Los asesinos ”importados” para la represión en Uruguay

Por Carlos Santiago (*)

Qué difícil aparece la convivencia en el Uruguay en donde todo es objeto de controversia, de acusaciones, violentándose el adecuado relacionamiento de las personas que empantanan las investigaciones y convierten a los hechos manejados por unos en elementos aislados., siendo el centro de la repulsa de los otros.

“Los mercenarios nunca mueren.

Van al infierno para reagruparse”

Esto viene al caso luego que en la Argentina se fallara en el juicio oral, en el Tribunal Oral Federal 5, al extraditado coronel Cordero, acusado de torturas, asesinatos y la desaparición de personas. También hace pocas semanas nos hemos enfrascado en analizar en profundidad los argumentos hechos públicos por una y otra parta en torno a las responsabilidades en los asesinatos de los políticos Zelmar Michelini atendiendo a las declaraciones de algunos familiares que agregaron al cúmulo de pruebas y versiones otra: quienes estuvieron tras el asesinato de Zelmar en Buenos Aires, seguramente, son los mismos que lo hicieron con Trabal en París. El hecho concreto reciente fue que el dictador Juan María Bordaberry fue sentenciado a 30 años de cárcel por “no haber desconocido” la concreción de los crímenes.

Más allá que en algún caso se pueda inferir que entre las versiones existen también las que tienden a “alivianar” la responsabilidad de los golpistas uruguayos en esos hechos, producto de típicas campañas que utilizando una “falsa objetividad” manejan a su libre albedrío declaraciones y afirmaciones entrecomilladas con ese objetivo.

Esa versión, como no podía ser de otra manera, puede detonar pasiones encontradas nada contribuyen, si no se investigan, a la verdad histórica, porque llevan al centro de la atención interpretaciones de la represión y los asesinatos de la dictadura, que solo tratan de llevar agua para un molino u otro.

El periodista Roger Rodríguez, uno de los investigadores que ha dedicado su vida a esclarecer estos hechos, ha llegado a la conclusión de que uno de los “secretos” mejor guardados por los represores es el asesinato en masa de decenas de militantes del PVP, apresados en Buenos Aires y transportados a Uruguay en el llamado “tercer vuelo de la muerte” Pero la vos de Roger suena sola en un mar de versiones y conjeturas.

Sobre el punto, parece evidente, que existe un problema vedado. Nadie nunca negó que la banda del “Jovato” Aníbal Gordon no sólo perpetró en la Argentina el secuestro y la tortura de unos 300 exiliados chilenos, uruguayos y bolivianos, sino también se dedicó a desvalijar sus domicilios y montar verdaderas estafas extorsivas negociando supuestas libertades a cambio de dinero.

Por supuesto que este hombre puesto en “la cancha” por el presidente Juan Perón para que concretara su sangrienta tarea (se habla de miles de asesinatos cometidos por orden del ex Presidente argentino), fue uno de los ejemplos más brutales de la represión en contra los militantes de izquierda.

Este grupo de asesinos también colaboró en la macabra limpieza que precedió a la clausura de Automotores Orletti donde actuaba como “grupo de tareas” al mando de oficiales uruguayos, entre ellos José Nino Gavazzo, Gilberto Vázquez, etc.

Hasta aquí los hechos, que podríamos refrendar con ejemplos diversos que muestran que las misiones que salían en los Falcon desde Orletti eran “acompañadas” por militares uruguayos, designados por la dictadura, para – vía aplicación del Plan Cóndor – cumplir tareas represivas en la Argentina, en contra de ciudadanos uruguayos.

Entonces. ¿Por qué decir que en su momento se equivocó el doctor Gonzalo Fernández al afirmar que quién apretó el gatillo para cegar las vidas de los dos políticos uruguayos fue “Paqui” Forese, si este “monstruo” fue contratado, junto con Gordon (que comandaba la banda asesina), específicamente para esas tareas criminales? ¿En que modifica ello la responsabilidad de la dictadura uruguaya que estuvo, evidentemente, tras esos secuestros y que intentó también asesinar a Wilson Ferreira Aldunate, que pudo escapar a tiempo del infierno bonaerense? ¿Será verdad que los militares uruguayos que acompañaros en operativo de secuestro de los dos prominentes políticos (entre ellos ¿Gavazzo?) prefirieron no participar en los asesinatos, lo que fuera en su momento calificado por el propio Gordon como “un acto de cobardía?

Lo que dudamos es que la afirmación del doctor Fernández sea, sobre los hechos mismos, demasiado restrictiva como se dio a entender en su momento, porque evidentemente estos asesinos siempre buscaban actuar en grupo para que las complicidades fueran compartidas.

