Preparando las dos jornadas, 30 y 31 de agosto próximo, se ha de llevar en la “Place de La République”, en Paris, con motivo del Día Internacional del Detenido y Desaparecido, ofrecemos a nuestros lectores, una serie de documentos, entre los cuales se encuentra un video dedicado, al verdadero gestor de la Ley Proclamada por las Naciones Unidas, sobre “la desapareción forzada”, nuestro amigo y compañero, el Magistrado LOUIS JOINET. Creemos de importancia ofrecer esto, ya que esperamos que esas jornadas re-lanzarán una vez más la denuncia contra la IMPUNIDAD, pero sobre todo contra EL OLVIDO.
Este es un video de Frantz Vaillant, sobre el Magistrado francés Louis Joinet
Louis Joinet, fundador del Sindicato de la Magistratura de Francia, asesor de Derechos Humanos del presidente francés François Mitterrand, fue el principal inspirador y redactor de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada y autor en 1997 de los principios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En 2003 y en 2013, Louis Joinet participó en la organización en Francia de sendos coloquios sobre la justicia y los desaparecidos en Uruguay.
En 2003, invitó a los abogados Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoña, que en aquel entonces impulsaban los primeros juicios que permitieron socavar las bases de la Ley de Caducidad, a exponer en la alcaldía de París la situación de los derechos humanos en Uruguay.
En 2013, en el Senado de Francia, Joinet presidió una importante reunión de magistrados, abogados y defensores de los derechos humanos de Uruguay y Francia que analizaron los avances y retrocesos de la justicia en Uruguay. En particular, después de la ley votada por el parlamento que dejaba sin efecto la Ley de Caducidad y la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucionales algunos de sus artículos, lo cual perpetuaba la impunidad de militares torturadores, asesinos y responsables de crímenes de lesa humanidad.
“Cuando redactamos el Proyecto de Convención contra las desapariciones forzadas dimos una gran prioridad a la lucha contra el tiempo para que los casos de desapariciones forzadas no se vuelvan eternos, enterrados en el olvido”, explicó Joinet al referirse a una frase del presidente José Mujica que había dicho : “yo voy a morir, todos vamos a morir, dejemos que el tiempo se encargue…”.
“Seguramente, que esto lo ha dicho más emocionalmente que en términos jurídicos, por lo cual voy a aportar el elemento jurídico, que es mi oficio. Yo estaría tentado de decirle : “Presidente, yo voy a morir, usted va a morir, lamentablemente todos vamos a morir, pero usted, yo, todos, tendremos descendientes y serán esos herederos quienes seguirán preguntándose : “¿donde están ?”.
“La Corte decidió poner término brutalmente, sin formalidad ni procedimiento, a las funciones de la jueza Mariana Mota, quien luego de investigar durante tres largos años sobre más de cincuenta casos, después de recibir indicios y pruebas claras y consistentes y cuando estaba a punto de finalizar y enviar a los acusados frente a sus jueces, fue sencillamente – sin previo aviso – mutada a un tribunal civil”, dijo Joinet.
“Diré una cosa, incluso con el temor de herir su humildad : querida colega, permítame expresarle que usted ha salvado el honor de la magistratura uruguaya. Se lo agradecemos“, expresó Joinet en el Senado dirigiéndose a Mota.
COLOQUIO EN PARIS
“Las trompetas
de Jerico”
14.05.2013
PARIS (Uypress/Carlos Wuhl) – Con bastante descaro, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia anunció, bombeando su torso, que se alzará una “muralla” para frenar cualquier nuevo proceso que se efectúe a los militares y civiles, aún no procesados, o en vista de serlo, integrantes todos de la dictadura cívico-militar en Uruguay durante el período 1973 – 1985.
Supremas palabras de la Suprema Corte, ignorando que solo el hecho de mencionar “murallas” estas han nacido para ser derribadas y pasarlas por encima. El “muro del Atlántico” era inexpugnable, como también lo fue “la línea Maginot”, la “Sigfrido”, “la gran Muralla China”, o “el Muro de Berlín” y entre polvo o motivo de turismo han quedado esas murallas, y esta que presenta la SCJ, también va hacer derribada, no por trompetas, sino por la palabra de quienes van a intervenir en éste coloquio, en el marco de una de las salas del Palacio de Luxemburgo donde legisla el Senado de Francia.
No son trompetas, sino la voz de magistrados, mas que fogueados en los casos de defensa de los DDHH y sobre todo en la denuncia esencial de estos momentos, en que olímpicamente, la SCJ de Uruguay, considera como “delito común”, el crimen de lesa Humanidad, que representan las “desapariciones forzadas”, esas desapariciones que siguieron punto por punto el “Plan Cóndor”, que a su vez era copia exacta del Plan “Noche y Niebla”, impuesta por los nazis, en los principios mismos de la II Guerra Mundial.
