URUGUAY DE NUEVO CUESTIONADO POR EL CASO GELMAN
Todavía insuficiente
Mauricio Pérez
7 enero, 2021
La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que Uruguay debe elaborar un plan específico para buscar los restos de María Claudia García de Gelman. Mientras sus restos no aparezcan, el Estado estará en deuda con las víctimas, afirmó el organismo.
Macarena Gelman durante el acto en el que el Estado asumió la responsabilidad por la violación de los derechos humanos en el caso Gelman, en 2012.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) valoró los avances en la investigación del secuestro y la desaparición de María Clauda García de Gelman, incluida la condena de cinco militares, pero afirmó que no son suficientes para satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia. La resolución –fechada el 19 de noviembre y notificada a fines de diciembre de 2020– es parte del mecanismo de supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada en febrero de 2011, por la cual se condenó al Estado por su responsabilidad en el crimen de la joven argentina. En este marco, el organismo consideró que la condena de cinco militares por este crimen supone un avance en la investigación y terminar con «la situación de impunidad que imperó por décadas».
En marzo de 2017, la jueza Marcela Vargas dispuso la condena a 30 años de penitenciaría de los represores José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina por el «homicidio muy especialmente agravado» de García. El fallo fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia a mediados de 2020. Sin embargo, esta condena «no es suficiente para satisfacer el derecho al acceso a la justicia de las víctimas», ya que continúa «sin conocerse el paradero [de la joven argentina] y sin encontrarse e identificarse sus restos para ser entregados a sus familiares», señaló la CIDH.
Según el organismo, si bien el Estado ha realizado algunas acciones para buscar los restos, estas «se han limitado a la realización de excavaciones en predios militares donde podrían encontrarse sus restos o los de otros desaparecidos». Pero «no son suficientes para acreditar que en este caso el Estado esté realizando todos sus esfuerzos para llevar a cabo una búsqueda seria, exhaustiva, sistemática y rigurosa». En este sentido, Uruguay «debe, de manera inmediata, diseñar un plan integral de búsqueda específico para la localización del paradero de María Claudia García o de sus restos mortales». Esto implica, entre otras cosas, definir posibles líneas de investigación y recopilar la información suministrada por diversas fuentes, así como definir qué instituciones y personas estarán a cargo de la búsqueda.
Asimismo, la CIDH apuntó que la condena de los militares por el delito de homicidio no cumple con los estándares internacionales en materia de investigación de los crímenes de lesa humanidad y que debió aplicarse la figura de la desaparición forzada. La desaparición forzada, dice, es un delito de ejecución permanente, que se perpetra hasta el momento en que aparezcan y se identifiquen con certeza los restos de la persona. Pero, más allá de esto, reconoció que Uruguay realizó actuaciones tendientes a develar la participación de agentes estatales en estos hechos y dar con el paradero de la víctima. Esto, independientemente de la figura penal imputada, demuestra que la investigación fue realizada y orientada a determinar las circunstancias fácticas de la desaparición. Por tanto, «los hechos ocurridos a María Claudia García no han quedado en total impunidad mediante la aplicación de otra figura penal».
Sin embargo, la investigación de este crimen aún está incompleta, ya que el proceso judicial atendió los crímenes cometidos contra la joven argentina, «pero no abarca otras conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos». En concreto, la CIDH planteó la obligación del Estado uruguayo de investigar todos los hechos relacionados con la desaparición por sustracción, supresión y sustitución de identidad de Macarena Gelman, hija de García, nacida en cautiverio a fines de 1976. El Estado uruguayo tiene plazo hasta el 15 de abril para contestar este informe de la CIDH.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2020.-
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia por el caso Gelman y otros Vs. Uruguay, en la cual llamó la atención al Estado uruguayo por el incumplimiento de las principales reparaciones ordenadas hace ya 9 años. Esta resolución tiene como antecedente la audiencia privada de supervisión celebrada entre las partes en septiembre del 2019, en la que las autoridades estatales reconocieron que las acciones emprendidas para cumplir con la sentencia son insuficientes.
En su resolución, la Corte IDH concluyó que la condena a 5 ex militares en el caso no agota la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, ya que continua sin conocerse el paradero de Maria Claudia García y sin agotarse la investigación y la determinación de responsabilidad de todos los posibles responsables de la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena y de la sustracción de identidad de Macarena Gelman, crimen que aún no se ha investigado.
También, la Corte IDH llamó la atención del Estado ante las maniobras dilatorias de las defensas que muchas veces constituyen un obstáculo principal para el avance de las causas por graves violaciones a los derechos humanos. Sobre esto, el Tribunal destacó queel Estado debe impedir que “acciones o recursos de esta naturaleza tengan efectos dilatorios y entorpecedores en los procesos y constituyan un obstáculo en el acceso a la justicia de las víctimas […] los jueces, […] como rectores del proceso, tienen que dirigir y encausar los procedimientos judiciales con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso en pro del formalismo y de la impunidad”.
Por otro lado, la Corte IDH coincidió también con la preocupación expresada durante la audiencia por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como representante de Macarena Gelman, en el sentido de que, aún cuando la Ley de Caducidad haya sido dejada sin efecto, continúan existiendo serias resistencias de parte de la justicia para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables. Así, por ejemplo, la Corte IDH concluyó que la postura de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la prescripción y la calificación jurídica de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura continúa sin ser acorde con los estándares internacionales, lo que genera inseguridad jurídica de que el Estado haya realizado todas las medidas para superar la impunidad.
En consecuencia, la Corte IDH resolvió continuar supervisando las acciones del Estado en este punto hasta tanto las interpretaciones judiciales tengan plenamente en cuenta los estándares internacionales desarrollados por la Corte. Esta decisión reviste particular importancia ante diversos retrocesos que se han verificado en el año en materia de verdad, justicia y reparación, incluyendo la presentación de propuestas legislativas con el objeto de reinstalar los efectos de la Ley de Caducidad.
Finalmente, la Corte IDH se refirió a los obstáculos que aún persisten para la búsqueda de las personas desaparecidas, en particular de María Claudia García Iruretagoyena. Sobre esto, el Tribunal urgió al Estado diseñar y presentar a la brevedad un plan integral de búsqueda específico para la localización de María Claudia o de sus restos mortales, incluyendo líneas concretas de investigación y un cronograma detallado. Asimismo, requirió a la Institución Nacional de Derechos Humanos que presente información sobre sus competencias y planes en materia de búsqueda de personas desaparecidas y acceso a información sobre graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales.
“Esta Resolución de la Corte IDH deja nuevamente en evidencia la enorme deuda pendiente que mantiene el Estado uruguayo con el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y familiares de graves violaciones a derechos humanos cometidas en la dictadura, especialmente las de este caso” sostuvo María Noel Leoni, Directora del Programa para el Cono Sur y Bolivia de CEJIL, quien agregó “Al mismo tiempo, la resolución deja al Estado y a la sociedad uruguaya una hoja de ruta clara respecto a las medidas que deben adoptarse desde los distintos poderes e instituciones estatales para superar los obstáculos, sobre las cuales el Estado deberá informar a la Corte, la víctima y sus representantes a la brevedad. Desde CEJIL continuaremos acompañando a las víctimas de este caso y reclamando al Estado el cumplimiento pleno de sus obligaciones”.