UN DÍA FELIZ PARA LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA
08 de julio de 2019
Cadena perpetua para represores
es un resultado óptimo de justicia
y reconstrucción de la verdad
El Poder Ejecutivo expresó que la sentencia de segunda instancia que condena a cadena perpetua a un jerarca civil y 12 militares uruguayos por delitos de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos italianos, en el marco del Plan Cóndor, es un resultado “óptimo de justicia y reconstrucción de la verdad sobre la modalidad con la que las fuerzas represivas de la dictadura golpeaban a las fuerzas democráticas y a los disidentes políticos”.
A través de un comunicado, el Ejecutivo remarca que “hoy es un día feliz para la democracia y la justicia, como también para reafirmar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que nunca quedarán impunes”.
También destaca que el resultado procesal fue fruto del “esfuerzo y trabajo colectivo” de la Presidencia de la República, como parte civil, en la persona del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y del abogado representante de nuestro país, Andrea Speranzoni.
Asimismo,” han cumplido una gran labor” la Fiscalía General de Roma y la Fiscalía Ordinaria de Roma, en las personas de los fiscales Tiziana Cugini y Francesco Mollace.
“Un resultado judicial que conjuga justicia y memoria colectiva”, remarca el Gobierno uruguayo.
Comunicado
A continuación el comunicado íntegro de Presidencia de la República:
Sentencia de segunda instancia por los crímenes del Plan Cóndor contra víctimas uruguayas
La sentencia de apelación pronunciada hoy por crímenes de lesa humanidad, de los cuales fueron víctimas durante la dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1978, ciudadanos italianos y uruguayos, invierte totalmente la sentencia de primera instancia en la cual 13 imputados habían sido absueltos y uno solo condenado.
En esta segunda instancia, fueron condenados a prisión perpetua todos los imputados por homicidios agravados, a saber: Juan Carlos Blanco, José Gavazzo, José Ricardo Arab, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Ricardo Blanco, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, Ernesto Soca, Pedro Mato Narbondo, Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau.
El presente fallo constituye un resultado óptimo de justicia y reconstrucción de la verdad sobre la modalidad con la que las fuerzas represivas de la dictadura golpeaban a las fuerzas democráticas y a los disidentes políticos.
La decisión adoptada por los jueces de segunda instancia representa, además, una respuesta de justicia para los familiares de las víctimas y para las instituciones y la sociedad uruguaya en su conjunto, en la medida en que todos los imputados fueron considerados responsables de los secuestros y de los homicidios de los que fueron acusados.
Entre los condenados está el exjefe del S2 servicio de inteligencia del FUSNA, Jorge Tróccoli, escapado en 2007 para evitar el proceso en Uruguay.
El proceso de apelación logró demostrar que en la fase de planificación de los homicidios consumados de mayo a octubre de 1978 por personal de la Armada uruguaya, en acuerdo con la ESMA argentina, Tróccoli tuvo un rol central.
En la fase ejecutiva, el acusado desempeñó funciones de conexión y coordinación de las operaciones en el ESMA de Buenos Aires y, contemporáneamente, en la plana mayor de la Armada uruguaya y en el S2 del FUSNA. El proceso de apelación hizo, además, emerger una relación directa con el genocida argentino Alfredo Astiz.
Entre los condenados hay también oficiales de la Oficina III del SID, acusados de haber asesinado y hecho desaparecer militantes del PVP en 1976, entre los cuales se encuentra el represor José Gavazzo. El proceso de apelación y las nuevas pruebas en su contra han demostrado que Gavazzo, en 1976, dirigía desde Uruguay las operaciones denominadas Cóndor como jefe. Una documentación irrefutable, considerada por la Corte de Roma ‘relevante y nueva’.
El resultado procesal fue fruto del esfuerzo y trabajo colectivo de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, como parte civil, en la persona del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y del abogado representante de nuestro país, Andrea Speranzoni. Asimismo, han cumplido una gran labor la Fiscalía General de Roma y la Fiscalía Ordinaria de Roma, en las personas de los fiscales Tiziana Cugini y Francesco Mollace. Un resultado judicial que conjuga justicia y memoria colectiva.