Por otra parte hay algunos testimonios que sitúan a algunos militares uruguayos, junto con esta banda, como participantes del propio secuestro de los políticos uruguayos, los que fueron vistos en los Falcon que salieron ululantes por la avenida Corrientes, con su carga humana.

Hay varios elementos que relacionan a la banda de Gordon con en el secuestro y asesinato de los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y con el fusilamiento del ex presidente boliviano Juan José Torres, asesinado el 2 de junio de 1976 en San Andrés de Giles.

Esa zona fue muy utilizada por la banda para múltiples crímenes porque los miembros del grupo tenían allí quintas, estancias, campos y aguantaderos.

Obviamente todos esos hechos tuvieron un claro contenido político represivo que trascendía a los asesinos. Estas víctimas no se eligieron al azar, fueron el producto de una acción asesina con contenido político, seguramente de las dictaduras uruguaya y boliviana. Lo peor que puede pasar, en el marco de una investigación, es que los preconceptos comiencen a ganar terreno. Ese es el camino menos idóneo para llegar a la verdad por aproximaciones sucesivas.

Hay también que decir que la versión de Gonzalo Fernández, asignándole a Forese y a la banda de Gordon la intención de tener beneficios económicos por cada acción criminal, no es nada eufemística, porque estos matones eran mercenarios.

Más bien coincide con la historia de este grupo criminal que comenzó a conocerse por su actuación en Villa Constitución, cuando la empresa ACINDAR, de propiedad de Martínez de Hoz, resolvió pagar en dólares a estos señores para “deshacerse” de los “molestos” dirigentes del combativo sindicato que organizaba a los trabajadores de esa acería.

Las tropelías de esta banda, actuando siempre junto al poder y amparada por los organismos de seguridad, se extiende mucho tiempo atrás y siempre su objetivo – más allá del represivo – estuvo vinculado al beneficio económico, que venía por añadidura, de la acción criminal. Pero preguntarse ¿quién fue el que apretó el gatillo?, nos parece qué ello no reduce la responsabilidad de nadie y, mucho menos de los oficiales uruguayos asignados a ese campo represivo (Orletti), y menos aún de los dictadores que, en el marco de su política criminal, resolvieron utilizar el asesinato político como método para mantenerse en el poder de facto.

Porque, como ha dicho en su momento la doctora Eve Martínez Burle, el asesinato político no fue una método aislado de aplicación esporádica por parte de la dictadura uruguaya. Recordemos el caso de los vinos envenenados y, por supuesto, de los fusilamientos y las desapariciones de los militantes del PVP, que habrían llegado al país en los llamados “segundo y tercer vuelo de la muerte”

No son hechos fortuitos, no es que a un torturador “se le fue la mano”, sino la decisión de alguien de adoptar una medida concreta cegando la vida de un ser humano por razones aparentemente políticas, traspasando en algunos casos los muros del Batallón Florida, para hacer desaparecer algunos cadáveres en los cementerios vecinos. Podríamos analizar lo ocurrido, también, en el caso del coronel Trabal, hecho que todavía parece oculto bajo las siete llaves del misterio.

Pero existe un hecho sobre el que se ha trabajado poco e investigado menos. Es la acción de Aníbal Gordón en Uruguay, luego de que tuviera que “emigrar” desde Buenos Aires, al excederse siendo el responsable del asesinato de un familiar del capitoste, también violador de los derechos humanos y responsable de la operación “Cóndor” en la Argentina, general Carlos Guillermo Suarez Masson, lo qué determinó el “ocaso” de Gordon.

Por ello importa ese “contrato” que comenzó a cumplir en Uruguay al poco tiempo: ¿Quién fue el responsable del mismo? ¿Cómo esta banda asesina, junto con algunos militares uruguayos, tenían vía libre para sus tropelías? ¿Qué acciones se le deberían adjudicar a esta “banda” asesina que actuaba en el marco de las fuerzas conjuntas?

¿No habrá llegado la hora de analizar el relacionamiento de nuestro Ejército con esta banda, en Automotores Orletti? Y, ¿quién contrató a los esbirros para actuar en Uruguay?

Al pasar recordemos que el jefe de la banda, el propio Aníbal Gordon, en una demostración de hasta que punto llegó el relacionamiento con los militares uruguayos, que oficio como padrino de bodas en el enlace del ex coronel, pasado a reforma y procesado, Gilberto Vázquez. ¿No es hora de interrogarlo sobre el tema?

Y saber, en definitiva, quién contrató al asesino para actuar en la represión. ¿Gregorio Álvarez no sabrá algo al respecto?

– Carlos Santiago es periodista.