EL PROYECTO PARA OTORGAR PRISIÓN DOMICILIARIA A LOS MAYORES DE 65 AÑOS
El beneficio es para los peores
Pablo Chargoñia
11 noviembre, 2021
Protestas en la Torre Ejecutiva por la reunión del presidente Lacalle Pou con Mercedes Vigil quien solicitó la liberación de los militares represores de la cárcel Domingo Arena
El partido Cabildo Abierto ha impulsado varias iniciativas que apuntan a beneficiar a los camaradas del senador Guido Manini Ríos. A los que están en prisión y a los que podrían estarlo. Comenzaron con la peregrina pretensión de restablecer la ley de caducidad. Siguieron con la idea de «interpretar» por ley que los delitos de la dictadura son delitos ordinarios prescriptibles. Y finalmente, aunque no en forma excluyente, proponen la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años. El anteproyecto es una reacción ante cierto relativo impulso de los procesamientos en los dos últimos años. Manifiesta la intención de beneficiar a torturadores, homicidas y desaparecedores, pretextando la pandemia, por la vía torcida de volver ilusorias las penas y poner en riesgo los procesos penales.
La carta del Foro de Montevideo –cuya vocera más notoria es la escritora Mercedes Vigil– muestra con menos pudor la intención de beneficiar a los torturadores, que, según se lee, no cometieron crímenes aberrantes que ofenden la conciencia de la humanidad, sino meras «faltas».
La carta revela un grado de corrupción moral tal que debería provocar nuestra repulsa espontánea. Nadie que escribiera semejante obscenidad puede pretender ser atendido por un presidente electo democráticamente. Y, sin embargo, este reclamo nauseabundo se escuchó en la Torre Ejecutiva.
¿Los violadores de derechos humanos son titulares de derechos humanos? La pregunta tiene una respuesta categóricamente afirmativa. Tienen derechos y deben ser respetados. Tanto el Código del Proceso Penal de 1980 como el de 2017 prevén la internación en un establecimiento adecuado o en el domicilio del detenido en caso de enfermedad grave incompatible con la permanencia en un establecimiento carcelario.
De los 40 represores que están siendo sometidos a juicio o han sido condenados por crímenes de la dictadura, 26 permanecen en un establecimiento penitenciario (cárceles de Domingo Arena y de Coraceros) y 14 tienen actualmente prisión domiciliaria. A estos últimos, previo informe médico forense, el juez competente les concedió ese beneficio toda vez que evaluó que la permanencia en el establecimiento de detención era incompatible con su estado de salud.
A propósito, vale mencionar el caso de un represor que jamás estuvo en prisión: Ernesto Ramas –condenado por las desapariciones en Automotores Orletti y la de María Claudia García de Gelman– permaneció durante años en el Hospital Militar, hasta que regresó a su casa en Piriápolis.
Cuando, el año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Buenos Aires denegó la prisión domiciliaria que había sido pedida por el represor uruguayo Manuel Cordero Piacentini, reflexionó así: «[…] En los casos que exista una obligación internacional de perseguir, investigar, sancionar adecuadamente a los responsables y hacer cumplir la pena […] debe tenerse presente que la justicia penal no solo tiene una naturaleza sancionadora, sino que, en el ámbito internacional, fundamentalmente, tiende a prevenir la reiteración de ilícitos a través del juzgamiento ejemplificador de los responsables de delitos como los que aquí nos ocupan, puesto que una característica destacable de esta rama del derecho es esa general función preventiva».
La prisión domiciliaria de mayores de 65 años –que no presenten enfermedades graves incompatibles con la permanencia en un establecimiento penitenciario– distorsiona el valor simbólico preventivo de las escasas condenas que hoy existen, arriesga los procesos en los que se adoptó la prisión preventiva (no podemos ignorar los casos de represores prófugos) y vuelve ilusoria la noción de justicia con relación a procesos penales que ocurrirían en el futuro inmediato.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso «Gelman versus Uruguay», de 2011, ordena específicamente el cumplimiento cabal de la obligación de perseguir penalmente las graves violaciones de los derechos humanos. Este caso está abierto, lo que implica que Uruguay aún no satisface completamente su obligación de juzgar y castigar. En su resolución de supervisión del 19 de noviembre de 2020, la Corte afirmó que «persisten interpretaciones judiciales que podrían representar un obstáculo para la investigación de graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la dictadura». Si a esto se le sumara una ley beneficiaria para los represores, el cuestionamiento se acentuaría.
