluir participación activa en los hechos de JOSE NINO GAVAZZO, JOSE RICARDO ARAB, RICARDO MEDINA BLANCO, JUAN MANUEL CORDERO, JORGE SILVEIRA, LUIS ALFREDO MAURENTE, JOSE FELIPE SANDE LIMA, GILBERTO VÁZQUEZ y ERNESTO RAMAS.  En esta pieza, formada a partir de los autos principales, se emitirá dictamen acusatorio solamente con respecto a JOSÉ RICARDO ARAB y JOSÉ NINO GAVAZZO sin perjuicio de que su conducta se encuadre en el contexto fáctico que incluye a los demás encausados, como antecedente necesario para comprender la envergadura de las operaciones, su ordenamiento cronológico y la interrelación de las pruebas.

RICARDO MEDINA BLANCO, JORGE SILVEIRA, LUIS ALFREDO MAURENTE, JOSÉ FELIPE SANDE LIMA, GILBERTO VÁZQUEZ y ERNESTO RAMAS, luego de rechazada la excepción de inconstitucionalidad que promovieron, solicitaron prueba en la etapa oportuna. Las resultancias de ésta se apreciaron en su expediente que fue también remitido a la Fiscalía a los efectos del art. 233 del Código del Proceso Penal y en día de hoy se emite dictamen acusatorio. Sin perjuicio de que por la razón antes expresada los autos siguieron trámite separado, a la fecha se encuentran en el mismo estadio procesal y es ajustado encarar su estudio conjunto. MANUEL CORDERO se encuentra en Brasil, en arresto preventivo a raíz de un pedido de extradición remitido por un tribunal de la República Argentina y luego será considerado el cursado por esa Sede.  Como fuera dicho al solicitar los enjuiciamientos, las conexiones entre las fuerzas represivas de países del Cono Sur en el marco de esos operativos y la comisión de graves ilícitos, tormentos, asesinatos, desapariciones forzadas, se comprobaron ya en la causa argentina “Videla Jorge R. y otros”, Nº 13/84, cuya copia testimoniada se glosó en el expediente tramitado en Penal 11º donde se investiga el secuestro y homicidio de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y otros (Exp.100 -10512/1985). Posteriormente han surgido nuevos elementos probatorios de esa conexión operativa, en éste y otros expedientes, uno de los cuales tramita ante esta misma Sede. Asimismo se incorporaron testimonios extraídos de expedientes judiciales argentinos, de más reciente data, que lo confirman.En esa base, a la que los militares uruguayos aluden como OT 18, (OT. Significaba Operaciones Tácticas) se instaló un grupo operativo comandado por ANIBAL GORDON, argentino, con dependencia de la SIDE (Servicio de Información de Defensa de ese país), a cuyo frente estaba OTTO PALADINO . Los militares y policías uruguayos que operaban allí pertenecían a OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) y al SID, (Servicio de Información de Defensa) Eran identificados, los de OCOA, con números precedidos del nombre OSCAR, según el rango (el Mayor ERNESTO RAMAS era OSCAR 1 por ejemplo). Los efectivos del SID se nombraban a partir del 300, JOSE NINO GAVAZZO era el 302 (2º Jefe del Departamento III). Ese Departamento III del SID era el que tenía a su cargo “Planes, Operaciones y Enlace”. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ BURATTI, era por entonces el Jefe de ese Departamento, con el grado de Tte. Coronel, y era el llamado 301, hoy fallecido por autoeliminación en el momento preciso en que era citado para comparecer a declarar. Otros efectivos que fueron detectados en esos operativos son: JOSE RICARDO ARAB, (posiblemente 305), revistando en el SID, GILBERTO VÁZQUEZ (307), también del SID, JORGE SILVEIRA (OSCAR 7 Sierras) de OCOA, JUAN MANUEL CORDERO, (303), LUIS ALFREDO MAURENTE (309). También JOSE FELIPE SANDE LIMA, (310) procedente de la Policía, que ingresó al SID junto con RICARDO JOSE MEDINA BLANCO (a. 306) en 1976 y ambos permanecieron allí hasta 1977. Fue notoria la presencia del Comisario HUGO CAMPOS HERMIDA, también fallecido. La numeración de los efectivos surge de la memoria de los prisioneros sobrevivientes quienes, pese a la condición en que eran mantenidos, retuvieron muchos de los nombres con los que los represores se designaban. También son nombrados otros efectivos, jefes, oficiales y personal de tropa (por ejemplo, Dany, Drácula, Musculoso, Boquiña, el negro Kimba, el flaco MAURICIO).    De ese personal subalterno se localizó en Montevideo a quien apodaban “Drácula”, que resultó ser ERNESTO SOCA (en arresto preventivo por solicitud desde Argentina) y sobre cuya responsabilidad emito hoy dictamen por separado, en razón de que estos autos ya sobrepasaron la etapa del manifiesto. Reitero hechos relacionados al solicitar enjuiciamiento, al resultar confirmados por diligencias posteriores: Está acreditado, asimismo, que, como método, mantenían a los detenidos “tabicados”, o compartimentados, es decir, con vendas en los ojos, a las que se agregaban a veces algodones (exigencia mantenida por el superior en todo tiempo, según declaración de RAMAS), y los torturadores, salvo contadas ocasiones, no mostraban el rostro en Argentina. Sin embargo GAVAZZO, por ejemplo, solía exhibirse a cara descubierta, aún en ORLETTI.  Asimismo pudieron conocer la verdadera identidad de sus captores más adelante, porque ellos mismos lo revelaron, por apariciones públicas o por haberlos encontrado en funciones en otro sitio. Otros detenidos, como MARÍA DEL PILAR NORES, que colaboró con ellos, decodificando información que permitió establecer la estructura del PVP y en base a la que se facilitaron las detenciones posteriores, pudo identificar a algunos de ellos. También en ciertas ocasiones los prisioneros tuvieron la posibilidad de observar las facciones de los represores, porque las vendas se deslizaban, o aún retener las voces, que después volvieron a ubicar en territorio uruguayo.Permaneció la duda, ya señalada, con respecto a PEDRO MATO NARBONDO, nombrado alguna vez, pero que afirmó no haber revistado en esas fechas en el SID. Sostuvo que fue eximido de sus tareas a fines de 1975 y empezó los cursos en el IMES. Sus camaradas tampoco lo sitúan en el Servicio en 1976, sino antes. Sería preciso a su respecto recoger mayor información, en este estado no puede afirmarse con certeza que perteneciera al grupo. Circunstancia que inhibió pedir procesamiento y solamente nuevas probanzas podrán posibilitar en el futuro, (eventualmente en otro expediente) reconsiderar su situación. De la misma manera se detectó que actuaba  un médico uruguayo, (Oscar 5) descrito por varios prisioneros, el que estaba presente y controlaba los efectos de la tortura, tanto en Automotores Orletti como en la base denominada “300 Carlos”, en la Avda. de las