Con decenas de muertos, centenares de heridos, presos, torturados y violados, continúan las expresiones de protestación del pueblo chileno frente a un gobierno que defiende sus prebendas del liberalismo económico.
Soldados en la calle,
¿quiebre democrático?
Piñera recurre a las Fuerzas Armadas contra la protesta social.
Felipe Ramírez
24 octubre, 2019
Efectivos del Ejército frente al Palacio de la Moneda. Los militares fueron convocados para reprimir las protestas
En un hecho inédito desde el fin de la dictadura, en 1990, el gobierno de Sebastián Piñera decidió instaurar el estado de emergencia en la capital y en diferentes ciudades del país durante los últimos días y desplegó a las Fuerzas Armadas en tareas de control del orden público, con toque de queda incluido. La decisión fue aplaudida por los partidarios más duros del gobierno de derecha, pero cuestionada por amplias capas de la población que han criticado la medida, al juzgar que agrava los enfrentamientos y los hechos de violencia.
Solamente una vez, desde el retorno de la democracia, un gobierno había tomado una decisión similar: fue luego del terremoto de febrero de 2010, cuando las tropas resguardaron el orden público en la zona más afectada, donde el Estado colapsó, las comunicaciones se interrumpieron, los vecinos organizaron juntas de vigilancia y hubo saqueos y destrozos. Si bien en ese momento el gobierno de centroizquierda de Michelle Bachelet fue cuestionado por la decisión, y hubo muertos y acusaciones de tortura, el discurso generalmente aceptado decía que las condiciones de desastre natural explicaban la decisión, un contexto radicalmente diferente al actual.
¿Cuáles han sido los resultados del despliegue militar? Como era previsible, durante el primer día los manifestantes de puntos emblemáticos de Santiago, como la Plaza Italia, increparon a los uniformados y los llamaron a volver a los cuarteles. En el momento de publicarse esta nota, a la cifra oficial de 18 muertos –las cifras informales hablan de muchos más– se le suman acusaciones de tortura, y los videos de disparos contra civiles inundan las redes sociales. Pero también hay imágenes de soldados que confraternizan con los manifestantes, dicen que entienden sus demandas y les piden que, de protestar, lo hagan de manera pacífica. El propio general Javier Iturriaga, a cargo de las fuerzas en Santiago, se desmarcó explícitamente del discurso de guerra del presidente Piñera.
Es difícil hacer una evaluación de la reacción militar a la crisis. Sin embargo, el gobierno corrió un gran riesgo, posiblemente muy poco meditado, al exponer a las Fuerzas Armadas a enfrentarse con la población movilizada. Hasta este momento, los militares llevaban casi treinta años intentando construir una imagen renovada y desmarcada del sangriento legado de la dictadura. Los próximos días dirán cuál será el efecto de la decisión del gobierno sobre una institución militar golpeada por comentados casos de corrupción.
Al mismo tiempo, las organizaciones sociales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) señalan como responsable de los hechos más graves de represión al personal de Carabineros, la policía militarizada, que ha intentado disolver las protestas con gases lacrimógenos, carros lanzaaguas y disparos contra los manifestantes y la prensa. Se ha denunciado, incluso, la existencia de un centro de tortura en una comisaría ubicada en una estación de metro, algo que está investigando el Indh.
“No son 30 pesos, son 30 años”
Chile.
Karol Morales
24 octubre, 2019
Tal como se ha difundido ampliamente, el alza de la tarifa del metro –el principal medio de transporte público en la capital– sumado a las insultantes declaraciones de los ministros de gobierno en torno a las necesidades sociales fueron la gota que colmó el vaso de la sociedad chilena. Con ella comenzaron las manifestaciones hace más de una semana en las calles de varias ciudades del país.
No son 30 pesos, son 30 años. Así reza uno de los múltiples virales compartidos en las redes sociales, en referencia a los 30 pesos de aumento del pasaje de metro versus los 30 años de “transición a la democracia”, pactada en el plebiscito de reforma a la Constitución de 1989 entre los partidos políticos (todos menos el Partido Comunista, por entonces todavía ilegalizado) y el régimen militar. Es precisamente esa democracia pactada, tutelada y amarrada a los pilares dictatoriales consagrados en la Constitución pinochetista aún vigente en el país la causa del enorme malestar contenido, que ahora explota con una fuerza inusitada.
La superexplotación de la fuerza de trabajo, con bajos salarios sostenidos por la negación de la negociación colectiva sectorial y el derecho a huelga efectiva; la privatización de los recursos naturales y el caso único en el mundo en que el agua es un bien privado; la inexistencia de un sistema de seguridad social que se expresa en la administración privada y lucrativa de los ahorros individuales para pensiones vía las Administradoras de Fondos de Pensiones (Afp); el desmantelamiento de la educación pública y la enorme deuda educativa para acceder a la educación superior son algunos de esos pilares dictatoriales sostenidos y profundizados por los gobiernos del duopolio,1 que dan como resultado un Chile con índices macroeconómicos que lo sitúan en el club de los países de altos ingresos, pero con una enorme y dolorosa desigualdad.
Esa desigualdad no es sólo económica, sino también jurídica. La consolidación progresiva de una justicia para pobres y otra para ricos queda expresada una y otra vez en los continuos “perdonazos” tributarios y penas irrisorias a la elite empresarial y política. Ninguno de los recientes condenados por el financiamiento ilegal de los partidos o las colusiones empresariales recibió pena de cárcel, sino sólo multas mucho menores a las ganancias obtenidas del delito. La figura del presidente de la república refleja mejor que nadie esta realidad: un empresario que ha hecho su fortuna a costa de evasión tributaria y que jamás ha pagado por ello.
¿UNA LUZ DE ESPERANZA? Y entonces comenzaron las evasiones del metro por parte de los estudiantes secundarios, los mismos actores que en la revolución pingüina de 2006 y el movimiento estudiantil de 2011 fueron protagonistas de las primeras protestas, que luego se extendieron a amplios sectores de la población y a todas las regiones del país.
El estallido social de estos días expresa la rabia acumulada por tanto tiempo, y por todo. Es una rabia contra el abuso, contra la injusticia cotidiana y contra la frustración del bienestar que se supone nos traería el consumo, pero que no llega; porque lo cierto es que “el modelo” sólo se sostiene sobre la base de una enorme y constante presión sobre los trabajadores y las familias que se endeudan para satisfacer las necesidades más básicas. Como se ha afirmado por diversas académicas y especialistas estos días, la presión ya era excesiva y sólo podía estallar: “Las elites apretaron la tuerca demasiado”.
La deslegitimación de la autoridad del Estado se manifiesta hoy en el desacato al toque de queda, donde los barrios siguieron en pie manifestando su rechazo a la militarización y a la criminalización de la protesta social. Y esto parece una luz de esperanza, de que de esta crisis se puede salir dando un paso hacia una mayor justicia social.
También puede ser lo contrario. La protesta popular es desorganizada, como lo es la explosión de la rabia. No tiene una dirección clara, ni un programa reivindicativo, y ningún actor político, ni siquiera los partidos de izquierda tradicionales (Partido Comunista) o nuevos (Frente Amplio) están legitimados para erigirse en representantes de ese malestar.
Lo más preocupante es que el manejo de la crisis por parte de las élites –ya sea por incapacidad o por voluntad activa– busca crear un escenario de caos y de construcción de un enemigo interno como fantasma y justificación para el actuar belicista, en aras del reestablecimiento del orden público como objetivo superior al que subordinar cualquier otra legítima demanda popular. Las declaraciones de Piñera afirmando que “estamos en guerra” no pueden ser más elocuentes de esta voluntad de terminar la protesta popular por la fuerza.