Por otro lado, excluir del beneficio a los criminales de lesa humanidad posteriores a 2006, tal como reza el anteproyecto, implica jugar aviesamente una carta en el actual debate de los tribunales uruguayos con relación a la vigencia de esa categoría de crímenes durante el período de facto. Pero se pasa por alto lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice en numerosas sentencias, incluida la de la condena a Uruguay: no importa si los tribunales penales nacionales califican estos crímenes estatales masivos como crímenes del derecho internacional. En todo caso, se trata de «graves violaciones a los derechos humanos». Por lo tanto, el deber del Estado democrático es ineludible: investigar, juzgar a sus responsables y castigar. No se admite, en tales casos, ni amnistía, ni indulto, ni cosa juzgada, ni prescripción. La impunidad de esos crímenes, cualquier forma de impunidad, supone el incumplimiento del deber de proteger y promover los derechos fundamentales.
Ahora estamos en un juzgado penal en Montevideo. Vean a ese hombre que fue torturado en el batallón Florida en 1972. Se levanta las mangas de la camisa y le muestra sus cicatrices al juez Nelson dos Santos: «Quise escapar de la tortura», dice. Escuchémoslo hablar de uno de los militares que hoy están en Domingo Arena: «Supe que ideó un sistema para aplicar el submarino, que consistía en acostar al detenido sobre una tabla basculante, de modo que el torturado no se lastimara con el borde del tacho». No está recordando, está reviviendo. El tormento, la sombra de aquel militar hoy preso, la idea suicida… todo está presente tantos años después.
Los cuerpos desnudos oscilan bajo el techo del cuartel. Cuelgan de las muñecas atadas a la espalda. Hombres y mujeres deliran, gritan, lloran. Fueron miles y miles. Sintetizar el horror parece imposible. Los testimonios que he escuchado tantas veces en un juzgado constituyen la prueba principal para procesar y condenar con todas las garantías procesales que los imputados nunca les ofrecieron a sus víctimas. Esos testimonios son la base para imputar abuso de autoridad contra los detenidos, privación de libertad, amenazas y lesiones, entre otros delitos que traducen la tortura en los términos de la tipificación de la ley penal vigente en los años setenta. Me refiero a estos crímenes en particular porque son los que en el discurso del Foro de Montevideo y de los dirigentes de Cabildo Abierto se pretenden banalizar.
La aprobación del proyecto de ley de Cabildo Abierto, además del deterioro ético que su sola presentación implica, expondría al país a ser cuestionado por el incumplimiento de su deber internacional para con la humanidad, de prevenir la repetición de aquellos horrores padecidos. De todos modos, si este proyecto no prosperara, lo que puede preverse desde ya son nuevos intentos reaccionarios a favor de la impunidad.
CABILDO ABIERTO JUEGA FUERTE POR LA LIBERACIÓN DE LOS MILITARES PRESOS
Otro revival
Mauricio Pérez
11 noviembre, 2021
Cabildo Abierto aumenta la presión para que se apruebe el proyecto de ley que otorga la prisión domiciliaria a todas las personas mayores de 65 años. Mientras varios legisladores dudan de si levantar la mano o no, los movimientos internos de la coalición de gobierno comienzan a sentar las bases para que el proyecto se apruebe.
Miguel Sofía en el juzgado, en julio de 2020
Una centena de ex-presos políticos se concentró frente a la Torre Ejecutiva para expresar su rechazo a un encuentro que, en ese momento, se realizaba dentro del edificio y que podía tener consecuencias directas en la investigación de los crímenes de la dictadura. En su despacho, el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, estaba reunido con los escritores Mercedes Vigil y Eduardo Abenia, voceros de un grupo de personas, en su mayoría militantes de Cabildo Abierto (CA), que reclaman la libertad de militares, policías y civiles procesados por crímenes de lesa humanidad. Tras retirarse, los escritores dirigieron un breve mensaje de Whatsapp a sus adeptos con el resumen de la reunión con el presidente: «Pudimos establecer un diálogo en el cual se mostró muy atento. […] Nos dio la impresión de que hablamos con un presidente con la altura necesaria para dar solución a la grieta que padece Uruguay, como no advertimos antes en otros presidentes. Pensamos que estamos en buen camino».
En concreto, le pidieron la urgente aprobación del proyecto, impulsado por CA, que implicaría liberar a los presos por delitos de terrorismo de Estado. Según el proyecto cabildante, la Justicia deberá disponer de oficio, sin más trámite ni procedimientos ulteriores, la prisión domiciliaria de todas las personas mayores de 65 años, sin excepción.1 Tal como está redactado, se beneficiaría a unas 200 personas, 30 de las cuales están procesadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad –entre ellas, Rodolfo Álvarez (sobrino del dictador Gregorio Álvarez), Jorge Silveira, Eduardo Ferro, Ricardo Medina, José Sande Lima, Lawrie Rodríguez, Miguel Sofía y Jorge Guldenzoph; otra treintena tiene pedidos de procesamiento pendientes de resolución por crímenes de la dictadura (véase «Jugando a dos bandas», Brecha, 29-X-21).