Ahora es necesario asegurar el resultado obtenido a través de la probable y última instancia, constituida por el eventual juicio en la Corte de Casación (equivalente a la Suprema Corte de Justicia).
Por otra parte, la sentencia de apelación confirma que en América Latina en los años 70 y 80 operó el Plan Cóndor, una organización criminal transnacional compuesta por los vértices de inteligencia militar, que asesinó a miles de ciudadanos, sindicalistas y militantes de diversos partidos políticos y de oposición a las dictaduras que se habían instalado, a través de la violencia, en el Cono Sur.
Finalmente, el proceso de apelación ha demostrado, por primera vez, el nivel criminal del acusado José Gavazzo, definido en los nuevos documentos y pruebas producidas por la Presidencia de la República Oriental del Uruguay en octubre de 2018 y admitidas por la Corte de Roma como ‘jefe de la operación Cóndor por parte de Uruguay’. Esta nueva documentación de procedencia militar (ex Oficina III del SID) revela los vínculos internacionales del genocida Gavazzo en el ámbito de la coordinación de las operaciones en Argentina.
Podemos concluir que hoy es un día feliz para la democracia y la justicia, como también para reafirmar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que nunca quedarán impunes.
Si bien lo logrado en esta segunda instancia pauta el compromiso de la Presidencia de la República en la lucha contra los represores y violadores de derechos humanos, se destaca que la labor y este compromiso continúan a nivel nacional”.
Video donde se da lectura al fallo del Tribunal que condena a perpetuidad a 24 represores sudamericanos
VUELO DE PÁJARO
Plan Cóndor: el fallo es un
“resultado óptimo de justicia y verdad”,
señaló el gobierno
El Poder Ejecutivo destacó la participación del secretario Miguel Ángel Toma, ya que los datos que aportó fueron los “pilares” de la nueva sentencia, y remarcó que el dictamen representa una “respuesta de justicia para los familiares”.
08.07.2019
El Poder Ejecutivo emitió un comunicado este lunes saludando la decisión del Tribunal de Roma, que en segunda instancia condenó a cadena perpetua a doce ex militares y un civil por los delitos de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos italianos y uruguayos durante la última dictadura cívico-militar.
El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo al portal de esa institución que las sentencias de los tribunales uruguayos y los legajo0s aportados en la apelación, que fueron llevados por el secretario Miguel Ángel Toma, “por orden del presidente Vázquez”, “construyeron los pilares” de la decisión del tribunal de Apelaciones para revocar la sentencia de primera instancia.
En el comunicado, el Ejecutivo señala que el fallo “constituye un resultado óptimo de Justicia y reconstrucción de la verdad” sobre la “modalidad con las fuerzas represivas de la dictadura golpeaban a las fuerzas democráticas a los disidentes políticos”.
Para el gobierno, la decisión adoptada por los jueces de la segunda instancia “representa además una respuesta de justicia para los familiares” de las víctimas y para las instituciones uruguayas, “en la medida en que todos los imputados fueron considerados responsables de los secuestros y de los homicidios de los que fueron acusados”.
Entre los acusados, señala el Ejecutivo, se encuentra el ex jefe del servicio de inteligencia del Fusna, Jorge Tróccoli, quien se escapó de nuestro país en 2007 “para evitar el proceso”.
Este proceso de apelación logró demostrar, según el gobierno, que este imputado tuvo un “rol central” en la fase de planificación de los homicidios consumados de mayo a octubre de 1978 por personal de la Armada uruguaya.
En la fase ejecutiva, se agrega, Tróccoli desempeó funciones de conexión y coordinación de las operaciones en el ESMA de Buenos Aires y, contemporáneamente, en la plana mayor de la Armada uruguaya y en el S2 del Fusna.
El Ejecutivo afirma que este resultado es el “fruto del esfuerzo y del trabajo colectivo” de la secretaría liderada por Toma y del abogado representante de nuestro país Andrea Speranzoni.
Este proceso también demuestra el “nivel criminal” de José “Nino” Gavazzo que, con nuevos documentos y pruebas, quedó demostrado que era “jefe de la operación Cóndor por parte de Uruguay”.