En esa línea, nuevamente los medios de comunicación masiva hacen una contribución inestimable al poner el énfasis exclusivo en los saqueos y propagar la sensación de inseguridad en los propios barrios, alimentando la versión oficialista del conflicto. El resultado previsible de insistir por esta vía es una situación política nacional en la que la ultraderecha sale fortalecida y se desactiva la crisis estructural, aunque sólo temporalmente, con un saldo elevado de víctimas mortales.
En el quinto día de las protestas masivas, la convulsión no parece todavía tener una dirección clara. Está todo por definirse. Las convocatorias de los estudiantes y la coordinadora feminista 8M a movilizarse, las huelgas de los trabajadores portuarios y sectores mineros que ya están en curso, los llamados a paros sectoriales y generales en los sucesivos días serán determinantes en el curso de los hechos.
Los actores constituidos y que han protagonizado las demandas estructurales de la población en los últimos años, como el movimiento por las pensiones, por la educación pública, por la salud, por la recuperación del agua, entre otros, tienen la posibilidad de erigirse en los representantes legitimados socialmente para abordar un programa mínimo y una hoja de ruta, junto con las fuerzas políticas antineoliberales, que permita una salida hacia una mayor justicia social o, en otras palabras, terminar con la herencia dictatorial. Si seremos capaces de avanzar hacia allá, todavía está por verse.
* Investigadora chilena del Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible de la Universidad de Cádiz y miembro de la Coordinadora No Más Afp.
- Refiere a las dos coaliciones de partidos políticos (la derecha, Alianza por Chile, y la ex Concertación, de centroizquierda) que participaron de los pactos transicionales y que garantizaron la administración del modelo heredado de la dictadura mediante el sistema electoral binominal.
De la rabia popular a la
alternativa revolucionaria
Ingreso medio de la población chilena.
Igor Goicovic Donoso
24 octubre, 2019
El 18 de julio de 2019 el Instituto Nacional de Estadísticas informó al país que el ingreso medio de la población chilena asciende a 379.673 pesos, es decir, la mitad de los chilenos sobrevive de manera precaria con no más de 520 dólares mensuales. A contrapelo de lo anterior, el 1 por ciento más rico de la población (no más de 170 mil personas) concentra el 33 por ciento de la riqueza total. Este mismo 1 por ciento más rico de Chile recibe 2,6 veces más ingresos que el 1 por ciento más rico en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, España y Suecia.
Pero, como si la inequidad no fuera suficiente, las autoridades del gobierno se encargaron de enrostrarles a los más humildes todo su desprecio y su falta de escrúpulos. De esta manera, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, en el momento de comunicar, a comienzos de octubre, el alza en el pasaje del metro, recomendó a los trabajadores “levantarse más temprano”, a fin de acceder a tarifas reducidas, y su par de Hacienda, Felipe Larraín, les sugirió “comprar flores”, ya que estas habían bajado de precio en setiembre.
Esta actitud displicente frente a los pobres contrasta ampliamente con la postura genuflexa que normalmente adopta la clase política frente a los delitos cometidos por los poderosos. Así, toda la población ha sido testigo del “juicio abreviado” que benefició a los empresarios y los dirigentes de la Unión Demócrata Independiente en el caso de fraude al fisco conocido como Penta (2013‑2015), que culminó con penas que consistían en que los principales inculpados tomaran clases de ética. Ha sido testigo, también, de los millonarios desfalcos de fondos públicos protagonizados por los altos mandos de Carabineros y el Ejército (2017), así como de las colusiones empresariales de la industria farmacéutica, del papel higiénico y de procesadoras de pollos, entre muchas otras. Todo ello en una sociedad en la que los derechos sociales de los más humildes (educación, salud, vivienda, previsión social, etcétera) se encuentran sistemáticamente negados.
Pero los trabajadores y el resto del pueblo se cansaron. Se cansaron de la explotación, la miseria, el maltrato, la discriminación, el abuso y la burla. Como en muchas otras ocasiones, fueron los jóvenes los primeros en salir a las calles, ocupar las estaciones de metro, desbordar los torniquetes y evadir el pago de los pasajes del transporte público. Pero luego sus madres y padres, y sus abuelos y abuelas se tomaron la noche al ritmo de las cacerolas y al calor de las barricadas. Manifestaciones multitudinarias y bulliciosas ocuparon el espacio público y superaron completamente la capacidad represiva del Estado. El sátrapa de turno decretó –como probablemente lo hubiese hecho cualquier otro representante de las clases dominantes– el estado de emergencia, sacó –al igual que la dictadura en su momento– a los militares a las calles e impuso un estricto toque de queda. Más de 1.200 detenidos, más de 88 personas heridas y aproximadamente 18 fallecidas (varias de ellas asesinadas por la maquinaria represiva) es el balance parcial de las movilizaciones.
La prensa oficial, vergonzosamente alineada con los poderosos, ha puesto el acento en los desbordes delictuales, sin discutir ni analizar las causas profundas que incubaron y detonaron el malestar social. Ni siquiera ha intentado profundizar en las circunstancias en las que perdieron la vida las personas caídas, cuyas identidades, incluso, se desconocen hasta el momento. Para esta prensa basura, los partes oficiales son un antecedente suficiente.
A pesar de la represión, a pesar de la desinformación, a pesar de las maniobras espurias de quienes administraron el sistema en el pasado y hoy pretenden obtener réditos de las protestas, los trabajadores y el resto del pueblo continúan movilizados. Las reivindicaciones son amplias y se encuentran escasamente formalizadas. Son parte de una intuición extendida, que pone de manifiesto que las cosas no andan bien, que es necesario cambiarlas, pero sin mayor claridad respecto de la orientación y la extensión de dicho cambio. Se hace imprescindible que las organizaciones populares, aquellas que se han articulado en torno a la Central Clasista de Trabajadores, asuman roles más protagónicos en la vertebración local, regional y nacional de la protesta. No basta con coordinar acciones a través de las redes sociales: es imprescindible coordinar políticamente los objetivos de corto y mediano plazo que debe tener la movilización popular. Esta, como ha quedado ampliamente demostrado en la historia, tiene fases: incubación, explosión, desarrollo y agotamiento. Podemos extender la fase de desarrollo, pero esta no es sostenible en el mediano o largo plazo y, como también indica la historia, las resacas de las derrotas suelen ser amargas y profundas.
Esta explosión de rabia y movilización popular nos deja varias lecciones. Primero, que, pese a todas las campañas de intoxicación mediática, el sistema neoliberal sólo se ha arraigado superficialmente en los sectores populares. Para los trabajadores y el resto del pueblo, el modelo económico y social impuesto por la dictadura y reafirmado por los sucesivos gobiernos civiles es sólo un cascarón vacío, carente de soluciones para sus anhelos y necesidades. Segundo, que las prácticas legalistas inveteradas, sobre las cuales se construyó históricamente la izquierda, están obsoletas. Ni la parlamentarización de la política ni los espacios de la legalidad burguesa tienen nada para ofrecerles a los sectores populares. Sólo la movilización radical de masas y, en especial, las diferentes formas de acción directa trastocan el escenario político, dividen y atemorizan a la burguesía, y obligan a sus lacayos a retroceder. Tercero, que sin organización y dirección revolucionaria del proceso político la revuelta sólo se traduce en una explosión de descontento que, circunstancialmente, obliga a un reajuste del sistema de dominación, pero que, en rigor, no modifica sus rasgos estructurales. Una salida de esta naturaleza no sólo nos devuelve a la marginalidad política, sino que también acentúa la desarticulación, el desarme y la desmovilización del campo popular.