Días antes de ese encuentro, el mandatario dijo tener una visión, «a priori, positiva sobre el tema», pero con algunas salvedades, como el límite de edad de los beneficiarios («Capaz que sería el de 70 años», dijo). Luego del encuentro, los cabildantes renovaron la presión para lograr la aprobación del proyecto, que concita la atención del núcleo duro de su militancia. Y comenzaron a hacer sentir el peso de sus votos en la coalición de gobierno, con el objetivo de alinear al oficialismo detrás de sus intereses. Las primeras señales de estas intenciones las dio el senador Raúl Lozano: «Para nosotros, esto es prioritario». Y recordó que CA tiene tres senadores, cuyos votos son claves para mantener la mayoría parlamentaria en la Cámara Alta (El Observador, 8-XI-21). Más tarde, apuntó que el proyecto tenía la «luz verde» del primer mandatario y del expresidente Julio María Sanguinetti (Búsqueda, 11-XI-21), lo que no fue desmentido en las horas posteriores. Incluso, contó que CA pretendía que el proyecto fuera presentado por el Poder Ejecutivo, pero que, finalmente, se acordó que lo ingresarían los cabildantes y el gobierno lo apoyaría.
LA CALCULADORA MULTICOLOR
Sin embargo, por ahora el proyecto no tiene los votos suficientes para ser aprobado, ya que varios legisladores de la coalición de gobierno dudan de si levantar la mano o no. Las principales vacilaciones están en el Partido Colorado (PC). Según supo Brecha, el sector Ciudadanos comenzó a dialogar sobre el asunto. Allí conviven posturas contrapuestas, pero con una mayoría en contra, aunque sin definición expresa. El senador Raúl Batlle, hijo del expresidente Jorge Batlle, en tanto, dijo que, «así como está redactado», es difícil que obtenga los votos colorados, pero no cerró la puerta a eventuales cambios, como un aumento de la edad a 70 o 75 años (La Diaria, 28-X-21). Por su parte, pese a la aparente postura favorable de Sanguinetti, el sector Batllistas aún no analizó el tema. En realidad, puede hacerlo con más tiempo, ya que, tras la asunción de Tabaré Viera como ministro de Turismo, sus votos se concentran en la Cámara Baja.
En el Partido Nacional la situación es otra, con una base más proclive a votar el proyecto, pese a que el asunto aún no fue analizado por la bancada de la Cámara Alta. En puridad, la definición política que adopte el presidente –por sí o por no– será clave para alinear los votos de buena parte de la tropa nacionalista. Las voces disidentes se concentran en el senador Jorge Gandini. «Por ahora, mantengo mi postura. No voy a definir mi posición, pero con la redacción actual no lo voy a acompañar», dijo a Brecha. Su principal objeción no tiene que ver con la edad de la persona beneficiada, sino con el hecho de que el proyecto establece la prisión domiciliaria de toda persona mayor de 65 años, sin excepción y sin la posibilidad de análisis o revisión por parte de la Justicia: «Me resulta fundamental la opinión del juez. […] No me parece una buena solución la consecuencia automática de la edad. Los jueces deben tener la capacidad discrecional de definir situaciones». Agregó que, a su juicio, este proyecto se contradice con normas de seguridad pública aprobadas en la Ley de Urgente Consideración (LUC), en las que se elimina el principio de la libertad anticipada y se apunta al cumplimiento efectivo de la pena para el caso de los responsables de delitos graves.
No obstante, el escenario es más complejo. Algunas fuentes del PC entienden que el proyecto –sea cual sea la posición que se adopte– no es prioritario y debería tratarse después del referéndum sobre la LUC, de forma de evitar un eventual impacto negativo en el ánimo de la población, ya que se trata de «un tema sensible». Eso también es parte del análisis que se hace en las filas nacionalistas. Pero los cabildantes pretenden que, sí o sí, se apruebe antes de fin de año. En este contexto, en la Torre Ejecutiva hacen números y saben que una posición negativa puede tener costos para el futuro de la coalición de gobierno. Por eso, comenzaron a tender puentes para que el proyecto fructifique, de forma de calmar las inquietudes cabildantes. Es que, como dejaba ver Lozano, sin vueltas, sus votos son claves para mantener la mayoría y, con ello, la futura aprobación de varios proyectos, entre ellos, el de la ley de medios, que tiene el rótulo de prioritario y al secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, como principal articulador. De acuerdo a las fuentes parlamentarias, la negociación entre blancos y cabildantes puede abrirse por un cambio de figuritas: prisión domiciliaria para violadores de los derechos humanos a cambio de esta ley. Eso está por verse.
- Quedarían exceptuados los imputados por los delitos de violación y homicidio agravado, y los imputados por graves violaciones de los derechos humanos cometidas después del 25 de setiembre de 2006. Tampoco se procederá en los casos de reincidencia, reiteración o habitualidad.