Comisión que investiga espionaje
citará a Mirtha Guianze porque aseguró
que los servicios de inteligencia de
Sanguinetti la vetaron para ser fiscal penal
13 de marzo de 2018
En otra jornada de trabajo de la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el espionaje militar y policial en democracia, comparecieron los coroneles de la Fuerza Aérea Gustavo Brozia y Silverio Cano, y el capitán de la Armada Juan Herrera. Como es habitual en esta comisión, los tres negaron haber participado en el espionaje e incluso tener conocimiento de ese accionar, señaló a la diaria el diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez, presidente de la comisión. El legislador explicó que arman permanentemente la lista de invitados para declarar, ya que muchos aceptan y en la mitad de la semana avisan que se les “complicó”. Además, subrayó que hasta ahora sólo asistieron jerarcas de la Armada y la Fuerza Aérea; en cambio, del Ejército no compareció ninguno.
En tanto, Núñez indicó que para el primer lunes de abril citarán a Mirtha Guianze, ex fiscal y ex presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a raíz de unas declaraciones que hizo en diciembre a Lacatorce10, asegurando que durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, en 1996, había sido propuesta para una fiscalía penal, pero fue rechazada porque, según le había manifestado el fiscal de Corte de esa época, “desde Presidencia habían pedido los archivos de inteligencia” y por sus “antecedentes” no podía acceder a ese cargo. “Es clarísimo que en época del presidente Sanguinetti los servicios de inteligencia del Ejército me estaban vetando. En otras palabras, en el año 96 mis antecedentes me impedían ser fiscal penal, porque consideraron que era riesgoso. Supongo que ese peligro era con respecto a los juicios que tenían que ver con la dictadura”, había indicado Guianze.
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CARTA A VÁZQUEZ
CRYSOL pide auxiliar a nueva
Fiscalía, y denuncia “mayoría hegemónica
provictimarios” en la Suprema Corte de
Justicia
13.03.2018
MONTEVIDEO (Uypress) — La asociación de expresos políticos CRYSOL envió al presidente Vázquez una carta en la que solicita se adopten las medidas para que la nueva Fiscalía especializada en violaciones de derechos humanos en el pasado reciente cuente con los recursos necesarios.
La carta enviada por el colectivo de expresos políticos, firmada por su presidente, Gastón Grisoni, y su secretario, Enrique Chalar, destaca su intención de continuar “bregando para que el Poder Judicial, aún con la actual mayoría hegemónica provictimarios liderada por la Dra. Elena Martínez Rosso y secundada por los Dres. Jorge Chediak y Eduardo Turell en la Suprema Corte de Justicia, lleve a cabo sus cometidos constitucionales”.
La organización reafirma en su carta dirigida al mandatario su “punto de vista de que para generar las condiciones que impidan que los hechos del pasado vuelvan a repetirse es necesario que el Estado investigue y sancione los crímenes, escriba la historia y memoria de dicho período y resarza a las víctimas de una manera apropiada”, refiriendo para ello a la resolución 60/147 de las Naciones Unidas, como “estándar de calidad para evaluar lo actuado e identificar los desafíos”.
TEXTO COMPLETO DE LA CARTA
Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay.
Dr. Tabaré Vázquez.
Estimado Presidente:
Por medio de la presente solicitamos a Ud. se adopten las medidas pertinentes para que, con el auxilio directo del Poder Ejecutivo, la Fiscalía especializada de DDHH para el pasado reciente cuente con todos los recursos materiales, humanos y logísticos para que pueda cumplir con sus cometidos de una manera con real impacto.
Solicitamos, asimismo, se emita una orden terminante a todos los ministerios de que actúen de una manera enérgica, rápida y eficaz en todos los requerimientos que reciban por parte del poder judicial en esta temática.
La justicia nunca ha sido un obstáculo para la verdad. Ha sido la falta de actuación de parte del Poder Judicial lo que ha impedido avanzar en tal sentido, especialmente en cuanto al destino de los Detenidos Desaparecidos.
La investigación de todos los delitos requiere el tomar testimonio, empleando toda la fuerza coercitiva del Estado, a los presuntos involucrados y testigos de los hechos. Esa actividad en nuestro actual marco legal corresponde exclusivamente al Poder Judicial.
Como colectivo organizado seguimos y seguiremos bregando para que el Poder Judicial, aún con la actual mayoría hegemónica provictimarios liderada por la Dra. Elena Martínez Rosso y secundada por los Dres. Jorge Chediak y Eduardo Turell en la Suprema Corte de Justicia, lleve a cabo sus cometidos constitucionales.
Reiteramos nuestro punto de vista de que para generar las condiciones que impidan que los hechos del pasado vuelvan a repetirse es necesario que el Estado investigue y sancione los crímenes, escriba la historia y memoria de dicho período y resarza a las víctimas de una manera apropiada. En tal sentido, la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el estándar de calidad para evaluar lo actuado e identificar los desafíos.
Las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) deberían ser implementadas a la mayor brevedad. Dar amplia participación para ello a las organizaciones sociales que representamos a las víctimas es una medida básica e indispensable a nuestro entender.
Reiterándole nuestra solicitud de ser recibidos personalmente por Ud. para expresarle de manera directa nuestros puntos de vista, proporcionarle la posibilidad de un conocimiento directo de nuestra realidad y nuestra percepción acerca de la misma, lo saludan atentamente,
Gastón Grisoni – presidente
Enrique Chalar – secretario