Desaparecidos e Impunidad

En una contratapa del Semanario Búsqueda se informaba hace un tiempo sobre alrededor de 500 “personas ausentes” en el Uruguay durante los años de democracia. En las investigaciones de varios de esos casos -tan difíciles de desentrañar hoy como ayer-, se apela al conocimiento y técnicas acumuladas después del año 2005 en el Uruguay, cuando el primer Gobierno de Tabaré Vázquez inició las investigaciones históricas y antropológicas sobre los desaparecidos bajo la dictadura: muestras de ADN en laboratorios, bancos y bases de datos genéticos; registros de huellas dactilares; archivos con datos personales pre mortem; testimonios de familiares y testigos; búsquedas en terreno por el mismo equipo de antropología forense y otros referentes institucionales (Instituto Técnico Forense, Policía Científica e Interpol, Fiscalías especializadas sobre Crimen Organizado y de Lesa Humanidad) que tienen a su cargo las investigaciones criminalísticas, científicas y judiciales para localizar e identificar los restos de personas desaparecidas y establecer y castigar a los responsables.  

“Esa película ya la vimos” y “Dar vuelta la página” fueron dos de las frases-estigma más repetidas por el discurso de la impunidad desde 1985. Lejos estaban de imaginar los políticos tradicionales que repitieron ese discurso durante 20 años, que la película de la desaparición forzada se repetiría en democracia una y otra vez, pero ya no sólo porque los crímenes de lesa humanidad que quedaron impunes se siguen cometiendo en el presente o porque los restos enterrados de personas desaparecidas se siguen encontrando en cuarteles sino, también, porque el fenómeno de la desaparición-forzada de personas reaparece hoy como delito común agravado.

Aunque no exista una causal política, “guerra antisubversiva” o “estado de excepción”, ni declaratoria de “enemigo interno” ni crímenes grupales, a gran escala o fosas comunes (como sucede en otros países de América Latina en la actualidad), las desapariciones en nuestro país parecen ser resultado de conductas brutales de uruguayos “comunes” que ejercen violencia de género contra las mujeres -generalmente aquellas del entorno más cercano o familiar (parejas y ex parejas)- o un método utilizado por integrantes del crimen organizado en sus ajustes de cuentas, la trata o tráfico de personas.

Quizás por ello está bastante naturalizada la conclusión de que dichas formas de violencia -ejemplificadas en los noticieros con múltiples situaciones-, tienen en la sociedad y en sujetos del delito particularizados dentro de ella el origen de todos los males. Sin embargo, es lícito preguntarse si ciertas formas de ejercicio de la violencia en la sociedad de hoy no existieron ayer como terrorismo de Estado, y si existen, es porque ya sucedieron. Si el “poder desaparecedor” del Estado uruguayo que reinó durante más de una década en nuestro país y en la región no dejó un sedimento sólido en las relaciones interpersonales e imaginarios delictivos sobre el que se sobreimprimen otras formas de ejercicio del poder como el poder del hampa y el poder machista. En síntesis, si el Estado dictadura no tiene una relación fundacional con las violencias posdictadura.   

Entonces, es válido preguntarse ¿por qué la brutalidad de ciertos crímenes de Estado en dictadura es reapropiada por la delincuencia organizada y el hombre femicida en democracia? ¿Por qué los sujetos del delito se intercambian a través del tiempo: del Estado criminal a civiles criminales; de grupos paramilitares y comandos militares a mafias organizadas, parejas o ex parejas de las víctimas?; ¿por qué los delitos que representan una verdadera afrenta para la sociedad y los derechos de las personas (aunque no alcancen en democracia el estatus de delitos lesa humanidad) se siguen cometiendo independientemente del régimen político, ya sea una dictadura o una  democracia?

Al respecto, al intentar establecer una línea de continuidad del fenómeno, podríamos recordar que en la historia reciente de nuestro país el delito de la desaparición forzada por razones políticas aconteció bajo un régimen democrático. Una práctica iniciada por el “Escuadrón de la Muerte” donde los autores del delito fueron grupos paramilitares y parapoliciales que, desde su misma auto-denominación: “Caza Tupamaros” o “Caza Comunistas”, reivindicaban “la cacería” como la figura que mejor representaba la forma de perseguir y acorralar a sus víctimas para exterminarlas. Ese carácter para-estatal del fenómeno (entre 1971 y 1972) adelantaba la práctica institucional que luego asumiría, y generalizaría, el propio Estado uruguayo bajo la dictadura (entre 1975 y 1982). 

Tras el golpe, la autoría de la desaparición sistemática de personas y grupos así como de otros crímenes aberrantes fue el Estado, que transformó la guerra interna en “guerra sucia”, que no reconoció el estatus de militantes y opositores a quienes llamó “delincuentes comunes”, quien borró con la “obediencia debida” los límites éticos y convencionales del enfrentamiento y justificó el trato moral denigrante en la tortura, hasta llegar al exterminio físico de las personas. Por más de una década, la detención fue sustituida por el secuestro, el debido proceso por el juicio sumario, el interrogatorio por la tortura, la investigación judicial por el castigo extrajudicial, la cárcel por el centro clandestino, la sepultura por el sitio de enterramiento, haciendo desaparecer los cuerpos de las víctimas, desfigurándolos al recubrirlos de cal, arrojarlos al mar, enterrarlos como NN.

Entonces, el autoritarismo estatal en los años ’70 y principios de los ’80 del siglo pasado marcaron una profunda cesura en la relación natural de la sociedad con sus cuerpos, tanto colectivos como individuales: la expulsión de cuerpos de la comunidad nacional (exilio, destierro, proscripciones políticas); la marginación del cuerpo social y político (clausura del Parlamento, ilegalizaciones y suspensiones de partidos y grupos políticos, quita de personerías jurídicas); la desfiguración de los cuerpos (la marca de las torturas, las laceraciones en la piel); el ocultamiento de los cuerpos (sitios clandestinos de enterramientos, el fondo del mar), el olvido de los cuerpos desaparecidos (la impunidad). 

La posmodernidad cultural posterior a la dictadura, con su exaltación a los cuerpos bellos, la eterna juventud y la tersura de la piel, ha tratado de reconciliar socialmente nuestros cuerpos individuales con las marcas de identidad y el éxito de su reconocimiento social tras el logro de aquellos objetivos hedonistas. Pero las ausencias, el escarnio o la desfiguración de los cuerpos retorna permanentemente, y torna contradictoria, la plena realización del ideal de perfección corporal que reclama la época actual.

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