Quien dirigía “el espionaje militar”

Finalmente el tribunal consideró que no había menoscabo para el honor del coronel Ferro; pero le aplicó una sanción de arresto a rigor, y otra similar al coronel Silva, por sus peleas callejeras. Sobre el trasfondo, las contradicciones entre oficiales de inteligencia que integraban logias enfrentadas entre sí, alimentadas por opciones políticas, y el grado de antagonismo que se había expresado en atentados con explosivos, los generales no emitieron opinión.

  1. Véase especial Infiltrados, publicado por Brecha el 17-II-17.

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Atentados 1991-1993

Apuntalados

El expediente militar con las actuaciones del Tribunal Especial de Honor que analizó la conducta del coronel Eduardo Ferro –15 actas de las reuniones realizadas entre el 15 de enero y el 15 de marzo de 1996– incluye al final dos fojas, números 50 y 51, que constituyen un revelador documento. Sin fecha y sin firma, las dos hojas mecanografiadas comprenden el texto de una “carta abierta a la ciudadanía” de un “grupo de coroneles retirados, ex miembros de los servicios de inteligencia militar que, reunidos en forma extraordinaria y urgente, decidimos por amplia mayoría dar a conocer ciertos sucesos aun no aclarados, y para que el señor presidente elimine a los corruptos de los cuadros militares y vuelva a componer la verticalidad en el mando, hoy profundamente resquebrajada”.

El documento atribuye a la logia Comando Lavalleja la autoría de la mayoría de los atentados con bomba y ametrallamientos ocurridos entre enero de 1991 y diciembre de 1993. Afirma que el primer atentado al diputado Hugo Cores (cuyo vehículo voló por los aires tras una potente explosión) fue realizado por el capitán Grasso, y el segundo, por el capitán Silva. Atribuye a los capitanes Silva, Felici y Milas el fallido atentado contra el contralmirante James Coates, al ser desactivada una poderosa bomba en su casa de veraneo en Piriápolis. El atentado con bomba que estalló en el frente del estudio jurídico de Julio María Sanguinetti (y que los coroneles anónimos afirman que estaba destinado al legislador colorado Edison Rijo) es atribuido al capitán Berterreche. Los capitanes Grasso y Acosta serían los responsables de la explosión en la vía férrea cerca de Minas, que detonó el 1 de mayo de 1992. El asesinato de la estudiante de odontología Claudia Pouso –que vivía frente al chalet del capitán Radaelli en Las Toscas, de donde huyó el bioquímico Eugenio Berríos– y que fue presentado como un “suicidio”, es atribuido “con un escaso margen de error” al capitán Felici; y el atentado al empresario Walter Zeinal es atribuido al mayor Méndez.

Tratándose de un anónimo es imposible acreditar veracidad a la carta abierta. Pero hay que tener en cuenta que ese documento aparece en el expediente del Tribunal de Honor integrado por los generales Fernán Amado, Aurelio Abilleira y Yamandú Sequeira, y en el legajo personal del coronel Ferro, ambos documentos oficiales.

O bien los generales incorporaron el escrito a las actas del tribunal sin explicar las razones, o bien su aparición en el expediente y en el legajo es producto de un operativo de inteligencia.

Blixen en la investigadora parlamentaria

Por su propio peso

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