Y aparecieron de nuevo los elementos de la JUP

En el plano de la sociedad civil, hubo tres niveles de acción. En primer lugar el de la JUP, protagónica en el interior del país y con intenciones de contrarrestar la hegemonía izquierdista entre el estudiantado montevideano. El movimiento fue adoptando un ambicioso proyecto político de alcance nacional, en el cual el asunto educativo era central por razones ideológicas y estratégicas. En el medio de la agitación incubada bajo la intervención de la enseñanza media, se posicionó claramente contra los “promotores del desorden”. A través de un arsenal mediático de peso (escrito y radial), la JUP se transformó en una voz relevante de la reacción conservadora en el campo estudiantil. Con un discurso plagado de referencias a la lucha contra los “traidores” y “apátridas”, de hondo sentido belicista, sus militantes no debieron ser ajenos a los enfrentamientos, más allá del rechazo público a la violencia del que la JUP era portavoz.

En segundo lugar, las agrupaciones liceales autoproclamadas “demócratas”, movilizadas por su rechazo al gremialismo de izquierda, y apoyados frecuentemente en núcleos de docentes y padres también autodefinidos como “demócratas”. Muchos de ellos pudieron afiliarse a la JUP o participar en sus actividades. Más allá de estar o no afiliados, todo parece indicar que el rótulo “JUP” constituyó para ese conjunto de activistas de derecha un marco identitario. Esto explica que para los militantes de izquierda no cupieran dudas de que era efectivamente la JUP la que los atacaba.

En tercer lugar, los grupos de choque, seguramente animados desde la fuerza policial mediante agentes encubiertos –lo que los izquierdistas llamaban “tiras”–, proclives a incidir con armas en las disputas interestudiantiles. En qué medida ese accionar policial estaba a su vez ambientado por la inteligencia estadounidense (como lo sugiere el testimonio de un ex jupista), es un extremo que no estamos en condiciones de probar, pero que encontramos muy plausible.

Por último, tenemos los “escuadrones de la muerte”. Las fronteras entre estos comandos, las fuerzas represivas del Estado, las estructuras partidarias y los movimientos sociales de derecha son difusas. La mirada de la izquierda ha quedado abonada por las “actas de Bardesio”, ciertamente creíbles, pero seguramente confusas e incompletas. Gonzalo Varela Petito, en De la República liberal al Estado militar, le adjudicó a esferas gubernamentales el recurso a la violencia parapolicial.: “Un ejercicio abierto del poder represivo no era fácil en la coyuntura [electoral de 1971]; se le complementó pues por la vía clandestina”. En esa dirección irían las apreciaciones que el por entonces líder del batllismo Lista 15, y socio del gobierno, Jorge Batlle, vertiera a la diplomacia estadounidense: “era necesario crear […] sin tantos miramientos, un grupo secreto que “solucionara” el problema de la guerrilla […] fuera de las autoridades legítimamente constituidas, como revela Clara Aldrighi en El caso Mitrione. A posteriori, Sanguinetti, por entonces compañero de militancia del recién nombrado, ha preferido explicar ese tipo de hechos como actos de “venganza […] por algún grupo clandestino presumiblemente de origen policial”, descartando así una orquestación partidaria o gubernamental. Su línea argumental no parece ajena a la intención de deslindar cualquier sospecha de complicidad de parte de una élite política que él mismo integraba.

Es posible que todas estas esferas de acción (fuerzas de represión estatales, JUP, grupos “demócratas”, fracciones partidarias, grupos de choque y “escuadrones de la muerte”) convergieran, generando un traspaso de activistas entre ellas que debió darse tanto de forma espontánea como también bajo mecanismos de infiltración. Algunos hechos y episodios evidencian que las relaciones entre los actores involucrados no se basaban solamente en normas de solidaridad.

En el clima de confrontación que atravesó el país, los actores que habían radicalizado sus posturas no pudieron mantenerse alejado de la práctica de violencia. El porte de armas fue relevado por la inteligencia policial y es asumido en las entrevistas a ex militantes de la JUP, aunque se le asigna un rol defensivo. Pero ese apelativo defensivo de su retórica no debe conducirnos al error. ¿Cuál es la distancia que media entre la autodefensa y la agresión armada? Ha sido en general un dilema difícil de resolver en la investigación acerca de escenarios de espiral de violencia. Si bien la JUP pretendió cultivar una imagen de organización “seria”, que se tuteaba con ciertas personalidades de los partidos tradicionales y con figuras de la Iglesia Católica y que, sobre todo en el interior, se rodeaba del apoyo de tradicionales “fuerzas vivas”, su discurso se cargó de un tono de belicosidad, cimentado en una lógica de guerra (amigo-enemigo), y apelando a la “energía” y la “virilidad” de unos militantes dispuestos a ofrecer “hasta la última gota de su sangre”.

Vale decir que en el campo de la derecha hubo una suerte de “división del trabajo” no explícita, probablemente no planificada, en la cual los grupos de acción directa desempeñaron un rol funcional a la estrategia general de la derecha uruguaya, la JUP incluida, permaneciendo sin embargo ésta inmune a evidencias contundentes de participación en hechos cruentos. Resulta razonable que una organización como la JUP no pretendiera involucrarse en batallas decisivas contra el comunismo. Su invocación al golpe militar desde principios de 1973 denota su confianza en las Fuerzas Armadas para cumplir con esa tarea. No faltaba en su prédica mediática una pretensión “intelectual” que podría reservarles un papel específico en un eventual ajuste autoritario. Tras autodisolverse, luego del golpe militar, varios de los activistas de la JUP escalaron posiciones en el sistema educativo.

¿El “creador de la JUP” Manini Ríos se hace el inocente?

 Hugo Manini Ríos sobre los carteles de la JUP:

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