Fallo en San Juan por crímenes
cometidos durante la dictadura
Policías y militares condenados
El Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a trece represores por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos perpetrados en la provincia, donde funcionaron cinco centros clandestinos de detención.
Por Ailín Bullentini
Tras un año y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a diez militares, un ex policía federal y dos ex efectivos de la policía local por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos la provincia durante la última dictadura cívico militar. Los delitos evaluados en este proceso, el tercer debate oral por crímenes de lesa humanidad que se realiza en San Juan, se vinculan con el área militar 332 que abarcaba toda la provincia, dependía del III Cuerpo del Ejército y contó con, por lo menos, cinco centros clandestinos de tortura y exterminio.
Oscar Castillo es una de las víctimas de la llamada Megacausa II de San Juan, cuyo juicio culminó con condenas a la mayoría de los acusados. Sin embargo, a más de cuarenta años de su secuestro, su esposa, Diana Tello, no sabe si fue asesinado de inmediato o fue mantenido encerrado en alguno de los chupaderos de la provincia. Tampoco sabe dónde fueron a parar sus restos. Sin embargo, tras la sentencia de la semana pasada, se siente “conmocionada en el buen sentido, aliviada”, contó a PáginaI12.
“Las tres personas que estaban acusadas por el secuestro de mi esposo se fueron de la sala de juicio condenadas a perpetua, entonces me siento aliviada a pesar de cuarenta años de espera”, sostuvo Tello, militante de la APDH de San Juan, uno de los organismos que sostuvo la querella en el debate. El otro fue la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Hubo además dos querellas particulares. Ni la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ni su par provincial mantuvieron acusaciones en el proceso.
Los genocidas Osvaldo Martel y Daniel Gómez, militares, y el policía local Juan Carlos Torres fueron hallados culpables del secuestro de Castillo, un integrante de Montoneros que no llegó nunca a su casa tras ser liberado de prisión el 7 de abril de 1978. “Lo agarraron a la salida de la Central de Policía, lo metieron en un auto a él y a un compañero, los ataron, los vendaron y se los llevaron. A su compañero lo liberaron en el medio del campo, pero de Oscar no se supo más nada”, relató Tello. Por el caso de Castillo y otros hechos, Martel, Gómez y Torres fueron condenados a perpetua.
Los jueces Sergio Padusak, Oscar Hergott y Ángel Nardiello, subrogantes en el Tribunal Oral Federal de San Juan, aplicaron la sentencia perpetua a Juan Carlos Coronel, Eduardo Vic, Rubén Ortega, Gustavo De Marchi, Eduardo Cardozo, Juan Francisco Del Torchio y Jorge Olivera, quien tras recibir su primera condena a perpetua había logrado escaparse y fue recapturado el año pasado. A Juan Carlos Méndez Casariego lo condenaron a 18 años de cárcel.
Ortega fue jefe de Operaciones del RIM 22, donde estaba emplazado el control de toda el área militar 332, es decir, todo el territorio provincial. El resto integraron diferentes compañías de ese regimiento, que durante los años bajo análisis funcionó, también, como centro clandestino.
Los otros militares juzgados, Pedro Blanco y Elías Arrancio, resultaron absueltos.
Juan Alberto Aballay, policía Federal, fue condenado a seis años de prisión, mientras que los efectivos provinciales Torres y José Rodríguez fueron condenados a perpetua y Nicolás Manrique, absuelto. En diciembre se espera que comience un juicio en el que se evaluará de manera detallada el rol de la Policía de la provincia en la represión y el plan sistemático de tortura y exterminio instrumentado durante la última dictadura.
El debate que culminó la semana pasada unificó los hechos investigados en nueve causas de manera independiente, vinculados con secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos sucedidos en el RIM 22, pero también en el resto de los centros clandestinos que integraron el área 332: la cárcel de Chimbas y la alcaidía de mujeres de la policía provincial; el edificio de la antigua Legislatura, la Central de Policía provincial y el chupadero conocido como “La Marquesita”, que funcionó en una especie de espacio de recreación emplazado dentro del regimiento.