2018: un año decisivo, más movilización
Estos días se cumple un año desde que el Comando Barneix emitió públicamente sus amenazas a un grupo de militantes por los Derechos Humanos del pasado reciente. Hasta el momento no ha habido ningún avance al respecto. La justicia que tiene todas las potestades para actuar, no lo ha hecho. No ha dado ninguna señal de involucramiento o preocupación seria al respecto.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, luego de su visita de dos días a nuestro país, a fines del mes de octubre del año pasado, fue muy claro y explícito.
Sin dejar de reconocer lo mucho que se ha avanzado, opinión que compartimos, el Alto Comisionado señaló tres aspectos preocupantes que merecen un enfoque especial por parte del Estado uruguayo: la situación de las cárceles, con énfasis en los menores infractores, la violencia de género hacia las mujeres y la impunidad hacia las graves violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, sin olvidar las notorias carencias de las políticas de reparación a las víctimas que se han llevado a cabo.
El Poder Judicial: el gran problema de la justicia en Uruguay
En la actualidad, la impunidad en nuestro país tiene nombre y apellido. Se sigue llamando Poder Judicial. Es uno de los pilares básicos y esenciales de nuestra institucionalidad democrática y republicana.
De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, el Poder Judicial tiene el monopolio exclusivo de investigar las acciones delictivas y de enjuiciar a los responsables de ellas para castigarlos. Es el único órgano del Estado que, con el auxilio de la Policía, puede detener ciudadanos, indagarlos, interrogarlos, tomarles declaraciones, someterlos a careos y, con todas las garantías del debido proceso, privarlos de su libertad, de acuerdo a la gravedad del delito y de acuerdo a lo que establece el Código Penal.
Luego de la sanción encubierta a la Dra. Mariana Mota, por parte de la SCJ en febrero de 2013, pocos jueces han manifestado un auténtico y democrático entusiasmo por llevar adelante y tramitar las causas que se han presentado. La “muralla”, a la cual se refirió en su momento el Presidente del cuerpo Dr. Jorge Ruibal Pino, sigue siendo un obstáculo insalvable.
Las amenazas proferidas por el Comando Barneix, otras acciones de amedrantamiento no esclarecidas, siguen operando subrepticiamente desde las sombras e impactando negativamente en la voluntad de enjuiciar.
El terrorismo de Estado fue un proyecto de país global al servicio de los poderosos, contó con el apoyo explícito de los grandes hacendados, de la Asociación Rural que bendijo la disolución del Parlamento junto con la Cámara de Comercio y el matutino “El país”. Contó con amplio respaldo de los organismos internacionales y del gobierno de Estados Unidos. El único militar que en instancias judiciales aceptó y reconoció haber torturado, el fallecido Capitán ® Asencio Lucero, fue simplemente procesado por “privación de libertad”. Hubo miles de torturados y ni un solo militar o policía procesado por dicho delito hasta el momento.
Criminales como Gavazzo, Ramas y Gilberto Vázquez siguen disfrutando, ilegítimamente, de cómodas y resplandecientes prisiones domiciliarias, con todas las comodidades y beneficios de “la familia militar” en situación de retiro, con el beneplácito de la Suprema Corte de Justicia.
Un proyecto de país más democrático
Los ex presos políticos agrupados en Crysol, hemos asumido el compromiso de bregar porque Nunca Más haya terrorismo de Estado. Seguimos siendo luchadores sociales y políticos, seguimos creyendo en la movilización, en la militancia, en la participación. La impunidad es un riesgo para la democracia: alienta la repetición.
Con ese horizonte, el enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo y fundamental, incluso para llegar a la verdad con lo ocurrido con los detenidos desaparecidos.
El Poder Judicial tiene que cumplir con su cometido institucional. La lucha por la institucionalidad formal, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática, es el único camino para avanzar hacia otros horizontes superadores del capitalismo, convocando a la más amplia participación popular y ciudadana.
Hasta ahora, sólo un pequeño puñado de criminales ha podido ser enjuiciado. Centenares de causas están paralizadas y el máximo órgano de ese poder, presidido por el Dr. Jorge Chediak, con el concurso de la Dra. Elena Martínez y del Dr. Eduardo Turell, sigue negando la aplicación de las normas de DDHH internacionales, el ius cogens, el “derecho de gentes”.
La Fiscalía especializada en DDHH está en “veremos”
La designación del Fiscal Especializado en DDHH a la mayor brevedad, se menciona al respecto como una posibilidad la designación del Dr. Ricardo Perciballe, tiene amplio consenso entre algunas de las organizaciones que abordan la temática, será una contribución importante para impulsar el trámite de las causas, para dinamizarlas y enfrentar a la nueva “muralla” silenciosa.
Designar un nuevo responsable ante la jubilación de la Fiscal Ana María Tellechea, de ejemplar desempeño por su compromiso, valentía, honradez y dedicación, es urgente. Será una señal de auténtico compromiso. Es necesario un responsable diligente y comprometido, un equipo de apoyo con recursos humanos y tecnológicos para promover las causas ya presentadas y las que puedan surgir.
Una nueva ley de reparación es apremiante
Falta verdad, falta justicia y falta avanzar, también, en materia de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. En abril del año pasado, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) que coordina el Dr. Felipe Michelini presentó al Presidente de la República un informe sugiriendo el envío de un nuevo proyecto de ley de reparación.
En la actualidad, dicho informe está a estudio de todos los ministros para ser discutido próximamente por el Consejo de Ministros. Habría que apurar el tranco. Todos los ministros deberían manifestar su apoyo a las recomendaciones formuladas. Es de estricta justicia. A 33 años de retorno a la institucionalidad democrática, ya es hora.
Hace ya más de cinco años que la Institución Nacional de DDHH recomendó al Poder Ejecutivo modificar las leyes reparatorias para incluir a todas las víctimas, sin exclusiones, sin discriminaciones y sin obligarlas a renunciar a otros legítimos derechos como las jubilaciones y pensiones como ocurre en la actualidad.
Los beneficiarios de la ley sufren, además, desde abril del año 2007, los nefastos perjuicios del Decreto 106/2007, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de la época. Además, se sigue negando el derecho a la libre opción en salud, en el marco del Sistema Nacional integrado de Salud (SNIS) por la vigencia del Decreto 297/2010.
El proyecto de ley de Crysol: una auténtica alternativa
Crysol presentó al Presidente de la República un proyecto de ley al respecto hace ya dos años, con la responsabilidad con que siempre ha actuado para contribuir y colaborar con la labor gubernamental. La propuesta presentada reformula las leyes ya aprobadas y vigentes pero recogiendo las recomendaciones realizadas por la INDDHH y el Relator Especial de la ONU Pablo de Greiff. El grueso del trabajo ya está realizado. Es hora de concretar.
En este 2018 debería ser una prioridad del Poder Ejecutivo y del partido de gobierno, los otros partidos no manifiestan por estos temas ni la más mínima inquietud o preocupación, hacer justicia con este grupo social de edad avanzada. Los derechos de miles de víctimas del terrorismo de Estado siguen sin implementarse. La movilización de las víctimas organizadas junto con el respaldo de las organizaciones de DDHH y del movimiento sindical y estudiantil será la clave.
El sábado habrá una vigilia en Piriápolis por nuestros Detenidos Desaparecidos. Iniciamos la movilización.
