Los lodos que traen aquellas aguas
Gran parte de las revelaciones de las actas del Tribunal de Honor son una consecuencia de la política sobre las Fuerzas Armadas y los derechos humanos, inaugurada por Tabaré Vázquez en 2005, cuando se propuso ubicar los restos de María Claudia García de Gelman, como forma de “resolver el asunto”. Las actas contienen la versión militar de los entretelones del episodio.
SAMUEL BLIXEN
12 ABRIL 2019
Una posible explicación de la extraña conducta de la Presidencia –qué hacer con las actas del Tribunal de Honor del Ejército a los oficiales retirados José Gavazzo, Luis Maurente, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez– que derivó en una crisis política y en la destitución de seis generales (tres de ellos pendientes de la resolución del Senado) está ubicable en dos tramos del documento: aquel en que se hacen detalladas alusiones y reflexiones sobre los entretelones de la orden dictada por Vázquez para la ubicación de los restos de desaparecidos, y el tramo en que se cuenta –siempre de acuerdo a la versión militar– cómo y quiénes participaron en el enterramiento del cuerpo de María Claudia García de Gelman.
En su primera comparecencia ante los miembros de la Comisión de Defensa del Senado, el martes 9, el flamante ministro de Defensa, José Bayardi, anunció, al entregar las polémicas actas del Tribunal de Honor, que de ellas surgían, además de la confesión de Gavazzo sobre la desaparición de Roberto Gomensoro, referencias a otros cinco posibles delitos, por lo que realizó la correspondiente denuncia en la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Incidentalmente, el ministro explicó que no existía reserva sobre esas actas porque, recordó, el artículo 12 de la ley de acceso a la información pública explícitamente resguarda la difusión y prohíbe cualquier tipo de confidencialidad o secreto.
Aunque Bayardi no explicó qué casos están comprendidos en su denuncia, es posible que alguno de ellos tenga relación con las revelaciones que el coronel retirado Silveira formuló ante los tres generales que integraban el tribunal militar: Gustavo Fajardo, Alfredo Erramun y José González, el oficial superior que duró apenas una semana en la Comandancia del Ejército.
En su segunda comparecencia (en la primera, había contado los detalles que conocía sobre la muerte de Gomensoro en el cuartel del Batallón de Artillería número 1 y la participación del entonces mayor Gavazzo en esa desaparición forzada), Pajarito Silveira describió sus recuerdos sobre el relato que el hoy fallecido coronel (r) Juan Antonio Rodríguez Buratti aportó en una especie de “reunión de zorros” (los integrantes sobrevivientes del Sid y del Ocoa protagonistas de los operativos de 1976-1977) realizada a mediados de 2005. La reunión, y otras que siguieron, se realizaron en la casa de los hijos de Silveira. Participaron Ricardo Arab, Gavazzo, Ernesto Ramas, Rodríguez Buratti, Gilberto Vázquez y en una oportunidad el policía Luis Sande Lima.
Según el relato de Pajarito Silveira, Rodríguez Buratti, que en diciembre de 1976 era jefe del Departamento III del Sid (Operaciones), fue conducido por Ricardo Arab, en una camioneta, a los predios del Batallón 14 de Infantería, donde Sande Lima y el policía Ricardo Medina estaban excavando una fosa para enterrar a María Claudia García de Gelman.
“Estábamos con el tema (de los enterramientos) y un día hubo una discusión entre Ramas y Gavazzo –contó Silveira a los generales–. Había una pequeñita estufa, no sé si estaba prendida o no, pero yo me paro al lado de la estufa y viene Rodríguez Buratti, y Gavazzo estaba ahí y Ramas un poquito más lejos. Y empezó a decir: ‘Yo hice de custodia, me pidió Arab que le hiciera de custodia’.”