Las tareas son múltiples y urgentes, y la más relevante, sin lugar a dudas, es acompañar a los trabajadores y al resto del pueblo en sus movilizaciones y demandas, pero teniendo claro que depende de los revolucionarios y sus organizaciones la posibilidad de generar las condiciones políticas para avanzar hacia el cambio estructural que el país y la región necesitan.
* Historiador de la Universidad de Santiago de Chile.
MAR DE LIBERTAD
25 de octubre de 2019
Más de un millón de personas
marcharon en Santiago de Chile
contra Sebastián Piñera
Este viernes 25 de octubre se realizó en Santiago de Chile una multitudinaria marcha contra el gobierno de Sebastián Piñera, en rechazo al incremento del precio del boleto del subte, por mejoras en la salud, en el acceso a la educación y en el sistema jubilatorio.
Según se estimó, en la manifestación participaron 1.200.000 de personas, se trata de una de las movilizaciones más grandes desde del retorno a la democracia en el país transandino, en 1990.
La movilización que se realizó en la capital chilena, ocurre a una semana del estallido social que se inició a raíz del incremento del precio de boleto del subte.
Detrás de dicho disparador también están las inequidades que se constatan en la sociedad chilena y reclamos por un mejor sistema de salud, el acceso a la educación y a las jubilaciones.
Chile despertó
Durante la multitudinaria concentración se pudo apreciar una enorme bandera de Chile con las leyendas “#ChileDespertó” y “#NoEstamosEnGuerra”.
Según indicó PiensaPrensa, las fuerzas del orden utilizaron gases lacrimógenos y balines de acero, frente a casa central Universidad de Chile, para dispersar a los manifestantes.
De acuerdo a un reporte de RT, el Ejército de Chile ha decretado en horas de la tarde el séptimo toque de queda en la región Metropolitana.
Dicha medida regirá desde las 23:00 de este 25 de octubre (hora local), hasta las 04:00 del sábado 26.
Desde que comenzaron las protestas populares, se han reportado 19 personas fallecidas, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reportó 2.948 detenidos, y 585 heridos en hospitales, 302 de ellos por arma de fuego y 15 por balines.
ALLENDE
“Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”.
(Con estas palabras retransmitidas por Radio Magallanes Salvador Allende se dirigió por última vez al pueblo chileno el 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet)
Más de un millón de personas ocuparon la Alameda para exigir cambios
La marcha más grande en la historia de chile
El octavo día de protestas dejó un saldo increíble de unidad y alegría, una demostración de fuerza popular. Piñera tuiteó que “todos hemos cambiado”.
Por Diego Alonso Bravo
26 de octubre de 2019
El viernes se cumplió el octavo día consecutivo de protestas a nivel nacional con la mayor marcha en la historia de Chile. El movimiento no tiene líderes y las demandas van por una vida digna y atraviesan todo el tejido social. Apuntan a un cambio a la estructura: que a los escolares no se les estigmatice ni se les criminalice, que los universitarios no salgan al campo laboral con deudas que deban pagar en veinte o treinta años. Que el sueldo de los adultos les permita vivir y no sobrevivir. Que los abuelos y abuelas no tengan que trabajar porque las pensiones se les acaben en la compra mensual de medicamentos.
En otras palabras, fue el despertar de todos.
Durante la mañana, los camioneros atocharon las carreteras de la capital exigiendo la eliminación del tag, el cobro por kilómetro que hacen las autopistas concesionadas. Lo suyo, sin embargo, generó sospechas porque se estaban subiendo al carro popular los mismos que en 1972 desestabilizaron el gobierno de Salvador Allende mediante un desabastecimiento general. No obstante ese historial, el subsecretario de Obras Públicas —segundo al mando después del ministro de la misma cartera— se comprometió a escucharlos para solucionarles los problemas.
Para el resto de la población, al menos en Santiago, la convocatoria era a las 17:00 en Plaza Italia, el punto donde suele dividirse al barrio de los ricos con el de los pobres.
Antes del mediodía ya había barricadas encendidas alrededor de La Moneda, el palacio de gobierno, con bombas molotov de encapuchados y disparos de la policía. Esa misma área fue más tarde rodeada por el pueblo, que llegó a las barricadas de los carabineros, al grito de libertad. Pero la procesión comenzó a las dos de la tarde. Poco a poco, columnas, grupos y gente suelta empezaron a llegar al monumento del General Baquedano. Y mientras pasaban las horas, llegaba más gente y las calles empezaban a cortarse y los automovilistas cambiaban sus rutas.
Para las cuatro de la tarde, prácticamente ya no pasaban autos en el sector. Lo que se veía eran banderas nacionales y de Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, los más grandes equipos de fútbol compartiendo el espacio sin agarrarse a trompadas. Había banderas de la nación Mapuche, del orgullo LGBTIQ, de partidos políticos de izquierda, de gremios históricos como la Central Unitaria de Trabajadores, del Colegio de Profesores. Había mujeres con sus pañuelos verdes y morados, por una multitud que fácilmente iba de los tres hasta los ochenta años. Era un carnaval alegre y poderoso que, sin embargo, no olvidaba las 19 muertos que hasta el cierre de este artículo han dejado las revueltas.
Cuando faltaban diez minutos para la hora oficial de la convocatoria, una figura hecha de papel de diario que asemejaba la cabeza del ministro del Interior de Chile era rodeada por los manifestantes. Puesta entre tres antorchas, el rostro del ministro, vicepresidente de la República y primo de Sebastián Piñera Andrés Chadwick, comenzaba rápidamente a arder. Abajo, se quemaba también la Constitución de la República de 1980, el principal legado del dictador Augusto Pinochet y por ende el objetivo al que apunta la sociedad.
Las llamas se levantaron rápido y la gente se alejaba asustada y contenta. “¡Chile despertó!”, comenzaron a gritar mientras saltaban. De fondo, colgado en uno de los edificios que rodean la Plaza Italia, se leía en un cartel gigante: “Por la dignidad de nuestro pueblo a la calle sin miedo”.
La marcha había comenzado.
La masa empezó a caminar hacia el poniente por la Alameda. La meta era, al menos, pasar en frente de las oficinas del Presidente. El paso era lento, algo no es menor si, según las cifras de la Intendencia de Santiago, se congregaron más de un millón de asistentes.
Casi tres horas después, a las 19.52, se escuchó la primera explosión. Carabineros ya tenía detenido el tránsito a la altura de la estación de Metro Universidad de Chile, frente a la casa central de la casa de estudios homónima. Por un lado estaban ellos, defendiendo que no se acercaran a La Moneda, por el otro los que lanzaban piedras y bombas, y también los observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, garantes del uso y abuso excesivo de las fuerzas de orden en la población.
Un grupo menor, minutos después, lograba pasar por enfrente del Palacio. Y ya para entonces estaban las barricadas, los disparos, el humo lacrimógeno, los gritos y la policía defendiendo, no atacando.
A las 21:25 aún se escuchaban disparos y gritos en el centro de Santiago. En su cuenta en Twitter, el presidente Piñera escribió a esa hora: “La multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado. Con unidad y ayuda de Dios, recorreremos el camino a ese Chile mejor para todos”. La foto de su cuenta lo muestra elegante y sonriente.
Por cierto, su gabinete sigue inamovible, y las soluciones que hasta ahora ha entregado perpetúan esa estructura por la que el país salió este viernes histórico a quemarlo todo.
