El lado opaco de la impunidad:
a 47 años del golpe de Estado
26 de junio de 2020
Escribe: Héctor Altamirano
Los caimanes cuando matan
rojos quedan por demás,
pero si llevan guantes
¿quién su crimen notará?
(Bertolt Brecht)
Este sábado se cumple una nueva fecha que hará recordar el inicio “formal” de la dictadura cívico-militar implantada en nuestro país (en coordinación con la ola represiva que demolió la región). Esta nota hace referencia a un tema escasamente trabajado y menos aún recordado socialmente: los negocios en dictadura.
La dictadura que asoló a Uruguay entre 1973 y 1984 se puede estudiar desde diferentes puntos de vista o desde diferentes problemas. El que más dolor deja (y por el que más reclamos existen ante la Justicia) es, sin dudas, el que hace referencia a las desapariciones, asesinatos, tortura y cárcel.
En lo que sigue quisiéramos hacer mención a un tema escasamente investigado por la academia de nuestro país: la participación de los empresarios durante el período dictatorial y los negocios realizados por militares. Pero desde antes los empresarios del país estaban obteniendo jugosas ganancias a partir de los decretos de congelación salarial dictados por el gobierno encabezado por Jorge Pacheco Areco en 1968. Con ese acto administrativo (impuesto a base de represión) los empresarios veían que sus ganancias aumentaban sin invertir un centavo en nada.
Recordemos que los trabajadores, luego de una ardua discusión y dejando atrás cuestiones ideológicas de fondo, habían logrado unificar su tarea militante en la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Esa herramienta potenció el accionar de los trabajadores organizados. Las discusiones se seguirían dando, pero en base a un programa y una plataforma acordada. Y todos tenían claro que el enemigo era el capitalismo; esto era lo que había que cambiar de raíz.
Ante esta constatación de la realidad y ante una crisis del sistema, los empresarios no dudaron en reclinarse a las fuerzas represivas para asegurar y aumentar sus beneficios. En 1979 todavía se recordaba el poder de la CNT, y Alejandro Végh Villegas1 en una conferencia planteaba lo siguiente: “Durante un largo período, hasta 1968, se produjo una asimetría entre trabajadores y empresarios, con un gran poder de negociación de los primeros, y muy escaso de los segundos […]. Posteriormente se adoptaron medidas restableciendo el equilibrio […]” (El País, 8/6: 6). Hoy sabemos que ese “equilibrio” llevó a concentrar la riqueza en empresarios (civiles y militares) y a una histórica pérdida salarial para los trabajadores.
Teniendo presente este aspecto de la organización obrera es que desde 1974 se intentaba reglamentar la acción sindical, se intentaba encorsetar a los trabajadores, uniéndolos al proyecto político dictatorial. De esta forma se usó el siguiente documento para borrar toda huella de un sindicalismo combativo: “Yo, Dirigente Sindical. Voy a defender libremente los verdaderos derechos de los trabajadores. Voy a preferir el camino del entendimiento frente a la opción del enfrentamiento estéril […]. Voy a sustentar el diálogo constante entre el capital y el trabajo. Voy a combatir por un gremialismo honesto, apolítico y auténticamente oriental. Yo, dirigente sindical, yo oriental”. Este documento es de 1974, es decir un año antes del Año de la Orientalidad, intento de los militares por refundar el país imponiendo un culto a la nacionalidad. Fue el proyecto político de la dictadura más ambicioso.
Las cámaras empresariales oscilaron entre el apoyo y la crítica al gobierno de facto. “El gobierno sólo aceptó vincularse con los empresarios en sus propios términos; por su parte, la actitud general de los empresarios (hasta 1982) puede definirse como de “benévola expectativa”, sin que eso impidiera que algunos directivos pronunciaran un apoyo muy franco, mientras otros mantenían un tácito apoyo” (Demasi, 2016: 147) a la política económica llevada adelante por el gobierno.
Para poder enfocar con más precisión este tema debemos tener presente el proceso económico de la dictadura. Hay acuerdo entre los especialistas en que el gobierno dictatorial tuvo tres grandes momentos económicos: estabilización y reestructura (1974-1978); estabilización y crisis (1978-1982); decadencia de la dictadura (1983-1984). También existe un acuerdo generalizado que establece que la dictadura no implantó un nuevo proyecto económico, sino que profundizó el impulsado desde fines de 1959. Ese año se introdujeron cambios en la política económica y social que llevaron a la implantación de un modelo liberal, dejando atrás las políticas proteccionistas, impulsadas por el batllismo.