Se supone que ese episodio ocurrió cuando Arab y Rodríguez Buratti estaban en la sede del Sid, en la casona de bulevar Artigas y Palmar, en cuyos calabozos permanecieron los prisioneros que fueron traídos de Buenos Aires. Y a pesar de que Rodríguez Buratti era el jefe, aceptó las órdenes de Arab: “Me subió en la caja de una camioneta –contó Rodríguez Buratti según la versión de Silveira– y me llevó a toda velocidad hasta el 14, casi nos mata. Cuando llegamos, yo me bajo de la camioneta y había unos árboles nuevitos, estaban Sande Lima y Medina haciendo un pozo. Eran las 12 del mediodía, a plena luz del día, un calor brutal”. En el momento de ese episodio, el jefe del batallón era el teniente coronel Regino Burgueño y su segundo jefe, el mayor Raúl Saravia.
Silveira explicó a los generales que Rodríguez Buratti habló “como si no participara en nada”. Pero poco después, en setiembre de 2006, al ser citado a concurrir a un juzgado penal para su procesamiento, se suicidó de un balazo en la cabeza en el estacionamiento de su edificio de apartamentos. Las “reuniones de zorros” (una de ellas fue en el Hospital Militar y participaron todos los antiguos oficiales del Ocoa) fueron una consecuencia de la orden que el presidente Vázquez impartió al entonces comandante del Ejército, general Ángel Bertolotti, para conocer la ubicación de restos de detenidos desaparecidos.
El relato de Pajarito Silveira en el tribunal y el testimonio del general Bertolotti ante un juez penal aportan elementos sustanciales de la forma en que se procesó la búsqueda de información en el seno del Ejército y que culminó con el fallido anuncio sobre el lugar de la tumba clandestina de María Claudia García de Gelman, que supuso un bochorno para el presidente, quien hizo afirmaciones sobre la base de una versión falsa.
Ahora se sabe que quienes montaron la mentira que dejó en evidencia a Vázquez, al entonces prosecretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y al propio general Bertolotti fueron –según la versión de Pajarito Silveira– los policías Sande Lima y Medina, quienes en 1976 operaron en el Ocoa, el principal aparato de la represión en el país durante la dictadura.
Según las declaraciones del general Bertolotti ante la justicia penal de 19º turno, en junio de 2007 Vázquez expuso ante los tres comandantes de las armas, aun antes de asumir la presidencia, sus propósitos sobre la cuestión de los derechos humanos. De acuerdo a esta versión, hubo una reunión hasta ahora desconocida, realizada en la sede de su empresa médica, en la que Vázquez aclaró que se respetaría la caducidad: “No tocar la ley de caducidad, pero aplicar el artículo 4 en algunos casos, María Claudia García de Gelman y los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz”. Después, en mayo de 2005, Vázquez, ya presidente, impartió la orden. “La orden que existía era la de no comprometerme con dar nombres ni responsables”, dijo Bertolotti. “Nunca me pidieron nombres, ni culpables, ni cabezas, ni víctimas, y yo nunca se las di”,explicó el general sobre los alcances, o limitaciones, de la política del presidente; queda implícito que el objetivo era encontrar restos, no identificar responsables.
—¿Qué hizo usted?, le preguntó el juez.
—Traté de ordenar a mis generales, que fue lo que me dijo el presidente, a lo que yo di estricto cumplimiento. A los generales les gustó poco.
—¿Qué actividad cumplía?
—Comencé a hacer un plan de qué, cuándo, dónde; me preocupaba cómo manejar esto dentro y fuera del Ejército. Después, todo cambió por los informes de la prensa.
Bertolotti se refería a los trascendidos sobre las conversaciones del secretario Gonzalo Fernández con oficiales del Sid y del Ocoa. A esas reuniones aludió Pajarito Silveira cuando declaró ante los miembros del Tribunal de Honor: “En 2005 nos dicen que si damos los huesitos de Gelman se arregla todo el tema de los derechos humanos”. Bertolotti aseguró expresamente en el juzgado que nunca grabó conversaciones, por lo que esas versiones a la prensa debieron ser aportadas “por los indagados”.