La nueva documentación “revela los vínculos internacionales del genocida Gavazzo en el ámbito de la coordinación de las operaciones en Argentina”.
“Podemos concluir que hoy es un día feliz para la democracia y la justicia, como también para reafirmar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que nunca quedarán impunes”, sentencia el comunicado.
Montevideo Portal
Juicio en Roma por el Plan Cóndor:
todos los imputados condenados
a cadena perpetua
8 de julio de 2019
Andrea Speranzoni, nuevo abogado del Estado uruguayo, Miguel Ángel Toma, secretario de Presidencia, y Jorge Ithurburu,
de la Asociación 24 de Marzo.
La Corte de Apelaciones de Asis de Roma declaró esta mañana culpables a los 24 imputados por el Plan Cóndor y los condenó a cadena perpetua.
El secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, presente en la sentencia, dijo a la diaria estar muy “emocionado” por el fallo, y sostuvo que Uruguay fue a Roma “a hacer lo que debía hacer: proporcionar la prueba que siempre dije que era relevante para la decisión de este procesos: nueve sentencias en Uruguay dictadas en el plazo del Plan Cóndor, los legajos militares de [Jorge Nestor] Troccoli, de [José Nino] Gavazzo, de [Luis] Maurente y una serie de pruebas relativas a la actividad de Troccoli en el Fusna [por Fusileros Navales]. Esos elementos fueron decisivos en esta decisión”.
En tanto, el abogado de Uruguay, Andrea Speranzoni, dedicó el fallo a “los luchadores sociales y las personas que repudian los crímenes de lesa humanidad”. “Las pruebas existen y la documentación fue producida y los testigos hablaron. Tenemos una sentencia llena y amplía y es fruto de un esfuerzo de la Presidencia que está acá en el Juicio de Roma”, expresó.
Según pudo saber la diaria, la defensa de Troccoli recurrirá el caso ante la Corte Suprema de Italia.
Apelación por el Plan Cóndor:
24 de los 25 imputados a cadena perpetua
9 de julio de 2019
El gobierno celebró la condena y aseguró que aportó
información fundamental para la decisión.
La jueza Agatella Ciuffrida ingresó en el aula de la Primera Corte de Apelación de Roma a las cinco en punto de la tarde para la lectura del fallo, acompañada por la jueza adjunta Caterina Brindisi y los seis jueces populares, luego de una intensa jornada del consejo. Empezó a leer la sentencia en el silencio absoluto del aula, donde se había reunido una numerosa concurrencia: abogados, periodistas, familiares de las víctimas, militantes de derechos humanos.
Cuando quedó claro que 24 de los 25 imputados (de los 27 involucrados en ese juicio, Luis García Meza y Pedro Richter Prada fallecieron, y se confirmó la absolución de Ricardo Chávez Domínguez) habían sido condenados a cadena perpetua por homicidio voluntario muy especialmente agravado, un suspiro de alivio atravesó la habitación. Zelmar Michelini y Aurora Meloni, familiares de víctimas del Plan Cóndor, llegaron cuando la lectura había ya empezado. Al interrogar con la mirada a los presentes, casi no podían creer lo que estaba sucediendo.
Miguel Ángel Toma, secretario de Presidencia de Uruguay, presenció de pie la lectura del fallo, al lado del abogado Andrea Speranzoni. Los dos permanecieron inmóviles hasta que finalizó la lectura del fallo y se dieron un abrazo cuando la jueza abandonó la sala.
Cristina Mihura, viuda del desaparecido Bernardo Arnone, se encontraba en ese momento sentada en el banco que ocupó durante todas las audiencias de apelación y trataba de contener la emoción. “He escuchado decir varias veces que la Justicia cuando llega tarde no es justicia, y hoy digo que eso no es cierto. Mis pensamientos y mi abrazo hoy es con las familias de las víctimas de [Jorge] Tróccoli, que nunca habían conocido la justicia en todo lo que habían pasado. Creo que esta Corte de Apelación ha corregido el camino, en gran parte errado, de la sentencia en primera instancia. Para Bernardo es una sentencia que llega en un tercer país [su detención y desaparición se cometieron en Argentina]. Ahora me falta encontrarlo, pero ha tenido justicia”, dijo.