Nada más categórico que fueron las resoluciones del Tribunal de Nuremberg en 1946, en tipificar como Crimen de Lesa Humanidad, ya no solo las “desapariciones forzadas”, sino los crímenes de Genocidio, los crímenes de asesinatos premeditados y sistemáticos, el uso de la tortura, y finalmente la “desaparición”.
Decenas de miles en Argentina, miles en Chile, centenares en Uruguay así como en Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay y el resto de la América Latina en ese decenio bien específico de los años 70 hasta fines de los 80.
Recordando el Tribunal Russel, único pie de denuncia en su momento de la Guerra de Vietnam, extendido luego a todos los intentos dictatoriales de sojuzgar países, al servicio del imperialismo norteamericano, de nuevo la palabra de magistrados, de fiscales, y de victimas se van a escuchar para marcar una vez mas LA NECESIDAD DE SABER, y la imperiosa y justa demanda de que se haga JUSTICIA.
El general Dalmao viene de ser condenado a 28 años de prisión, una decisión que viene tres años después de su procesamiento, y esta condenación pasa a la Corte de Casación, para que se haga efectiva, esta primera acción realmente histórica, muestra que es por primera vez un militar aún en actividad ha dado cuenta de sus actos, a pesar de toda la cortina para “disculparlo”, hasta el propio Ministro de Defensa, salió a decir, “que él sabía, que Dalmao era apenas un alférez, imposible de ser un verdugo…” y sin embargo la jueza que viene a condenarlo lo expresa mas que claramente, siguiendo las líneas trazadas por el abogado Juan Errandonea, y sus propias deducciones, solo el ex alférez Dalmao, entró en la célula donde yacía la estudiante comunista Nibia Salsagaray, por lo cual no cabe una sola duda, que no fue un suicidio, sino un homicidio agravado.
Y esta nueva “marcha del silencio”, que se efectúa por la 18ª. vez por Montevideo, en homenaje a los que fueron ultimados, asesinados aquél 20 de mayo de 1976 en la Argentina lleva como título “En mi Patria NO HAY JUSTICIA” y es por ello, que al día siguiente, el Coloquio Internacional que se desarrollará en Paris, cobra una dimensión mayor con las voces, mas que idóneas en materia de Justicia y sobre todo comprometidas, en SABER LA VERDAD, y aún más por la recuperación de la Memoria Nacional.
Cuando la Suprema Corte de Justicia en Uruguay, “explica”, que las “desapariciones forzadas”, solo son “delitos comunes” y prescriptibles, que la ley aprobada por el Parlamento uruguayo es anticonstitucional, y vuela la ya la acción, que el asesinato del maestro Julio Castro, cuyo restos fueron encontrados, atados con alambres, y con muestras de haber sido torturado y ejecutado de un tiro en la nuca quedará impune y su ejecutor liberado amparado por la “muralla” de la que habla Ruibal Pino, solo la voluntad de un Juez, Juan Carlos Fernández Lecchini, hace frente a tal posición del Presidente de la SCJ, en el Coloquio de Paris, también otras voces se levantarán contra esta actitud mas que prepotente de la actual mayoría dentro de la SCJ.
En este coloquio que se realizará el próximo 21 de mayo en Paris, el coordinador del mismo, es el Magistrado francés Louis Joinet, el cual lleva en si, uno de los puntos esenciales que se van a tratar y del cual, Joinet, es el “creador” de dicha premisa: EL DERECHO A SABER, en su presentación ante las Naciones Unidas, Joinet expresaba : “No se trata solamente del derecho individual que toda víctima, o sus parientes o amigos, tiene a saber qué pasó en tanto que derecho a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Por contrapartida tiene, a cargo del Estado, el “deber de la memoria” a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que tienen por nombre el revisionismo y el negacionismo; en efecto, el conocimiento, para un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado. Tales son las finalidades principales del derecho de saber en tanto que derecho colectivo.”
Así mismo el abogado Oscar López Goldaracena, nos hace participe de su reflexión, expresando: “Hace 40 años, en el Uruguay, los civiles y militares golpistas dejaron de disimular y arrebataron lo que quedaba de democracia. Nuestro país ingresó en una de las etapas más terribles de su historia, durante la cual el Estado se convirtió en un aparato terrorista contra la población civil. Detenciones ilegítimas, torturas, agresiones sexuales, homicidios, desapariciones forzadas, prisión política y exilio. Miles de familias destruidas. Proyectos de vida que no pudieron ser. Como escribimos en algún momento: no existió el “Derecho”, sino el “Revés”.