Instrucciones, en Montevideo. Ese médico no ha sido aún identificado con certeza. Todos los funcionarios uruguayos que operaban en la República Argentina, y concretamente para este caso, tenían la condición de militares o policías. Su actuación era conocida por sus superiores, a los que estaban subordinados. El Servicio de Información de Defensa (SID) dependía de la Junta de Comandantes en Jefe y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) del Ministerio de Defensa Nacional, a través de la respectiva Región Militar. La Región Militar Nº I, a la que pertenecían los efectivos que actuaron en la especie, comprendía los departamentos de Montevideo y Canelones. Tácitamente, entonces, debería entenderse que las órdenes recibidas para el cumplimiento de los objetivos perseguidos, los habilitaban para practicar secuestros, (que no otra cosa suponía la detención irregular de civiles), la utilización de centros de detención clandestinos, la ocupación de dinero y bienes en provecho propio o de terceros, la aplicación sistemática de los más crueles tormentos, la privación de libertad en condiciones infrahumanas por término indefinido, la apropiación de niños, entregados a terceros, a los que se sustituyó la identidad y permanecieron en poder de argentinos, o de uruguayos en un caso, durante años, hasta que se pudo hallarlos. Y que la estructura del gobierno de facto les brindaba la infraestructura y la cobertura necesarias para la ejecución de tales actos, dentro y fuera del país. Esto se pone de relieve analizando los legajos de los encausados: las operaciones que se cumplían en Argentina no se registran en ellos como Misiones Oficiales, no hay constancia de los viajes en ningún caso, más allá de anotaciones de mérito por acciones en la lucha contra la subversión. También, como quedó probado, se autorizaban los traslados de ciudadanos uruguayos apresados en Buenos Aires, al margen de cualquier procedimiento legal, de manera clandestina, aunque coordinados con represores argentinos, en cuyos locales se encontraban nuestros conciudadanos. Esa cooperación entre los Servicios de ambos países se pone de relieve por cuanto en las detenciones, practicadas en general con gran despliegue de efectivos y mucha violencia, participaban argentinos; también en los interrogatorios y torturas tomaban parte tanto uruguayos como argentinos.En esa base (OT 18), ubicada en el local de la antigua automotora, ya descripta, donde los represores uruguayos actuaban en coordinación con la SIDE, se receptaban los efectos sustraídos de las fincas de los secuestrados, los vehículos robados y, en este caso particular, se procesó la incautación del dinero del PVP.   El 28 de marzo de ese año 1976 se había detenido a tres militantes del PVP (RICARDO GIL IRIBARNE, LUIS ALBERTO FERREIRA y ELIDA RITA VÁZQUEZ DE ANZALONE) cuando ingresaban al país en una casa rodante por Colonia Se los trasladó a la base de OCOA, al ”300 Carlos”, y comenzaron los interrogatorios bajo tortura, tendientes a obtener información sobre el PVP, en Montevideo y Buenos Aires. Una de esas tres personas detenidas en la casa rodante, RICARDO GIL IRIBARNE conducido a ese local llamado “300 Carlos” o “Infierno Grande” sito en un galpón del predio del Servicio de Material y Armamento, contiguo al Regimiento Nº 13º de Infantería, comprobó que los sujetos se alternaban en los interrogatorios, el grupo iba y venía de Argentina, los torturadores eran los mismos acá y allá, es decir que era torturado por los mismos efectivos que operaban en Buenos Aires. En la declaración de GIL aparece otra vez el médico, OSCAR 5, que supervisaba la tortura. Es importante su testimonio cuando afirma que “A partir de agosto, si bien los interrogatorios con tortura continúan se van espaciando, pero se reinician a fines de agosto y principios de setiembre con preguntas específicas sobre quien podía tener una importante cantidad de dinero que ellos afirman había obtenido el PVP. Sobre fines de setiembre ese tema del dinero desaparece totalmente de los interrogatorios y me trasladan nuevamente al cuartel de La Paloma…”  El periplo de GIL en nuestro país se corresponde con las alternativas de los operativos en Argentina.En este local del “300 Carlos”, infelizmente reconocido por los métodos de tortura que en él se practicaban sistemáticamente y por el presunto fallecimiento de detenidos a causa de los tormentos, operaba OCOA, pero también fueron vistos allí Oficiales del SID que intervinieron en los hechos de autos.   Es muy posible que los golpes asestados al PVP en esta etapa, los secuestros y torturas respondieran, entre otras cosas, al manifiesto afán por encontrar los diez millones de dólares que ese partido obtuvo en una acción previa en Argentina. Dato que llegó a conocimiento de los militares uruguayos a través de los delatores.  El procesado JORGE SILVEIRA precisó el origen de la información recibida en el año 1976, a través de una llamada telefónica desde Buenos Aires a la División de Ejército I. La persona que llamó pidió para hablar con alguien del OCOA, le dijeron que llamara tal día y a tal hora que sería atendido por un jefe. Volvió a telefonear en la fecha indicada y habló con RAMAS, que era justamente el jefe de operaciones del OCOA. El informante resultó ser un integrante del PVP (llamado “GOESSER MERE” en la declaración de SILVEIRA, en realidad su nombre era GOESSENS MERÉ), al cual dieron el alias de EL PILOTO y RAMAS se adjudicó el de FLOR DE LIS, para esa operativa en particular. A partir de ese momento comenzó el intercambio de información, en la que intervino después GAVAZZO RUBEN PRIETO, entonces dirigente del PVP, declaró que el Partido había obtenido diez millones de dólares por el secuestro de HART, hecho que nunca fue denunciado por el damnificado y afirmó que los represores andaban en busca del dinero. HUGO CORES, en su libro “Memorias de la Resistencia” bajo el título “Los delatores” nombra a CARLOS GOESSENS (el Karateka) como una de las tres personas cuya actuación fue decisiva para los gravísimos golpes que recibieron después. Estos datos confirman, por lo menos parcialmente, lo que dijo SILVEIRA sobre el informante, así como la coordinación entre el OCOA y el SID en este tema especial de la obtención del dinero del PVP en Buenos Aires. Acerca del destino de ese dinero, está probado que se adquirieron fincas con nombres supuestos, las que, hasta donde se sabe, no pasaron después a propiedad del Estado. La casa sita en la calle Millán y Loreto Gomensoro fue comprada el 31 de marzo de 1977, por