Al final de la lectura, en la sala se confundieron lágrimas y abrazos. Pasado un rato, empezaron las llamadas entre Italia y Uruguay, Chile y Bolivia, así como las preguntas de los periodistas. Michelini dijo que sentía “una gran emoción por todos los compañeros que han recibido justicia”. “Y una gran satisfacción, porque esa es la prueba de que no hay que parar nunca en el empeño, de que no hay que dudar y de que es necesario seguir adelante hasta que haya justicia y verdad para todas las víctimas de la dictadura uruguaya y del Plan Cóndor”, añadió.
Miguel Angel Toma y Andrea Speranzoni, asisten a la lectura de la sentencia.
Ya fuera del tribunal, Toma aseguró, en diálogo con la diaria, que el presidente Tabaré Vázquez, con quien había hablado hace minutos, le había manifestado “su emoción por esta sentencia y por haber cumplido el compromiso de continuar hasta las últimas instancias judiciales con aquellos delincuentes que, amparados en la dictadura, cometieron crímenes atroces”. “Trajimos a Roma nueve sentencias ejecutadas y pruebas relevantes referidas a los legajos de Tróccoli, de [Luis] Maurente, de [Jorge] Silveira, además de toda la información que surge de los registros del Fusna [Fusileros Navales] que probaban en forma abrumadora la responsabilidad de todos los imputados. Este es el justo epílogo de la lucha que hemos llevado adelante acá, en Roma. En Uruguay seguimos trabajando y trajimos todos nuestros esfuerzos”, expresó.
Por su parte, la abogada Alessia Liistro –que representó a Néstor Gómez Rosano por el homicidio y la desaparición de su hermana Célica Gómez Rosano, quien fue vista por última vez en el Fusna, en Montevideo– se mostraba satisfecha y emocionada: “Ha sido una gran victoria. Yo siempre mantuve mi esperanza, y finalmente se hizo justicia en la apelación”, expresó.
Al final de la jornada, el abogado del Estado uruguayo, Speranzoni, dijo a la diaria que si bien había “mucha confianza, no sabíamos cómo terminaría”. “Mi racionalidad me llevó a ser optimista, porque la evidencia de estos delitos y de la conducta individual de los acusados estaba allí, y los llevamos a la corte. Hicimos un trabajo extraordinario con Presidencia de la República para dar ímpetu a las pruebas. El tribunal las consideró válidas y hoy tenemos muchas condenas, en lugar de todas las absoluciones que se habían dictado en la sentencia de primer grado. Es una gran emoción para los uruguayos, para las víctimas y para todos los que en América Latina trabajan a diario para construir la democracia. Este fallo es una respuesta legalmente correcta y completa que da justicia a estas víctimas”.
En cambio, el abogado de Tróccoli, Francesco Saverio Guzzo, dijo que no esperaba un fallo como ese y que estaba convencido de que la Corte de Apelación iba a confirmar la sentencia en primera instancia, porque “estaba muy bien motivada, equilibrada y completa”. “Hablé con mi cliente, quien expresó su repudio y lamentó la sentencia. Leeremos las motivaciones y luego apelaremos ante el Tribunal de Casación”, explicó.
Una de las últimas personas en abandonar el Tribunal fue Meloni: “Al principio casi no podía entenderlo, no lo creía, pero ahora estoy feliz. Han pasado demasiados años. En nuestros países esto es simbólico pero importante: para mí, para mi familia, para las madres, los hermanos, las hermanas, los hijos y las hijas. Me han escrito uruguayos desde todo el mundo: ¡Por fin la justicia!”.
Grupo por Verdad y Justicia presenta información
sobre su trabajo a la bancada del FA
Hoy de mañana, la bancada de Diputados del Frente Amplio se reunirá con Felipe Michelini y Pedro Sclofsky, integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), y con el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo. El objetivo del encuentro, explicó Michelini, es contar a los legisladores lo que fueron “estos cinco años de experiencia del grupo”.
