Declaración de CRYSOL

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Es más, resulta cada vez más evidente y preocupante su obstaculización de las actuaciones judiciales a plena vista de la SCJ, su enérgica defensa de un sistema jubilatorio privilegiado que posibilita que prófugos de la justicia y procesados con condena firme cobren jubilaciones y pensiones propias del primer mundo mientras 120.000 jubilados y pensionistas sobreviven con $ 9.150.- y la sociedad toda debe destinar 400 millones de dólares para solventar su déficit anualmente.

El Poder Ejecutivo, especialmente, está involucrado y debe actuar

Es por esto que, esta Asamblea estima necesario profundizar las medidas que, al margen de lo dispuesto por la Justicia, contribuyan a combatir la impunidad y garantizar la no repetición de los actos criminales señalados. El Poder Ejecutivo, especialmente, está involucrado y debe actuar. Es urgente e imperioso conformar tribunales de Honor para relevar de su calidad militar a todos aquellos funcionarios militares, en actividad o retiro, que han sido condenados, con sentencia firme, por crímenes cometidos bajo el régimen del terrorismo de Estado. Asimismo, el Estado debe aplicar a todos aquellos funcionarios y jerarcas, de la pasada dictadura, autores de crímenes comprobados, lo preceptuado en el Artículo 25 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Este artículo establece que Cuando el daño ocasionado por el Estado haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente, podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación.”

En lo concerniente a las indagaciones y búsqueda de la verdad sobre el destino y paradero de nuestras compañeras y compañeros mantenidos en condición de detenidos desaparecidos, esta Asamblea General Ordinaria de CRYSOL ratifica su apoyo a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y manifiesta su rechazo a toda acción o inacción, con consecuencias dilatorias para la inmediata restitución de los mismos al seno de nuestra sociedad y el de sus familiares

La desaparición forzada un crimen de lesa humanidad

Tal como lo señala La Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Por lo mismo, la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma, no estarán sujetas a prescripción.” Este Instrumento Internacional, vigente y vinculante para nuestro País, establece claramente las obligaciones del Estado Uruguayo y, en particular del Poder Judicial, en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción a los responsables de la detención, tortura y desaparición de nuestras compañeras y compañeros. La mencionada Convención pone en claro que, la entidad de los crímenes de desaparición forzada, corresponde a la categoría de crímenes contra la Humanidad y que, como tales, deben ser juzgados y sentenciados sus autores, cómplices y promotores. Pone también de manifiesto, que este tipo de delitos no prescriben, por lo cual son perseguibles judicialmente en todo momento, actual o futuro.

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En particular establece que, por su naturaleza, la desaparición forzada de personas es un crimen permanente, que se continúa cometiendo al día de hoy, en tanto no aparezcan las víctimas o las evidencias de su destino ulterior. Esto implica que, tales crímenes, quedan comprendidos por todos los tratados ratificados por nuestro País, así como por todas las leyes de más recientes aprobación, puesto que los mismos continúan cometiéndose con posterioridad a la adopción y entrada en vigor, de tales instrumentos. Por otra parte, y sin perjuicio del reconocimiento de los avances comprobados, la Asamblea considera que las dilatorias para la aprobación de una ley que corrija las insuficiencias de las leyes 18.033 y 18.596, constituyen un verdadero obstáculo, al proceso de reparación integral a las víctimas de graves violaciones de las normas internacionales de los Derechos Humanos. A juicio de esta Asamblea, las demoras en la adopción de los correctivos aludidos, evidencian una clara y preocupante falta de voluntad política para implementar a cabalidad la normativa de DDHH.

Una nueva ley de reparación es imprescindible

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