Una de las características centrales de este proyecto es la de proteger al capital y a la clase que detenta el capital. Cuando Juan María Bordaberry estaba siendo cuestionado por las cúpulas castrenses, escribe un extenso documento entregado a la Junta de Oficiales Generales, y cuando es finalmente destituido publica en El País una nota en la que evidencia sus posiciones sobre diversos temas del país. Me quiero detener en este momento en sus planteos económicos, para compararlos luego con los negociados que hicieron varios empresarios y militares: “Como desde el punto de vista de sus apetencias materiales el hombre no llegará nunca a su realización plena, el concepto materialista del desarrollo económico se transforma en semilla de discordia y de lucha de clases dentro de una sociedad”. Luego plantea que los hombres que no logran alcanzar bienes materiales suficientes comienzan a frustrarse y a tener sentimientos de resentimiento hacia quienes han logrado obtenerlos. Como podemos percibir, de manera lineal está relacionando a la lucha de clases con la frustración y el resentimiento. Solamente lee a la lucha de clases desde el lado del desposeído, el poseedor de riquezas no participa en la lucha de clases, según la lectura del dictador.
Ahora bien, en su misma misiva aclara que el Estado debe estar para los productores rurales (específicamente los ganaderos), que estaban pasando por un período de crisis (¡cuándo no!) y fueron socorridos por el Banco de la República. Es en estos momentos difíciles “cuando el esfuerzo privado no es suficiente para enfrentar circunstancias adversas”.
De esta manera, Bordaberry alega que los trabajadores y el capital deben mantener un clima de armonía y no un clima hostil (léase organizarse para reclamar y obtener derechos) y que el Estado no debe involucrarse. Pero si los privados tienen problemas de rentabilidad, todos los habitantes del país deben dar parte de su trabajo para sostener la rentabilidad de unos pocos.
Existieron crímenes económicos de todo tipo durante la dictadura y es sabido que cuando los caimanes usan guantes, es difícil que sus crímenes sean vistos y perseguidos.
Esta lógica de salvar a los capitalistas fue lo que sucedió cuando el Banco Central del Uruguay compró –entre 1982 y 1983– las denominadas “carteras incobrables” que llevaron al sistema financiero a una terrible crisis, que la terminó pagando el pueblo. El que costeó esas deudas incobrables para los bancos fue el Estado, y este obtuvo sus fondos de los impuestos que pagan los habitantes del país. “La operación ‘compras de carteras’ fue altamente perjudicial para nuestro país, en tanto la sociedad toda tuvo que pagar el costo de los negocios y de los negociados entre la banca y los empresarios […] Cuando esos negocios y negociados dieron grandes ganancias, estas no se socializaron, sino que fueron a parar a las arcas individuales de empresarios y banqueros. Cuando la crisis transforma los negocios en pérdidas, entonces sí, se socializan y, de una manera u otra, la pagan todos los uruguayos. La operación no fue nada clara, existiendo notorias irregularidades […]. Lo ocurrido no fue un hecho aislado, sino enmarcado dentro de la lógica capitalista” (Stolovich, L y otros, 1986: 158). No podemos ampliar este tema por razones de espacio. Pero es importante tener presente que los grupos económicos que manejan los grandes medios de comunicación hasta el día de hoy no han logrado explicar cómo pagaron las deudas que mantenían con varios bancos de plaza. Es decir, que recibían préstamos y después no los pagaban: cuando el deudor es un gran grupo empresarial, ¿el Estado mira para otro lado? (Blixen, S y Uval, N, 2016).
La fuerza naval y algunos altos jerarcas fueron denunciados también por negocios ilícitos. En los meses iniciales del primer gobierno posdictadura, el senador Germán Araújo denunció en el Parlamento –esperando que la Justicia se expidiera, cosa que nunca hizo– una serie de irregularidades con dineros manejados por esa fuerza que se “colocaban en plazo fijo en las Bahamas”. El ex integrante de la armada Óscar Lebel también denunció hechos presuntamente ilícitos que hacían referencia a las maniobras que hacía un vicealmirante con cargamentos de contrabando en embarcaciones de manera habitual. Esta situación tiene ribetes cinematográficos, cuando dice que para ocultar la evidencia de todo ese montaje, y después de que fuera cercado por aire y mar, decidió incendiar y hundir la embarcación en las costas rochenses.