Michelini piensa que la búsqueda de detenidos desaparecidos tiene que ser llevada adelante en el marco de otra institución, que no sea el Poder Ejecutivo, y que tenga “otro nivel de autonomía”. Según dijo, es necesario promover un “diseño diferente” que permita al Estado avanzar en ese cometido, y este será uno de los temas que planteará a los legisladores. “La búsqueda de los detenidos desparecidos es una responsabilidad estatal”, señaló, y agregó que es necesario resolver cuál es la mejor forma de cumplir con esa obligación.
Sobre la sentencia, Michelini destacó el rol que tuvo el GTVJ en el proceso y opinó que se trata de un “reconocimiento” a las víctimas y familiares. En la misma línea declaró ayer el ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, quien aseguró en una rueda de prensa que esta segunda instancia “pone las cosas en su lugar y el fallo cumple con las expectativas que uno tenía”.
Merecida condena: se hizo
justicia en Roma
Finalmente, en Roma, se hizo justicia. En la tarde de ayer se conoció el fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones que condenó a cadena perpetua a un grupo importante de represores latinoamericanos, habiendo entre ellos, algunos de los represores más significativos del proceso represivo uruguayo. La condena del capitán Jorge Tróccoli y de Pedro “burro” Matos, ambos requeridos por la justicia uruguaya, adquiere particular relieve. A ambos, en libertad, los obliga, además, a realizar resarcimientos indemnizatorios.
La causa se inició hace 20 años por parte de familiares de uruguayos detenidos desaparecidos de origen italiano y por parte de activistas de DDHH cuando en Uruguay todos los caminos legales para llegar al justicia estaban bloqueados debido a la vigencia de la ley 15 848, ley de impunidad. Luego de regresar a la institucionalidad democrática, durante el primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, los militares lograron la aprobación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del estado mediante una coalición de parlamentarios blancos y colorados.
La ley 15 848 supeditó el accionar del Poder Judicial al Poder Ejecutivo para la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos del terrorismo estatal. En los hechos operó como una ley de amnistía no encubierta para los militares y policías que habían actuado en operativos represivos en dicho período.
En el último tramo del proceso, durante la etapa del recurso de apelación, presidencia de la república se involucró activa y enérgicamente para lograr este resultado tan positivo y tan necesario para la justicia y para la salud republicana de nuestra sociedad. Debe continuar alerta y vigilante para que Tróccoli no vuelva a escapar y se efectivice la detención del capitán Mattos mediante interpol para que cumpla su bien merecida condena.
Investigar, esclarecer y sancionar, son acciones fundamentales para evitar que las graves violaciones a los DDHH puedan volver a ocurrir. Es un derecho inalienable de las propias víctimas y una necesidad del conjunto de la sociedad. El reclamo de justicia de las víctimas nunca merece la más mínima descalificación. Ha sido, es y será, un paso decisivo para que haya justicia.
En esta hora de satisfacción por el logro alcanzado en una corte lejana geográficamente y juzgando hechos distantes en el tiempo no nos pasa desapercibido que algunos de los condenados ayer, en Uruguay fueron absueltos por tribunales de honor militar a pesar de existir una condena explícita de la justicia uruguaya acerca de ellos. Tal es el caso de José Nino Gavazzo, Jorge “Pajarito” Silveira, Luis Maurente y Jorge Larcebeau.
El teniente general ® Guido Manini Ríos, haciendo campaña política desde su cargo, señaló que habían sido condenados por la justicia uruguaya de manera arbitraria e injusta. Aún hoy, hay jerarcas militares de primer nivel, con mando de tropas, tanto en el Ejército como en la Marina, que consideran que estos delincuentes internacionales, con su accionar criminal, no lesionaron el honor de las fuerzas armadas. Reflejan un sentido del honor y una escala de valores incompatibles con un régimen democrático y republicano.
Saludamos a todos los familiares y compañeros que iniciaron estas causas y durante décadas, a veces en solitario e incluso cuestionados, militaron en forma incansable, demostrando que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Reclamamos al Poder Ejecutivo que pase a retiro en forma inmediata a todos los jerarcas militares del Ejército y de la Marina que han avalado la conducta de estos criminales. No debe esperar la anuencia de los senadores que han demostrado, una vez más, más allá de discursos y de declaraciones de intencionalidad, que continúan militando a favor de la impunidad para todos los casos del pasado reciente.
