Espionaje en democracia
Espionaje militar en democracia: Relevo de prueba
Luego de que el contralmirante Óscar Otero, director de los servicios de Inteligencia durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, reconociera en la investigadora el carácter “cotidiano” del espionaje ilegal en democracia y “cruzamientos” con agencias extranjeras, la comisión avanza ahora en nuevas citaciones.
Por Ricardo Scagliola
Por lo pronto, ya cursó una consulta a la cancillería sobre la posibilidad de citar a la embajadora de Estados Unidos. La comparecencia de la diplomática estadounidense divide a los miembros de la investigadora.
Una de las características más salientes de la comisión investigadora que le viene siguiendo la pista al espionaje ilegal en democracia es -como en las malas encuestas- la gran cantidad de “no sabe, no contesta”. Ministros del Interior de todas las épocas, jefes de los servicios de Inteligencia, militares de todos los pelos han repetido como un mantra no tener conocimiento de la actividad de los servicios de espionaje. Así sucedió hasta que el pasado lunes, por primera vez, un antiguo mando militar reconoció que el seguimiento a personas, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil fue “una práctica de costumbre” durante su paso por Inteligencia. El dato provino de la declaración del contralmirante retirado Óscar Otero, quien se desempeñó en la Dirección General de Información de Defensa durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti.
La confesión de Otero llegó en el momento menos esperado, después de que los integrantes de la investigadora impulsaran una declaración pública de la Cámara de Diputados rechazando la decisión de cuatro jefes de la Inteligencia militar de eludir la citación de la comisión. Se trata de los generales retirados Mario Aguerrondo, Daniel Legnani, Francisco Wins y Juan Antonio Zerpa, que por carta o teléfono anunciaron el faltazo. La actitud discorde de Otero, sin embargo, constata una fotografía repetida de estos meses de trabajo de la comisión: a diferencia de los retirados del Ejército, entre los exmandos de la Armada ha primado la decisión de sí comparecer ante el Parlamento.
La “investigadora sobre posibles actos de Inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha” -así se llama la comisión que investiga el espionaje militar en democracia- ha puesto de manifiesto -aunque con dispar repercusión mediática- el descontrol de los servicios de Inteligencia en democracia, y el mantenimiento de ciertas estructuras propias de la dictadura. La confesión de Otero no sólo corrobora esto, sino que aportó otro elemento importante: el “cruzamiento” que -sostuvo- se realizaba con “otras agencias de Inteligencia”.
Varios rollos a los que tuvo acceso Caras y Caretas comprueban estos cruzamientos y, más que cruzamientos, una imponente simbiosis con la madre de todas las agencias. “Funcionamiento de la CIA en nuestro país” es el “asunto” de uno de los cables, con fecha 8 de junio de 1989. Allí se transcribe una entrevista con un tal “agente Fabián”, y se constata, por ejemplo, el financiamiento por parte de la superagencia estadounidense a espías uruguayos. “El dinero viene destinado al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior. En este último lugar es donde se concentra el mayor esfuerzo”, escribe el “agente 53-G”. Y añade: “La remuneración no es de acuerdo a la jerarquía, sino es en función de la tarea asignada como aspecto más importante”.
El cable del “agente Fabián” desnuda el papel de “La Embajada” -tal como se le llama a la representación de Estados Unidos en Montevideo-: su asesor económico y administrativo -consigna- es “el responsable de todo”, “el que recomienda la compra de vehículos, volcar más medios a una operación, pago de premios estímulos, etcétera”. Este hombre, a quien se le adjudica la dirección de las operaciones de la CIA en Uruguay es Carlos Ramírez, apodado Facho, quien a lo largo de una extensa entrevista con el “agente Fabián” termina confesando asesinatos y enterramientos.
“Yo no maté gente por satisfacción propia y a vos te consta. Porque salimos juntos, estuvimos juntos enterrando gente. ¿O no? […] Si vos te olvidaste de eso… yo no me olvido, porque yo no lo hice con satisfacción, y vos tampoco. Hubo una diferencia, yo no me mamaba después de hacerlo. Yo pensaba que teníamos que trabajar de otra manera para evitar llegar a eso. Y te insistí, y te rompí las bolas durante años, para que formáramos un equipo de gente para que mañana, de diez tipos, tuviéramos que matar a tres para obtener información”. La entrevista con el “agente Fabián” aborda también la descontrolada interna de los servicios -“Están jugando a ejecutarme”, advierte el entrevistado- y evidencia el seguimiento a colectivos de la diversidad sexual: “Ahora ya tengo todos los elementos, te voy a dar el [informe] de los homosexuales”. Otra prueba de que nada escapaba al espionaje militar.
