CRYSOL exige que se forme Tribunal de Honor por crimen de caso Gelman

 UN E-MAIL PARA EL MINISTRO

Pedido formal de CRYSOL a

ministro de Defensa Nacional

Se solicitó “se tomen los recaudos pertinentes para que los Tribunales de Honor que se instruyan no sean desvirtuados en cuanto a su carácter”.

22 SEPTIEMBRE, 2020 

En la jornada del pasado lunes 21 de setiembre y mediante comunicación electrónica con el ministro de Defensa Javier Garcia, la organización Crysol solicitó se instruyera un Tribunal de Honor para sancionar administrativamente y en correspondencia con “las normas vigentes a quiénes recibieron sentencia ratificatoria por parte de la Suprema Corte de Justicia por la desaparición de María Claudia García de Gelman”.

En el comunicado dado a conocer por la organización se señala que se solicitó también “se tomen los recaudos pertinentes para que los Tribunales de Honor que se instruyan no sean desvirtuados en cuanto a su carácter”.

El pedido realizado al ministro de Defensa incluye una solicitud formal para que se “adopte la decisión de suspender el pago de los haberes jubilatorios y pensiones, hasta que comparezcan ante la justicia, a todos los militares prófugos de la misma acusados de graves violaciones a los DDHH durante el terrorismo de Estado”.

Este pedido toma como referencia explícita al coronel (R) Pedro Matos Narbondo y el capitán (R) Hermes Tarigo, así como al coronel (R) Eduardo Ferro.

 DICTADURA

22 de septiembre de 2020

Crysol pide Tribunal de Honor para militares

retirados condenados por caso Gelman

La asociación de ex presos políticos del Uruguay, Crysol, solicitó al ministro de Defensa Nacional, Javier García, que instruya un Tribunal de Honor para sancionar a quienes recibieron una sentencia ratificatoria de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la desaparición de María Claudia García de Gelman, los militares retirados José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo José Medina.

Crysol solicitó este lunes 21 de setiembre al ministro de Defensa Nacional, Javier García, que instruya un Tribunal de Honor para sancionar administrativamente, de acuerdo a las normas vigentes, a quienes recibieron sentencia ratificatoria por parte de la Suprema Corte de Justicia por la desaparición de María Claudia García de Gelman. Se trata de los militares retirados José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo José Medina.

Además, la asociación de ex presos políticos pidió al secretario de Estado que “se tomen los recaudos pertinentes para que los Tribunales de Honor que se instruyan no sean desvirtuados en cuanto a su carácter”.

Suspensión de jubilaciones y pensiones

Por otro lado, Crysol requirió a García que adopte la decisión de “suspender el pago de los haberes jubilatorios y pensiones, hasta que comparezcan ante la Justicia, a todos los militares prófugos y acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

“Específicamente nos referimos al coronel retirado Pedro  Matos Narbondo y el capitán retirado Hermes Tarigo, además del coronel retirado Eduardo Ferro”, remarcó la asociación a través de un comunicado.

 Parar la mano

Gilberto Vázquez declaró públicamente que torturó salvajemente y asesinó durante el terrorismo de Estado, además de confirmar su participación en el segundo vuelo. Gilberto Vázquez, que disfruta, increíblemente, de prisión domiciliaria, con servicio de delivery incluido, también fue un violador serial. Está denunciado. Igual que el mayor ® Manuel Cordero, el mayor ® Antranig Ohannessian, el capitán ® Enrique “Ulises” Uyterhoeven y otros tantos próceres del Centro Militar.

Revictimizan a las denunciantes

La semana pasada, continuaron yendo a testimoniar, nuevamente, algunas de las ex presas políticas que denunciaron abusos sexuales. Desde el año 2011, con la fuerza de lo colectivo, veintiocho ex presas políticas que sufrieron torturas inenarrables, violencia y abusos sexuales de todo tipo, en 20 centros clandestinos de detención, vienen desarrollando una batalla verdaderamente estresante para que haya justicia, los responsables sean juzgados y condenados. Todas, las que sobreviven, ya presentaron sus denuncias por escrito, además de ratificarlas, en su debido momento.

Los abogados defensores de los imputados, sin pudor, insisten, se empeñan, en demandar que sean nuevamente interrogadas, requieren, una y otra vez, detalles escabrosos, datos morbosos de los padecido, formulan preguntas insidiosas, de manera hostil. Presionan. Hostigan. Acosan, de manera encubierta.

