Chile: la Justicia le llega al patrón de El Mercurio

Denunciaron al dueño del diario chileno El Mercurio por su participación en el golpe de Estado que derrocó a Allende.

Lo cívico y lo militar

Organizaciones de la sociedad civil y el gremio de periodistas chilenos presentaron una denuncia contra Agustín Edwards, el dueño del grupo de medios El Mercurio -que incluye el diario con el mismo nombre-, por los delitos de sedición, rebelión y asociación ilícita, debido a su papel en el golpe militar de 1973, que dio inicio a la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet.

La acusación se basa en documentos desclasificados por el Congreso de Estados Unidos, que confirman la relación de Edwards con la administración del presidente Richard Nixon y el servicio de inteligencia estadounidense, la CIA, y con sus objetivos de desestabilizar al gobierno de Salvador Allende y concretar el golpe de Estado.

La denuncia contra el empresario chileno, que también incluye un pedido de que sea detenido y procesado, fue presentada el jueves por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Ejecutados Políticos y el Colegio de Periodistas de Chile.

Edwards, de 88 años, fue acusado de “sedición, rebelión y asociación ilícita” por la responsabilidad que los denunciantes le atribuyen en la incitación al golpe de Estado de 1973. Uno de los abogados de los demandantes, Eduardo Contreras, explicó la semana pasada que se trata de la primera denuncia en Chile que refiere a delitos previos al golpe.

En mayo de 2015, el tribunal de ética del Colegio de Periodistas de Chile había expulsado a Edwards por las mismas razones que aparecen en la denuncia. En ese entonces, la presidenta de esa institución, Javiera Olivares, explicó que “el ejercicio periodístico ético” es aquel que “busca profundizar la democracia” y no el que colabora “en la desestabilización de gobiernos democráticamente electos” o es “cómplice de violaciones a los derechos humanos”, en alusión al dueño de El Mercurio.

La demanda contra el empresario está basada en “múltiples elementos probatorios” recopilados a partir de los documentos desclasificados de la CIA, el llamado “Informe Church” del Senado estadounidense, la Enmienda Hinchey -que obliga al director de la CIA a brindar al Congreso información vinculada con violaciones de derechos humanos- y el mismo informe del tribunal de ética que el gremio de periodistas chilenos elaboró el año pasado.

En el texto de la denuncia, las organizaciones y sus abogados establecen que la relación de Edwards con la CIA data, al menos, de 1953, y citan como “prueba concreta” la presencia del empresario en el golpe de 1954 contra el presidente Jacobo Árbenz en Guatemala.

Además, los denunciantes cuestionan que ya en la década del 60 hubo “sustantivos aportes económicos de la CIA al Mercurio y a algunas fuerzas políticas para impedir el avance de la izquierda chilena ante una eventual victoria electoral en las elecciones que tendrían lugar en 1964”. Estos aportes supuestamente continuaron hasta el golpe de 1973.

Los documentos desclasificados revelaron también que Edwards y el entonces secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, se reunieron en setiembre de 1970 en Washington para planificar el desarrollo y el financiamiento del operativo que terminaría con el gobierno de Allende. “De allí en adelante se registra una serie de reuniones de Edwards con personeros de la CIA como revelan, por ejemplo, los Memorandums de Richard Helms, jefe CIA, a Kissinger”, agrega el texto.

Los demandantes alegan que otros testimonios, de “numerosos políticos, empresarios y militares”, ponen en evidencia los estrechos vínculos de la dirección de El Mercurio no sólo con la inteligencia estadounidense sino también con la policía secreta del dictador Augusto Pinochet. Finalmente, hacen referencia a una parte del libro de memorias de Kissinger, Los años en la Casa Blanca, en la que dice: “El día 14 de setiembre [de 1970] Nixon fue incitado a tomar acción al respecto por Agustín Edwards, editor de El Mercurio, el más respetado periódico chileno”. Los denunciantes argumentan que esto es una prueba de que Edwards “es uno de los principales autores como impulsor e instigador del alzamiento a mano armada contra el gobierno legalmente constituido con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la Constitución del Estado o su forma de gobierno y de privar de sus funciones o impedir que entre al ejercicio de ellas al presidente de la República”.

Distintos sectores de la sociedad chilena sostienen que, ya durante la dictadura, los diarios El Mercurio y La Segunda, que pertenecen a Edwards, fueron “cómplices” y “encubrieron” crímenes, además de manipular información y tergiversar los hechos a favor del régimen de Pinochet. De hecho, El Mercurio dejó de referirse a las víctimas de la dictadura como “presuntos detenidos desaparecidos” recién en 1991, cuando se publicó el llamado Informe Rettig, que detalla las más de 3.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

La organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura brindaron una conferencia de prensa el jueves para hacer pública la denuncia contra Edwards. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, dijo que el empresario “debe ser condenado y procesado” no sólo por los “crímenes que ha cometido”, sino también por “su complicidad en los hechos, cómo denigró y ultrajó la memoria de las víctimas de la dictadura y su responsabilidad en lo económico y político en forma criminal, cooperando con el golpe y con su silencio cómplice”, según informó el diario chileno La Nación. Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, denunció que “los distintos poderes del Estado no han asumido su rol de perseguir a los violadores de los derechos humanos”, y agregó: “El poder judicial debió procesar hace mucho tiempo a Agustín Edwards Eastman, no sólo como incitador al golpe, sino que por el rol que ha jugado posteriormente al 11 de setiembre [de 1973, día del golpe] y en los 17 años de dictadura quien estuvo al servicio de los responsables del golpe cívico militar”.

Unas horas después, uno de los abogados de Edwards, Miguel Schweitzer, dijo a la agencia AFP que la denuncia contra su cliente “no tiene ningún sentido”, ya que el empresario “no tiene ninguna responsabilidad en los supuestos delitos de sedición que se le imputan”. Agustín Edwards -el quinto que lleva ese nombre en una dinastía que comenzó en 1800 y pico- todavía no se pronunció al respecto.