Esos trascendidos derivaron en acusaciones de que el gobierno estaba realizando negociaciones secretas con los terroristas de Estado, que fueron negadas. Según esas versiones, Gonzalo Fernández, a cambio de la información, ofrecía impulsar el criterio judicial de la prescripción de las penas; los implicados, obviamente, no aceptaron, y las informaciones entregadas al general Bertolotti fueron falsas.
Según Silveira, en una reunión convocada por el general Bertolotti, “donde nos planteó que estaba muy complicado, que quería saber algo”, realizada en el Cortijo Vidiella, se aportó la versión de Rodríguez Buratti. Cuando terminó la reunión, cuenta Silveira, “Bertolotti sale y se reúne con Sande y con Medina. Ahí arregla, tengo datos de que arreglan, y van para el 14 a marcar el lugar”.
Al respecto, Bertolotti explicó al juez que “todo lo puse en el informe” que entregó a la presidencia el 8 de agosto de 2005, pero no identificó a sus informantes. “No voy a identificar nombres, nunca me dieron la orden de dar nombres.” Sobre la ubicación de los restos de la madre de la diputada Macarena Gelman, supuesto prerrequisito para liquidar el tema de los derechos humanos, Bertolotti dijo que “yo estaba seguro de que estaban allí, pero si no estuvieron allí es porque fueron removidos, pero los antropólogos dicen otra cosa”.
Y otra cosa dice Pajarito Silveira cuando es interrogado por los generales del tribunal. “Gavazzo nunca aportó el nombre de Gelman. Nunca lo había dado. Por lo tanto, había posibilidades de que el cuerpo aún estuviera allí.” Sin embargo, dice que probablemente fue Gavazzo quien dio la orden del enterramiento. Más tarde, “a punto de que todo el grupo cayera preso, un día Gavazzo llama a Ramas y le anuncia: explotó lo de Gelman. El traidor es Ferro, hay que matarlo”.
La versión militar de estos entretelones, que ahora se conocen, parece confirmar la interpretación de que todos los hechos que se desencadenaron a partir de la destitución del general Guido Manini Ríos –y la última cuenta del rosario: la frase de que no le consta que hayan ocurrido desapariciones, con la que el general Claudio Feola dio su primer paso como comandante en jefe del Ejército y luego se retractó– no son sino los lodos que traen aquellas aguas, a saber, las opciones por una política ambigua, en materia de derechos humanos y en materia de Fuerzas Armadas, que los hechos del pasado y las complicidades del presente convierten en una misma cosa.
Vía libre a las chicanas
Tribunal habilita que militares tranquen investigación por crímenes de la dictadura.
Mauricio Pérez
12 abril, 2019
A contrapelo de la celeridad necesaria en los procesos judiciales, especialmente cuando se trata de los delitos de lesa humanidad, un tribunal de apelaciones habilitó que los militares utilicen todos sus artilugios para obstaculizar la investigación. El fallo se dictó en una causa que tuvo importantes revelaciones en los últimos días a raíz de la difusión de las actas de los tribunales de honor: la desaparición de Eduardo Pérez Silveira.
El lento devenir de las investigaciones penales por los crímenes del terrorismo de Estado es una de las principales críticas de las organizaciones de derechos humanos a la actuación del Poder Judicial. En agosto de 2017, al anunciar su retiro del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Presidencia, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos afirmó que “la justicia fue lenta y complaciente para enfrentar las conocidas ‘chicanas’ de los abogados de los acusados”.
Los cuestionamientos por estas dilaciones llegaron también desde la propia interna judicial. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, habló de recursos “en cascada”para dar largas a las resoluciones judiciales (La Diaria, 23-IX-17). En tanto, un tribunal de apelaciones en lo penal (Tap) exhortó a los jueces a adoptar las medidas necesarias para que estos recursos no se conviertan en un obstáculo para la investigación. Esta sentencia tiene la firma de la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia (Scj), Bernadette Minvielle (Caras y Caretas, 30-IX-16).
