Ruiz, Marisa (2006). La piedra en el zapato. Amnistía y la dictadura uruguaya. La acción de Amnistía Internacional en los sucesos del 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Universidad de la República, 247 págs.
Buenos Aires, 20 de mayo de 1976 – Montevideo, 17 de noviembre de 2006.
Cuando comenzaba a ordenar las notas producto de la lectura de esta obra, un hecho sin precedentes sacude a mi país: a 30 años de uno de los episodios más trágicos del pasado reciente uruguayo, el juez Roberto Timbal dicta auto de procesamiento con prisión para dos de los civiles que ocuparon los mayores cargos en la última dictadura cívico- militar: Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. El primero, como presidente constitucional en ejercicio en 1973, protagonizó la disolución del Parlamento el 27 de junio de ese mismo año, tras lo cual se constituyó en dictador civil hasta que en junio de 1976 fue finalmente desplazado por los militares.
El segundo, ocupó la Cancillería de la República durante esos mismos años. La acusación: coautoría en cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravados. Para llegar a esta instancia, fue preciso que muchas cosas cambiaran en Uruguay, en un proceso que conoce décadas de luchas, frustraciones y dignísimos empeños. Mirtha Guianze, a cargo del caso, fue la primera fiscal que aplicó en Uruguay la doctrina internacional de los derechos humanos, pregonando en las sedes penales que no era necesario apretar el gatillo, ni siquiera dar la orden de matar, porque también desde el aparato organizado del poder es posible asesinar.
Transcurrieron tres largas décadas desde aquel 20 de mayo de 1976 en que los cuerpos de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz aparecieron, junto a los de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, en un auto abandonado en una calle de Buenos Aires. Ni el gobierno uruguayo ni el argentino tomaron medidas para aclarar el suceso; por el contrario, hicieron esfuerzos por ocultarlo, como también lo hizo el gobierno de los Estados Unidos. Por esa misma época, Amnistía Internacional llevaba adelante una campaña mundial contra la tortura desatada en Uruguay, la primera campaña centrada en un país en particular, y sus grupos locales apadrinaban a cientos de uruguayos y uruguayas encarcelados. Es precisamente por estos dos carriles que trascurre la documentada investigación de Marisa Ruiz, cuyo objetivo es poner en conocimiento y analizar el papel desempeñado por Amnistía Internacional frente a las denuncias de las violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo durante la dictadura uruguaya (1973-1985) y, en particular, la participación de dicha organización en la compleja coyuntura que rodeó a los asesinatos antes mencionados.
Como se desprende del episodio referido al comienzo, es imposible ignorar el contexto en el cual es publicada La piedra…, aunque esta obra haya aparecido con anterioridad al fallo judicial aludido, que encuentra a la sociedad uruguaya en pleno y agitado proceso de reconstrucción de la memoria histórica del pasado reciente, lo que, sin lugar a dudas, potencia el valor y la oportunidad de esta investigación. Los enfoques de la dictadura elaborados en Uruguay hasta hace pocos años difícilmente escapaban al estudio de lo político-estatal y se revelaba más problemática la incorporación de nuevas perspectivas.
En tal sentido, la obra de Ruiz constituye un genuino aporte en el rescate del protagonismo de ciertos actores que fueron fundamentales, y que, demasiado a menudo, han tendido a ser subestimados por la investigación histórica. La autora, historiadora y activa militante por los derechos humanos, aborda su objeto de estudio sin soslayar esta doble pertenencia: “Mi inserción en la sección uruguaya de Amnistía Internacional me ayudó a conocer por dentro esta institución, con los claroscuros de las realidades concomitantes con los ideales…”, afirma desde el comienzo (Ruiz, 2006: 10).
El libro está organizado en cinco capítulos. En el primero de ellos, la autora sintetiza el surgimiento y la consolidación de las organizaciones integrantes del sistema de las Naciones Unidas, tanto a nivel mundial como regional, plataforma ineludible para comprender la conformación de una verdadera “red mundial de activistas de derechos humanos”. Su preocupación central es mostrar las repercusiones de las denuncias del caso uruguayo en esos organismos. Asimismo, dedica un apartado a presentar someramente las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, para luego centrarse en las principales características de Amnistía Internacional -fundada en Londres en 1961- examinando sus objetivos, organización y metodología.
Ruiz se detiene especialmente en la relación que la institución estableció con Uruguay hasta el parteaguas de 1976, período en que se destaca la misión que, en conjunto con la Comisión Internacional de Juristas, llegó a Montevideo en abril de 1974 para recabar in situ abundantes pruebas de torturas y malos tratos en las prisiones del régimen, así como de diversas irregularidades en los procedimientos de la justicia militar. Como era de esperarse, las sugerencias aportadas en el informe final de esta misión fueron desestimadas por el régimen uruguayo.
En un segundo capítulo, Ruiz reconstruye pormenorizadamente la campaña internacional contra la tortura en Uruguay desplegada por Amnistía Internacional, en coordinación con colectivos de exiliados uruguayos, fundamentalmente entre febrero y junio de 1976. Da cuenta además, de la tensa pulseada entre la organización y el régimen uruguayo, que desestimó todo contacto con la organización acusándola de actuar en connivencia con el comunismo internacional.
