LA OPOSICIÓN POLÍTICA ANTE LA LUC
Con poco margen
Víctor Hugo Abelando
28 agosto, 2020
Trabajadores del Suntma acampan en el acceso al futuro puerto de Capurro
El contrario de lo que ocurre en lo que históricamente se ha llamado la izquierda social, en el FA la discusión sobre un referéndum contra la LUC aún está latente. Una primera razón es que la principal fuerza de oposición al gobierno entiende que se debe transitar por las elecciones departamentales antes que definir la estrategia del período.
José Carlos Mahía, senador de Asamblea Uruguay, indicó a Brecha que para su sector el FA «tiene una prioridad excluyente en esta etapa: las elecciones departamentales». «Se trata de ganar lugares desde donde el Frente va a poder gobernar y desarrollar sus programas alternativos al ajuste económico que promueve la derecha. Por lo tanto, ese asunto deberá considerarse luego del 27 de setiembre», argumentó, y comentó que su sector no ha tratado el tema todavía.
Mayor sintonía con el referéndum parece haber en el PCU, el PVP y la 711. Fuentes del MPP comentaron a este semanario que el grupo aún no ha ingresado en la discusión y lo mismo parece ocurrir en otros sectores del FA. No obstante, por distintas opiniones que se van recogiendo en privado y en algunas pocas declaraciones públicas, el clima en los sectores mayoritarios, incluidos el MPP, Fuerza Renovadora y aquellos que se ubican en un espectro de izquierda más moderada, es de cierto rechazo a embarcarse en la empresa. En esa dirección, se reitera el argumento de que la LUC perdió sus elementos más virulentos y cuyos riesgos son más comprensibles para la gente, como la desmonopolización de los combustibles. Además, se sostiene que la estrategia de «reducción de daños» utilizada por el Frente durante su aprobación parlamentaria hizo menos dañosa la ley, por lo que ir a un mecanismo de democracia directa para anularla en su totalidad es inviable. Incluso se argumenta que ir a un referéndum por el capítulo sobre seguridad (a pesar de que es uno de los peores aspectos de la norma) es inconducente en estos momentos, debido al punitivismo que impera en la ciudadanía. Dirigentes de los sectores señalados tampoco creen que las reformas introducidas en los capítulos referidos a la educación convoquen a un rechazo generalizado. Menos conciben que la convocatoria sea útil como «estrategia de acumulación». «La consulta popular sirve si se gana», concluyeron.
El diputado y secretario general del PS, Gonzalo Civila, señaló a Brecha una postura distinta. «Más allá de algunas cosas que se lograron mediante la reducción de daños, la LUC es terrible por forma y contenido. Terminó de validar un proyecto de clase que está impulsando el gobierno, que defiende a sectores muy privilegiados y que tendrá por consecuencia un retroceso para las mayorías. La discrecionalidad policial y todo lo que eso implica ya está teniendo consecuencias. No sólo por la norma, sino también por ciertas señales que da el gobierno en el sentido de convalidar excesos de parte de la Policía.» Civila destacó, además, que las libertades financieras consagradas son otro aspecto negativo. Lo mismo el que se haya cambiado más de la mitad de la ley de educación sin debate alguno. «También se afecta el derecho de huelga y de manifestación. Por tanto hay puntas para dar un debate profundo, en la fuerza política», comentó el diputado socialista.
Y ahondando en la cuestión de la seguridad argumentó que «la izquierda de alguna manera ha ido postergando o dejando de lado ese debate, justamente porque el clima de opinión pública va en otro sentido. De esa manera ha ganado terreno un sentido común bastante reaccionario, que termina validando una orientación muy punitivista y represiva que no ha dado ningún resultado en materia de seguridad. Es un debate que tenemos que dar desde el punto de vista de las garantías ciudadanas, porque en aras de lograr una mayor seguridad, que no llega, porque es una receta que ha fracasado en todos lados, terminamos generando flancos muy grandes para las garantías ciudadanas más básicas y generando también un espiral de violencia y potenciación de discursos de odio que nos preocupan mucho. Sin duda es una discusión difícil de dar, pero hay que hacerlo».