En este contexto, al comenzar su trabajo, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad se autoimpuso varios objetivos. Uno de ellos fue bloquear estas “chicanas” y acelerar la tramitación de las causas. Para eso planteó que cuando un militar presente una acción de inconstitucionalidad el proceso penal se suspenda sólo para él y la causa siga adelante contra los restantes indagados. Esa estrategia, que fue aceptada por varios jueces, tuvo un freno: el Tap de segundo turno estableció que la acción de inconstitucionalidad implica la suspensión del proceso para todos los indagados. Dicho de otra manera, habilitó que los militares utilicen estos recursos para trancar la indagatoria penal por crímenes de la dictadura. La resolución se dictó en una causa, la que investiga la desaparición del militante tupamaro Eduardo Pérez Silveira (alias el Gordo Marcos), que en los últimos días cobró relevancia pública, a partir de la difusión de las actas de los tribunales de honor. Allí, Jorge “Pajarito” Silveira responsabilizó a José Nino Gavazzo del homicidio de Pérez Silveira: “Cosas de Gavazzo. Estaba solo. El comentario era que lo había gaseado para interrogarlo”.
DE NO ACABAR. El fallo, firmado por los ministros José Balcaldi, Daniel Tapie y Carlos García, parece un trámite, pero tiene un impacto significativo. Gavazzo, Silveira y Ernesto Ramas, indagados por la desaparición del militante tupamaro, se presentaron ante la sede y siguieron la estrategia utilizada en varias causas: cuestionaron la constitucionalidad de la ley que creó la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.
La jueza Silvia Urioste dispuso entonces la suspensión del procedimiento contra ellos y elevó los antecedentes a la Scj. Pero ordenó que el expediente siguiera adelante contra los restantes militares investigados. Tenía la opinión favorable de la Fiscalía y seguía el criterio utilizado por otros jueces en causas que investigan crímenes de la dictadura, pero también en otras, como la de Ancap (véase recuadro).
Pero la defensa de los militares no estuvo de acuerdo y reclamó la suspensión inmediata del proceso penal. Tras varios recursos presentados ante Urioste, todos sin éxito, el caso llegó al Tap y allí tuvieron el fallo que esperaban. El tribunal consideró que dar luz verde para que el trámite continúe contra otros militares supondría “un incumplimiento a la ley que regula el proceso de inconstitucionalidad”.
En la interpretación de este Tap, para la norma resulta indiferente que la investigación comprenda a varias personas, y a texto expreso ordena la suspensión del proceso penal, ya que este “no puede fraccionarse”. Esta posición, alega, no admite objeciones: “No puede ser justificación para apartarse del debido proceso y de los principios generales que lo rigen el interés de una de las partes involucradas, por más justificado que el criterio pueda parecer ante posibles demoras en la definición de los juicios”. De esta forma, se establece que el expediente quede paralizado hasta que la Scj dicte una resolución sobre la constitucionalidad. Pero no sólo eso. El fallo del tribunal habilita también que, una vez que este asunto quede resuelto, otro militar indagado presente el mismo recurso y el proceso vuelva a detenerse. Y después otro. Y otro. Y otro. En cascada.
Ante esto, Perciballe presentó un recurso a la Scj para que revea esta posición. De prosperar el criterio del tribunal, “las investigaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos infligidas en el pasado reciente se verán irremediablemente frustradas”, alertó el fiscal, de acuerdo con el dictamen al que accedió Brecha.
LENTO TRAJINAR. Para fundamentar su posición, Perciballe hizo una cronología de la causa. La denuncia por la desaparición de Pérez Silveira se presentó en 1985, pero sufrió “los avatares jurídicos y políticos” de la ley de caducidad. Fue archivada en 1988 y reabierta en 2011, tras el decreto del Poder Ejecutivo que excluyó todos los casos del amparo de la norma.
La investigación tuvo un trámite normal hasta que en 2016 se dispuso la citación de Gavazzo, sindicado como responsable de la muerte. Su defensa presentó sucesivos recursos de prescripción, inconstitucionalidad y nulidad, cuya tramitación se extendió por más de dos años. Cuando la causa volvió a moverse, Gavazzo, Ramas y Silveira presentaron una nueva inconstitucionalidad.