Las imágenes de la marcha contra Sebastián Piñera y la desigualdad social en Chile
Se cumple una semana de las protestas
contra la desigualdad
social en el país trasandino
y que ya deja 19 muertos.
25.10.2019
La manifestación más grande de Chile desde que cayó en 1990 el dictador Augusto Pinochet reunió este viernes en Santiago a al menos un millón de personas cuando se cumple una semana de las protestas contra la desigualdad social en el país y que ya deja 19 muertos.
A pesar de que la convocatoria era para las 17.00 hora local, la inmensa Plaza Italia, punto neurálgico de la mayor ola de protestas de la historia democrática de Chile, lucía abarrotada media hora antes mientras miles de personas se quedaban en las avenidas aledañas sin poder ingresar.
Algo más de una hora después, la concentración reunía ya a más de un millón de personas, según las cifras de la Intendencia Metropolitana, e iba en aumento conforme pasaban los minutos.
La muchedumbre rebosó el epicentro del descontento social para reclamar la salida del presidente Sebastián Piñera por la represión y presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden contra los manifestantes en días anteriores.
También por considerar insuficientes el paquete de medidas propuesto por el mandatario para contentar los reclamos de mejores pensiones y salarios, y de precios más justos para la luz, el gas, la educación universitaria y los servicios de salud.
Entre la multitud comenzó a desplegarse una gigantesca bandera con el lema “Chile despertó”, la consigna que ha proliferado por las redes sociales, acompañado de la frase “No estamos en guerra”, en referencia a la declaración de guerra que hizo Piñera contra los causantes de incendios en supermercados y estaciones del Metro.
Otra gran pancarta solicitaba “asamblea constituyente” para redactar una nueva Constitución que reemplaza la Carta Magna de la dictadura que rige en Chile desde 1980 y a la que los manifestantes culpan del modelo económico neoliberal que ha agudizado la desigualdad entre las distintas clases sociales.
“Por la dignidad de nuestro pueblo, a la calle sin miedo”, se leía en otro gran cartel que se colgó desde lo alto de uno de los edificios que rodean la emblemática plaza santiaguina.
En el centro de la plaza protestaban hermanadas las barras bravas de la Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica, los tres clubes más históricos del fútbol chileno.
Esta ola de protestas, que tiene un saldo de 19 muertos, al menos 600 heridos y 6.000 detenidos, según la Fiscalía, se produce a escasas semanas de que Santiago acoja una serie de importantes cumbres.
En tres semanas debe albergar la cumbre de líderes del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC), donde se espera la posible llegada de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Rusia, Vladimir Putin; y de China, Xi Jinping.
En un mes la misma ciudad debe organizar la final de la Copa Libertadores y en diciembre está fijada la vigésimo quinta cumbre mundial del clima (COP25), donde se espera que lleguen al menos 12.000 personas.
Con información de EFE
Más de un millón de personas en
el centro de Santiago
26 de octubre de 2019
Escribe: María García Arenales
La manifestación de ayer fue considerada la mayor desde el fin de la dictadura chilena; organizaciones sociales se unen para exigir una Asamblea Constituyente en Chile.
Para poder entender por qué miles de personas, principalmente jóvenes, protestan en las calles de Chile desde el 6 de octubre basta con escuchar una breve conversación telefónica entre la primera dama del país, Cecilia Morel, y una amiga. “Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento […] intentaron quemar un hospital y tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”, dijo la esposa del presidente Sebastián Piñera.
Se trata de un audio de Whatsapp, de menos de un minuto de duración, que fue filtrado en la tarde del domingo. Más tarde, el martes, Morel lamentó en Twitter su “desacierto” y dijo que al sentirse “sobrepasada por las circunstancias hizo que su estado de ánimo personal pareciera el de un estado general de gobierno”. En esa misma red social añadió que Chile no está para más divisiones e instó a que todos los actores de la sociedad trabajen por “disminuir la desigualdad y ser más humildes”.
Pero lejos de calmar los ánimos, las palabras de la primera dama sólo generaron polémica y añadieron más leña al fuego. Porque no se trata de un simple desacierto, ni de una invasión alienígena, como indicó Morel, sino de una auténtica desconexión entre las élites políticas y empresariales chilenas y el resto de la población, los sectores populares.
Si bien la mecha se prendió después de que el gobierno de Sebastián Piñera decidiera subir 30 pesos las tarifas del metro de Santiago, en realidad la crisis social que tiene a varias ciudades chilenas en estado de emergencia y con toque de queda se debe una acumulación de problemas, “de situaciones muy injustas derivadas del modelo neoliberal de los últimos 30 años”, explica a la diaria la socióloga y dirigente feminista Claudia Dides.
Las intensas protestas, duramente reprimidas por las fuerzas militares, han dejado 18 muertos, más de 500 heridos, más de 2.400 detenidos, mujeres abusadas sexualmente, además de saqueos, incendios, pérdidas millonarias y enfrentamientos entre policías y manifestantes.
Santiago de Chile, ayer.
El miércoles y jueves fueron jornadas de huelga general y, de momento, las movilizaciones continúan. La crisis es de tal magnitud que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, anunció que enviará una “misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos” en el país.
De poco sirvió que en la noche del martes el propio Piñera se dirigiera a la nación ‒citando a Mario Benedetti‒ para pedir perdón a sus compatriotas por su “falta de visión” para reconocer que los problemas de “inequidad y abuso” se estaban acumulando, o que incluso admitiera que ni su gobierno ni los anteriores estuvieron a la altura de las circunstancias.
El mandatario, además, propuso un paquete de medidas que incluye aumentar 20% las jubilaciones básicas (unos 28 dólares), incrementar el salario mínimo, mejoras en materia de salud y un aumento de los impuestos a quienes más ganan. Sin embargo, Piñera decidió mantener al Ejército en las calles.
Una parte importante de la ciudadanía chilena considera que esas medidas son insuficientes y sigue reclamando que los militares se retiren.
“En general hay una resistencia a las medidas que anunció Piñera porque formaron parte de su programa (electoral) y, por tanto, no tienen nada que ver con las peticiones que se están haciendo hoy. Las medidas son insuficientes para los cambios que está pidiendo Chile, son migajas”, sentencia Dides.
Enfrentamientos entre la policía antidisturbios y manifestantes, el 24 de octubre, en Santiago.
La activista, que critica la ausencia de conducción política por parte del gobierno y la división de los partidos de centroizquierda, asegura que uno de los grande errores de Piñera es que “no sacó a nadie de su gabinete, no hay responsables políticos en esto”.
Esos reclamos del pueblo chileno a los que hace referencia Dides incluyen un aumento de presupuesto en la salud y educación públicas, y un “cambio total” en las pensiones, que funcionan bajo un sistema privado heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que reporta jubilaciones muy bajas a los trabajadores cuando se retiran. Es más, en Chile hay un elevado número de jubilados que se ve obligado a incorporarse al mercado laboral debido al bajo nivel de sus pensiones, ya que el promedio de lo que reciben se sitúa en los 290 dólares. También son muchas las familias que se endeudan para poder pagar la educación de sus hijos, y también lo hacen los propios estudiantes.
Otro de los reclamos de la ciudadanía es la nacionalización del agua y otros recursos naturales como el cobre y el litio, además de una nueva Constitución elaborada por una Asamblea Constituyente. De hecho, si hay algo que en estos días ha despertado una esperanza de cambio en el país es que numerosas organizaciones sociales se han reunido para reclamar un nuevo pacto social con una Constitución que reemplace a la actual, redactada en 1980, en plena dictadura. Entre esas organizaciones se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores, la Coordinadora No+AFP, la Cumbre de los Pueblos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, a las que se suman artistas y otras figuras públicas.