La militar costumbre de torturar

Durante las operaciones represivas que se masivizaron a partir del 15 de abril de 1972, las detenidas fueron consideradas “botín de guerra” por los represores y la propia tropa. La tortura, asociada a las detenciones masivas, a la reclusión prolongada en condiciones aberrantes, con una apariencia de legalidad de juzgamientos por parte de tribunales militares, al amparo de la Declaración del Estado de Guerra Interno votada por el Partido de Rivera y la mayoría del Partido Nacional, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para destruir a la oposición y gobernar.

Uruguay fue el país del mundo con la mayor cantidad de prisioneros políticos en relación a la población, llamando incluso la atención del Embajador de los EEUU en Uruguay, Ernest Siracusa en 1976. Según él, como Uruguay era un país tan pequeño, “casi nadie estaba libre” de conexiones emocionales con los detenidos.

Amnistía Internacional (AI), la organización no gubernamental internacional fundada en 1961, llegó al cálculo de que uno de cada 450 uruguayos era un preso político y que uno de cada 50 uruguayos había sido interrogado.

Un peligro para la democracia

El general retirado Guido Manini ha defendido públicamente el accionar de los terroristas de Estado con encendidos discursos que han conmovido al país y, hasta suspirar de amor, nostálgicamente, a El País. Anteriormente, como comandante en jefe del Ejército encubrió a José Nino Gavazzo, luego de su confesión en un Tribunal de Honor, omitiendo informar, intencionalmente, al Poder Judicial como era su obligación.

Sin ningún honor, fue destituido, en veinte minutos, por el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez por cuestionar al Poder Judicial, poniendo en duda la actuación del mismo, a sabiendas, como ha quedado demostrado, de que estaba faltando a la verdad y que defendía a asesinos.

Una institucionalidad democrática

Las víctimas de las graves violaciones han desempeñado un papel fundamental y decisivo en la lucha por Verdad y Justicia, por afirmar la institucionalidad democrática que el pueblo uruguayo conquistó. Desafiando el estigma de la “teoría de los ojos en la nuca” y “la teoría de los combatientes” asumieron, como víctimas del terrorismo de Estado, su responsabilidad histórica de promover las denuncias penales sabiendo los enormes desafíos y presiones que habrían de sufrir, a veces, incluso, sin el respaldo de las organizaciones políticas.

En democracia, de acuerdo a la Constitución vigente, corresponde al Poder Judicial la responsabilidad exclusiva de investigar, esclarecer y castigar las graves violaciones a los DDHH. Hacer las denuncias ante el Poder Judicial fue la plena demostración de la firme convicción de quiénes asumieron ese compromiso, de continuar la lucha después de la lucha.

Un olvido imposible

La tortura supone una enorme agresión a quien la sufre. Toda persona que ha experimentado un suceso traumático sabe, entiende, comprende, lo difícil que es superarlo. Vuelve, una y otra vez. De improviso, sin querer, en cualquier momento, en cualquier circunstancia.

Miles de ex presos políticos que padecieron durante días, semanas, meses y hasta años, las más oprobiosas torturas, no pueden olvidar. Sus mentes no lo permiten.

La justicia, ver condenados a los torturadores, no cierra la herida, pero es un consuelo, es un alivio, una esperanza de que no vuelva a ocurrir. Es un camino de militancia estratégica para afirmar el Estado de Derecho, la plena vigencia de las normas de DDHH y una institucionalidad, la INDDHH entre otras, que sea una herramienta plena al servicio de los más desprotegidos y de los sectores populares.

Los ex presos políticos supieron demostrar, mayoritariamente, su dignidad, sufriendo, como ha quedado documentado, las más bárbaras torturas. Torturas tan horrendas que hasta quitan el sueño a quienes sanguinariamente las ejecutaron, como lo testimonió Gilberto Vázquez ante sus secuaces, en el Tribunal de Honor que lo juzgó por huir desde el Hospital Militar y ser detenido burdamente disfrazado.

Las ex presas políticas fueron ejemplo para futuras generaciones. Sépanlo: tampoco las doblegarán en los juzgados!

Se hará la denuncia pertinente ante la Suprema Corte de Justicia. Paren la mano!