En Uruguay, el Poder Judicial tiene el monopolio de la investigación criminalística indispensable para llegar a la verdad, para esclarecer todas las causas pendientes, para citar, interrogar, incautar documentos, allanar domicilios, privar de la libertad. Debe ejercer sus facultades y potestades. Con su máximo órgano a la cabeza, debe poner fin a las reiteradas maniobras dilatorias e ilegales de los abogados defensores de los involucrados. Debe dejar de autorizar prisiones domiciliarias indebidas como hasta el presente. El fallo de la Corte de Roma es el espejo en el cual debe mirarse el Poder Judicial para salir de la inoperancia que escandaliza a la sociedad.
A redoblar muchachos la esperanza. A redoblar los esfuerzos.
Silvia Bellizzi: “Es la primera vez
que se condena
al Plan Cóndor”
Una de las querellantes ante la justicia italiana, y hermana de Andrés Bellizzi, desaparecido por la dictadura en 1977, destacó el carácter simbólico del fallo y dijo que espera que influya para reactivar ciertas causas que “están encajonadas en algunos lugares”
López Goldaracena:
«Es un triunfo del derecho
y de la justicia»
Jul 9, 2019
Para el abogado Óscar López Goldaracena, la sentencia en Roma es «un triunfo del derecho y de la justicia». «Recordemos la desazón de las familias cuando en el caso judicial que terminó con la condena de Gregorio Álvarez se había pedido también el procesamiento de Tróccoli para juzgarlo aquí, pero se escapó a Italia
Luego, el pedido de extradición no llegó en fecha y el presidente, en aquel momento también Tabaré Vázquez, destituyó al embajador en Italia». «Tengo muy presente la angustia e impotencia de las familias en aquel momento. Hoy las cosas se ponen en su lugar y quiero felicitar expresamente al presidente de la República y a todo el equipo del Estado uruguayo que aportó las pruebas en Italia para poder revertir la situación».
Por otra parte, señaló que la sentencia «reafirma nuestra convicción de que es un principio de derecho internacional que cualquier país tiene, no solo el derecho, sino también la obligación de juzgar crímenes contra la humanidad, ocurran donde ocurran y cualquiera sea el tiempo en que se hayan cometido, más cuando estos crímenes tuvieron una conexión con sus nacionales».
«En esta materia no puede haber islas territoriales de impunidad y se debe avanzar hacia la efectiva jurisdicción universal, porque la tortura, la desaparición forzada de personas y el homicidio político son crímenes que atentan contra toda la humanidad, no solamente contra las víctimas que los sufrieron».
«Quedó nuevamente probado, en otra causa judicial, ahora en Italia, que en América Latina hubo una macrocriminalidad estatal», agregó.
DULZURA DISTANTE
Toma: “En Roma se ven mucho más
claros que en el Parlamento”
los delitos del Plan Cóndor
9 julio 2019
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El secretario del gobierno cuestionó que no se hayan dado las venias para el pase a retiro de militares integrantes del Tribunal de Honor militar.
El secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, destacó este martes la resolución del tribunal de Apelaciones de Roma, que este lunes condenó a cadena perpetua a doce militares uruguayos por delitos de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos uruguayos e italianos durante el año 1978, en el marco del Plan Cóndor.
En diálogo con Televisión Nacional, Toma contó que el Estado uruguayo “construyó un relato relevante” en base al aporte de pruebas y los legajos de Jorge Tróccoli, José “Nino” Gavazzo y de Jorge Silveira.
“Los legajos, unidos a elementos de prueba hallados en el Fusna, son prueba de la fase de planificación de los homicidios consumados de mayo a octubre de 1978 por el personal de la Armada uruguaya”, señaló.
Los documentos hallados “describen el acuerdo” entre la Esma argentina y el Fusna; Tróccoli, dijo Toma, tuvo un “rol central”: “Desempeñó tareas de conexión en Buenos Aires”.
El jerarca de gobierno cuestionó que el Parlamento no haya votado las venias para pasar a retiro a los militares que integraron el Tribunal de Honor militar, y que escucharon las declaraciones de Gavazzo y Silveira.