una persona que dijo llamarse Virginio Pomato Debron, en escritura autorizada por la escribana IRMA LUISA PUIG, quien ocupa hoy un cargo de Juez de Paz en la localidad de Santa Rosa, en el departamento de Canelones. Era esposa de un oficial del SID, y realizó la escritura a pedido, según dijo, del General VADORA, sin conocer al comprador, quien declaró como domicilio el de la propia profesional autorizante. El comprador no está registrado en la Dirección Nacional de Identificación Civil, lo que lleva a la conclusión de que es un nombre supuesto. En la escritura no consta el número de documento y la escribana consignó que era persona de su conocimiento. VÁZQUEZ admitió conocer a Puig por ser la esposa de un compañero. La casa fue vendida, según informe registral por el mismo Virginio Pomato Debron al Fondo Social de Vivienda de Empleados y Obreros de la Empresa CUTCSA, el 22 de febrero de 1980, previa celebración de promesa de compraventa, el 26 de diciembre de 1979.     La conducta de la Escribana IRMA LUISA PUIG no será objeto de análisis en este dictamen acusatorio, pues los posibles ilícitos en que pudo haber incurrido estarían prescriptos ahora.Tampoco se registra en la Dirección Nacional de Identificación Civil la persona José Norberto Narváez Coe, persona que adquirió, de acuerdo a la información registral, la finca de la calle Francisco de Medina Nº 1525, que se denominaba “Base Valparaíso”. Se corresponde con el Nº de Padrón 28305 e incluye una casa de altos a la que se ingresa precisamente por Francisco de Medina 1525 y un local comercial en el subsuelo con puerta independiente, que incluye fosas para la reparación de coches. En la planta alta funcionó como fachada una inmobiliaria, regenteada por LAWRIE RODRÍGUEZ, militar retirado amigo de Gilberto VÁZQUEZ. Esa inmobiliaria “Paraíso” servía de cobertura a las operaciones de “Inteligencia” que se realizaban en el sitio. En la planta baja había un garaje con un sótano de cuatro metros por tres, donde funcionaba una flota de taxímetros, también pertenecientes al SID, que cumplían funciones de vigilancia y control. El local fue primero arrendado a la sucesión del anterior propietario, por el SID, desde 1976 y luego comprado, tres años más tarde, por una persona con nombre falso. VÁZQUEZ declaró públicamente que él fue quien adquirió ese inmueble (“con el nombre de Narváez José Norberto, en el año 1979 o 1980, no estoy seguro”), aún cuando en Sede judicial atribuyó la compra a otro oficial, (el Capitán Jorge NADER) pero con su intervención en el proceso de selección del inmueble y su aprobación expresa. La carpeta catastral es la Nº 1732, Título de propiedad Nº 21.284, Padrón 28.305. Arrendada por el SID desde 1976 y adquirida tres años más tarde. Los hechos que se encuentran ahora plenamente probados pueden relatarse a partir de operaciones que tuvieron por centro la desarticulación del grupo denominado PVP, sin perjuicio de que en el mismo centro de detención (Automotores ORLETTI) también se detuvo a personas de otros grupos políticos. Estas operaciones se detallaron más extensamente en el dictamen anterior desde la detención de GERARDO GATTI, del apartamento sito en la calle Manzanares (barrio de Núñez, Buenos Aires), el 9 de junio de 1976 (aunque hay secuestros anteriores, como se dirá), hasta principios de octubre de ese año. Los hechos que se encuentran ahora plenamente probados pueden relatarse a partir de operaciones que tuvieron por centro la desarticulación del grupo denominado PVP, sin perjuicio de que en el mismo centro de detención (Automotores ORLETTI) también se detuvo a personas de otros grupos políticos. Estas operaciones se detallaron más extensamente en el dictamen anterior desde la detención de GERARDO GATTI, del apartamento sito en la calle Manzanares (barrio de Núñez, Buenos Aires), el 9 de junio de 1976 (aunque hay secuestros anteriores, como se dirá), hasta principios de octubre de ese año. Está también suficientemente acreditada la forma de actuar de estos sujetos, que viajaban a Argentina en cumplimiento de operaciones antisubversivas coordinadas, que se llevaban a cabo en ambas márgenes del Río de la Plata, y que la base en la que operaban (por lo menos en los casos analizados aquí) era la mencionada OT 18. En el transcurso de esos operativos, GAVAZZO admitió que habían detenido 22 o 23 uruguayos todos pertenecientes, menos uno, al Partido por la Victoria del Pueblo. Previamente a la detención de GATTI, esta probado que en esa época fueron apresados: ARY CABRERA PRATES, el 5 de abril de 1976, EDUARDO EFRAÍN CHIZZOLA CANO, el 17 del mismo mes y año y TELBA JUAREZ en la misma fecha, acciones que se atribuyen al mismo grupo operativo de uruguayos en coordinación con argentinos.   La indagatoria de la Comisión para la Paz no pudo establecer con certeza las circunstancias del cautiverio de CABRERA PRATES, aunque los tres estaban vinculados al PVP. ARY CABRERA permanece desaparecido y se ubicaron en Argentina los restos de CHIZZOLA y JUAREZ, ambos asesinados. ARY CABRERA fue nombrado por sus captores a RICARDO GIL en ese mes de abril, cuando estaba prisionero en el “300 Carlos” como detenido e interrogado en Argentina; se le mostraron pertenencias suyas y se le pregunto sobre su salud. Su compañera ASILU MACEIRO (ahora fallecida), detenida en ORLETTI preguntó por él y recibió como primera respuesta, que estaba en Campo de Mayo y después, que estaba “tocando el arpa con San Pedro”, frase que era usual entre ellos para indicar la muerte de una persona, y que después se encuentra repetidas veces como proveniente de personas de ese grupo operativo. Para la Comisión para la Paz existen indicios que permiten suponer que CABRERA PRATES estuvo detenido en un local de la calle Bacacay de la Capital Federal (lindero con la Automotora donde se instaló ORLETTI) perteneciente al Grupo Operativo O T 18. RICARDO GIL también supo por sus interrogadores que EDUARDO CHIZZOLA había sido detenido, se le exhibió incluso su libreta de conducir, expedida en Buenos Aires y que tenía su foto. En actuaciones posteriores, luego de la detención de GATTI, ese grupo de tareas compuesto por uruguayos y argentinos practicaron una serie de secuestros con similar modalidad. MARIA DEL PILAR NORES MONTEDÓNICO fue detenida el 9 de junio de 1976, el mismo día que GATTI. JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, el 15 del mismo mes y año, fue secuestrado en su lugar de trabajo por personas de particular que se identificaron como policías. Había también un camión del Ejército.

