Manini: relanzar la Ley de Caducidad

Ley 18.831

Hasta el 27 de octubre de 2011, algunos delitos cometidos durante la dictadura por parte del Estado proscribían como cualquier otro delito. En esa fecha entró a regir la Ley 18.831, que dice que «no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley» para los delitos cometidos hasta el 22 de diciembre de 1986.

También estableció que los delitos cometidos por el Estado eran crímenes de lesa humanidad, de conformidad con los tratados internacionales de los cuales la República Oriental del Uruguay es firmante.

 

URGENTE. COMUNICADO DE PRENSA

 
Nuevo Espacio emitió Declaración

sobre la Propuesta anunciada

por Cabildo Abierto
 
En sesión extraordinaria de su Mesa Ejecutiva Nacional, el Sector rechaza la propuesta anunciada por algunos voceros de Cabildo Abierto y reafirma su histórica postura en defensa de las víctimas de los delitos cometidos durante la dictadura militar, advierte que sería muy negativo limitar nuevamente la pretensión punitiva del Estado  y reafirma su rechazo contra el pacto de silencio y la cultura de la impunidad.
 
Al respecto, en una declaración que consta de 5 puntos, se destaca el valor de la ley 18.831 aprobada en 2011, a través de la cual se juzgó a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, la participación de Felipe Michelini en la redacción de la misma, y la voluntad inquebrantable de continuar la lucha por la defensa de la verdad, la memoria y la justicia.
 
A continuación, se transcribe la declaración completa:
 
Declaración de la Mesa Ejecutiva Nacional del Nuevo Espacio
 
Visto:
La propuesta anunciada por algunos voceros de Cabildo Abierto, de derogar la Ley Nro.18.831 que restableció el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985 y determinó la derogación de la ley de caducidad (Nro.15.848).
 
Considerando:
Que esta ley, erradicó los efectos de un acto legislativo contrario a derecho en forma manifiesta, como fue la sanción, promulgación, aplicación e interpretación de la ley de caducidad, que fuera declarada inconstitucional por la Suprema corte de Justicia en 2009 y repudiada a nivel internacional.
 
Atento:
A que la propia Suprema Corte de Justicia falló por unanimidad que el artículo 1 de la Ley nro.18.831,  es constitucional, y su aplicación permitió ejercer plenamente la pretensión punitiva del Estado para los delitos de terrorismo de Estado.
 
DECLARAMOS:
 
1 – A través de la mencionada ley, se procedió a investigar, juzgar y condenar a quienes expropiaron para sí el Estado, destruyeron las Instituciones y pervirtieron sus funciones. Además, secuestraron, violaron hombres y mujeres, ejecutaron, desaparecieron, asesinaron, torturaron sistemáticamente y encarcelaron en el marco del Plan Cóndor. Luego impusieron bajo amenaza de golpe de Estado sancionar la impunidad, para garantizarse la no persecución penal tal como lo reconoce la propia SCJ en 2009 y es congruente con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman.
 
2 – La propuesta de Cabildo Abierto, revela la defensa de la cultura de la impunidad, del ocultamiento y de un pacto de silencio con el objetivo de proteger a torturadores y violadores.
 
3 – Resulta incomprensible que a 35 años de restablecerse el orden democrático, y una vez que las Fuerzas Armadas habían logrado recuperar el respeto y el reconocimiento de la sociedad, se realicen estos planteos que despiertan rémoras del pasado y alientan la confrontación, en un momento en el que todos los partidos políticos se han manifestado a favor de la búsqueda de las uruguayas y uruguayos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar.
 
4 – Al respecto citamos las palabras del Dr. Felipe Michelini, quien junto a la Dra. Mariana Gulla redactó el texto de la Ley Nº 18.831, aprobada en 2011. Hacemos nuestras sus afirmaciones. “La sociedad ha sido herida. Crímenes que no se pueden olvidar, que reclaman el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. No amparar a las víctimas es renunciar a superar ese triste período de nuestra historia. La verdad, la memoria y la justicia son un compromiso ineludible e irrenunciable con las víctimas y las generaciones futuras, a pesar que la impunidad se vista con ropa de sentencia”.
 
5 – La sociedad ha marchado en silencio durante 25 años, reclamando justicia por sus seres queridos. Cada año, miles de compatriotas se suman a un clamor nacional que ha permeado a todos los partidos políticos. Nuestro compromiso es inquebrantable con esa búsqueda. Continuaremos defendiendo las banderas de la verdad, la memoria y la justicia, y seguiremos confrontando con estas visiones nostálgicas del pasado a través del debate parlamentario, en la opinión pública y en la movilización con el conjunto de la sociedad.
 

Montevideo, 2 de Agosto de 2020

 

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