En 33 años, pese a la gravedad del delito denunciado, ni un solo indagado declaró en la causa. Y, si se admitiera la postura del tribunal, “seguramente tampoco lo hagan en el futuro, puesto que, en la medida en que se interpongan excepciones perladas, el presumario se prolongará sine die (en forma indefinida)”, afirmó el fiscal.
Según Perciballe, habilitar que la investigación se paralice implicaría “un grave perjuicio para las víctimas, que esperan una respuesta en tiempo y forma de la justicia”. Pero también para aquellos militares que, siendo investigados, se saben inocentes y tienen el derecho de que su situación se dilucide cuanto antes. Estos últimos, argumentó, serían rehenes de una estrategia procesal defensiva de la que no son parte: “¿Por qué deben soportar que la resolución de su caso se eternice por la voluntad de otros?”.
En este sentido, señaló que la interpretación que hace el Tap no contempla la realidad de estas causas, al tiempo que “viabiliza un fuerte acicate para las defensas que deseen dilatar las investigaciones”. “Las causas más complejas (que por cierto no son pocas) poseen un número importante de denunciados, por lo que, de plantearse excepciones individuales, estas (causas) se verán impedidas de avanzar. Circunstancia no hipotética, sino real, puesto que ha sido la estrategia utilizada hasta el presente”, concluyó. Revertir la decisión está en manos de la Scj.
Los dichos de Berrutti
Anécdotas de un marino
Las declaraciones públicas del contralmirante (r) Héctor Berrutti serán investigadas por el fiscal especializado Ricardo Perciballe. Berrutti aseguró que, en su tiempo en Fusna, todos los días le “entregaban gente que había que matarlos y eliminarlos con alambres de púa”. “Yo actué de acuerdo a mi propia conciencia. ¿Yo qué hice? Las metía en el cajón”, agregó. Las declaraciones fueron hechas a radio Del Sol, luego de participar en el lanzamiento de la candidatura presidencial del general Guido Manini Ríos, por el partido Cabildo Abierto.
Sus dichos llegaron a la órbita penal. El comandante en jefe de la Armada, Carlos Abilleira, se reunió con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y denunció la situación. Díaz consideró que se trataba de hechos con apariencia delictiva y envió una copia a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Por ahora, la Fiscalía se encuentra abocada a recopilar información para dilucidar el nivel de veracidad de sus dichos. Una vez que esta etapa termine, y si la investigación lo amerita, se adoptarán nuevas diligencias. Una posibilidad es que el oficial sea citado a declarar, admitieron fuentes de Fiscalía a Brecha.
En el sistema político, mientras tanto
En el Parlamento la oposición blanca se resiste a votar las venias de destitución de cuatro generales solicitadas por la Presidencia, Claudio Romano, Carlos Sequeiro, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, que participaron en distintas instancias del tribunal. Una interpretación del artículo 168 de la Constitución impulsó a los senadores Luis Lacalle Pou y Javier García a rechazar el pedido presidencial, en el entendido de que no se necesitan venias parlamentarias para destituir a los generales, que sí fueron ascendidos mediante venia. Esa interpretación vino a demorar la definición en el seno de la Comisión de Defensa.
En una primera instancia, los blancos habían sostenido que para resolver sobre la destitución primero debían leer las actas del tribunal. Una vez que estas llegaron diligentemente a la comisión, surgió el argumento sustitutivo que permite extender la indefinición. Hasta ahora, extrañamente no ha cobrado notoriedad ninguna opinión de catedráticos sobre el tema, que permitieran, como ocurre invariablemente, tener conocimiento de las dos bibliotecas.