En igual fecha (15 de junio de 1976) detuvieron a JORGE GONZÁLEZ CARDOZO, quien había pertenecido al MLN (Movimiento de Liberación Nacional) y a su esposa ELIZABETH PEREZ LUTZ, ambos también trasladados a ORLETTI donde permanecieron con los otros detenidos del PVP. JOSÉ HUGO MÉNDEZ DONADÍO y su mujer MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ADDIEGO fueron apresados el mismo 15 de junio, y el 17 FRANCISCO EDGARDO CANDIA CORREA y SILVIA CRISTINA BIDEGARAY QUINTANA. Todos ellos fueron llevados a ORLETTI. MENDEZ DONADÍO y CANDIA CORREA fueron terriblemente torturados allí, en forma casi constante. MÉNDEZ pertenecía a los GAU y CANDIA, un obrero textil, al PCU.  Su mujer, JULIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE GONZÁLEZ y PÉREZ LUTZ permanecían en la celda escuchando las torturas y los gritos de las víctimas. El domingo 20 de junio, sacaron a HUGO MÉNDEZ a la calle para marcar citas con otros militantes, pero aquél no les dio información útil y a la vuelta retomaron la tortura con mayor intensidad. Cuando los trajeron a la celda, CANDIA se desmayaba continuamente. Las torturas consistían en colgaduras, picana eléctrica, golpes, MARÍA DEL CARMEN ADDIEGO supone que le rompían los dedos de las manos “por lo que decía, por los gritos”. Después los subieron a un camión y se los llevaron, tras anunciar que los matarían.  Sus cadáveres fueron identificados muchos años después.  Esa noche comunicaron a ADDIEGO, a RODRÍGUEZ y a la mujer que estaba con él, que serían liberados. Los subieron a un vehículo y los sacaron del centro de detención. Las mujeres efectivamente recuperaron su libertad, pero no pudo saberse que pasó con JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ RODRIGUEZ. MARIA DEL CARMEN ADDIEGO atribuyó estos operativos a un grupo uruguayo- argentino. Para que supieran con quien estaba, uno de los captores le dijo: “¿Te das cuenta de donde somos nosotros? Agregaron: Bueno, te voy a cantar las paralelas: 18 de julio, San José, Soriano, Canelones”. Cuando le sacaron la venda, antes de ser liberada, la persona que se dirigió a ella responde a la descripción física del fallecido Comisario HUGO CAMPOS HERMIDA, y así lo señaló. Pudo ver a GERARDO GATTI, a quien debían llevar a curar “porque decían que tenía gangrena en el brazo y en la pierna”  El represor argentino ORESTES ETANISLAO VAELLO relató las circunstancias del secuestro de HUGO MÉNDEZ y MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ, cuyas órdenes de detención había entregado a la CONADEP. Dio cuenta que la orden fue recibida por él por intermedio del Jefe del Grupo de Tareas del Grupo operativo que integraba y de acuerdo a lo expresado en ella provenía del Comandante del Primer Cuerpo del Ejército, por la vía del Batallón de Inteligencia 601 y que, por el tipo de detención que se solicitaba las personas en cuestión no debían ser interrogadas, sino trasladadas en forma inmediata a una “Cueva” que se denominaba el “taller de la vía” (Automotores ORLETTI), donde fueron recibidas por un integrante de la SIDE y señaló que el lugar sindicado pertenecía exclusivamente a la gente de ese Servicio y se encontraban allí gente de los servicios de inteligencia uruguayos. l 13 de julio de 1976 fue detenido LEON GUALBERTO DUARTE LUJAN junto a SERGIO LÓPEZ BURGOS en un fuerte operativo realizado en una cafetería sita en Boedo entre Carlos Calvo y San Juan, protagonizado por un grupo de personas armadas que les propinaron culatazos y puntapiés. Esposados y encapuchados los llevaron a Automotores Orletti. Todos los secuestrados que sobrevivieron recuerdan la cortina metálica que se abría para entrar y cuando retornó la democracia a la Argentina el sitio fue inspeccionado judicialmente, demostrándose que el relato de las víctimas concuerda con los detalles de la construcción.

PEREZ logró el refugio del representante de ACNUR en Buenos Aires y pudo salir rumbo a Europa. Cuando declaró ante la Cámara de Representantes tenía su familia en Suecia, es un hecho notorio que falleció en medio de un acto en FUNSA, a poco de brindar testimonio en el Parlamento y no pudo ser citado al Juzgado. GERARDO GATTI y LEON DUARTE fueron vistos por varios testigos en Automotores ORLETTI, en muy mal estado físico debido a las torturas que estaban padeciendo y no volvió a saberse después de ellos. Ambos están desaparecidos. En actuación del mismo operativo de represión, el 30 de junio secuestraron a ENRIQUE RODRÍGUEZ LARRETA MARTÍNEZ, el 9 de julio a CECILIA IRENE GAYOSO JAUREGUY, el mismo día a MONICA SOLIÑO, el 13 de julio a RAUL ALTUNA, MARGARITA MICHELINI, LAURA ANZALONE, junto al hijo de dos años de su hermano Pablo Anzalone y de ELIDA RITA VÁZQUEZ, apodada Ñosca” (esta última detenida en la casa rodante, operativo donde cayó GIL IRIBARNE, en Uruguay) ANA INÉS QUADROS HERRERA, EDUARDO DEAN, JOSE FÉLIX DÍAZ BAYARDES, ASILÚ MACEIRO, SARA MENDEZ y su hijo SIMÓN RIQUELO, SERGIO LÓPEZ BURGOS y ELBA RAMA MOLLA, el 14 de julio a RAQUEL NOGUEIRA, ANA MARÍA SALVO, ENRIQUE RODRÍGUEZ LARRETA PIERA, ARIEL SOTO LOUREIRO, EDELWIS ZHAN, el 15 del mismo mes y año a VÍCTOR LUBIAN, MARTHA PETRIDES y GASTON ZINA FIGUEREDO.  Todos estaban conectados al PVP, salvo ENRIQUE RODRÍGUEZ LARRETA PIERA que estaba interesándose por el destino corrido por su hijo y así cayó junto con su nuera, RAQUEL NOGUEIRA y asimismo todos fueron conducidos a la misma base operativa, interrogados y torturados.   

GATTI fue visto con vida por las personas que partieron el 24 de julio. En su Ficha de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Hoja Nº 6) hay una anotación de 27/1//77 donde se afirma que “Según acta tomada en noviembre de 1976 a (…) se establece que en 1975 participó en la ciudad de Buenos Aires de una reunión del Claustro Z para formar el partido por la Victoria del Pueblo (PVP). En febrero de 1976 participa en las Jornadas Pocho que eran cursos especiales de explicación de las tesis expuestas en el Claustro Final referente a la organización del mismo partido. Integran la mesa Gerardo Gatti, M.MG. JPC., Gustavo Inzaurralde y Jorge Zaffaroni.(Sin F.De I) (Operación “Morgan” del P.C.) Asunto 2-1-2-81- apm” El 16/4/77 hay otra referencia a un acta (Nº 302) tomada en noviembre de 1976, donde se asientan acciones en que habría participado GATTI. Todas las personas nombradas en esa anotación fueron secuestradas por fuerzas represivas, GATTI y ZAFFARONI en Buenos Aires e INZAURRALDE en Paraguay y están desaparecidos. El 29 de octubre de 1976 la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas emitió el Comunicado Especial Nº 22/76. En él se estableció que LEON GUALBERTO DUARTE LUJAN, MAURICIO GATTI, GERARDO GATTI y ALBERTO MECHOSO MÉNDEZ forman parte de la Dirección del Partido por la Victoria del Pueblo. En la Ficha de DUARTE hay también referencia a actas tomadas en noviembre de 1976, “a (….)” con datos de sus actividades.