“Estamos viviendo un momento bien complejo porque es tiempo de un nuevo pacto social en Chile y estamos discutiendo cómo lo vamos a hacer. No hay una fórmula, pero la gente no se ha ido a sus casas, se está organizando, está discutiendo. Más allá de la violencia y el vandalismo, también hay muchas asambleas. Nos hemos vuelto a reorganizar como hicimos 30 años atrás en el período de la dictadura militar”, explica Dides, que forma parte de ese colectivo de organizaciones sociales que exige cambios.
Enfrentamientos con la policía antidisturbios en Santiago de Chile, el 24 de octubre. Foto: Claudio Reyes, AFP
Chile, añade, necesita una nueva Carta Magna legitimada por su pueblo, elaborada con las organizaciones sociales y partidos políticos mediante una Asamblea Constituyente, “que tenga que ver con la realidad del país y donde se reconozcan los derechos básicos”, sostiene la activista.
Desde hace tiempo la reforma tributaria, la de las pasividades y la de salud permanecían atascadas en el Parlamento, y ahora estas organizaciones sociales han pedido que no se lleve a cabo ninguna votación, “que se paralice todo”, porque consideran que se necesitan proyectos de ley que efectivamente sean capaces de dar cuenta de la realidad que atraviesa el país y que se ha puesto en evidencia con este estallido social.
Asimismo, recuerdan que si el gobierno realmente quiere empezar a negociar para terminar con esta grave crisis, el requisito indispensable es que los militares salgan de las calles.
La manifestación de ayer fue considerada la mayor desde el fin de la dictadura chilena; organizaciones sociales se unen para exigir una Asamblea Constituyente en Chile.
Para poder entender por qué miles de personas, principalmente jóvenes, protestan en las calles de Chile desde el 6 de octubre basta con escuchar una breve conversación telefónica entre la primera dama del país, Cecilia Morel, y una amiga. “Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento […] intentaron quemar un hospital y tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”, dijo la esposa del presidente Sebastián Piñera.
Se trata de un audio de Whatsapp, de menos de un minuto de duración, que fue filtrado en la tarde del domingo. Más tarde, el martes, Morel lamentó en Twitter su “desacierto” y dijo que al sentirse “sobrepasada por las circunstancias hizo que su estado de ánimo personal pareciera el de un estado general de gobierno”. En esa misma red social añadió que Chile no está para más divisiones e instó a que todos los actores de la sociedad trabajen por “disminuir la desigualdad y ser más humildes”.
Pero lejos de calmar los ánimos, las palabras de la primera dama sólo generaron polémica y añadieron más leña al fuego. Porque no se trata de un simple desacierto, ni de una invasión alienígena, como indicó Morel, sino de una auténtica desconexión entre las élites políticas y empresariales chilenas y el resto de la población, los sectores populares.
Si bien la mecha se prendió después de que el gobierno de Sebastián Piñera decidiera subir 30 pesos las tarifas del metro de Santiago, en realidad la crisis social que tiene a varias ciudades chilenas en estado de emergencia y con toque de queda se debe una acumulación de problemas, “de situaciones muy injustas derivadas del modelo neoliberal de los últimos 30 años”, explica a la diaria la socióloga y dirigente feminista Claudia Dides.
Las intensas protestas, duramente reprimidas por las fuerzas militares, han dejado 18 muertos, más de 500 heridos, más de 2.400 detenidos, mujeres abusadas sexualmente, además de saqueos, incendios, pérdidas millonarias y enfrentamientos entre policías y manifestantes.
Santiago de Chile, ayer.
El miércoles y jueves fueron jornadas de huelga general y, de momento, las movilizaciones continúan. La crisis es de tal magnitud que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, anunció que enviará una “misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos” en el país.
De poco sirvió que en la noche del martes el propio Piñera se dirigiera a la nación ‒citando a Mario Benedetti‒ para pedir perdón a sus compatriotas por su “falta de visión” para reconocer que los problemas de “inequidad y abuso” se estaban acumulando, o que incluso admitiera que ni su gobierno ni los anteriores estuvieron a la altura de las circunstancias.
El mandatario, además, propuso un paquete de medidas que incluye aumentar 20% las jubilaciones básicas (unos 28 dólares), incrementar el salario mínimo, mejoras en materia de salud y un aumento de los impuestos a quienes más ganan. Sin embargo, Piñera decidió mantener al Ejército en las calles.
Una parte importante de la ciudadanía chilena considera que esas medidas son insuficientes y sigue reclamando que los militares se retiren.
“En general hay una resistencia a las medidas que anunció Piñera porque formaron parte de su programa (electoral) y, por tanto, no tienen nada que ver con las peticiones que se están haciendo hoy. Las medidas son insuficientes para los cambios que está pidiendo Chile, son migajas”, sentencia Dides.
Enfrentamientos entre la policía antidisturbios y manifestantes, el 24 de octubre, en Santiago.
La activista, que critica la ausencia de conducción política por parte del gobierno y la división de los partidos de centroizquierda, asegura que uno de los grande errores de Piñera es que “no sacó a nadie de su gabinete, no hay responsables políticos en esto”.
Esos reclamos del pueblo chileno a los que hace referencia Dides incluyen un aumento de presupuesto en la salud y educación públicas, y un “cambio total” en las pensiones, que funcionan bajo un sistema privado heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que reporta jubilaciones muy bajas a los trabajadores cuando se retiran. Es más, en Chile hay un elevado número de jubilados que se ve obligado a incorporarse al mercado laboral debido al bajo nivel de sus pensiones, ya que el promedio de lo que reciben se sitúa en los 290 dólares. También son muchas las familias que se endeudan para poder pagar la educación de sus hijos, y también lo hacen los propios estudiantes.
Otro de los reclamos de la ciudadanía es la nacionalización del agua y otros recursos naturales como el cobre y el litio, además de una nueva Constitución elaborada por una Asamblea Constituyente. De hecho, si hay algo que en estos días ha despertado una esperanza de cambio en el país es que numerosas organizaciones sociales se han reunido para reclamar un nuevo pacto social con una Constitución que reemplace a la actual, redactada en 1980, en plena dictadura. Entre esas organizaciones se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores, la Coordinadora No+AFP, la Cumbre de los Pueblos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, a las que se suman artistas y otras figuras públicas.
“Estamos viviendo un momento bien complejo porque es tiempo de un nuevo pacto social en Chile y estamos discutiendo cómo lo vamos a hacer. No hay una fórmula, pero la gente no se ha ido a sus casas, se está organizando, está discutiendo. Más allá de la violencia y el vandalismo, también hay muchas asambleas. Nos hemos vuelto a reorganizar como hicimos 30 años atrás en el período de la dictadura militar”, explica Dides, que forma parte de ese colectivo de organizaciones sociales que exige cambios.
Chile, añade, necesita una nueva Carta Magna legitimada por su pueblo, elaborada con las organizaciones sociales y partidos políticos mediante una Asamblea Constituyente, “que tenga que ver con la realidad del país y donde se reconozcan los derechos básicos”, sostiene la activista.
Desde hace tiempo la reforma tributaria, la de las pasividades y la de salud permanecían atascadas en el Parlamento, y ahora estas organizaciones sociales han pedido que no se lleve a cabo ninguna votación, “que se paralice todo”, porque consideran que se necesitan proyectos de ley que efectivamente sean capaces de dar cuenta de la realidad que atraviesa el país y que se ha puesto en evidencia con este estallido social.
