33 años de la LEY DE IMPUNIDAD

El avance sustancial que se produjo con el restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado –gracias a esas luchas sin desmayo– no ha sido suficiente para garantizar que las violaciones de los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado sean objeto de una actuación eficaz del sistema judicial y de todas las instituciones del Estado. Algunos responsables de crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado (pocos, por cierto) pudieron ser procesados al haber sido eliminada la impunidad jurídica. Muchos aún continúan impunes en razón de una impunidad fáctica.

Todos los enjuiciados viven su reclusión con privilegios que otros delincuentes no poseen. Muchos gozan de prisión domiciliaria indebida.

Pese a que el Poder Ejecutivo en la actualidad no puede ser el perro guardián de la impunidad instalado a las puertas de los tribunales, según lo establecía la ley de caducidad, los ciudadanos que acuden a los juzgados no tienen la seguridad de que sus derechos serán atendidos en tiempo y forma. Esa triste y lamentable suerte para las víctimas, para sus familiares y para la sociedad, es la que sufren las causas radicadas ante los tribunales.

El mantenimiento en nuestro ordenamiento jurídico interno, por muchos años, de una norma como la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado no sólo expuso al país ante la comunidad internacional. También cobijó otras formas de impunidad como las que se han denunciado sobre la actuación de los servicios de inteligencia o las amenazas a defensores de los derechos humanos.

Ese modelo de convivencia social que experimentó nuestro país, que tuvo como telón de fondo la impunidad, afectó tan profundamente a toda nuestra sociedad que no escaparon a ella connotados personajes políticos de la llamada izquierda. Que las generaciones actuales y futuras puedan reclamar la plena vigencia de todos sus derechos humanos, sin miedos, sin obstáculos, no es una expresión de la “estupidez humana”, como sostiene la incontinencia verbal de un ex presidente. Es defender que el Estado investigue, juzgue, restablezca y repare los derechos vulnerados al amparo o con la complicidad del poder del Estado.

Esa es una señal sana que deberían dar con claridad las instituciones democráticas.

Raúl Olivera Alfaro es integrante de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y coordinador del Observatorio Luz Ibarburu.

 

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