En términos políticos, al analizar las posibles razones de esa postura, que implicaría una negativa a refrendar el pedido presidencial, se especula con que los blancos no quieren aparecer ante la “familia militar” como corresponsables del despido; y ello no sólo por razones de cálculo electoral, sino porque no va con las inclinaciones de los dirigentes del partido, sugeridas por el senador García cuando habló en el acto recordatorio de la muerte de Wilson Ferreira Aldunate; García debe haber hecho malabares para encontrar un texto en el que Wilson hablara amablemente de los militares.
Por otro lado, las actas generaron debate en el otro extremo del espectro político-parlamentario: la bancada del Frente Amplio debatió, sin llegar a una conclusión, si va a impulsar en la Comisión de Defensa de Diputados (donde se analiza el proyecto de reforma de la ley orgánica militar, que sustituirá la vigente de 1974) la eliminación de los tribunales de honor militar. La propuesta, inicialmente lanzada por el Pvp, fue apoyada por Casa Grande, liderada por la senadora Constanza Moreira.
Cualquiera sea la suerte de este instrumento, en todos los casos en que se ha podido conocer el detalle de las actuaciones, la primera impresión que surge es que esos tribunales no miden el grado de lesión al honor de la institución, sino el producido contra la cadena de mando, contra la autoridad superior, sea cual sea. En este último caso, es evidente que 28 asesinatos no afectan el honor; y en cambio sí se afecta cuando el superior no es enterado de los detalles de una desaparición, que provoca un castigo penal contra otro oficial.
Pero hay otros ejemplos: cuando el coronel (r) Gilberto Vázquez, procesado, se escapa del Hospital Militar, donde estaba internado, nuevamente ocurre que 28 asesinatos (porque es la misma causa penal) no sensibilizan el honor de los miembros del tribunal, pero sí lo hace el que la fuga haya dejado en evidencia a un superior, el general responsable del servicio de sanidad de las Fuerzas Armadas, lo que ameritó el pase a reforma, es decir, la pérdida de la condición militar; y cuando el mayor Ernesto Ramas pretendió extorsionar a un narcotraficante, el tribunal lo sancionó porque había ofendido la buena fe de su superior, el jefe del centro clandestino de detención La Tablada, al encerrar allí al narco como si fuera un prisionero político, mientras aguardaba la transferencia de dinero desde el exterior.
En la búsqueda de esas infracciones al honor militar tan particulares, los tribunales a veces consignan verdades que en otros ámbitos, como por ejemplo la justicia, son categóricamente negadas. Para poner ejemplos detectados en las actas que promovieron la crisis de los últimos días: en la página 123 de las actas divulgadas se consigna que José Gavazzo siempre actuó “dando cumplimiento a órdenes superiores; algunas misiones fueron designadas por el comandante en jefe de la época”; en la 125 se consigna que “el coronel Alfredo Lamy fue quien daba las órdenes para mover tierra en la cañada, más precisamente al lado del arroyo Meirelles” en los predios del Batallón 14 de Infantería, y en la 242 los generales le preguntan a Pajarito Silveira si detuvo gente y responde: “Privé la libertad porque eran todas operaciones ordenadas por el superior. Entonces, el superior me ordenaba, me daba la orden, iba, los detenía y los llevaba a la sala de interrogatorios”.
Generalmente, los oficiales interrogados en los tribunales de honor evitan decir mentiras, y cuando lo hacen, los generales hacen la vista gorda. Así, Silveira explicó que “cuando se desnudaba a una mujer era porque se necesitaba la ropa. A la hora se la vestía”. Esta confesión, quizás, integra la lista de cinco nuevos delitos, hallados en las actas, que denunció el ministro de Defensa ante la Fiscalía. Hay que recordar que Pajarito Silveira es uno de los militares denunciados por violaciones sistemáticas de prisioneras políticas.
S B
Una pieza del engranaje represivo
Piden condena del coronel Rodolfo Álvarez, sobrino del Goyo.
Mauricio Pérez
12 abril, 2019
Pese a la defensa a ultranza que de él realizó el ex comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, la Fiscalía consideró que el coronel (r) Rodolfo Gregorio Álvarez encubrió actos de tortura y solicitó su condena.