“Con el aporte de esos elementos se conectan los hechos que, con tristeza lo digo, nuestro país trató con las venias para reformar a estos violadores de derechos humanos, lamentablemente tuvieron actores que no entendieron de qué estaban hablando”, detalló.
“Parece que en Roma se ve mucho más claro que en el Parlamento. Esto es lo que duele un poco”, sentenció.
Montevideo Portal
Plan Cóndor: así se llegó a la
condena de los represores
uruguayos
Los abogados querellantes contaron cuáles fueron las pruebas que permitieron cambiar el parecer de la Corte de Roma
Francesca Lessa y Fabián Werner / Sudestada
10/07/2019
Luego de la emoción y el impacto que provocó la sentencia de la corte romana, condenando a cadena perpetua a 24 represores latinoamericanos (entre ellos 13 uruguayos) por sus crímenes en el marco del Plan Cóndor, este martes 9 en la capital italiana se dio paso a la reflexión.
Muchos de los querellantes en la causa que se inició hace 20 años, y varios de sus abogados, se reunieron en Roma, en la sede de la Fondazione Basso, para ofrecer una conferencia de prensa sobre el dictamen judicial. Entre los comparecientes estaban Andrea Speranzoni, abogado del Estado uruguayo y de varias víctimas, y el secretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma.
Explicar qué fue lo que pasó entre enero de 2017 (fecha de la primera instancia, en la que solo fue condenado Juan Carlos Blanco) y julio de 2019 fue uno de los aspectos principales de la comparecencia.
Otra de las grandes preocupaciones de los querellantes sigue siendo la situación del capitán Jorge Troccoli, quien se encuentra en libertad pero condenado a prisión perpetua. Si bien todavía existe una instancia de alzada a la que podrían recurrir los acusados, mediante un recurso de casación, la expectativa es que la Justicia tome los recaudos necesarios para evitar una nueva fuga del represor, que ya evadió a los tribunales uruguayos.
Sin embargo, por el momento los abogados definieron este asunto como “delicado”, y explicaron que no es posible comentar el tema porque todavía se trata de uno de los aspectos incluidos en el proceso.
Abogados Alicia Mejía, Andrea Speranzoni y Arturo Salerni. Foto: Francesca Lessa.
La primera en calibrar el alcance del fallo fue Alicia Mejía, representante de los familiares de Jaime Patricio Donato Avendaño, un miembro de la Junta Central del Partido Comunista de Chile desaparecido en 1976, y de la uruguaya Aida Sanz. “Son dos sentencias que se unen, que no pueden leerse por separado”, dijo en referencia al fallo que a principios de 2017 había absuelto a la mayoría de los acusados.
“En la sentencia de primera instancia se reconoce por primera vez la existencia del Plan Cóndor, cuando hasta aquel momento existía “tanta literatura a nivel histórico, sociológico, político” que daba cuenta de la coordinación. “Aquella sentencia dice que el plan ocurrió, y estos son los responsables. Esta es la primera lectura que debemos hacer”, dijo Mejía.
Recordó que durante el juicio la defensa de los acusados sostuvo que un proceso penal no debe tener como objetivo “hacer historia”, pero en cambio dijo que el juicio se promovió para probar la existencia “de un plan que tenía una finalidad, combatir la subversión”
La sentencia de la apelación, dijo Mejía, lo que hace es reafirmar la existencia del plan y modificar la decisión de primera instancia “declarando la responsabilidad de determinados sujetos en determinados hechos”. “No hicimos historia, individualizamos la responsabilidad personal de determinados sujetos”, señaló.
Mejía reconoció el aporte de documentación que realizó Uruguay a la causa, y destacó el trabajo del abogado Andrea Speranzoni en la búsqueda de información que permitió a la Corte “realizar una lectura conjunta de todos aquellos elementos que ya se encontraban en el expediente y que con el aporte de nueva documentación permitió a la Corte y los jueces populares llegar a una sentencia de condena”
Por su parte, Speranzoni señaló que el cúmulo probatorio que se aportó a la causa durante el proceso de apelación tenía que ver con responsabilidades individuales. “Esto explica el trabajo de búsqueda y la obtención de un resultado, que la Presidencia de Uruguay favoreció, promovió, cultivó y hoy produce este fruto”, señaló.
