Es posible “reinstalar” la ley de caducidad?
La opinión de los juristas sobre
la propuesta de Manini Ríos
3 de agosto de 2020 ·
Escribe Marina Santini
Derogar la ley interpretativa implicaría entrar en “desacato” con la CIDH, advierten.
El senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, manifestó el viernes su intención de derogar la Ley de Pretensión Punitiva del Estado (18.831, también conocida como Interpretativa de la Ley de Caducidad) para “reinstalar” la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848). Esta propuesta tomó por sorpresa a los integrantes de la coalición y desencadenó críticas desde la oposición. En tanto, juristas especializados en derechos humanos y constitucionalistas advierten que de aprobarse una disposición de este tipo Uruguay entraría en “desacato” respecto de la sentencia de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Gelman, que obliga a nuestro país a juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura.
El abogado especializado en derechos humanos y ex senador frenteamplista Óscar López Goldaracena dijo a la diaria que sería “inadmisible” desde los puntos de vista jurídico y político un proyecto “que impida el juzgamiento de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos”, porque esto implicaría una transgresión a la sentencia de la CIDH. “Los crímenes de este tipo no pueden ser amnistiados, beneficiados por indulto o por gracia, porque son de juzgamiento necesario y obligatorio. Así lo dispone el derecho, [que] limita las opciones políticas de los gobernantes”, consideró el doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
En la misma línea, el abogado constitucionalista Martín Risso explicó que tras la sentencia de la CIDH, Uruguay “quedó obligado a investigar y, si fuera el caso, a sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura”, lo cual no es compatible con la propuesta de Manini Ríos. “Toda ley que pretenda restablecer la caducidad o impedir que se investigue va a implicar una suerte de desacato a la CIDH, y Uruguay no puede ni debería hacer eso”, explicó a la diaria. También coincidió en este punto Pablo Chargoñia, abogado del Observatorio Luz Ibarburu, quien afirmó que “si se diera esa posibilidad Uruguay incumpliría sus deberes internacionales” y se ubicaría “en una situación de desacato internacional”.
Restablecer los efectos jurídicos de la ley de caducidad “sería enfrentar a todo el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, aseveró Chargoñia. Por otro lado, el abogado señaló que el caso Gelman “está bajo supervisión” de la CIDH, lo que significa que, ante la eventual aprobación de una iniciativa de este tipo, Uruguay “inmediatamente sería reprochado por transgredir netamente, en forma flagrante y gravemente ofensiva, la decisión” de la corte. Más allá de lo estrictamente jurídico, Chargoñia destacó que restaurar la ley de caducidad significaría “una grave violación al derecho de justicia que tienen los familiares, las víctimas y los sobrevivientes de las torturas, después de tantos años de espera”.
Inconstitucionales
La ley de caducidad fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en más de una oportunidad a partir de 2009, lo que implica que “cualquier norma que restablezca sus efectos nos ubicaría ante la posibilidad de otro planteo de inconstitucionalidad”, explicó Chargoñia. Asimismo, la SCJ declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la llamada ley interpretativa (los especialistas prefieren llamarla “innovativa”), que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Para Risso, la Ley 18.831 es “una mala ley que no debió haberse dictado y complicó las cosas”, debido a que “se transformó, hasta el día de hoy, en el principal obstáculo para investigar los casos de derechos humanos”, aseguró. “Los que la redactaron no querían que fuera un obstáculo, pero en los hechos lo fue y lo sigue siendo, justamente, a razón de su inconstitucionalidad”, indicó.
Por su parte, López Goldaracena señaló que, a pesar de la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa, “se ha seguido juzgando porque se aplican los principios generales de las normas de derecho internacional”. Además, destacó que el primer artículo de esta ley no fue declarado inconstitucional, y es justamente el que restablece “el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”. Este apartado es, para Chargoñia, “el artículo fundamental en este debate” que instala CA. “Es a ese al que seguramente atacaría el insólito proyecto planteado por el senador de Cabildo Abierto”, consideró.
Esta propuesta, leída junto con las acusaciones contra el fiscal de Corte, Jorge Díaz, es “una presión indebida al Poder Judicial”, afirmó López Goldaracena. A su entender, la propuesta de CA “pretende volver a garantizarles a los militares que violaron los derechos humanos que no van a ser llevados a los juzgados”. “Esa vuelta para atrás es inviable e implanteable. No puede haber estamentos privilegiados”, manifestó, y agregó que “para seguir adelante lo que hay que hacer es garantizarle independencia al Poder Judicial” y no “impedir” que actúe. El abogado recordó que sobre Manini Ríos pesa un pedido de desafuero, por lo cual estimó que el Parlamento debería priorizar ese tratamiento “para que pueda ser juzgado por un hecho con apariencia delictiva cometido antes de que asumiera como senador”.
Sorpresa y críticas
La propuesta de Manini Ríos tomó por sorpresa a los integrantes de la coalición y desencadenó críticas desde la oposición política. Mientras que el senador nacionalista Jorge Gandini dijo que el tema no está en la agenda de la coalición, la senadora frenteamplista Carolina Cosse sostuvo en diálogo con Radio Universal que se trata de un disparate “difícil de entender”, que “configuraría otro Uruguay a los ojos del mundo”. Por su parte, el ex presidente José Mujica comparó a Manini Ríos con un tero que cuida sus huevos, y el sector frenteamplista Nuevo Espacio emitió una declaración en rechazo de la iniciativa, que a su entender “revela la defensa de la cultura de la impunidad, del ocultamiento y de un pacto de silencio con el objetivo de proteger a torturadores y violadores” en el partido liderado por el ex comandante en jefe del Ejército.
