La investigación sobre los desaparecidos está “trancada”, y “requiere otro vigor”
Por Sergio Israel
Elena Zaffaroni
La ausencia de resultados tangibles, la interrupción por varios meses de algunos excavaciones en predios militares y los cambios en los equipos técnicos bajo la dirección del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Presidencia aparecen como indicadores de “politización”, ausencia de una estrategia, o al menos de cierta “opacidad”, y de un ritmo “demasiado lento” en lograr avances en un problema “difícil”, dijeron a Búsqueda diferentes actores vinculados con los derechos humanos.
“Muchos integrantes de Familiares piensan que lo esencial es encontrar los restos. Yo pienso de otra manera. No es que no quiera encontrar los restos, claro que considero que es importante, pero creo que lo principal es dejar un legado, que determinados parámetros queden prendidos en la juventud”. Esas afirmaciones realizadas en abril por el portavoz de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Nilo Patiño, al semanario “Brecha”, expresan el debate latente entre los familiares de los alrededor de 200 desaparecidos uruguayos durante la dictadura (1973-1985) y entre varias organizaciones vinculadas al tema.
El martes 30, coincidiendo con el día internacional del detenido desaparecido, Familiares emitió una declaración en la que afirmó que “el trabajo va demasiado lento y el tiempo apremia”. Patiño había sostenido en abril que el Grupo de Trabajo “creado por Tabaré Vázquez es lo más potable que se ha hecho hasta ahora en ese plano desde el Estado. Por lo menos tiene potestades para investigar. Se lo debería haber creado hace muchísimo tiempo” . Pero la declaración leída en la Sala Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional por la integrante de Familiares, Elena Zaffaroni, sostuvo que a un año y medio de instalado el tercer gobierno del Frente Amplio y el segundo de Vázquez no están “satisfechos con esos resultados” y entienden que “cambiarlos requiere otro vigor, otra ejecutividad” que aún esperan. “En estos años comprendimos que el Estado difícilmente se investigue a sí mismo, que el miedo fue y es uno de los mayores aliados de la impunidad y un instrumento privilegiado del autoritarismo y que los logros son siempre fruto de la movilización, de la persistencia y suma de iniciativas y voluntades”, afirmó Familiares en el documento.
La asociación tiene una delegada en el Grupo de Trabajo, la doctora Emilia Carlevaro. Familiares se lamentó de que “las causas judiciales se empantanan, la búsqueda de los restos no avanza y las amenazas, intimidaciones o robos a las personas que trabajan en el tema, han sido una constante”. Al acto asistieron el integrante del Grupo, Ademar Olivera, la ex fiscal Mirtha Guianze y el diputado colorado Fernando Amado.
“Encriptado y opaco”.
Para la ex directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Isabel Wschebor, la forma en que funciona el sistema judicial “lleva a que se investigue a una persona y no hechos en conjunto y las reservas de las causas hace que el tema se encripte”.
Wschebor, una historiadora especializada en el manejo de archivos que renunció a comienzos de este año por diferencias con el Grupo de Trabajo, dijo a Búsqueda que “sería muy importante desopacar el tema” y saber “si tenemos o no una definición política para encarar este tema; sería una muy buena pregunta para quienes integran el Grupo”. En cambio, para uno de los coordinadores del Grupo, Felipe Michelini, hasta ahora “Uruguay no tuvo un abordaje omnicomprensivo del fenómeno del pasado reciente” y defendió la actuación del equipo, que busca “una nueva institucionalidad” y “ordenar el trabajo”.
La ex directora, en cambio, percibe un panorama más complejo: “Hay falta de coordinación entre el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), la Secretaría y el Grupo de Trabajo”. Precisamente la ausencia de comunicación entre el equipo liderado por Wschebor y el Grupo de Trabajo llevó a su renuncia. También a que, hace algunos días, se decidiera no renovar el contrato del arqueólogo Octavio Nadal, que estaba en la Secretaría como asesor, luego de haber trabajado bajo la dirección del profesor José López Mazz desde 2005.
“Nosotros entramos sabiendo que el tiempo te juega en contra. Y trabajamos así. Hay dos estrategias distintas, y el tiempo ha demostrado que no están en línea: una es ir a los terrenos, y la otra es no intervenir hasta no estar seguros, para no someter a la sociedad a eso”, opinó Wschebor. El arqueólogo Camilo Collazo, que renunció junto con Wschebor, es aún más crítico respecto al clima que vivió en la Galería Caubarrere, donde funcionan ambos organismos en el mismo piso: “Hubo una ausencia de toma de decisiones. Enviamos documentos e informes al Grupo de Trabajo y no se resolvía nada. Ni siquiera nos respondían. Siempre hay un conflicto que frena el avance. El chivo expiatorio cambia. Hay falta de continuidad y falta la decisión política para decidir una acción”. Collazo sostuvo que se fueron cuando vieron que los “iban a acusar de que las cosas se trancaban”. Wschebor y Collazo publicaron una columna en “La Diaria” en la que explicaron los motivos que los llevaron a alejarse. Además, expresaron una opinión contraria acerca de la reciente decisión del Grupo de Trabajo de no pedir al juez Pedro Salazar la intervención en uno de los galpones del Servicio de Material y Armamento (SMA) en Gruta de Lourdes, donde, según testimonios recibidos, podría haber tumbas clandestinas. Para estos investigadores, “la corroboración en los terrenos constituye la única modalidad de eliminar especulaciones y mitos en torno a estos asuntos”. Informes independientes de la Facultad de Ingeniería y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que emplearon la técnica del georadar, si bien constataron alteraciones en el terreno que podrían aconsejar una excavación, no llegaron a conclusiones definitivas y en opinión del Grupo de Trabajo no justifica romper las instalaciones.
“Nueva frustración”.
A mediados del año pasado, Adriana Cabrera, hija de Ary Cabrera, desaparecido en 1976, sostuvo en un artículo publicado en “La República” que si a Wschebor “no se le asignaba personal suficiente para investigar toda la información que surja y la que ya tiene, estaremos una vez más ante una nueva frustración para las grandes multitudes que cada 20 de mayo recorren 18 de Julio. Eso sí, cada vez habrá menos testigos y víctimas encabezando la marcha”.
Otra familiar de desaparecidos, Soledad Dosetti, dijo a Búsqueda que “el poder hace mucho menos que lo mínimo y para aparentar, y hay un punto en el que uno se da por vencido porque hay respuestas que se dan para quedar bien, aparentar que se hacen las cosas”. Matilde Severo, que proviene de una familia cañera que llegó a tener siete familiares desaparecidos en Buenos Aires, dijo en el programa “La mañana en casa” de Canal 10, que “todo está muy trancado, no se avanza; hay falta de voluntad política, les damos insumos pero no se adelanta mucho porque se está demorando mucho en las resoluciones”. Wschebor mantiene una esperanza: “Al Frente Amplio le importa que se sepa. No me atrevería a decir que no le importa o que le ha dado la espalda a este tema”. Javier Miranda, nuevo presidente del Frente Amplio, es hijo del escribano comunista Fernando Miranda, uno de los cuatro desaparecidos cuyos restos fueron encontrados hasta ahora.
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Habla la historiadora Isabel Wschebor por Radio Uruguay
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