Las implicancias de “La Embajada” en la actividad de los servicios llevó a la comisión a consultar al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la posibilidad de citar a la embajadora Kelly Keiderling, pero aún no obtuvo respuesta. La consulta a la cancillería se decidió luego de un intenso intercambio en el interior de la comisión. El Frente Amplio, bajo la voz cantante del presidente de la investigadora, Gerardo Núñez, y Unidad Popular, representada por su único diputado, Eduardo Rubio, creían que había que citar sin más a la jefa de la representación diplomática más nombrada en los cables. Iván Posada, del Partido Independiente, planteó que esta convocatoria excedía el mandato de la comisión y planteó dudas acerca de la posibilidad de que una decisión de este tipo transgreda la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece un régimen de protección e inmunidades para el personal de embajadas y organismos internacionales. El nacionalista Jaime Trobo también puso objeciones. Mientras se espera la respuesta del Palacio Santos, Posada adelantó que su voto, en este caso, será “negativo”. “Para mí no esta en el marco de lo que fue el mandato de la Cámara de Representantes”, explicó a Caras y Caretas. Por lo bajo, varios integrantes de la comisión -incluidos los opositores- sostienen que es “una obviedad” que la CIA operó y sigue operando a través de la Embajada de Estados Unidos.
El espionaje del que da cuenta el “archivo Berrutti” recopila desde datos trascendentes de partidos y organizaciones sociales -discusiones ideológicas, virajes tácticos, posibles escenarios- hasta historias mínimas acerca de dirigentes y militantes. La catarata informativa incluye, por ejemplo, la recopilación de los matrimonios de personalidades identificadas con la izquierda anunciados a través del Diario Oficial. La lista confeccionada por el “agente 40” incluye, por ejemplo, al actual ministro de Economía, Danilo Astori. O un minucioso detalle acerca del avance en la recolección de firmas para habilitar el referéndum que, en 1986, dejó en manos de la ciudadanía la decisión de “confirmar” o “dejar sin efecto” la Ley de Caducidad, un tema que puso en verdadero estado de alerta a los espías. Zerpa, uno de los directores de Inteligencia que la semana pasada se negó a declarar ante la investigadora, estaba entonces al mando de los servicios. Legnani, otro de los cuatro militares que no asistieron a la convocatoria, estaba en su lugar cuando en noviembre de 1990 los agentes se infiltraron en una caravana del FA. El “Memorándum 1388”, al que también accedió Caras y Caretas, consigna: “Se detecta a Tabaré Vázquez recorriendo la caravana por 18 de Julio en el coche matrícula 234.346 y atrás del coche del intendente se detecta el Fiat 147 azul en actividad de aparente custodia”.
Denuncia penal en puerta
Una mayoría de los integrantes de la comisión ya se decanta por la denuncia penal como broche de un trabajo que ha tenido no pocos obstáculos. Para empezar, el mutis de ministros de Interior y Defensa, así como jefes de los servicios, que poco o nada han dicho sobre toda la montaña de cosas que sí dicen los papeles del “archivo Berrutti”, la única materia prima con la que trabaja la investigadora, dado que la Justicia negó a los legisladores la posibilidad de acceder a la otra gran fuente de material: el “archivo Castiglioni”. Así lo dijo el presidente de la comisión, Núñez. En igual sentido se expresaron el representante de Unidad Popular, Eduardo Rubio, y el diputado independiente Iván Posada ante la consulta de Caras y Caretas. “Es obvio que a esto hay que llevarlo a la Justicia. A mí no me queda ninguna duda y creo que al resto de la comisión tampoco”, dijo Rubio. También fue contundente Posada: “Hay que darle paso a la Justicia”. Medido, Trobo explicó a Caras y Caretas que en el Partido Nacional aún no han tomado “ninguna definición”. “Veo que hay alguna gente que ya tiene definido qué es lo que va a hacer”, sostuvo, en relación a las expresiones públicas de Núñez acerca de su determinación de presentar una denuncia penal. “La de la comisión tiene que ser una tarea discreta, sin espectacularidad”, subrayó. El diputado nacionalista pidió “no andar por ahí anunciando” y cultivar “un talante, una forma de encarar los temas” más centrado en “el hacer” que en “el decir”.
Cuando quedan unos pocos meses más para terminar con el trabajo de la comisión investigadora, sus integrantes empiezan a afinar las conclusiones. Rubio, por ejemplo, subraya que “estamos confirmando algo que todos sabíamos y es que existe espionaje del aparato del Estado sobre los partidos políticos, organizaciones sociales y personas del común”. El diputado popular dijo a Caras y Caretas que es “muy pobre” el aporte de todas las autoridades civiles y militares que han comparecido ante la comisión. Sin embargo, aun frente a la escasez, Rubio toma nota de que “la Dirección Nacional de Información e Inteligencia era, en realidad, un lugar donde convergían los diferentes servicios, aunque se percibe que cada uno tenía su propia dinámica, y hasta parecen chocar en algunos aspectos”. Trobo, por su parte, apunta a “identificar las responsabilidades” antes de tomar posición. “Hubo actividades prohibidas, ilegales en democracia, pero ¿estaban o no involucrados los mandos? De acuerdo a los elementos que tenemos, las actividades se realizaron, pero lo que no queda claro son las responsabilidades, si escapaba o no a su conocimiento”, indicó. Trobo apuntó a la actividad de los servicios como “una especie de inercia” que quedó encastrada desde la dictadura. Y dijo que hay cables que “parecen hechos por algún lelo”. “Desde el principio tuvimos los elementos de juicio suficientes para afirmar que el espionaje fue una práctica muy recurrente en el Uruguay de la democracia, un ejercicio que había que hacer”, sostiene Posada.