En el tercer capítulo, la autora se adentra en el origen del Plan Cóndor, operación multinacional represiva destinada al exterminio de los opositores que actuó en el Cono Sur. Al señalar la injerencia del Departamento de Estado norteamericano, evidencia las implicancias de los Estados Unidos en la política interna de los países del Cono Sur y en la represión perpetrada por los gobiernos dictatoriales, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional. En este contexto, la investigación ingresa en los entretelones de la tragedia del 20 de mayo de 1976, cuando fueron hallados en Buenos Aires los cuerpos sin vida de los cuatro refugiados uruguayos, brutalmente asesinados por las fuerzas represivas de la Argentina y Uruguay, que actuaron en forma conjunta. La autora revela algunos detalles sustanciales en torno a las circunstancias que rodearon a los crímenes.
El cuarto capítulo expone las complejas relaciones entre Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que habrían llegado a un punto crítico en el transcurso de ese año. Para ello, la investigadora se nutre especialmente de la sustanciosa correspondencia intercambiada por personas vinculadas a la organización, en medio de una coyuntura signada por muestras de desconfianza entre activistas y de algunos de éstos con respecto a las intenciones del gobierno estadounidense.
El quinto y último capítulo se ocupa de las audiencias que se desarrollaron ante un subcomité de asuntos internacionales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con motivo de la aprobación de la enmienda Koch, entre junio y agosto de 1976. Dicha enmienda prohibía para el año fiscal 1977 el empleo de fondos federales estadounidenses para brindar asistencia, entrenamiento o crédito militar a Uruguay, por su política de violaciones a los derechos humanos.
Una mención especial merece el análisis de la comparecencia en dicho foro de tres testimonios clave: el de Martin Weinstein, académico norteamericano conocedor de Uruguay; el de Wilson Ferreira Aldunate, dirigente político uruguayo en el exilio, sobreviviente del operativo de secuestro que habría sellado el destino de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y el del representante de Amnistía Internacional en esa oportunidad, Edy Kauf-man. Este último realizó una documentada y esclarecedora exposición, en medio de la cual hizo públicas un par de fotografías de personas en plena tortura, enviadas por correo a Londres por un militar uruguayo “arrepentido”; se trataba de las primeras fotos reales de torturados que la organización había recibido en toda su historia. Esta investigación está rigurosamente sustentada en un amplio abanico de fuentes, entre las que cabe destacar: documentos provenientes de organismos de las Naciones Unidas; informes y documentos producidos por Amnistía Internacional, tanto de uso interno como público; publicaciones generadas por el exilio uruguayo; documentación emanada del Congreso estadounidense; documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, claves para empezar a desentrañar la red de responsabilidades y complicidades que posibilitaron tanto la sistemática violación de los derechos humanos en Uruguay, y en particular, el caso de los asesinatos referidos, como la sustentación de la impunidad a lo largo de 30 años. La extensa bibliografía que consta al final de la obra, constituye una guía fundamental para todos aquellos interesados en profundizar en la problemática examinada por Ruiz, y por qué no, orientar futuras investigaciones relacionadas con el tema. El libro cumple con su cometido de mostrar que el papel desempeñado por Amnistía Internacional fue fundamental tanto en el ámbito nacional como internacional.
A los efectos de ponderar específicamente el rol de Amnistía Internacional en relación al campo de la resistencia, tanto dentro del país como a nivel de las redes de exiliados, es importante también tomar en cuenta que recién en 1981 se fundó en Uruguay el Servicio Paz y Justicia, primer grupo de derechos humanos, en sentido estricto, de la escena nacional, en contraste con otros países del Cono Sur, donde estos grupos actuaban prácticamente desde la instalación de las dictaduras.
Para finalizar, cabe reconocer a la investigación realizada por Marisa Ruiz el sustancial aporte para el impostergable redimensionamiento del rol desempeñado por las familias de los presos políticos uruguayos. Es aquí, según expone con claridad la autora, donde se destaca el trabajo realizado por las mujeres, que supieron urdir a través de los intersticios que dejaba la represión, una efectiva red de comunicación. A pesar de no contar con una organización local que las contuviera, y en medio del duro contexto represivo, ellas resistieron, contando “hacia fuera” lo que pasaba “adentro”: acudieron a las embajadas, escribieron cartas al exterior, reclamaron ante los organismos internacionales.
Muchas veces, las informaciones que, con esfuerzo, lograban salir del país, terminaron abonando campañas como la de Amnistía Internacional. Por lo que considero que abordar estos hechos desde la perspectiva de género habilitaría un novedoso aporte a la reconstrucción del pasado reciente de nuestros países. De este modo, se revela como una necesidad impostergable integrar la riqueza y la singularidad de los testimonios de las mujeres como parte del rompecabezas de las memorias por reconstruir.
Andrea Brazuna Manes