Se juzga el asesinato de un estudiante dentro de la Universidad Nacional del Sur
Los delitos de la Triple A en
Bahía Blanca, a punto de volver a ser juzgados
Están acusados Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Angel Forcelli y Osvaldo Pallero, integrantes de la Triple A y contratados por el exrector de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu. En una asamblea de estudiantes fue asesinado el secretario de la Federación Universidad del Sur, David Cilleruelo, el 3 de abril de 1975.
17 de junio de 2020
Por Ailín Bullentini
El Tribunal Oral en lo Criminal de Bahía Blanca deberá confirmar en estos días si retoma el postergado juicio por los crímenes de la Triple A en esa ciudad con una metodología combinada de sala de audiencias a puertas cerradas y videoconferencias. Mientras que la Fiscalía y las querellas aceptaron la propuesta de los jueces, las defensas se opusieron. El debate había comenzado a principios de marzo y resultó suspendido por las medidas de aislamiento preventivas en el marco de la pandemia de coronavirus.
El TOF de Bahía Blanca comenzó el 9 de marzo el debate en el que están acusados Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Angel Forcelli y Osvaldo Pallero, integrantes de la Triple A y contratados por el exrector de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu, para cuidar la “seguridad y vigilancia” de esa institución. Allí, en una asamblea de estudiantes, fue asesinado el estudiante de Ingeniería y secretario de la Federación Universidad del Sur, David “Watu” Cilleruelo, el 3 de abril de 1975.
Aceituno es el único de los imputados que llega a juicio en prisión preventiva, por estar acusado de ser coautor del hecho. El autor del asesinato, Jorge Oscar Argibay, falleció. Héctor Oscar Chisú también murió sin ser juzgado. Curzio, Forcelli y Pallero serán juzgados por integrar la asociación ilícita y fueron excarcelados cuando cumplieron tres años en prisión preventiva, por lo que afrontarán el proceso en libertad.
A principios de mes, tras más de 60 días de inactividad, el TOF de Bahía Blanca presentó a las partes intervinientes en el debate por homicidios y asociación ilícita en el marco del terrorismo de Estado contra cuatro civiles integrantes de la Triple A un plan con las condiciones en las que definió retomar laas audiencias, suspendidas a fines de marzo pasado cuando se impuso la cuarentena obligatoria para prevenir el avance de la covid-19.
El plan del tribunal propone que el debate se lleve a cabo en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, un espacio lo suficientemente amplio para albergar a las partes intervinientes en el juicio –aquellas que no integren grupos de riesgo– respetando la distancia necesaria para no generar posibles contagios y sin participación de público. Quienes por cuestiones de edad o de salud debieran guardar aislamiento, serán parte vía conexión remota, plantearon los magistrados. La propuesta llegó el 2 de junio a las partes.
Tanto las querellas como el Ministerio Público Fiscal avalaron el plan. “Guarda correspondencia con la necesidad de no continuar dilatando la realización de un juicio que reúne una demora de cuatro décadas y media desde el acaecimiento de los crímenes investigados, y más de una década y media desde la anulación de las leyes de impunidad que interrumpieron el proceso de juzgamiento”, postuló la Fiscalía en el escrito que presentó Pablo Formento, uno de los fiscales que integran la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Allí también remarcó la necesidad de retomar el juicio debido a la edad avanzada de imputados, víctimas sobrevivientes y testigos, que “pone en riesgo el esclarecimiento de los hechos y la declaración de las responsabilidades penales”. Dos imputados fallecieron desde que comenzó la investigación.
En el escrito, la Fiscalía solicitó medidas adicionales para “reforzar la seguridad y tranquilidad de víctimas, familiares y testigos”. Entre otras pautas, el Ministerio Público pidió que sea tenida en cuenta “la voluntad del testigo en cuanto a la modalidad de su declaración”. “Debe tenerse en cuenta el carácter especial que, en estos procesos, reviste el acto de declaración presencial ante el tribunal, para muchos de los testigos convocados al debate a declarar en relación a delitos pluriofensivos”. También se señaló la necesidad de asegurar la transmisión pública de las audiencias, en vista de la importancia simbólica que estos procesos mantienen en función de los intereses generales y comunitarios comprometidos en su realización.
Las querellas también avalaron el plan del Tribunal. No así las defensas. La decisión, ahora, está en manos de los jueces.