Y aparecieron de nuevo los elementos de la JUP

Según GT, efectivamente hubo una marcha por la avenida Rivera luego del acto, y al pasar frente al local comunista les dispararon desde adentro, lo que generó una reacción. GT señala que el comisario herido iba de civil acompañando a los manifestantes, y que Piñón era efectivamente del grupo de Ulises Fernández, pero que éstos últimos no eran orgánicos de la JUP, sino activos militantes anti-izquierdistas en el entorno de los liceos de Montevideo. Sobre presencia de éstos en el acto, respondió algo evidente: ninguna fuerza política puede controlar la asistencia a un acto público.

En nuestra percepción, a priori no parece razonable que desde un comité comunista se disparara espontáneamente contra una marcha rival. Esas no eran al menos las directivas que tenían sus militantes, más allá del margen de improvisación en que pudiera incurrir alguno de ellos. Parece más posible que, si es que se abrió fuego desde el local, fuera en respuesta a una provocación previa desde el exterior. No resulta evidente quiénes pudieron pergeñar una trampa como esa. Asignarle la responsabilidad a la JUP es elegir el camino más corto. Múltiples actores, incluida la JUP, podían beneficiarse del rechazo anticomunista que agitarían los medios de comunicación dominantes a dos semanas del acto electoral. Al día siguiente, El País tituló “Comunistas balearon a manifestación de la JUP en Pocitos” y La Mañana: “Frentistas atacan a asambleístas de la JUP”.

En el marco de aquella violencia preelectoral, la derecha también pudo presentar su “mártir”. El 6 de agosto de 1971 el joven Zapicán Arhancet, de 16 años, resultó muerto de un balazo mientras atentaba contra un comité de base del Frente Amplio. Se trataba de un estudiante del liceo Bauzá, hijo de un militar. Aún hoy, las versiones siguen impregnadas por la polarización de la época, e incluyen desde un inocente ataque con pintura a un intento de arrojar un cóctel molotov y la denuncia de que Arhancet y su acompañante portaban armas de fuego. Nadie fue procesado por el hecho, porque el juez entendió que se había tratado de un homicidio ultraintencional, producto de un disparo de su propia arma cuando el joven era desarmado por militantes frenteamplistas.

De acuerdo a Hugo Manini, el joven fallecido no era de la JUP, aunque sí probablemente fuera de la agrupación liceal Siempre Bauzá: “Era un muchacho que animado por una voluntad antiizquierda hizo algo y murió”. Al calor de los hechos, la JUP invocó esta muerte en un acto realizado en Durazno el 19 de agosto junto a padres y estudiantes “demócratas”; allí, según La Mañana, Manini tomó la palabra y dijo que era un ejemplo de que “el comunismo mata”. Una semana más tarde, Melogno, en un acto de la JUP en Minas, habló de una “ominosa ejecución”, aunque en ningún caso la JUP lo reclamó como militante de la organización.

El campo de las derechas

El complejo mapa de la extrema derecha civil entre 1968 y 1971 incluye a numerosas agrupaciones asociadas a la violencia. Además de la JUP, actuaron el Movimiento Nueva Generación, de origen pachequista, la Coalición Renovadora de Estudiantes Independientes, el Movimiento de Restauración Nacionalista, presuntamente vinculado a la extrema derecha blanca, el grupo de apelativo fascista Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista del Uruguay, el Comando Oriental Anticomunista, que perpetró ataques contra sindicalistas de la salud en 1969, el grupo ultracatólico Tradición, Familia y Propiedad, entre otros; además, las agrupaciones estudiantiles como Siempre Bauzá, y las eventuales “bandas” reunidas para acciones puntuales, de lo cual el ataque al comité del FA en el que murió Zapicán Arhancet podría ser un ejemplo.

Actuaron también, desde la clandestinidad, los grupos denominados de manera genérica “escuadrones de la muerte”, que firmaron ocasionalmente sus comunicados o acciones con una variedad de nombres (Comando Caza Tupamaros, Comando Dan A. Mitrione, Defensa Armada Nacionalista, Comando Armando Leses, Brigadas Nacionales, MANO, Escuadrón de Justicia Oriental) y que cobraron en torno a cinco vidas de jóvenes izquierdistas, como refleja un documento de la embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado. En las declaraciones realizadas por el agente policial Nelson Bardesio a los tupamaros que lo mantuvieron secuestrado con el fin de investigar las acciones de esos escuadrones, aquél menciona a Miguel Sofía y a Ángel Pedro Crosas como dos de sus integrantes, señalándolos además como pertenecientes a la JUP.

No se pueden descartar las conexiones entre las organizaciones que actuaban en la esfera pública, con las que lo hacían desde el plano de la clandestinidad, aunque los ex jupistas han rechazado terminantemente que Sofía y Crosas fueran integrantes de su movimiento y toman distancia respecto a todas las demás organizaciones mencionadas. “Con esos grupúsculos nunca quisimos saber nada”, asegura Hugo Manini, quien puntualiza que las relaciones entre la JUP y el Movimiento Nueva Generación (MNG) terminaron en una ruptura radical: “Nosotros no tuvimos grandes problemas con el MNG… hasta que un día quisieron copar la sede nuestra”. Efectivamente, el día 31 de enero de 1972 un grupo de hombres armados ingresó al local de la JUP en la Av. 18 de Julio. Bajo el título “Escándalo en la JUP: batalla campal con varios heridos”, Cuestión denunció que se había producido una disputa entre grupos rivales por la supremacía interna: “Manini, armado con metralleta, acusó de traición a otros dirigentes en plena reunión del Consejo Federal”. Según el semanario, Manini había llegado con “cuatro guardaespaldas armados con metralletas, gritando de forma histérica ‘la JUP es mía’”. El resultado habría sido que Gabriel Melogno se retirara herido y que Ricardo Trindade, dirigente de la JUP fuera detenido y luego procesado por “lesiones graves”.

Algunas conclusiones provisorias

En sus ataques contra el movimiento izquierdista, la derecha respondió con una diversidad de dispositivos, no necesariamente coordinados. Primero que nada, la represión lisa y llana –correspondiente al estado de excepción en el que el gobierno había colocado a toda forma de protesta– supuso el uso discrecional de la “fuerza legítima” del Estado, con un estilo que Álvaro Rico ha catalogado como “autotransformación del Estado de derecho en Estado parapolicial” (en Cómo nos domina la clase gobernante. Orden político y obediencia social en la democracia) entre 1968 y 1973, y la aplicación de resortes represivos propios de la “dictadura comisarial” desde junio de 1973.

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