Asimismo, recuerdan que si el gobierno realmente quiere empezar a negociar para terminar con esta grave crisis, el requisito indispensable es que los militares salgan de las calles.
Una mirada desde las calles
de Santiago de Chile
26 de octubre de 2019
Maxi Goldschmidt, desde Santiago de Chile.
En las calles de Santiago las palabras se repiten. Agua, agüita, agüita con bicarbonato. Más de un millón de personas a esta hora, las 23.00: empieza el toque de queda.
Médico, médico. Ambulancia. Resiste, cabro, cómo te llamas. Relevo, relevo. Relevo es cuando se carga un herido de gravedad y no se aguanta más el peso. Se grita relevo y alguien asiste a esa persona que lucha por su vida.
Las brigadas de salud no dan abasto. Llevan una semana atendiendo a miles de personas gaseadas, golpeadas o con balas en los cuerpos. Más de 30 perdieron un ojo.
Fuerza. Resiste. Vamos, cabro. Aguante. Cuál es el nombre. Ricardo. Ricardo cuánto. Ricardo y no se entiende el grito. Ricardo Acuña, por las redes sociales, grita una joven.
Los primeros días venían más perdigones en las piernas. Ahora en la cabeza y los ojos, dice Martina, antiparras verdes, casco ciclista, rociador en la mano, estudiante de Medicina.
Ricardo cuelga, está vivo pero cuelga. De su ojo brota sangre que no pueden parar. Lo suben a una ambulancia. Muchos teléfonos filman, para difundir rápido.
Aunque aquí en Santiago no hay nada que informar. Sebastián Piñera dejó el poder. Ya no lo tiene. El pueblo se lo arrebató ayer con la manifestación más grande en la historia de Chile.
***
Estamos pidiendo por favor que los militares vuelvan pronto. A los cuarteles.
Dice la tele, que también cambia su discurso, ante una evidencia que traspasó las fronteras.
Los videos de muertos y heridos son virales hace días. Debe haber gente buena debajo de esos trajes blindados. Pero acá sólo se los ve pegando, disparando, matando a un pueblo.
En la tele un soldado baila, otros portan una bandera, otros reciben saludos de otros ciudadanos. Pero ese Chile no está en la calle. Está en sus casas. Ese Chile teme algo que nunca imaginó.
En la calle se baila y se combate. Miles tiran piedras y retroceden cuando el gas es insoportable. O caen cuando les impacta una bala. A pocos metros de esa ronda de ayuda espontánea al herido, se baila.
Asesinos. Renunciá. Asesinos. Pacos traidores. Asesinos. El pueblo unido. Asesinos. Ya se van. Hay instrumentos por todos lados. Guitarras en alto en las escalinatas de la Biblioteca Nacional. Miles cantan una canción de Víctor Jara, de Violeta Parra, entre gas lacrimógeno.
Jaime tiene 72 años. Rosa, uno menos. 48 de casados. Ella lleva bastones ortopédicos. Queremos pensiones dignas que alcancen para vivir. No nos alcanza ni para los remedios, dice Rosa. Jaime viene, además, por Alex Nuñez. Compañero de trabajo, lo mataron a golpes los pacos.
Esta multitud, alegre y pacífica, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado. Eso dice Piñera. A nadie le importa.
Los pueblos se sorprenden a sí mismos. Les hacen olvidar a base de recetas vencidas su poder, su fuerza.
Lucina tiene 36 años y dos balazos en la pierna. Fue el lunes, hoy vino en muletas. Creemos que fueron francotiradores, porque venía corriendo de los pacos y le dieron de frente.
En las puertas de la estación Baquedano pintaron acá se tortura. Se torturó hace unos días. A Nicolás lo metieron en la comisaría debajo de la estación de subte y lo torturaron. Mientras, escuchó tiros y vio cuerpos colgados. Hay una denuncia y muchas pruebas.
Rodean la Casa de La Moneda. Hay niñas y niños. Muchos con barbijos y máscaras. Muchas bicicletas. Motos. Tablas. Limones. Humo, disparos, sartenes y gas lacrimógeno. Disparos. Piedras.
La noche será larga. Hoy no hay toque de queda que valga. No hay amenazas ni muerte. No hay nada que pueda impedir el destino que decide este pueblo.
Chile despertó. Recuperó la memoria. La memoria y la fuerza ancestral de nuestros pueblos. Los que enfrentaron la conquista. Los que resisten. Las calles están llenas de banderas mapuches. De chilenas y mapuches.
Mucha gente llora, los ojos rojos, no ve nada. Mucha gente le acerca un limón, o le tira espray en la cara. Agua, agüita, agüita con bicarbonato.
Maxi Goldschmidt es corresponsal argentino y trabaja en la revista Cítrica. Nos mandó esta crónica desde Santiago anoche, a las 23.00, al borde del cierre. La escribió como pudo, entre los cacerolazos y las corridas que se escuchaban en su hotel, a pocos metros del Palacio de la Moneda.
Mismo en el centro mismo de la represión contra las fuerzas populares en Chile, un soldado dió su ejemplo al negarse a cumplir las órdenes dadas por el gobierno y las FFAA chilenas, de tirar contra el pueblo.
Carta abierta de Martín Almada,
ex Premio Nobel, alternativo de 2002
dirigida al presidente chileno.
Excmo. Señor
Presidente de la República de Chile
Excelentísimo señor,
Tengo el honor de dirigirme a usted solicitando RECURSO DE AMPARO PREVENTIVO a favor del soldado chileno DAVID VELOSO CODOCEDO de la Brigada de Antofagasta.
Para lo que hubiere lugar, le informo que el 24 de noviembre de 1974 fui torturado, en Asunción, en el marco de Plan Cóndor por el coronel de la Fuerza Aérea de Chile Jorge Horacio Oteiza López y otros oficiales por mi supuesto delito de maestro subversivo y “terrorista intelectual” acusado de haber aplicado en Paraguay la metodología de la educación liberadora de Paulo Freire.
El 22 de diciembre de 1992,en Asunción, con el apoyo del Juez Penal José Agustín Fernández, descubrí el Archivo de TERROR/ PLAN CÓNDOR luego de 15 años investigando en Panamá y París al terrorismo de Estado de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, que ocasionó más de 100.000 víctimas en el Cono Sur de América Latina. Entre ellas el general Alberto Bachelet, que murió el 12 de marzo de 1974, a causa de las torturas padecidas por su oposición a la instalación de la dictadura del general Pinochet. Por su importancia, en el 2009, LA UNESCO DECLARÓ DICHOS ARCHIVOS MEMORIA DEL MUNDO.
Teniendo en cuenta que el soldado DAVID VELOSO CODOCEDO, de 21 años, está detenido e incomunicado por negarse el pasado 24 de octubre a integrar la fuerza para aplastar militarmente, en el marco del Estado de excepción, la revuelta popular que se está produciendo en Chile, y en homenaje a Víctor Jara, autor de la inmortal canción “El derecho a vivir en paz” y fallecido también bajo las torturas del régimen de Pinochet, vengo a solicitar el recurso de AMPARO PREVENTIVO para el valiente soldado chileno DAVID VELOSO CODOCEDO así como su inmediata LIBERTAD.
Lo saludo con mi consideración más distinguida
MARTÍN ALMADA
PREMIO NOBEL ALTERNATIVO 2002 y MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO
DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS (AAJ)
Un soldado del Ejército lleva cinco días detenido por
negarse a participar del Estado de Emergencia
el pasado domingo.