“Hoy, transitando el año 2013, persisten las secuelas de las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas. A pesar de haber recuperado la democracia hace décadas (1985), los desaparecidos (salvo pocos casos en que se recuperaron restos) siguen desaparecidos. En puridad, el crimen de desaparición forzada continúa. Asimismo, son sabidas las dificultades que se presentan en las causas judiciales, habida cuenta de la actitud de la Suprema Corte de Justicia al declarar inconstitucional la ley que posibilitaba continuar los procedimientos y reabrir casos archivados por la ley de caducidad.
Y hemos de reflexionar sobre los obstáculos y desafíos que se presentan en el plano jurídico para alcanzar verdad y justicia de las desapariciones forzadas (análisis de la normativa interna, internacional y su aplicación por los operadores judiciales); la dicotomía entre derecho internacional y derecho interno en la concepción jurídica conservadora que hoy es recogida por la Suprema Corte de Justicia; el funcionamiento interno del Poder Judicial con traslado de jueces y ausencia de juzgados especializados; la inoperancia del sistema judicial; la ausencia de políticas públicas integrales de apoyo a las víctimas en el acceso a verdad y justicia; la búsqueda de los restos y verdad sobre lo ocurrido, como imperativo de justicia y reparación; y, finalmente, los caminos que proponemos transitar, en lo jurídico y en lo político, hacia verdad y justicia en todos los casos”.
Mariana Mota, jueza de mas de 50 expedientes de ex torturadores, y asesinos bajo la dictadura de 1973-1985, separada recientemente de su cargo, por la SCJ, una muestra más de esa “muralla” invocada por Ruibal Pino, nos expresa por avance que su participación en el coloquio, se basará en las investigaciones de las violaciones a derechos humanos en el poder judicial uruguayo.
“Se debe partir de considerar un aspecto que resulta esencial para comprender las actuaciones del poder judicial en este tema. En el poder judicial no se reconoce que las graves violaciones a los derechos humanos deban tener una consideración especial en cuanto a cómo se investiga, a cargo de quien, finalidad buscada con esta intervención judicial. A partir de no considerar estos delitos en su especialidad, ni de las personas que están involucradas en ello (operadores jurídicos, indagados, víctimas, técnicos auxiliares en la investigación) las mismas deficiencias endémicas de que adolece el poder judicial uruguayo y especialmente el sistema procesal penal se verán en estas investigaciones agravado con la ausencia de contemplar las otras necesidades que estas investigaciones requieren.
El desempeño como juez titular de varios juzgados con competencia penal y luego al frente de un juzgado con un cúmulo de causas donde se investigaban denuncias a graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura me permite señalar las deficiencias, los mecanismos adoptados para tratar de mitigar tales carencias y los resultados esperados y reales de estos trabajos judiciales.”
La ex fiscal y actual miembro del INDDHH Mirtha Guianze pondrá la cronología de la lucha por romper si “los muros del silencio”, que sobrevinieron, desde la finalización de la dictadura, hasta los primeros intentos de denuncias sobre la impunidad y los establecimientos de un verdadero régimen de derecho. El desconocimiento de la desaparición forzada como método de represión durante el período dictatorial, ocultamiento o tergiversación de los hechos. La denuncia de “informes” de 3 Comandantes en Jefe del Ejército, la iniciación de excavaciones en predios militares y la aparición de los primeros “desaparecidos”, Ubagesner Chavez Sosa y Fernando Miranda.
La presencia de un verdadero testimonio- victima de “niños, hijos de desaparecidos”, será la presencia de Macarena Gelman, que pondrá bien claro, con su presencia, aquella mentira, salida de la boca del dos veces Presidente del Uruguay, Julio María Sanguinetti, que en “Uruguay, jamás se practicaron los apremios físicos, y que jamás se secuestró a un niño”. Hoy mismo éste mismo JMS, pretende alzarse en dador de lecciones de democracia, y es co-participante en la defensa encarnada de la Ley de Caducidad, una “piedrita” más en la “muralla” de Ruibal Pino.
Seguramente, que ésta muralla no caerá como las de Jericó, al escuchar las verdades y los alegatos en éste coloquio, pero si marcará, que la lucha por JUSTICIA Y VERDAD, no se detiene y es en la recuperación de la memoria nacional el hecho fundamental para llegar si al NUNCA MAS.
Version en français du colloque mai 2013
Touchez l’image