El abogado explicó que en los casos de Jorge Troccoli y Juan Carlos Larcebeau se encontraron tarjetas en los archivos del Fusna que mencionaban a varias de sus víctimas, como Célica Gómez Rosano, Miguel Angel Rio Casas, Gustavo Raúl Arce Viera, Graciela Noemi Basualdo Noguera, Yolanda Iris Casco, Susana De Gouveia Gallo de Michelena o Eduardo Gallo Castro.
En esos registros constaban las pruebas de la existencia de operaciones de inteligencia contra las posteriores víctimas, con información detallada de su lugar de residencia y de trabajo, sus hábitos de vida, los sitios que frecuentaban así como datos obtenidos mediante el uso de dispositivos de interceptación de comunicaciones telefónicas y personales, relató Speranzoni.
El abogado calificó como “increíble” la documentación obtenida en los archivos uruguayos respecto a las actividades de Troccoli y Larcebeau, “como oficiales del S2, de la inteligencia de los Fusileros Navales de la Marina uruguaya, como oficiales represores, como personas calificadas para realizar estas actividades”
Añadió que en los legajos personales de estos militares figuran además las capacitaciones que recibieron desde 1974 hasta los años 80, primero como miembros de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA), luego destacados como el S1 del Fusna con el fin de proveer recursos económico y materiales para realizar operaciones de inteligencia.
También se ubicó información que data de inicios de 1976, tres meses después de la reunión de Santiago de Chile en la que se constituyó formalmente el Plan Cóndor, donde la Marina uruguaya consigna la necesidad de conformar una oficina de elaboración de información computarizada a cargo de Troccoli y Larcebeau.
Cuando se sistematiza toda esta información, recordó Speranzoni, “se crea una sinergia más estrecha a nivel informativo y se individualizan las personas que se van a golpear” en los operativos. Aquí se produce “una ignominia dentro de la ignominia”, explicó el abogado, porque “se utiliza la información extraída mediante tortura a las víctimas de estos delitos de lesa humanidad para sistematizar de forma más pertinente la información”
“No hablé de este tema a lo largo del proceso y no voy a hablar más públicamente porque creo que se debe guardar respeto a los seres humanos” que han pasado por esta situación, dijo Speranzoni.
Abogados Mario Angelelli y Giancarlo Maniga. Foto: Francesca Lessa.
Uno de los aspectos planteados durante la conferencia de este martes en Roma fue la aparente “contradicción” entre las sentencias de primera y segunda instancia.
El abogado Giancarlo Maniga dijo que en realidad lo que hubo fue una confirmación de la sentencia de primera instancia, a la que se adjuntaron otros condenados. Dijo que en el fallo de 2017 “no se le había dado a algunos elementos fácticos el justo peso, como por ejemplo los que involucran a Troccoli y Gavazzo”
Si bien los motivos de la Corte se conocerán en el mes de octubre, según Maniga en este segundo pronunciamiento judicial hubo un cambio de interpretación al admitir la existencia del “concurso” de varias personas para cometer un delito.
Todas las apelaciones subrayaron este concepto, del Ministerio Público, del Procurador General de Justicia y de las partes civiles, y el tribunal lo admitió. El planteo de los querellantes fue que cuando se realiza una serie de conductas diferenciadas, como el secuestro, la prisión, la tortura y el interrogatorio, se llegó materialmente al homicidio, dijo.
“No se trata de piezas diferentes. Son todas conductas ligadas por la continuidad y la unicidad del evento final”, sostuvo Maniga. En función de este razonamiento se ha basado seguramente la sentencia de apelación, agregó el abogado.
Escucha el audio completo de la primera parte de la conferencia de prensa, que se ofreció casi en su totalidad en italiano. Por orden de participación, aparecen la abogada peruana Alicia Mejía, el abogado italiano Andrea Speranzoni, el viceministro boliviano Diego Jiménez, y los abogados italianos Arturo Salerni, Mario Angelelli y Giancarlo Maniga.
Video efectuada por la RAI, sobre el fallo del Tribunal que juzgó a los represores del Plan Cóndor – Para verla tocar la imágen
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