David Veloso Codocedo (21 años) de la Tercera Brigada Acorazada “La Concepción” de Antofagasta botó su fusil al suelo diciendo “no”, que no cumpliría con el servicio dispuesto y se retiró.
Esos son los antecedentes dispuestos por el fiscal militar Cristián Ramírez Sepúlveda.
Veloso quedó detenido ese mismo domingo a las 11:00 horas, y este jueves fue procesado por el artículo 337, inciso tres, del Código de Justicia Militar, informó La Tercera.
“El militar que se negare abiertamente a cumplir una orden del servicio que le fuere impartida por un superior, será castigado (…), con la pena de reclusión militar menor en su grado mínimo a reclusión militar mayor en su grado mínimo”, dice la legislación respectiva.
La familia del soldado no se ha referido al hecho.
El abogado penalista Cristián Cruz, en tanto, presentó un recurso de amparo ante la Corte Marcial, para que la Fiscalía Militar informe sobre el porqué se detuvo a David Veloso.
“Nos llegó una información que un militar habría representado la posibilidad de negarse a participar de las labores de toque de queda en Santiago, por lo que quedó detenido en un recinto militar. Tomamos la decisión de interponer este amparo preventivo, porque lo consideramos un deber ético, pues ha quedado de manifiesto que las tropas solo salen a cumplir órdenes de sus superiores, sin ningún resguardo“, dijo el jurista al medio anteriormente citado.
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01 de noviembre de 2019
“Estoy preso por oponerme a disparar
contra el pueblo”
Encarcelaron a un soldado chileno que se negó a reprimir
En el momento en que las tropas de Antofagasta se embarcaban rumbo a la capital chilena, el soldado David Veloso Codeco tiró su fusil al piso y se rehusó. Inmediatamente fue detenido y castigado con una “pena de reclusión militar menor en su grado mínimo”.
El gobierno de Chile encarceló a un militar del Ejército que se desempeñaba en la ciudad de Antofagasta y se negó a viajar a la capital Santiago para ser parte de los operativos de represión contra las masivas manifestaciones que tienen en jaque al presidente Sebastián Piñera.
Se trata del soldado David Veloso Codoceo, de 21 años, que se desempeña en la Tercera Brigada Acorazada “La Concepción” y que el domingo 20 de octubre desobedeció la orden de traslado de sus superiores, en el marco del “estado de emergencia” declarado en Chile con el objetivo de contener las masivas movilizaciones.
Según los relatos de los medios locales, en el momento en que las tropas de Antofagasta se embarcaban, Veloso Codeco tiró su fusil al piso. Inmediatamente fue detenido y procesado y castigado con una “pena de reclusión militar menor en su grado mínimo”.
“Estoy preso por oponerme a disparar contra el pueblo de Chile”, fue el mensaje que el soldado envió desde la prisión del cuartel donde se encuentra alojado por “negarse abiertamente a cumplir una orden del servicio”, según lo indica al Código de Justicia Militar chileno.
Su caso cobró tal relevancia que su liberación se convirtió en una consigna más de las protestas contra Piñera. Y hasta la Asamblea de Organizaciones Sociales y Políticas de la Provincia Cordillera, que reúne entidades de distintas ciudades, exigió su liberación.
Inclusive, un abogado penalista presentó una medida de amparo ante la Fiscalía Militar, solicitándole que dé las explicaciones del caso. “Tomamos la decisión de interponer este amparo preventivo, porque lo consideramos un deber ético, pues ha quedado de manifiesto que las tropas solo salen a cumplir órdenes de sus superiores, sin ningún resguardo”, indicó el letrado.
El organismo que intervino fue la Corte Marcial chilena, que rechazó el amparo al considerar que “la detención ordenada en contra del soldado fue dictada por autoridad competente y en el ámbito de sus facultades”.
Además, el tribunal castrense informó que Veloso Codoceo “se encuentra actualmente sometido a proceso” e informó que el fiscal militar “adoptará las medidas pertinentes para resguardar su integridad física y psíquica”.
El caso de Veloso Codeso no es el único en el que un miembro de las fuerzas de seguridad se vio excedido por la dura represión que el gobierno de Sebastián Piñera ordenó sobre las manifestaciones que entraron en su tercera semana de piquetes y movilizaciones.
De hecho, diez días atrás circuló un video que mostró a un carabinero que no pudo contener su llanto durante una de las masivas protestas, y fue consolado por algunos de los manifestantes.
“¿Dónde están? Vivas las queremos”
Chile: denuncian la desaparición
de 13 mujeres
Colectivos feministas consignaron que permanecen desaparecidas desde que comenzaron las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera. También fueron denunciados casos de violencia sexual y ataques lesbofóbicos.
30 de octubre de 2019
Por Adriana Meyer
Familiares de las mujeres desaparecidas durante la represión de Piñera a la rebelión popular están organizadas y exigen su aparición con vida
Algunas se pusieron anteojos de sol, otras se tapan la cara con el cartel, todas gritan “dónde están, vivas las queremos”.
Mientras desembarca la misión de Naciones Unidas en Chile, que permanecerá hasta el 22 de noviembre, la Coordinadora Ni Una Menos y Feministas Autónomas denunció la desaparición de 13 mujeres desde el viernes 18 de octubre, cuando empezaron las protestas en todo Santiago y cuando se vivió la primera noche en Estado de Emergencia. En tanto, ABOFEM (Abogadas Feministas) recibió 13 denuncias de índole sexual, de las cuales 3 incluyen ataques lesbofóbicos.
La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile hizo un balance e informó que recibió en total 505 denuncias, que se distribuyen en: 350 disparos de proyectiles no balísticos, 46 reportes de lesiones oculares; 51 reportes de lanzamientos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, 35 casos de golpes con lesiones graves, 3 casos de desnudamientos, 3 atropellos por parte de vehículos policiales y 3 afectaciones a personas en situación de calle, entre otros casos.
Natalia Bravo, coordinadora de comisarías de ABOFEM, denunció que han sido informadas de humillaciones, vejámenes, agresiones sexuales, incomunicaciones, desnudamientos forzosos de algunas manifestantes y que el número de estas vulneraciones han ido en aumento a nivel nacional. Hizo un llamado a denunciar el actuar ilegítimo por parte de los agentes del Estado. “El estado de emergencia que estamos viviendo hoy no es en ningún caso, la disminución de los derechos garantías de la ciudadanía”, aseveró. En ese resumen, la Defensoría y ABOFEM consideraron que hubo una “avalancha de denuncias” concernientes a violaciones de derechos humanos en las manifestaciones del último fin de semana.
Desde el 18 de octubre, ambas organizaciones han trabajado en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos, y suman un aproximado de 150 observadores a nivel nacional. Sin embargo, según indicaron en una declaración pública, no se dan abasto para procesar la cantidad de denuncias recibidas en total.
Bravo, agregó que en el caso de mujeres esta situación también se ha agravado y ha incluido también a miembros de la comunidad LGTBIQ+.
Hacemos un llamado a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, a que haga un llamado al cese de estos comportamientos, debido a que el estado en el que estamos viviendo hoy, no significa en ningún caso la disminución de los derechos y garantías de nuestra ciudadanía”, enfatizó. Esa funcionaria declaró que hasta el momento, en su cartera no se ha recibido ningún tipo de denuncia formal por casos como los que han explicitado las organizaciones mencionadas.
La Defensoría Jurídica se creó a instancias del Centro de Estudiantes de Derecho, el apoyo de abogadas/os, profesoras/es, el Centro de Derechos Humanos y diferentes departamentos de la Facultad, junto organizaciones de la sociedad civil, como la ABOFEM, Londres 38, la Corporación 4 de Agosto y la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Estas instancias coordinan acciones con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, con la finalidad de apoyar a víctimas de vulneraciones de derechos humanos durante los estados de emergencia.