Y también de esa manera podían oír a veces comunicaciones que intercambiaban los efectivos militares que operaban en el lugar.  Así, muchos presos oyeron conversaciones frecuentes con Argentina y sobre los meses de setiembre y octubre observaron movimientos inusuales de oficiales y tropa, que aparejaron la convicción de que el mismo grupo que los detuvo, interrogo, torturó y los mantenía cautivos, estaba realizando nuevas detenciones en Buenos Aires. En esa oportunidad apreciaron la concentración en el local de los efectivos del SID y del OCOA. Asimismo oyeron o recibieron comentarios sobre personas que conocían y que se les decía habían sido apresados, y en varios casos se les exhibieron fotos o documentos de compañeros que hoy permanecen desaparecidos  

Efectivamente, continuando con la desarticulación del PVP en Buenos Aires, el 26 de agosto los mismos efectivos habían secuestrado a MARIO JORGE CRUZ BONFIGLIO, el 3 de setiembre a WALTER ADEMAR BENTANCOUR GARIN, el 23 de setiembre a JOSEFINA KEIM LLEDÓ DE MORALES y a su esposo JUAN MIGUEL MORALES VON PIEVERLING, el 26 de setiembre a VICTORIA LUCÍA GRISONAS DE JULIEN, su esposo MARIO ROGER JULIEN CÁCERES y sus pequeños hijos ANATOLE (de cuatro años) Y VICTORIA (de un año y medio) JULIEN GRISONAS, a MARÍA EMILIA ISLAS GATTI DE ZAFFARONI, su esposo JORGE ROBERTO ZAFFARONI CASTILLA y su hija, de dieciocho meses, MARIANA ZAFFARONI ISLAS, a ALBERTO CECILIO MECHOSO MÉNDEZ, su esposa BEATRIZ CASTELLONESSE e hijos, ALBERTO WALDEMAR SOBA FERNÁNDEZ, su esposa ELENA LAGUNA e hijos y a RAÚL NÉSTOR TEJERA LLOVET y JUAN PABLO ERRANDONEA SALVIA, el 28 de setiembre a WASHINGTON CRAM GONZÁLEZ y a su esposa CECILIA SUSANA TRÍAS HERNÁNDEZ DE CRAM, el 30 de setiembre a BEATRIZ BARBOZA SÁNCHEZ y su esposo FRANCISCO JAVIER PERALTA, y a RUBEN PRIETO GONZÁLEZ, el 1º de octubre a ARMANDO BERNARDO ARNONE HERNÁNDEZ, MARÍA DEL ROSARIO CARRETERO CÁRDENAS, SEGUNDO CHEGENIAN RODRÍGUEZ, GRACIELA TERESA DA SILVEIRA DE CHEGENIAN, RAFAEL LAUDELINO LEZAMA GONZÁLEZ, MIGUEL ANGEL MORENO MALUGANI, CARLOS ALFREDO RODRÍGUEZ MERCADER, el 2 de octubre a JUAN PABLO RECAGNO IBARBURU, y a ALVARO NORES MONTEDÓNICO, el 4 de octubre a WASHINGTON DOMINGO QUEIRO UZAL.

De esa conversación mantenida con él, se infiere que lo había visto, pues aludió a un problema en la vista que aquél efectivamente tenía. En la investigación que realizo en 1988 el Fiscal Militar de 2º Turno, Coronel JOSE SAMBUCETI, en cumplimiento del artículo 4º de la ley Nº 15.848, por orden del Poder Ejecutivo, se interrogó sobre su caso a JOSE ARAB, JORGE SILVEIRA QUESADA, JUAN MANUEL CORDERO PIACENTINI, ALFREDO MAURENTE, ERNESTO RAMAS, PEDRO ANTONIO MATO NARBONDO, JOSE FELIPE SANDE LIMA, HUGO CAMPOS HERMIDA, JOSE NINO GAVAZZO PEREIRA y RICARDO JOSÉ MEDINA BLANCO.   WASHINGTON CRAM GONZÁLEZ fue secuestrado en un bar ubicado en las cales La Paz y Juramento, el 28 de setiembre. Ese mismo día detuvieron a su compañera CECILIA SUSANA TRÍAS HENÁNDEZ.  Habían acordado encontrarse en ese bar a las cinco de la tarde. Según testigos el operativo estuvo a cargo de hombres fuertemente armados. CRAM fue visto en ORLETTI, contemporáneamente con MARCELO GELMAN y MARÍA CLAUDIA GARCÍA DE GELMAN. La Comisión para la Paz confirmó ese dato y consignó, en ambos casos, que fueron probablemente trasladados, con destino desconocido, en la noche de 5 al 6 de octubre de 1976. Sus secuestros se atribuyeron a un operativo represivo conjunto uruguayo – argentino en el que participaron el OCOA y el SID por Uruguay y la SIDE y el Ejército argentino. Con relación a ambos se formularon denuncias internacionales y se entablaron acciones judiciales en Argentina y luego en Uruguay, sin éxito. En la investigación ordenada por el Presidente Julio Maria Sanguinetti en 1988, el Fiscal Militar encargado de ella, indagó a JOSE ARAB, JORGE SILVEIRA QUESADA, JUAN MANUEL CORDERO PIACENTINI, ALGREDO MAURENTE, ERNESTO RAMAS PEREIRA, PEDRO ANTONIO MATO NARBONDO, JOSÉ FELIPE SANDE LIMA, HUGO CAMPOS HERMIDA, JOSÉ NINO GAVAZZO PEREIRA y RICARDO JOSÉ MEDINA BLANCO. SEGUNDO CHEGENIAN RODRÍGUEZ fue detenido junto a su esposa, también desaparecida, GRACIELA DA SILVEIRA, probablemente entre el 1º y el 4 de octubre de 1976. “en un operativo global realizado contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un operativo no oficial o no reconocido como tal” (informe de la Comisión Para la Paz).  Como en los otros casos, se registran múltiples denuncias internacionales y acciones judiciales sin que se haya podido establecer su paradero. Para cumplir con la investigación del art. 4º, Ley 15848, el Fiscal Militar de 2º Turno hizo comparecer a JOSE ARAB, JORGE SILVEIRA, JUAN MANUEL CORDERO, ALFREDO MAURENTE, ERNESTO RAMAS, PEDRO ANTONIO MATO, JOSE FELIPE SANDE LIMA, HUGO CAMPOS HERMIDA, JOSE NINO GAVAZZO y RICARDO JOSE MEDINA BLANCO.    VICTORIA LUCÍA GRISONAS DE JULIEN y su esposo ROGER JULIEN fueron detenidos el 26 de setiembre en su domicilio de 25 de Mayo y Mitre, Nº 1390/92, en el Partido de san Martín, Provincia de Buenos Aires, en un operativo sumamente violento, por hombres fuertemente armados. ROGER JULIEN pudo haber muerto en ese mismo operativo, no hay datos ciertos al respecto. El entonces Presidente del Supremo Tribunal Militar, Federico Silva Ledesma informó en 1978 a una Comisión de Juristas franceses, (que incluso vieron documentación) que JULIEN había sido detenido y procesado y que se hallaba en el Establecimiento Militar de Reclusión No. 1. Esa información no fue confirmada posteriormente. En cambio VICTORIA GRISONAS estuvo recluída en ORLETTI junto con sus hijos ANATOLE y VICTORIA y allí fue torturada. Pese a las denuncias y gestiones no se obtuvieron datos sobre su destino final. En la investigación realizada por el Fiscal Militar en cumplimiento del art. 4º de la ley Nº 15.848, se indagó a todos los militares y policías procesados en este expediente, además de CORDERO, MATO y CAMPOS HERMIDA. MARÍA EMILIA ISLAS GATTI DE ZAFFARONI y su esposo JORGE ROBERTO ZAFFARONI CASTILLA fueron detenidos el 27 de setiembre