En cuanto al referéndum, Civila valoró positivamente que haya sido iniciativa de organizaciones sociales y agregó que le parece bien que la propuesta se discuta en todos lados. «Es importante que los espacios sociales tengan tiempo para dar su debate sin el condicionamiento de las definiciones de los partidos políticos. Parte del análisis autocrítico que hacemos de estos años es que la relación entre lo social y lo político ha estado muy interferida», aseveró.
En tanto, el dirigente del PVP Carlos Coitiño coincidió en que la propuesta recién se discutirá en octubre. No obstante, para Coitiño la LUC significa «el establecimiento de una base jurídica e institucional que habilita y facilita un proyecto opuesto al que venía avanzando en el país».
Aún sin una definición expresa, Coitiño sostuvo que el camino de la democracia directa es una forma de enfrentar a la derecha y que la política del Frente no puede limitarse a la estrategia de la «reducción de daños», a hacer menos malo, por ejemplo, el presupuesto quinquenal.
HABRÁ REFERÉNDUM SOBRE LA LUC
Retruco
Venancio Acosta
28 agosto, 2020
La idea de la consulta popular gana mayorías en el PIT-CNT. Su presidente, Fernando Pereira, a pesar de no concordar del todo, da por hecha su aprobación. La Intersocial aún no se ha definido, pero reconoce que la posición del movimiento sindical será determinante.
Trabajadores del Suntma acampan en el acceso al futuro puerto de Capurro
La iniciativa de la Federación ANCAP (Fancap) parecía un rayo en el cielo azul. El sindicato fue de los primeros que tomaron postura sobre la necesidad de emprender el camino de una consulta popular en contra de la ley madre de la coalición de gobierno. La propuesta de la Fancap consistía en activar un mecanismo revocatorio para algunos artículos de la ley vinculados al mercado de los combustibles. Pero, dado que sólo era viable en el marco de alianzas amplias, el sindicato decidió poner a consideración del PIT-CNT la propuesta y también el alcance de la medida. A corto plazo supieron que no eran los únicos que masticaban la idea.
La Fancap no integra ninguna de las corrientes internas, y, por haber volanteado prematuramente la decisión de sus afiliados, sus dirigentes aseguran haber recibido algunas reprobaciones por lo bajo. Aun así, el gremio avanzó en su agenda de lograr consensos. En paralelo, y por la suya, otras organizaciones fueron moviendo el timón hacia la misma dirección, como la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Media. Pero el fiel de la balanza parece haber sido la decisión del Partido Comunista del Uruguay (PCU) de impulsar la idea de referéndum en sus ámbitos de incidencia, el principal de los cuales es el movimiento sindical.
«Antes de la mesa representativa resolvimos que íbamos a plantear que el SUNCA [Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos] estaba en condiciones de acompañar la iniciativa de la juntada de firmas», dijo a Brecha Daniel Diverio, secretario general del sindicato de la construcción. Se refería a la reunión más reciente de la mesa representativa del PIT-CNT, que tuvo lugar el viernes 21 de agosto. En esa instancia el tema se discutió por primera vez en un ámbito oficial de carácter nacional. En el acta de la reunión quedó escrito: «Si bien existe la constatación de que en la amplitud del movimiento sindical hay un sentimiento y una convicción de rechazo unánime a la Ley de Urgente Consideración […], también es cierto que existen matices sobre la estrategia y la oportunidad de disparar el recurso de referéndum […]. En el entendido de que esto implica un análisis profundo […] sobre nuestra correlación de fuerzas, nuestras posibilidades y nuestros recursos […] es que se propone elevar a la discusión de las diferentes filiales el punto en concreto, a los efectos de tomar una posición definitiva en la mesa representativa ampliada que se desarrollará el próximo 9 de setiembre».
El texto citado da la idea de que la discusión está plenamente abierta; no se la juega por ninguna opción. Pero, en realidad, la cosa ya parece decidida. Unos de los pocos escépticos aquel día fue Fernando Pereira, presidente del secretariado ejecutivo de la organización. En los últimos meses, Pereira buscó poner a resguardo su opinión. Llegado el momento, en la mesa, discurrió sobre lo arriesgado de la maniobra, puso énfasis en los aspectos potencialmente negativos y consideró lo mucho que estaba en juego. Pero las opiniones favorables al referéndum, incluso las de sus aliados políticos, como Marcelo Abdala –secretario general del gremio metalúrgico y miembro del comité ejecutivo nacional del PCU–, y las de integrantes de su propia corriente, Articulación, no permitieron que la postura del presidente prosperara. Consultado por el semanario sobre qué cree que sucederá con el asunto, no dudó en aseverar: «Se va a ir a un referéndum».
