Condena social: el “escrache” a un asesino torturador

Condena social

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Prontuario: Cnel. (R) Cnel. (R) Ernesto Avelino Ramas Pereira

Nació en el año 1936 C.I. 707.695-5

Entró al Ejército el 1 de marzo de 1955 y comenzó a prestar su servicio en la Infantería. En 1962, se matriculó en la Escuela de las Américas. En 1963 estuvo en el Batallón de Infantería 11 (Minas). En 1964 fue ascendido a capitán y posteriormente fue al Servicio de Material y Armamento hasta 1972.

Fue reconocido en secciones de tortura en 1972 en el Cuartel de Infantería de Colonia. En 1972 se trasladó al Batallón de Infantería Nº 1. Desde 1975, actuó como comandante en la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) en el “300 Carlos” y, más tarde, en las operaciones de la cárcel de La Tablada. Poco después, sirvió en el Comando General del Ejército. Sus alias fueron: Tordillo, Oscar 1, “El Gallego”, “Puñales” (Dagger) Reconocido en Orletti Argentina. Estuvo en el Cuartel de Trinidad Flores 1977 Fue arrestado el 8 de mayo de 2006 El 8 de mayo de 2006, la jueza Aida Vera Barreto ordenó la detención preventiva de Ernesto Ramas Pereira, junto a la de Jose Gavazzo, José Ricardo Arab Fernández, Jorge Alberto Silveira Quesada, Gilberto Valentin Vázquez Bisio y Ricardo José Medina Blanco, basándose en una solicitud de extradición procedente del juez argentino Daniel Rafecas, quien indaga el caso de María Claudia García Irureta Goyena. Traída a la Base Valparaíso. Condenado el 26 de marzo de 2009 a 25 años de cárcel.

Cometió crímenes de lesa humanidad. Desapariciones forzadas. Privación de la libertad Tiene solicitud de extradición a Argentina desde mayo de 2006.

En 2011 se condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al Estado uruguayo, a esclarecer lo ocurrido. La Corte también declaró el Estado uruguayo responsable de la desaparición de María Claudia, y ordenó indemnizar a los demandantes con la suma de US$ 513.000. Según el organismo, la ley de Caducidad “carece de efectos”, y el Estado Uruguayo “incumplió su obligación de adecuar su derecho a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”. Pero Ramas no está procesado por desaparición forzada. El juez rechazo la calificación de desaparición forzada. Gavazzo, Arab y Vázquez están igualmente procesados en este caso. El 27 de octubre de 2011, fue procesado por el homicidio particularmente agravado de María Claudia García y por sustracción de menor y supresión de estado civil en el caso de Macarena. En 2012 Mujica “reconoce” la responsabilidad del Estado. Operó como terrorista de Estado. Vinculado a Junta Militar en Argentina, bajo el terrorismo de Estado del Goyo.

Sostenía que estaba en cruzadas santas contra el “pensamientos subversivo”, se define en contra de “cualquier individuo que difunda ideas contrarias a la civilización cristiana occidental” Fue parte de los grupos que generaron una cifra de desaparecidos y asesinados aún sin un número preciso en el área que operó el Plan Cóndor: Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay Brasil y Uruguay. Se habla de más de 30000 solo en Argentina, más de 200 uruguayos. Operó en la casa de torturas de Punta Gorda el Infierno Chico.

Está involucrado en la desaparición de Simón. El sostuvo que por “asuntos menores” viajó durante la dictadura a Argentina. Pese a estar identificado negó. Fue parte de los que determinaron más 500.000 exiliados. Está implicado en la desaparición de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, ambos secuestrados en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1976. Se apropiaron del dinero de las organizaciones a las que pertenecían los que secuestraban. Negó ser parte de los que negociaron con dinero la vida de los desaparecidos. Vinculado a los vuelos de la muerte.

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