con su hija MARIANA en su domicilio de Venezuela 3228, Parque Chacabuco. Un grupo de hombres armados apresó a ZAFFARONI y aguardó en el apartamento la llegada de su mujer e hija. La casa fue saqueada y el matrimonio y la niña fueron llevados a ORLETTI. En ese centro de detención, por lo menos Jorge ZAFFARONI, fue salvajemente torturado. La Comisión para la Paz estableció que MARÍA EMILIA ISLAS fue “trasladada”, con destino final desconocido entre el 5 y 6 de octubre de 1976. Con respecto a ZAFFARONI dijo que fue “trasladado” con destino final desconocido “antes del día 6 de octubre de 1976”. Una Orden de captura del Ejército argentino que señala como “Objetivo Primario” a JORGE ZAFFARONI (con sus datos filiatorios y domicilio) y como “Objetivo Secundario” a MARÍA EMILIA ISLAS DE ZAFFARONI da cuenta que fueron “ENTREGADOS A O.C.OA.S” el 28-09-76. Copia de ese documento estaba en posesión de la Comisión para La Paz y fue agregado y analizado en el respectivo legajo de la CONADEP. De acuerdo al testimonio del prenombrado VAELLO, fueron detenidos en el domicilio consignado en la orden y entregados luego en la “cueva de la vía”. Por comentarios hechos con las personas del lugar al tiempo de ocurrido este operativo, pudo aseverar fehacientemente que fueron interrogados por gente de los servicios de inteligencia de Uruguay conjuntamente con gente de la SIDE y se les dio el destino final: Muerte. Al igual que en los otros casos relacionados, en 1988, investigando su desaparición en cumplimiento del artículo 4º de la  Ley Nº 15.848, el Fiscal Militar de 2º Turno centró su indagatoria en el interrogatorio de los procesados en estos autos, además de CAMPOS HERMIDA, MATO y CORDERO.    MARIANA, la hija de MARÍA EMILIA ISLAS y JORGE ZAFFARONI, nacida el 22 de marzo de 1975 fue apropiada por Miguel Angel FURCI, agente de inteligencia argentino, vinculado a los organismos de represión, que la anotó como hija suya y de su esposa. En 1983 se iniciaron investigaciones que permitieron ubicarla, pero FURCI y su mujer huyeron a Paraguay con la niña. Recién en 1992 se pudo localizarlos y a través de análisis genéticos se estableció la verdadera filiación de MARIANA (Causa 154/95, radicada en el Juzgado Federal No.3 de San Martín, Provincia de Buenos Aires “Furci Miguel Ángel y otra, s/averiguación desaparición de Zaffaroni Islas, Mariana)  FURCI declaró, en el juicio en el que se estableció la verdadera filiación a la niña y se procesó a los apropiadores, que la misma le había sido entregada por efectivos de la SIDE, encontrándose su madre presa en ORLETTI, sabiendo que ésta iba a ser trasladada. A la abuela materna le dijo que se la entregaron en la escalerilla del avión, cuando se llevaban a su madre.

RAFAEL LAUDELINO LEZAMA GONZÁLEZ  fue detenido el 1 de octubre de 1976, aproximadamente a la hora 16, en la vía pública. Antes de salir de su casa dijo a su mujer que tenía una cita con CARLOS GOESSENS, pero no volvió a saberse de él. La Comisión para la Paz ubicó su detención en el marco del operativo que se estaba realizando contra militantes del PVP. Hubo múltiples denuncias internacionales y se accionó judicialmente sin resultado. En 1988, debiendo el Fiscal Militar de 2º Turno investigar su desaparición, interrogo, al igual que en los demás relacionados, a ARAB, SILVEIRA, CORDERO, MAURENTE, RAMAS, MATO, SANDE LIMA, CAMPOS HERMIDA, GAVAZZO y MEDINA BLANCO. MIGUEL ANGEL MORENO MALUGANI fue detenido el 1 de octubre de 1976 en un bar de la calle Rivadavia a la altura del número 9000. Se vincula su secuestro con el de CASIMIRA MARÍA DEL RSARIO CARRETERO CÁRDENAS y ambos desaparecieron en el marco del operativo dirigido contra el PVP. A detenidos en Bulevar y Palmar se les preguntó por CARRETERO (“Cacheta”) y un documento con su foto estaba en una caja que los efectivos actuantes habían depositado en el chalet “SUZY” Fueron investigados en 1988, por el Fiscal Militar de 2º Turno, en cumplimiento del artículo 4º de la ley Nº 15.848 y por la desaparición de MORENO y CARRETERO, todos los encausados de autos. Sobre CARRETERO fue interrogado en Montevideo el detenido SOTO LAUREIRO.    JUAN PABLO RECAGNO IBARBURU fue detenido el 2 de octubre de 1976, junto con ALVARO NORES MONTEDÓNICO, cuando se encontraban en un bar de la calle Cabildo. En el operativo intervinieron unas doce personas armadas, que los encañonaron y los introdujeron en un Ford Falcon.  Los condujeron a ORLETTI, donde comenzó la tortura, pero NORES corrió mejor suerte que RECAGNO, ya que su hermana MARÍA DEL PILAR estaba colaborando con los militares y se encontraba en Montevideo en el local de Bulevar y Palmar.  Así NORES fue trasladado por separado, en un vuelo comercial y después liberado en Uruguay. RECAGNO fue, según la Comisión para la Paz, “probablemente “trasladado” con destino final desconocido entre el 5 y el 6 de octubre”. Ricardo GIL supo que estaba detenido, por información de los efectivos que operaban en el “300 Carlos” y simultáneamente en Argentina. CORDERO le dijo a Enrique RODRÍGUEZ MARTÍNEZ que RECAGNO estaba detenido en Buenos Aires y le había pedido que lo trajera a Uruguay. En una ocasión ARAB, que tuvo activa participación en las detenciones en Buenos Aires, le mostró una foto de aquél. También preguntaron por él, y se les dijo que estaba detenido, a otros prisioneros en Uruguay. Al igual que en todos los casos de detenidos desaparecidos en este operativo global contra el PVP el Fiscal Militar de 2º Turno indagó a los militares y policías que fueron procesados en este expediente. WASHINGTON DOMINGO QUEIRO UZAL fue detenido, en el marco de ese mismo operativo, el 4 de octubre de 1976. No pudo determinarse su destino final luego del secuestro. Según información vertida en la Comisión investigadora parlamentaria, podría haber caído en la tanda de detenciones desatada por GOESSENS MERE, ya que tenía cita con él. El Fiscal Militar también investigó, en cumplimiento de la orden del Poder Ejecutivo, a ARAB, SILVEIRA, CORDERO, MAURENTE, RAMAS, MATO, SANDE, GAVAZZO, CAMPOS HERMIDA y MEDINA BLANCO.