Fue, de hecho, la opinión de todos los dirigentes –de las tres corrientes– consultados por Brecha. Pereira, aunque cree que la decisión ya tiene respaldo, indicó: «En todo caso, probablemente se precise un poco más de tiempo para lograr los consensos máximos e ir con mayores posibilidades de ganar a una contienda muy dura. Lo razonable sería que se llegara a la unanimidad, aunque yo esa palabra casi que no la conozco». También admitió haber revisado su opinión inicial «al calor de la mesa»: «Igualmente, la unidad es más importante que mi opinión». Un día después de la reunión de la mesa, la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Pública –el sindicato que integra Pereira– se pronunció a favor de la consulta. Lo mismo sucedió con otros sindicatos, que volverán con el veredicto final a la reunión del 9 de setiembre.
APUNTEN
Con la inclinación hacia el referéndum ya manifestada, la discusión se encamina a definir los detalles: si se propone la derogación de toda la norma o solamente la de sus artículos más controvertidos. El PIT-CNT rechaza la ley integralmente. No obstante, en términos tácticos, hay sindicatos –entre ellos, el SUNCA– que entienden que se debería apuntar solamente a ciertos artículos.
Los aires de privatización de las empresas públicas, las modificaciones consideradas regresivas en el ámbito de la legislación laboral, los cambios en el gobierno de la educación, el capítulo referido a la seguridad pública e incluso lo dispuesto en relación con organismos como el Instituto Nacional de Colonización figuran entre las principales preocupaciones de los sindicalistas. Y son el blanco de las corrientes mayoritarias. Por su parte, la coordinación de sindicatos –o Grupo de los 8– se inclina por ir contra la norma en su totalidad. Y la corriente En Lucha –que agrupa a los públicos y a la bebida– aún no tomó una decisión sobre ese punto.
Una de las discusiones tiene que ver con que, dado que el Frente Amplio acompañó en el Parlamento buena parte de la ley, proponer derogar el texto íntegro podría dificultar el apoyo de ese partido político al referéndum. Otro aspecto puesto a consideración en la mesa representativa es la dilucidación de si es conveniente para el movimiento sindical asumir el esfuerzo de una juntada de firmas contra algunos artículos de la norma que, luego de ser derogados, podrían volver en otros proyectos, como ha sucedido con temas descartados del texto inicial de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
ESPALDAS ANCHAS
Las dudas iniciales sobre la idea de apostar a un mecanismo revocatorio tuvieron que ver con la probabilidad de fracasar en el apoyo popular. Jorge Bermúdez, secretario general de la federación de la salud, por ejemplo, señaló, en conversación con el semanario, que el gobierno tiene una aprobación que hace prever un escenario complicado a la hora de reunir las firmas necesarias.
El PIT-CNT confía, en principio, en el apoyo de las organizaciones sociales reunidas en la Intersocial. Consultados por Brecha, Valeria Caggiano –de la Intersocial Feminista– y Gustavo González –de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua– dijeron que ese espacio, aunque aún no se pronunció, está en la etapa de consultar a catedráticos constitucionalistas para determinar cuál es la mejor estrategia, una discusión que todas las organizaciones «ya están procesando». A la consulta de si una decisión favorable del PIT-CNT podría marcar la cancha, González respondió: «El movimiento sindical siempre es determinante. Y si esto no se saca con una espalda muy ancha, es muy difícil».
«Me parece que sería un error», respondió a Brecha el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, cuando se le preguntó sobre la iniciativa de promover una consulta popular contra la LUC. «Claro que tienen derecho. Estamos en democracia y un referéndum contra las leyes es uno de los recursos disponibles, pero me parece que se equivocaría el PIT-CNT si lo hiciera», añadió. Aunque alegó no tener datos de cómo se viene procesando el debate, valoró: «Que hay diferencias, las hay. Eso está claro. El PIT-CNT lo ha manifestado muchas veces. Pero una cosa es tener diferencias con las leyes y otra es iniciar un referéndum contra las leyes. Y tengo la impresión de que es una reivindicación que no recibiría el respaldo suficiente».