Los actos de expoliación de la dictadura argentina

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Elevan a juicio oral 43 hechos sobre robos de bienes a víctimas del terrorismo de Estado

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Entre los acusados están Jorge “el Tigre” Acosta, jefe del GT 3.3 de la ESMA; Jorge Radice, el contador de Emilio Massera y Ricardo Miguel Cavallo. La obsesión con el dinero de Montoneros. La “Operación Inmobiliaria” para quedarse con propiedades.

Por Alejandra Dandan

Durante los últimos años, sobrevivientes y familiares de los desaparecidos de la ESMA se acercaron al juzgado de Sergio Torres para dar cuenta de una meticulosa lista de objetos saqueados durante la dictadura. Hay nuevos datos de transferencias ilegales de casas y de autos, cuyos dominios “legales” desaparecen evaporados en el aire después de los secuestros. Hay datos de pequeños objetos robados como un combinado, una lámpara de pie, pero también “ropa de chicos”, “una pava de cocina” o “un pantalón vaquero usado y sucio con pintura”. Con esos elementos que suman 43 nuevos hechos, el juzgado cerró y mandó a juicio oral un nuevo tramo de la causa robo de bienes que ya tiene elevado un primer tramo de otros 14 hechos. Ambas causas tienen como telón de fondo la investigación por las tierras de Chacras de Coria y también están asociadas a las pesquisas aún en curso sobre la ruta del dinero de la ESMA. Entre los nuevos hallazgos hay dos datos importantes: una línea de tiempo y la certeza de que “en algunos casos” el GT secuestró a sus víctimas alimentado sólo por el “móvil del dinero”.

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Jorge “el tigre” Acosta

La elevación lleva a juicio a Jorge “el Tigre” Acosta, jefe del GT 3.3 de la ESMA; Jorge Radice, el contador de Emilio Massera y Ricardo Miguel Cavallo, cabecillas de las operaciones de bienes. “Los delitos que se analizan fueron cometidos desde el aparato del Estado y constituyeron, no sólo violaciones a los derechos humanos sino también, por su escala, volumen y gravedad, crímenes contra la humanidad”, dice el escrito. “En esta dirección encuentro demostrado que miembros del G.T.3.3.2 actuando de manera sistemática, coordinada y permanente, conformaron una organización destinada a cometer delitos –torturado e interrogado– que “eran funcionales al objetivo de los imputados de beneficiarse económicamente a través del despojo de los bienes.”

A partir de los casos, el juzgado determinó que entre 1976 y 1983 “el GT obligó a parte de los detenidos a firmar documentos en blanco o poderes a efectos de despojarlos de pertenencias, tales como bienes muebles, automotores o propiedades”. Y también que “se quedó con los objetos que llevaban consigo los desaparecidos al momento del secuestro o que se hallaban en el interior de las viviendas”.

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