Días después de su destitución, el general Guido Manini Ríos ahondó en sus críticas al Poder Judicial. El ex comandante en Jefe del Ejército afirmó que en algunos casos la justicia actuó en forma parcial y con afán de venganza. Como ejemplo, puso el caso del coronel Rodolfo Gregorio Álvarez: “Nadie en el Ejército duda (de) que está preso por ser sobrino de Gregorio Álvarez y (por)nada más” (En Perspectiva, 18-III-19).
Álvarez, hijo del general Artigas Álvarez y sobrino del dictador Gregorio “Goyo” Álvarez, fue enviado a prisión en abril de 2017 por un delito de torturas. El juez José María Gómez dispuso su procesamiento con relación al caso del dirigente del Sunca y del Pvp Gerardo Riet, ex preso político recluido en La Tablada. Según Gómez, Álvarez, en su calidad de juez sumariante, homologó las torturas sufridas por Riet durante su estadía en ese centro clandestino. En la entrevista radial, Manini afirmó que de aplicarse este criterio todos los jueces sumariantes podrían ser procesados e insistió en que Álvarez no participó en sesiones de tortura.
El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, valoró, sin embargo, que Álvarez “cooperó de forma determinante” con los padecimientos de los ex presos políticos. Días atrás, el fiscal solicitó la condena de seis años de penitenciaría a Álvarez al considerar que, justamente, en su calidad de juez sumariante, operaba como “un engranaje más” dentro del sistema represivo. “No se puede soslayar que dicha función era una parte muy relevante del sistema, por cuanto con su accionar saneó toda la ilicitud precedente a su participación y con ello abrió las puertas de la condena posterior de los detenidos”, escribió Perciballe en el dictamen al que accedió Brecha.
Perciballe afirma que durante la dictadura existió una dinámica represiva estandarizada. Esto suponía que la persona detenida era inmediatamente encapuchada “a los efectos de perder conocimiento de tiempo y espacio”, incomunicada y, más tarde, interrogada bajo apremios físicos o psicológicos. Una vez que los torturadores obtenían la información que buscaban, se labraba un acta, que era firmada por la víctima bajo coacción y, a veces, por el interrogador, en general un oficial de inteligencia.
Posteriormente, aparecía la figura del juez sumariante, un oficial presente en la unidad militar. Este volvía a interrogar a los detenidos para ratificar su declaración antes de elevar el caso a la justicia militar. Esta sesión se realizaba en la misma sala de tortura –o en una contigua– poco después de terminar el interrogatorio, por lo que tenía contacto directo con la situación sufrida por los detenidos.
Según Perciballe, el juez sumariante, en su calidad de funcionario público, tenía la obligación de denunciar las torturas, pero “toda la dinámica del aparato represivo estaba estructurada para que (esa denuncia) no se efectivizara. Debía existir un concierto tácito (cuando no órdenes expresas de los superiores) entre los autores y el juez sumariante para que estos actuaran sin control alguno sobre los detenidos. Ello, a los efectos de extraerle la mayor información, en general, y la confesión, en particular”.
En este contexto, el fiscal descartó imputar a Álvarez por el delito de tortura o de apremio físico a los detenidos y utilizó la figura de encubrimiento por tres casos: Riet, María de los Ángeles Michelena (militante del Sunca) y Miguel Ángel Muyala (dirigente del Pcu). Álvarez “procedió al ocultamiento de tales hechos ilícitos al juez militar y de esa forma a encubrir (…) las privaciones de libertad, los abusos de autoridad contra los detenidos y las lesiones graves que padecieran las víctimas”.
El fiscal argumentó que, al confeccionar actas que “expresamente dejaban constancia” de que los detenidos “no habían sido objetos de apremios físicos o psicológicos (cuando era notorio lo contrario)”, Álvarez dio “legitimidad” a las actuaciones ilícitas de los interrogadores. De esta forma, facilitaba una sentencia fraudulenta que “violó en forma ostensible las más elementales reglas de un debido proceso” y consolidó la privación de libertad de las víctimas “por largos años”.