 Ex presos políticos piden tribunal de

honor para sancionar a militares

retirados condenados por desaparición

de María Claudia García de Gelman

22 de septiembre de 2020 · 

La Asociación de Ex Presos políticos del Uruguay, Crysol, solicitó a través de una carta al actual ministro de Defensa Nacional, Javier García, que instruya un tribunal de honor para sancionar administrativamente a quienes recibieron una sentencia ratificatoria por parte de la Suprema Corte de Justicia por la desaparición de María Claudia García de Gelman: los militares retirados José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo José Medina.

Según sostuvo la organización en un comunicado, se le solicitó al jerarca que “se tomen los recaudos pertinentes para que los Tribunales de Honor que se instruyan no sean desvirtuados en cuanto a su carácter”.

Por otra parte, Crysol también le solicitó al ministro que “adopte la decisión de suspender el pago de los haberes jubilatorios y pensiones, hasta que comparezcan ante la Justicia, a todos los militares prófugos de la misma acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado”. La organización explicita que en este punto se refiere explícitamente a los coroneles retirados Pedro Matos Narbondo y Eduardo Ferro, y al capitán retirado Hermes Tarigo.

 Pedido formal al ministerio de Defensa tras la ratificación de la sentencia

Ex presos políticos uruguayos exigen un

Tribunal de Honor para los condenados

por el caso Gelman

María Claudia García Iruretagoyena fue secuestrada junto a su compañero Marcelo Gelman el 24 de agosto de 1976. Tenía 19 años y estaba embarazada de Macarena, quien recuperó su identidad en el 2000.

25 de septiembre de 2020

Por Guido Miguel Vassallo

La Asociación de ex presos políticos de Uruguay (Crysolle exigió a través de una carta al ministro de Defensa, Javier García, que instruya un Tribunal de Honor para sancionar administrativamente a quienes recibieron sentencia por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena. Se trata de los militares retirados José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo José Medina. En 2017, la jueza Marcela Vargas los había condenado a 30 años de cárcel como coautores penalmente responsables del delito de homicidio intencional muy especialmente agravado. La Corte Suprema de Justicia uruguaya confirmó el fallo días atrás. Consultada por el pedido de Crysol, Macarena Gelman, hija de María Claudia García, aseguró no estar al tanto. Reconoció que para ella lo más importante es que la sentencia haya quedado firme, aunque se mostró indignada porque no se avanza en la investigación del caso desde el 2000, el mismo año en que la nieta del poeta Juan Gelman recuperó su identidad. Los restos de su madre, en tanto, siguen sin aparecer.

“Al igual que hemos hecho con anteriores gobiernos, una vez que la Suprema Corte ratificó la condena a varios integrantes de las Fuerzas Armadas por haber estado involucrados en la desaparición de la ciudadana argentina María Gelman, le solicitamos al ministro de Defensa que adopte los procedimientos reglamentarios para castigar administrativamente a estas personas que ya fueron condenadas por la justicia uruguaya”, expresó el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, en diálogo con Página/12. En el documento enviado al ministerio de Defensa, el colectivo solicita a la cartera de Defensa que “se tomen los recaudos pertinentes para que los Tribunales de Honor que se instruyan no sean desvirtuados en cuanto a su carácter“.

Carta de Crysol dirigida al ministerio de Defensa

La Resolución 60/147 de Naciones Unidas, aprobada en diciembre de 2005 por la Asamblea General, es el instrumento internacional de referencia en cuanto a las obligaciones del Estado en casos de violaciones de derechos humanos. Dicho documento establece que los responsables deben ser castigados a nivel penal y también a nivel administrativo. “Una vez que el poder judicial se ha pronunciado con sentencia firme y categórica, corresponde que los militares condenados penalmente sean castigados y separados de las Fuerzas Armadas. Creemos que es un mensaje simbólico muy importante para la sociedad“, manifestó en ese sentido el presidente de la asociación de ex presos políticos uruguayos.

El caso Gelman

María Claudia García Iruretagoyena fue secuestrada en Buenos Aires en 1976. Había sido detenida y trasladada al centro clandestino de detención Automotores Orletti junto a Marcelo, su pareja e hijo del escritor Juan Gelman. Al momento del secuestro, María Claudia tenía 19 años y estaba embarazada de Macarena, quien nació en Montevideo y vivió durante más de dos décadas pensando que era hija de un matrimonio uruguayo. Marcelo fue asesinado el 14 de septiembre de 1976 y su cuerpo hallado dentro de un tanque de doscientos litros en el canal de San Fernando, al norte del Gran Buenos Aires. Con el embarazo a cuestas, María Claudia fue trasladada a Uruguay como parte del Plan Cóndor.