RUBEN PRIETO GONZÁLEZ fue detenido el 30 de setiembre de 1976 en la zona de Congreso, según testimonios de vecinos intervinieron hombres de particular fuertemente armados, que se movilizaban en un Ford Falcon color blanco y una ambulancia. El allanamiento se produjo en horas de la tarde, dejaron señales de haber revisado todo y se llevaron frazadas y bolsos con efectos. Los mismos vecinos atestiguaron que en días siguientes volvieron en dos oportunidades. Su secuestro tuvo lugar en el marco de las operaciones conjuntas destinadas a desarticular al PVP en Buenos Aires. Su requisitoria había sido reiterada por el SID el 10 de julio de ese año. Fue conducido a ORLETTI y allí fue visto, en la misma época en que estaban detenidos MARCELO GELMAN y MARÍA CLAUDIA GARCIA. En comunicación de 28 de octubre de 1977 el Cónsul Arisbel Arocha escribió al Cónsul General en la República Argentina, Alfredo Menini Terra, diciéndole que al padre de PRIETO, indirectamente se le hizo saber que su hijo había sido detenido el 30 de setiembre del año anterior, no pudiendo, pese a las intensas gestiones que realizó ante diversos organismos públicos argentinos, determinar su actual paradero. La Comisión para la Paz consignó que fue probablemente “trasladado” con destino final desconocido el 6 de octubre. ARAB, SILVEIRA, CORDERO, MAURENTE, RAMAS, MATO, SANDE, CAMPOS HERMIDA, GAVAZZO y MEDINA BLANCO fueron interrogados por el Fiscal Militar al que se había ordenado esclarecer su desaparición.    ADALBERTO WALDEMAR SOBA FERNÁNDEZ quien está desparecido, fue detenido, como se dijo, el 26 de setiembre de 1976, fecha en que también se privó de libertad a su esposa ELENA LAGUNA DE SOBA y a sus tres hijos. La familia fue trasladada a Uruguay, en tanto no se supo más del paradero de SOBA. Ese mismo día detuvieron a ALBERTO CECILIO MECHOSO MÉNDEZ y su familia compuesta por  BEATRIZ CASTELLONESE DE MECHOSO y sus dos hijos. MECHOSO también está desaparecido. El informe de la Comisión para la Paz consigna que ADALBERTO SOBA  fue trasladado “después del 27 de setiembre de 1976”, es decir, después que su familia lo vio por última vez. De ALBERTO MECHOSO se dice que fue trasladado “antes del 6 de octubre de 1976.”    ELENA LAGUNA fue sorprendida en su casa de Emilio Castro 749, Haedo, Provincia de Buenos Aires por efectivos de particular, “con metralla en mano”, que actuaron con singular despliegue. Sacaron a las dos personas que trabajaban en la imprenta, golpeándolas con gran violencia y uno de los que habían irrumpido le dijo: “tengo algo para vos en el fondo”. En la parte de atrás de la camioneta estaba su esposo golpeado, los ojos lastimados al punto de no poder abrirlos, desnudo, tapado apenas por un cubrecama. Después revisaron toda la casa y tomaron una caja de madera que contenía dinero. LAGUNA no puede precisar que suma había, pero afirmó que “era bastante dinero”, y que “en un ratito vaciaron toda la casa”. Trasladaron a toda la familia a Automotores ORLETTI, y los condujeron hasta un colchón, en medio de los autos. Al poco tiempo trajeron “trajeron a dos niños una bebe de 10 meses y el hermanito que tendría como 4 años”, según LAGUNA, quien dijo que “yo conocía esos niños porque los había visto en Montevideo y eran los hijos de Giulian” (debió decirse Julien). Después, relató, “vi cuando pasaron con mi marido y ordenaban baño frío, picana, testículo y riñones. En una de las oportunidades mi marido se desmayó”  Al segundo o tercer día vino el “TURCO” (ARAB) y GAVAZZO y le dijeron que iba a ser trasladada a Montevideo. Pidió para ver a su marido y GAVAZZO se lo trajo. Cuando preguntó que iban a hacer con él le contestó que “él va para traslado”. Interrogado sobre el significado de esa expresión, respondió: “después te vas a enterar” Trajeron a su marido desde el fondo de la automotora y  “él no veía tenía los ojos llenos de pus, estaba tirado en la colchoneta, todo golpeado, tenía las manos todas quemadas, tenía la zona de los riñones quemadas”.  LAGUNA le mostró a su hijo SANDRO en que estado se hallaba su padre. Cuando sacaron a su familia de ORLETTI, SOBA quedó en ese centro de detención, físicamente destrozado por las torturas sufridas. A su esposa e hijos los llevaron al aeropuerto JOSE RICARDO ARAB y JOSE NINO GAVAZZO. Refirió LAGUNA que otro auto los seguía y el TURCO le dijo “que no se siguieran arrimando porque disparaba, y les mostró el arma”. SANDRO SOBA también recordó que “agarran a dos hombres que trabajan en la imprenta, no se como se llaman” Estas dos personas eran JUAN PABLO ERRANDONEA SALVIA y RAÚL NESTOR TEJERA LLOVET. Ambos tenían encomendado el desarme de la imprenta que funcionaba sobre la camioneta hallada en casa de SOBA y su montaje en una habitación a los fondos. JUAN PABLO ERRANDONEA se desempeñaba precisamente como obrero gráfico en Argentina y RAÚL TEJERA LLOVET era empleado en una imprenta en ese país. Según la Comisión Para la Paz, al igual que en otros casos, esas detenciones se dieron en” un operativo global realizado contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal” También SANDRO recordó que cuando estaban en ORLETTI “un día subí por la escalera al piso de arriba, había un tanque, un recipiente grande y a mi izquierda vi varias personas sentadas en el piso, sin ropa”. Del momento que vio a su padre dijo que “Recuerdo que apenas hablaba, estaba lastimado, tenía los ojos con pus y marcas en el cuerpo como quemado. Se cubría con una camisa grande. Después lo llevaron y nunca más lo vi.”   