La industria pesquera también fue un negocio que quedó impune. Allí también hay civiles que estuvieron vinculados con estos hechos: Antonio Marchesano (ministro del Interior en el primer gobierno posdictadura), Eduardo Paz Aguirre (senador del Partido Colorado), Alberto Gallinal Heber. Todos relacionados con el negocio de la pesca durante aquellos años tenebrosos.
Otro hecho denunciado en el Parlamento fue el denominado “operativo conserva”. Fue un negocio realizado por Gregorio Álvarez y su esposa Rosario Flores de Álvarez, en el que participaron empresarios de la industria frigorífica (José María Alori, miembro del directorio del frigorífico Carrasco) y que tuvo que ser avalado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (encabezado por Carlos Matto Moglia) y por el Instituto Nacional de Carnes (con el mayor Armando Méndez al frente). El negocio “consistió en la exportación de carne vacuna uruguaya a Argentina para fabricar corned beef y luego traerlo de regreso al país como conserva para exportar. Todo ese negocio se dio en medio del cierre del Frigorífico Nacional, con un consiguiente aumento de la ganancia para los privados” (Werner, 2016: 195). En este negociado el Estado perdió más de 20 millones de dólares. El Parlamento en 1985 trató el tema en varias sesiones. Se hizo una denuncia penal que fue archivada por la Justicia.
Estos apuntes incompletos (faltan los negocios de la construcción, la comunicación, obras públicas) intentan rescatar del olvido un aspecto sepultado del pasado más cruento que vivimos como país. No existe en nuestra historia un período en que el Estado haya actuado de forma tan planificada y sistemática para destruir las semillas de un proyecto de sociedad distinto. Eso fue, en definitiva, lo que sucedió de forma desembozada desde el 27 de junio de 1973 y que continuó –con otras modalidades– después de 1984.
Varias de las grandes riquezas del país se hicieron a base de obtener bienes y ganancias, presentadas como si fueran premios de guerra que tenían que obtener los sacrificados que dieron su vida por la patria. De allí la centralidad para algunos de presentar a ese período como si hubiesen existido dos demonios que lucharon de manera incontrolable, lo cual habría llevado a todo tipo de excesos. Este lado opaco de la impunidad evidencia que esa explicación no es más que una astuta manera de justificar lo acontecido en nuestro país, y que hay muchísimos empresarios que se vieron beneficiados por la dictadura.
En síntesis, sumados y en ocasiones vinculados a los crímenes de lesa humanidad, existieron crímenes económicos de todo tipo durante la dictadura, y es sabido que cuando los caimanes usan guantes, es difícil que sus crímenes sean vistos y perseguidos.
Héctor Altamirano es docente de Historia.
Referencias
Blixen, S y Uval, N, “Mucho más que silencio: los medios de comunicación en la era dictatorial”, en Bohoslavsky (ed.), El negocio del terrorismo de Estado. Los cómplices económicos de la dictadura uruguaya. Debate, 2016.
Demasi, C, “El apoyo de las cámaras empresariales”, en El negocio del terrorismo de Estado, en Bohoslavsky (ed.), Los cómplices económicos de la dictadura uruguaya. Debate, 2016.
Demasi, C et al., El régimen cívico-militar. Cronología comparada de la historia reciente del Uruguay (1973-1980). FCU-FHCE, 2004.
Werner, F, “La impunidad de los delitos económicos de la dictadura uruguaya”, en Bohoslavsky (ed.), El negocio del terrorismo de Estado. Los cómplices económicos de la dictadura uruguaya. Debate, 2016.
- Uno de los civiles más influyentes en este período. Ingeniero industrial, políticamente vinculado a la Lista 15 del Partido Colorado, había sido subsecretario de Industria y Comercio en 1967 cuando César Charlone fue el ministro y director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante 60 días de 1968. Fue ministro de Economía y Finanzas de la dictadura en dos ocasiones: entre julio de 1974 y setiembre de 1976 y entre diciembre de 1983 y febrero de 1985. Entre ambas investiduras ministeriales fue integrante del Consejo de Estado entre 1976 y 1979 y embajador ante Estados Unidos entre 1982 y 1983. ↩