Dic 12, 2017
Por: Hugo Acevedo, analista
La conformación de una nueva agrupación política integrada en su mayoría por militares en situación de retiro, confirma el propósito de los uniformados de integrarse a la vida institucional del país, desde una postura radical de derecha que recuerda aciagos tiempos pretéritos de la historia reciente.
Esa parece ser la idea vertebral que inspira al naciente grupo autodenominado “Movimiento Unidos Podemos”, que enarbola la bandera de los intereses corporativos del estamento castrense.
Según su propia definición, la organización apunta a “unir el voto de los retirados militares, para tratar los temas que hacen a las Fuerzas Armadas y especialmente al personal retirado”.
Uno de sus voceros es el general (r) Hebert Fígoli, denunciado y tipificado como represor durante la dictadura, por varias organizaciones de derechos humanos.
Según esas fuentes, el militar se formó, cuando era cadete, en la década del sesenta, en técnicas de contrainsurgencia en la tristemente célebre Escuela de las Américas que funciona en Panamá, al igual que más de mil efectivos uruguayos.
Este instituto del ejército de los Estados Unidos creada en 1949 -que es conocido como la “Universidad de los asesinos”- adiestró a más de sesenta mil soldados latinoamericanos, que operaron al servicio de gobiernos autoritarios del continente e instauraron el terrorismo de Estado durante las décadas de sesenta y el setenta.
En su nuevo rol, Fígoli es uno de los referentes del grupo, que se propone competir en las elecciones de 2019 y tener representación parlamentaria en la próxima legislatura.
“La idea de ingresar a la vida política partidaria surge del intercambio de opiniones entre personal retirado de las FFAA y también de algunos civiles. La intención es que el movimiento posteriormente se integre al Partido Colorado o el Partido Nacional”, sostuvo el militar.
Además, Fígoli encabeza el grupo coordinador de retirados y pensionistas que se opone a la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, uno de los temas más relevantes de la agenda del movimiento.
Otro de los integrantes del núcleo fundacional es el coronel ® Ruben Hartman, ex edil suplente del Partido Nacional por Florida, quien, el año pasado, pronunció un polémico discurso en la Piedra Alta, en el marco del V Encuentro de militares retirados.
En la oportunidad, el oficial castrense -quien fue sancionado por el Ministerio de Defensa Nacional- se solidarizó con los represores presos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
A su entender, el estamento castrense enfrenta una campaña de “revanchismos y rencores”, afirmando -en subliminal alusión al gobierno y particularmente al Poder Judicial- que “creen que las Fuerzas Armadas no tienen más derecho que el de soportar la humillación y el menosprecio de la sociedad”.
Al culminar su oratoria expresó: “Firmes y dignos, que esta consigna sea el centinela de nuestro proceder. Ojalá que al terminar esta jornada todos nos vayamos con una sonrisa y alegría de habernos reencontrado. Muchas gracias y, por ahora, empezamos a volver”.
Ese “empezamos a volver” -que tiene ciertamente un talante enigmático- es el que provocó reacciones de condena a nivel de la clase política y ulteriormente precipitó la renuncia del militar como curul suplente en la Junta Departamental floridense.
Al respecto, cabría preguntarse cómo una persona con ideas explícitamente anti-democráticas y que reivindica abiertamente las atrocidades perpetradas durante el gobierno autoritario, fue electo edil por el lema Partido Nacional.
¿Nadie sabía que esta persona hace causa común con los criminales que violaron los derechos humanos durante la dictadura en el momento de confeccionar las listas?
Para nada sorprende que el nuevo movimiento quiera sumarse a alguno de los dos partidos tradicionales, en tanto la derecha -por acción u omisión- ha manifestado reiteradamente una fuerza afinidad con el estamento castrense.
No en vano, en mayo pasado, el bloque conservador hizo caso omiso de las reflexiones del presidente del Círculo Militar, general (r) Raúl Mermot, quien insólitamente fue absuelto por la justicia penal de una imputación de apología del delito.
Al respecto, es pertinente recordar que durante la conmemoración del “Día de los caídos en defensa de las instituciones democráticas” -que ya no es una celebración oficial sino privada de los militares nostálgicos- el jerarca castrense pronunció polémicas declaraciones que ameritaron una solicitud de procesamiento por parte de la fiscalía.
En la oportunidad, calificó de “venganza” el procesamiento del militar Rodolfo Álvarez y -en un intransferible tono de arenga- convocó a “no olvidar quién tiró el primer disparo: los tupamaros, muchos de los cuales dirigen el país”.
Al respecto, acusó al gobierno de “persecución”, en directa alusión a los efectivos castrenses procesados por delitos cometidos durante el régimen autoritario. “Recordamos al personal nuestro que está detenido injustamente, muchos ya fallecidos en prisión. Ahora, en estos días, acaban de reflotar algo y procesaron con prisión a Rodolfo Álvarez, que es sobrino del ex comandante en Jefe Gregorio Álvarez, pero además es hijo de su hermano Artigas Álvarez, a quien los tupamaros mataron en el ‘72”.
Luego y en una actitud inequívocamente amenazante que no debió ser pasada por alto, el jerarca militar proclamó: “Tendrá que verse la forma de que esto no siga siendo así”.
No satisfecho con tanto terrorismo verbal, consideró que “hay algo de venganza por los años que pasaron por el quiebre institucional, gente que sin dudas pasó mal, que procuraba hacer cosas que no se debían hacer”.
No obstante, lo más grave fueron sus reflexiones en torno al trato inhumano al cual fueron sometidos los presos de conciencia en los establecimientos castrenses, aun antes de consumado el golpe de Estado. Al respecto, Mermot reconoció que “hubo excesos. Me consta, en lo personal, que nunca estuve en una sesión de tortura, pero no confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio, torturas no hay”.
La actitud de la derecha es consecuente con la sanción de la Ley de Caducidad hace ya treinta y un años y con la defensa a ultranza de dicha norma que abonó la impunidad de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante el gobierno autoritario.
Evidentemente, los golpistas nostálgicos que vegetan en las catacumbas de los clubes militares, saben bien quiénes son sus aliados estratégicos en el sistema político.