LEONARDO PAOLO SOBA evocó una imagen similar del estado de su padre y relató de la misma forma que su madre cuando un auto los siguió rumbo al aeropuerto. El acompañante del vehículo en que ellos iban sacó un revólver, apuntó al conductor y le dijo que se fuera y el auto se alejó rápidamente. El mismo día fue secuestrada BEATRIZ INES CASTELLONESE, esposa de ALBERTO CECILIO MECHOSO MÉNDEZ y su familia. MECHOSO fue detenido en Buenos Aires también  el 26 de setiembre de 1976, a y a continuación allanaron su casa. Numerosos efectivos rodearon la finca, y descendieron de los techos, estaban de civil, le dijeron que eran policías uruguayos y argentinos, entre ellos estaba GAVAZZO a quien la mujer conocía bien.  GAVAZZO habló con ella, traían picos y palas, rompieron la pared y sacaron dinero que estaba oculto bajo una escalera, CASTELLONESSE dijo que eran “como 1.500.000 de dólares”. Luego la llevaron a una casa (que después supo era la de SARA MÉNDEZ detenida tiempo antes). Al día siguiente (27 de setiembre), ante su expreso pedido trajeron a su esposo. Dijo CASTELLONESSE que  “estaba horrible, muy golpeado, con ropa que no era de él, nos dejaron a solas con él, a mi y mis dos hijos; mi esposo me dijo que hiciera la denuncia que lo había secuestrado GAVAZZO”. Después la llevaron en ambulancia, con sirena abierta hacia Aeroparque, ahí estaba GAVAZZO y dos sujetos más. Se encontró con la Sra. SOBA y sus tres hijos, las familias no se conocían de antes. Allí GAVAZZO le dijo que no intentara nada porque él iba a pasar por el padre de los chicos. Se encargó de toda la documentación y los pasajes. Puntualizó CASTELLONESSE que “Quiero decir que en Aeroparque GAVAZZO venía con un bolso negro donde se veía que traía dinero, por los costados se veían billetes.”  Viajaron todos juntos, como si fueran dos familias. Al llegar a Carrasco, su relato coincide con el de LAGUNA, ambas mujeres y sus niños estuvieron alojadas en una casa algunos días y después liberadas el 5 de octubre de 1976. BEATRIZ MECHOSO y ALBERTO MECHOSO concordaron en el recuerdo de lo que sucedió. ALBERTO tiene bien presente a GAVAZZO; porque llevaba puesto el reloj de su padre. Con respecto a éste, recuerda bien que les dijo “que cuidáramos a mi madre que él no volvía más” y que su padre estaba golpeado esposado. En los casos de SOBA, MECHOSO, TEJERA y ERRANDONEA, también el Fiscal Militar de 2º Turno, investigando por orden del Poder Ejecutivo, en cumplimiento del art. 4º de la Ley Nº 15.848, interrogó a JOSE ARAB, JORGE SILVEIRA, JUAN MANUEL CORDERO, ALFREDO MAURENTE, ERNESTO RAMAS, PEDRO ANTONIO MATO, JOSE FELIPE SANDE, HUGO CAMPOS HERMIDA, JOSE NINO GAVAZZO, RICARDO JOSÉ MEDINA BLANCO.

Los detenidos trasladados el 24 de julio asistieron al desarme y acondicionamiento de esos efectos así obtenidos, que fueron llevados al aeropuerto y cargados en el avión. No hay constancia de que los bienes en cuestión hayan sido entregados a las autoridades uruguayas, o depositados en dependencia oficial. Tampoco fueron restituidos a los primitivos tenedores o a sus familias. En los sucesivos testimonios de MARÍA DEL PILAR NORES, ésta consignó que el PVP había comprado un departamento en Buenos Aires, que estaba a su nombre, y que en la primera etapa de su cautiverio, en ORLETTI, la llevaron a un local donde fue compelida a transferirlo a efectivos argentinos.

Las respuestas del gobierno de Uruguay siempre fueron negativas, no admitieron las operaciones en Argentina, ni en otros países, ni las detenciones – desapariciones y aún brindaron reiteradamente informes en los que se falseaban los hechos. Durante el gobierno de facto, el Ministerio de Relaciones Exteriores integraba el Consejo de Seguridad del Estado. En función de ello, una de las funciones primordiales de la Unidad de Derechos Humanos era servir de enlace y de ejecutor de las políticas que diseñaba el Servicio de Información e Inteligencia de las Fuerzas Armadas, en particular del Departamento II, Exterior. A posteriori de la instalación democrática en 1985, se localizaron diversos archivos con abundante información sobre los datos que el SID ordenaba trasmitir al exterior sobre los detenidos- desaparecidos. Muchos de estos documentos revestían la autonominación de “secretos”. Así, por ejemplo, en el caso de Heber Eduardo O’Neill, detenido- desaparecido en la República Argentina, existía un “memo” secreto que informaba, mucho tiempo después de su desaparición, que dicho ciudadano estaba vivo, en la República Argentina a disposición del “Tribunal de Guerra” argentino. Durante la dictadura, esta información integró un amplio archivo guardado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En los estertores del gobierno autoritario se dio orden de destruir dichos documentos, pero la misma no se ejecutó. Los documentos referidos se hallaban en el Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto surge textualmente de un informe confidencial de la Dra. Silvia Izquierdo, del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de 3 de mayo de 1996. A ello puede agregarse que la Cancillería había enviado, en junio de 1976, una comunicación confidencial a la Embajada del Uruguay en Buenos Aires, en la que prestaba su aprobación a lo actuado en los “hechos de notoriedad” (seguramente referido a los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruz, Barredo y Whitelaw) y en el párrafo final ordenaba: “Si se tratare de personas legalmente requeridas por autoridad competente del Uruguay se servirá proveer a su traslado a la República”