En la marcha de un revisionismo histórico sobre la dictadura

En la década de 1930, Uruguay vivió experiencias autoritarias. Luego de aquellas que precedieron a la instalada el 27 de junio de 1973, existió un período de acción democrática republicana por parte de los institutos armados, en un Uruguay con ejercicio de las libertades individuales, que fueron acompañadas de experiencias políticas tanto presidencialistas como colegiadas.

En ese período, las Fuerzas Armadas –el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea– tuvieron poca presencia pública y no se manifestaron como actores políticos, subordinándose al sistema político de acuerdo a lo que establecía una Ley Orgánica Militar que había sido sancionada a comienzos de la Segunda Guerra Mundial.

En aquellos años, Uruguay desarrollaba su política exterior, y por ende, su política militar, no beligerante,1 de neutralidad. En ese marco, mantenían una actuación orientada hacia la defensa de la integridad territorial en el marco de la Constitución y las leyes, bajo el mando superior ejercido por el presidente de la República y el ministro respectivo.

Al estar al servicio de una nación que no era ni podía ser expansionista, desarrollaban una política de la defensa nacional, no de la guerra. Se preparaban profesionalmente para desarrollar, en todo caso, una guerra convencional en un hipotético caso de ser invadidos, apostando fundamentalmente a contar con aliados y organismos internacionales que acudieran en su defensa.

En ese período, lo que era policial estaba en manos del Ministerio del Interior. Las Fuerzas Armadas, a lo sumo, ante conmociones producidas por fenómenos de la naturaleza, tomaban a su cargo algunas actividades, para asegurar transportes u otros servicios a la población. Eran Fuerzas Armadas que estaban autorizadas por ley a reforzar la acción policial si había algún problema de conmoción interior. Terminadas esas situaciones de emergencias, volvían a los cuarteles. En 1969, el Ministerio de Defensa Nacional contaba con aproximadamente 16.000 efectivos.2

Pero en la posguerra, las Fuerzas Armadas fueron claramente influenciadas por las doctrinas militares emanadas del Pentágono y del Departamento de Estado ejercidas mediante la Alianza para el Progreso, y por los lineamientos acordados en la Declaración de Punta del Este en 1960, que introdujo la acción cívica, a partir de lo cual pasaron a desarrollar actividades esencialmente políticas como las vinculadas a los planes de desarrollo. Desde ahí, desarrollando acciones políticas en actividades que no tienen nada que ver con lo militar, pasaron a ejercer una creciente influencia.

Ese proceso se acentuó a partir de que Jorge Pacheco Areco, haciendo abuso de los instrumentos constitucionales de excepción existentes, fue responsabilizándolas en la acción antisubversiva. A lo que la Constitución habilitaba –las medidas prontas de seguridad y la suspensión de las garantías individuales– el autoritarismo estatal lo complementó con la Ley de Estado de Guerra Interno3 y la Ley de Seguridad del Estado y del Orden Público.4

A partir de ahí se creó todo un andamiaje para la actuación de la Justicia militar, que fue transformando a las Fuerzas Armadas en fuerzas de ocupación.

Cuando las Fuerzas Armadas pasan a participar como actores políticos, enfrentan al sistema político cuando este quiere ponerle límites y al sistema judicial cuando investiga y castiga sus actos ilegales. Ese enfrentamiento, muchas veces, se da a través de los centros militares, y en algunos períodos por parte de algunos políticos de los partidos tradicionales (Daniel García Pintos, etcétera), o de su incorporación al sistema de partidos (como en el caso de Cabildo Abierto).

En febrero de 1973, manifestando un evidente desconocimiento del poder político constitucional, se produjo lo que los militares denominaron fuerzas en operaciones y emitieron los comunicados 4 y 7, que eran verdaderos programas de acción política de las Fuerzas Armadas, un programa de gobierno. A pesar de las expectativas que esos comunicados produjeron en determinados sectores de la izquierda, como bien señalaba Víctor Licandro, podía decirse que ese fue el comienzo real de la dictadura, que poco después, el 27 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo decretó con la disolución de las cámaras.5

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