SON FUNCIONALES A LA IMPUNIDAD
Ante maniobras por impunidad
hay que posicionarse fuerte y claro
Rechaza Secretaria de DD.HH y Politicas Sociales del Pit-Cnt posiciones de Cabildo Abierto sobre Caducidad
4 AGOSTO, 2020
Un nuevo pronunciamiento, de preocupación, denuncia y rechazo, se ha sumado esta jornada a las declaraciones y posiciones asumidas por miembros de Cabildo Abierto y en particular por su líder, el senador Manini Rios, sobre el restablecimiento de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
En este caso se trata de la Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales del Pit-Cnt, quien ha emitido una declaración pública de condena a las expresiones del sector derechista de Cabildo Abierto, por sus sucesivos y recurrentes ataques a la institucionalidad, la justicia y los procesos de búsqueda de memoria y justicia.
El comunicado al dar cuenta de la intensificación de estos ataques al sistema judicial, señala que los mismos han estado acompañados “de la desnaturalización y desmantelamiento de distintos institutos vinculados a la defensa de los derechos humanos”.
Al respecto enfatiza que la actual coalición de gobierno, enfrenta, una vez más, la histórica disyuntiva “ha atravesado el Uruguay desde la finalización de la dictadura: si enfrenta la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado de acuerdo a las obligaciones emanadas del pacto de San José de Costa Rica; o si por el contrario opta por políticas a favor de la impunidad que lo expongan a responsabilidades ante el sistema interamericano de derechos humanos”.
En el comunicado se recuerda, el comportamiento asumido por los sectores mayoritarios de la actual coalición en “estos últimos treinta y cinco años con relación a esas obligaciones” y que, ante estas declaraciones de los máximos representantes de Cabildo Abierto, de crítica y desprecio con relación a las obligaciones sostenidas y asumidas por el Estado uruguayo, exigen que los mismos se “expresen con inequívoca claridad”.
Para la Secretaría del Pit-Cnt,”no resulta extraño que el partido liderado por Manini Rios, asuma las mismas conductas que han desempeñado los artífices del terrorismo de Estado, tratando de asegurar la impunidad, por todos los medios, inclusive irguiéndose en una suerte de poder detrás del sillón presidencial”.
Se señala, además, que el argumento esgrimido, por figuras del gobierno, con respecto a que el restablecimiento de “la caducidad de la pretensión punitiva del Estado no estaba en el compromiso político de la coalición”, es insuficiente como definición política de lo que se acompañará, o no, por parte del poder Ejecutivo.
“Muchos temas, que tampoco lo estaban, terminaron siendo consagrados en la Ley de urgente consideración” explicita el comunicado.
El comunicado finaliza, cuestionando y advirtiendo, que “cualquier eventual iniciativa que apunte a liberar al Estado uruguayo de sus obligaciones internacionales”, debe asumirse con oposición, tal y como ha sido expresado en los distintos pronunciamientos jurídicos que se han realizado, ya que estas “iniciativas” son “funcionales a la estrategia de dilación de los demorados pronunciamientos de responsabilidades penales aún pendientes”.
Y EMPEZAMOS OTRA VEZ
Manini Ríos presentó el proyecto
de ley que busca “reinstalar”
la ley de caducidad
“No puede existir una tesitura de penalidad infinita, como se pretende, en base a un relato que no se condice con la realidad”, señala el proyecto.
04.08.2020
Guido Manini Ríos en un acto por su pre candidatura en Montevideo. Partido Cabildo Abierto.
El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, presentó este martes el proyecto de ley que busca reinstalar la ley de caducidad, según informó la periodista Patricia Madrid y confirmó Montevideo Portal en base a fuentes del partido. Según dijeron las fuentes, el senador lo presentó esta tarde.
Según el documento que publicó la periodista anteriormente mencionada, el proyecto tiene como finalidad “sellar definitivamente un pasado de vilentos antagonismos, que finalizó ya hace más de 35 años”. “Las soluciones que entendemos deben adoptarse, con el propósito de lograr una pacificación definitiva, deberán hacerse respetando distingos del sentir colectivo, sin cuyo acatamiento la formulación propuesta puede parecer injusta”, señala el proyecto.
El senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano ya había dicho el pasado lunes que su partido tenía “pronto” el proyecto de ley.
Entre otras cosas, el proyecto indica que se “deberá respetar el derecho inalienable a la búsqueda de los desparecidos de los familiares y sucesores de las víctimas de quienes padecieron los comprobados excesos represivos”; “el derecho a las reparaciones materiales que se han otorgado y seguirán otorgando a las víctimas y familiares y sucesores de las víctimas de los comprobados excesos represivo”.
Además, destaca que “no puede existir una tesitura de penalidad infinita, como se pretende, en base a un relato que no se condice con la realidad ni se ajusta a la clara existencia de los hechos, al hablar solamente de terrorismo de Estado sin reconocer la existencia de desbordes violentos del movimiento guerrillero”.
Finalmente, indica de “debe desalentarse” la situación de antagonismo permanente, que “rechaza la mayoría del pueblo uruguayo”. “Así como se ha expresado la nación uruguaya en los dos plebiscitos celebrados en los años 89′ y 09′, ratificando la vigencia de la llamada Ley de Caducidad, en decisión directa, soberana e inapelable, siendo del caso destacar que quienes son simples minorías se arrogan el derecho de expresar lo que es ‘políticamente correcto’ cuando el régimen plenamente democrático como el nuestro, será por siempre lo que decida, resuelva y apoye la mayoría”, acota el texto.
Montevideo Portal