María Claudia y Marcelo en 1976

La mantuvieron aislada en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) montevideano. El entonces soldado Julio César Barboza relató así su presencia en el centro de detención en su declaración testimonial: “Pude comprobar que luego del mes de octubre dio a luz una criatura y que fueron trasladados ambos, una noche, por el teniente coronel Rodríguez Buratti y el capitán Arab, con destino que desconozco. El único comentario que le escuché a Arab fue: -A veces hay que hacer cosas embromadas”.

La nuera de Juan Gelman desapareció luego de dar a luz en cautiverio. Siendo apenas una beba, Macarena fue entregada a un policía y a su esposa. Aunque dio una lucha incesante para conocer el destino de María Claudia y acudió a la justicia para dar con su paradero, a Juan Gelman siempre se le interpuso como obstáculo la Ley de Caducidad, que operó como escudo para los miembros de las Fuerzas Armadas que formaron parte del terrorismo de Estado. En el 2000, y luego de una intensa búsqueda, el escritor argentino pudo localizar a su nieta Macarena.

En marzo de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado uruguayo por la desaparición forzada de María Claudia y la apropiación y sustitución de identidad de Macarena. “El Estado uruguayo reconoce la responsabilidad institucional por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman en 1976”, dijo un año después el entonces presidente José “Pepe” Mujica en un histórico discurso desde la Asamblea General del Parlamento.

En 2017, la jueza Marcela María Vargas condenó a 30 años de prisión a Gavazzo, Arab, Vázquez, Silveira y MedinaEl tres de septiembre de este año, la Corte Suprema ratificó el fallo reconociendo que los cinco condenados operaron en los centros de detención donde permaneció detenida María Claudia.

“La justicia reunió las pruebas necesarias para condenar,y lo hizo luego de 18 años, lo cual es tardío pero pertinente”, aseguró Macarena Gelman. Algo molesta con una justicia uruguaya para la que “investigar es sinónimo de excavar, porque entiende que la única forma de saber es que los responsables hablen”, Macarena prefiere quedarse con que el caso haya sido juzgado por la justicia ordinaria “independientemente de mi indignación porque no se haya investigado más el caso ni tenga un dato más de los que tengo desde el año 2000”

El debate sobre los Tribunales de Honor

La formación de Tribunales de Honor a los militares condenados por el terrorismo de Estado fue un reclamo expreso de Crysol al expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, cuando éste asumió su segundo mandato en marzo de 2015. Se empezaron a llevar a cabo en casos donde existe una sentencia firme. “Los Tribunales de Honor que se han llevado a cabo por causas de condenas del poder judicial han sido totalmente desnaturalizados en algunos casos, y en otros no han sancionado como correspondía, tal el caso del coronel Luis Maurente, recientemente fallecido”, sostuvo Gastón Grisoni, presidente de Crysol.

“Hubo un Tribunal de Honor en un procesamiento de 2006 a Gilberto Vázquez, y éste hombre dijo que había torturado y ejecutado gente, confesó conductas que en general ellos no admiten en los juzgados. En otro Tribunal de Honor donde se juzgó a José Nino Gavazzo, él admitió haber fondeado el cuerpo de un desaparecido en el Río Negro. Esos son los que han dado mayor jugo en términos de aparición de nuevos elementos. Entiendo que que en esa linea Crysol realiza este pedido”, planteó Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu (OLI).

Olivera, sin embargo, es cauto respecto a los beneficios que puede ofrecer dicho instrumento. “Lo que se juzga en general es si se afecta o no el honor de las Fuerzas Armadas. Entonces cuando a alguno de ellos se les va la boca, los jueces que mayormente son generales, tratan de desviarlo para que no sigan hablando“, argumentó el coordinador del OLI. Cuando aparece una conducta presumiblemente delictiva se debe informar al superior y éste tiene que rendir cuentas ante la justicia, algo que nunca sucede en Uruguay. “Hay una opacidad importante con relación a lo que ocurre en estos tribunales”, concluyó el dirigente del OLI.

 

 

 

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