Más allá de las diferencias, todos los integrantes de la comisión coinciden en un punto: en un acto delictivo, preocupante y peligroso: hubo espionaje ilegal en democracia. También en una duda: ¿lo sigue habiendo?
El sistema solar del espionaje
Los meses pasan, el trabajo de la investigadora avanza y algo queda cada vez más claro: el descontrol de los servicios de Inteligencia derivó en un enorme aparato de espionaje, huérfano de controles. Ahora, cuando la investigadora intenta establecer las responsabilidades del espionaje clandestino y nadie se hace cargo de la criatura, políticos de distintos pelos empiezan a pensar en la necesidad de un marco que regule los servicios para, en palabras de Jaime Trobo, “asumir un compromiso hacia el futuro”. En enero de este año, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que, en esencia, recoge el borrador elaborado por una comisión bicameral durante el período pasado. Se trata de la “Comisión Especial con Fines de Asesoramiento Legislativo sobre Inteligencia de Estado”, que fue creada en noviembre de 2011 y estuvo integrada por los legisladores Ivonne Passada y José Bayardi (Frente Amplio), Jaime Trobo (Partido Nacional), José Amy (Partido Colorado) e Iván Posada
(Partido Independiente). El proyecto que el gobierno envió en enero, sin embargo, difiere en un punto importante respecto al que redactaron estos cinco parlamentarios: el nuevo director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE) será designado por el Poder Ejecutivo y no requerirá venia parlamentaria, como sí postulaba el borrador elaborado por la comisión. Este cambio disgustó a los blancos. Si bien el proyecto es, a juicio de los de Oribe, “muy moderno” y “el Partido Nacional tiene el propósito de aprobarlo”, Trobo remarcó a Caras y Caretas la importancia de que la designación cuente con la venia del legislativo. Desde el Frente Amplio, en tanto, estiman que el cambio en la presidencia de la Asamblea General -donde Lucía Topolansky ha pasado a ocupar el lugar de Raúl Sendic con la premisa de acelerar el tranco- puede llevar a que el proyecto sea aprobado en el correr de lo que queda del año. El proyecto enviado por el Ejecutivo está organizado en seis capítulos y proyecta, como objetivo fundamental, la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI). El artículo segundo parece recoger las enseñanzas de tantos años de espionaje ilegal en democracia: “Los órganos integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia desarrollarán sus actividades actuando bajo el más estricto cumplimiento de los principios del régimen democrático republicano de gobierno, en pleno respeto a los derechos humanos”. El proyecto contiene, en su interior, una especie de “diccionario de los servicios”. Términos como “contrainteligencia”, “fuentes”, “canal técnico”, son definidos con la precisión de un diccionario de la editorial Larousse. Más adelante, en su artículo 7, prohíbe a cualquier organismo de Inteligencia “intervenir en la actividad política, social o económica del país, en su política exterior o en la vida interna de los partidos políticos”. Los organismos involucrados en el SNI bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE) serán, principalmente, los ministerios de Defensa Nacional, Interior, Relaciones Exteriores, y Economía y Finanzas. El director de la SIEE será designado y cesado por el Poder Ejecutivo, por un plazo máximo de seis años consecutivos sin posibilidad de desempeñarse nuevamente hasta tres años después de ese período. Este cargo será de carácter exclusivo. También crea una “Mesa Coordinadora de Inteligencia”, presidida por el director de la SIEE. Y pone la mira de la Inteligencia en la detección de “grupos terroristas, nacionales o internacionales” y “organizaciones criminales transnacionales”. El artículo 19 establece, además, que “toda operación de búsqueda de información […] involucrando procedimientos especiales que puedan afectar la libertad y privacidad de los ciudadanos deberá ser autorizada por el Poder Judicial”. El proyecto también establece que los jerarcas del sistema podrán “autorizar en forma escrita y debidamente clasificada” que el personal de su dependencia “oculte su identidad oficial y actúe en forma encubierta para la obtención de antecedentes e informaciones”. El nuevo organismo estará bajo el control de una comisión parlamentaria bicameral, en la órbita de la Asamblea General, que se relacionará directamente con el director de ese nuevo sistema solar de la inteligencia que será la SIEE.