Las denuncias por personas desaparecidas
El registro de los casos de personas desaparecidas asciende a 20 en el país, de acuerdo al INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) que envió ya los datos a la justicia. Así, la Fiscalía analiza los recursos de amparo a favor de estas personas, en los que se solicita su búsqueda, tras una semana de intensas movilizaciones convocadas bajo el Estado de Emergencia declarado por el gobierno, y ya derogado.
Los amparos se presentaron el 24 de octubre en contra del Ministerio del Interior, de Carabineros de Chile y del jefe de la Defensa Nacional, el general Javier Iturriaga, y a favor de las personas desaparecidas. Fueron nueve, aunque tres de las personas fueron encontradas, una sin vida. Según informó El Desconcierto.cl, se trata de Manuel Jesús Muga, de 59 años e insulinodependiente, quien fue visto por última vez saliendo de su casa rumbo al supermercado Líder ubicado en calle Miraflores, en Santiago, alrededor de las 15 del 20 de octubre. Su nombre apareció en la lista de los 17 fallecidos que este viernes dio a conocer el Ministerio Público. Según la información entregada por la Fiscalía, Muga fue una de las cinco víctimas del incendio ocurrido el domingo pasado en la bodega de la empresa de ropa interior Kayser, ubicada en Renca.
Respecto a los seis casos consultados, se trata de tres mujeres y tres hombres que aún no han sido encontrados y están siendo buscados por sus amigos y familiares.
El domingo 20 de octubre, en la segunda jornada que Chile vivía bajo estado de Emergencia y toque de queda, Victoria Campos fue vista por última vez antes de ser detenida en San Bernardo en el contexto de las manifestaciones desarrolladas en la Región Metropolitana. Según el recurso de amparo, tras su detención fue trasladada “a un recinto desconocido”.
El mismo día domingo desaparecieron al menos otras dos mujeres. Lorena Antonieta Espinoza, de 56 años, fue vista por última vez en las cercanías de Plaza Ñuñoa. Según indica el recurso, en ese lugar “se encontraba presente personal de orden y seguridad efectuando detenciones”. El texto prosigue: “Atendidos los acontecimientos sucedidos en el centro de Santiago, con énfasis en el día que doña Lorena fue vista por última vez, resulta altamente probable que doña Lorena haya sido abordada por fuerzas de orden y seguridad o por los militares”.
Tampoco se supo nada más de Ignacia Miranda Álvarez. La mujer fue vista por última vez cerca del Estadio Nacional, en Ñuñoa. En ese sector había contingente policial y militar desplegado para contener las protestas. Esa escueta información es todo lo que por ahora se conoce de su desaparición.
A Francisco Sebastián Silva Peñaloza lo vieron por última vez cerca de las 17:00 horas del domingo 20 de octubre, en el Mall Plaza Sur, en San Bernardo. En los alrededores había contingentes de militares y carabineros. Por eso, creen que pudo haber sido detenido por alguno de estos funcionarios. Desde aquella misma tarde, sus familiares lo han buscado en comisarías y otros recintos cercanos a su casa, y han vuelto varias veces al lugar en que fue visto por última vez. Sin embargo, permanece inubicable.
Ese mismo día hubo otra desaparición. Kristopher Mario Pardo González, de 35 años, fue visto por última vez a eso de las 15 en la comuna de Santiago. Ese día salió de su casa, ubicada en Avenida La Marina, en San Miguel, alrededor de las 14.30 horas vestido de buzo negro y polera verde con gorro. Desde ese momento, no se volvió a comunicar con su mamá, quien lo fue a buscar por las plazas y alrededores. Kristopher se encuentra en tratamiento psiquiátrico por posible esquizofrenia. La denuncia por su presunta desaparición fue entregada a organizaciones de Defensoría y Derechos Humanos y ha sido buscado en comisarías y en juzgados de garantía. Se ha requerido información por distintos medios de comunicación y por redes sociales. Pero los esfuerzos no han tenido resultados positivos por el momento.
El 22 de octubre B. C. P., de 17 años y vecino del sector norponiente de Santiago, fue visto por última vez. La única información que manejan sus familiares es que iba de regreso a su casa, en Renca, y que estaba en un lugar donde se produjeron varias protestas con gran cantidad de carros de policías. La familia lo ha buscado intensamente durante esta semana. Sin embargo, no tienen información sobre su paradero.
El abogado de la Comisión Chilena de Derecho Humanos, Yuri Vásquez, que inició estas acciones junto a otros letrados, explica que se amparan en el artículo 21 de la Constitución para proteger las garantías fundamentales de las personas, en especial, el derecho a la libertad individual y de seguridad personal. Vásquez plantea: “Si bien no estamos aduciendo que sean desapariciones forzadas en el mismo contexto de lo que ocurrió en la dictadura, sí estamos en un estado de excepción constitucional donde el jefe de zona es un general del Ejército y la libertad ambulatoria está en manos de efectivos policiales y militares”.
En la Comisión manejan otras denuncias por desaparición, pero en algunos casos no cuentan con mayores datos que el nombre y apellido de la persona desaparecida, ni las circunstancias en las que fue vista por última vez, lo que dificulta la interposición de los recursos. Según el medio chileno, el jefe de Defensa Nacional, Javier Iturriaga, ha solicitado ampliar el plazo para informar sobre la situación de estas personas, lo que para el abogado es “un tanto absurdo” porque, considerando la gravedad de los acontecimientos, en su opinión, urge que se haga un recorrido por todas las comisarías y unidades policiales y militares para que dispongan de toda la información disponible y sea traspasada a los familiares cuanto antes.
Vicente Bustos, presidente del CED, destacó la labor de la Defensoría, de visibilizar lo que está ocurriendo en comisarías, hospitales y lugares detención e informó que a la fecha, han recibido 505 denuncias, que se distribuyen en 350 disparos de proyectiles no balísticos, 46 reportes de lesiones oculares; 51 reportes de lanzamientos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, 35 casos de golpes con lesiones graves, 3 casos de desnudamientos, 3 atropellos por parte de vehículos policiales y 3 afectaciones a personas en situación de calle, entre otros casos.
Tomás Ramírez, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señaló que las dinámicas de represión policial y de trato a los observadores de Derechos Humanos se han mantenido y en algunos casos ha empeorado. “Aún se dificulta el acceso a la información de las personas detenidas y a la posibilidad de entrevistarse con ellas, para conocer las condiciones concretas de su detención”, dijo.
Informó que se han encontrado con una gran cantidad de personas lesionadas, dado que Carabineros realiza disparos a la parte superior del cuerpo y cabeza de las personas.
Así, Ramírez, miembro de la Defensoría Jurídica de nuestra universidad, se refirió primero a lo que ha sido el actuar policial y el trato para con los observadores de dichas instituciones.
“Respecto de los observadores, hemos podido notar que aún se dificulta el acceso a la información de las personas detenidas y a la posibilidad de entrevistarlos para conocer el estado en que se encuentran y las condiciones de su detención. Las dinámicas de la represión policial y militar se mantienen e incluso empeoran”, precisó.
Según Ramírez, en el caso de los disparos efectuados por miembros de Carabineros, estos se han producido apuntando directamente a la parte superior del cuerpo, lo que ha conllevado a una alza en el número de víctimas que resultan muertos o con visión afectada.
La gigantezca demostración del pueblo chileno: UN MILLON EN LAS CALLES DE SANTIAGO
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