El sueño: reinstalar la Ley de Caducidad

 Es posible “reinstalar” la ley de caducidad?

La opinión de los juristas sobre

la propuesta de Manini Ríos

3 de agosto de 2020 · 

Escribe Marina Santini 

Derogar la ley interpretativa implicaría entrar en “desacato” con la CIDH, advierten.

El senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, manifestó el viernes su intención de derogar la Ley de Pretensión Punitiva del Estado (18.831, también conocida como Interpretativa de la Ley de Caducidad) para “reinstalar” la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848). Esta propuesta tomó por sorpresa a los integrantes de la coalición y desencadenó críticas desde la oposición. En tanto, juristas especializados en derechos humanos y constitucionalistas advierten que de aprobarse una disposición de este tipo Uruguay entraría en “desacato” respecto de la sentencia de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Gelman, que obliga a nuestro país a juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura.

El abogado especializado en derechos humanos y ex senador frenteamplista Óscar López Goldaracena dijo a la diaria que sería “inadmisible” desde los puntos de vista jurídico y político un proyecto “que impida el juzgamiento de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos”, porque esto implicaría una transgresión a la sentencia de la CIDH. “Los crímenes de este tipo no pueden ser amnistiados, beneficiados por indulto o por gracia, porque son de juzgamiento necesario y obligatorio. Así lo dispone el derecho, [que] limita las opciones políticas de los gobernantes”, consideró el doctor en Derecho y Ciencias Sociales.

En la misma línea, el abogado constitucionalista Martín Risso explicó que tras la sentencia de la CIDH, Uruguay “quedó obligado a investigar y, si fuera el caso, a sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura”, lo cual no es compatible con la propuesta de Manini Ríos. “Toda ley que pretenda restablecer la caducidad o impedir que se investigue va a implicar una suerte de desacato a la CIDH, y Uruguay no puede ni debería hacer eso”, explicó a la diaria. También coincidió en este punto Pablo Chargoñia, abogado del Observatorio Luz Ibarburu, quien afirmó que “si se diera esa posibilidad Uruguay incumpliría sus deberes internacionales” y se ubicaría “en una situación de desacato internacional”.

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