Quema de documentos y Juicio en Roma

Daños colaterales

La condena perpetua para 13 militares uruguayos desencadenó una controversia inesperada entre el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el secretario general de la Oea, el ex canciller uruguayo Luis Almagro. El trasfondo es la confrontación con Almagro por su política respecto de Venezuela y la manera en que conduce la Oea, como verdadero ministro de colonias. Puntualmente, el entredicho es un ajuste de cuentas por la indiferencia con que Almagro, siendo canciller, abordó el juicio de Roma, que en primera instancia absolvió a los acusados.

Desde Roma, donde asistió a la lectura de la sentencia de apelación, Toma recordó que Almagro había sido el responsable de la contratación, por unos honorarios que treparon a los 600 mil euros, del abogado que representó al Estado uruguayo, Fabio Galiani, cuyo desempeño fue desastroso. Toma no tuvo empacho en endilgar a Almagro los errores de Galiani y, en particular, la omisión de protocolizar la documentación probatoria (legajos de los inculpados, expedientes judiciales), razón por la que fue descartada (véase nota central).

En contraposición, Toma no desperdició ninguna oportunidad de sugerir que el éxito de la apelación fue producto de su intervención personal y de los lineamientos que recibió del presidente Tabaré Vázquez. De hecho, Uruguay fue parte civil en el proceso y la acción de los fiscales italianos respondió a la iniciativa de los familiares de las víctimas, que encontraron en el abogado Andrea Speranzoni un actor con iniciativa.

Cierto es que, durante su permanencia en Uruguay, Speranzoni contó con el apoyo decidido de Presidencia y, en particular, para las diligencias de autenticación de los documentos, pero resulta un poco exagerado atribuir a Toma, como se sugiere, la autoría del hallazgo de esa documentación perteneciente al archivo del Fusna y al llamado archivo Berrutti, que fue el resultado del trabajo realizado por el personal del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj). Según un comunicado de Presidencia, “las sentencias de los tribunales uruguayos y los legajos aportados en la apelación, que llevó a Roma (Miguel Ángel) Toma por orden del presidente Vázquez, construyeron los pilares de la decisión del Tribunal de Apelaciones para revocar la sentencia de primera instancia y condenar, ahora sí, a todos los procesados”. En realidad, la documentación fue llevada a Roma por el propio Speranzoni, tras su visita al archivo del Gtvj y el archivo del Fusna.

En declaraciones a la radio Sarandí, Toma analizó los resultados de la apelación, que, dijo, “no les cae bien a algunos actores políticos” y que tendrá un doble efecto, “sobre las causas en Uruguay y sobre las posibles extradiciones”. La condena a perpetuidad será aplicable, en lo inmediato, a Jorge Tróccoli, que permanece en Italia como ciudadano de ese país, y, eventualmente, al capitán Pedro Mato Narbondo, que está prófugo de la justicia uruguaya, por su participación en la represión del Cóndor, reside en Brasil (desde donde ha enviado provocativas fotos en las que se lo ve disfrutando de las playas) y eventualmente puede ser detenido por Interpol, si la justicia italiana lo reclama. Los restantes condenados (José Gavazzo, Luis Maurente, Ricardo Medina, José Sande Lima, Ernesto Soca, Ernesto Ramas, Jorge “Pajarito” Silveira, Gilberto Vázquez, Juan Carlos Larcebeau, Juan Carlos Blanco), que cumplen prisión en Uruguay, deberán primero cumplir la pena para después enfrentar los pedidos de extradición. El decimotercero es el fallecido Ricardo Arab.

Sobre Tróccoli, el comunicado de Presidencia afirma: “Tuvo un rol central en la fase de planificación de los homicidios consumados de mayo a octubre de 1978 por personal de la Armada uruguaya, en acuerdo con la Esma argentina. Y en la fase ejecutiva, el acusado desempeñó funciones de conexión y coordinación de las operaciones en la Esma de Buenos Aires y, contemporáneamente, en la plana mayor de la Armada uruguaya y en el S2 de Fusna”. Por su parte, Toma afirmó que Tróccoli participó en el “segundo vuelo” que en 1976 concretó la extradición de uruguayos secuestrados en Automotores Orletti, participación de la que por primera vez se tiene noticia.

 

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