Ahora todos las cuestiones de Derechos Humanos en el INDDHH

 

Una causa sagrada y

           permanente

 

El pasado lunes 12 de Agosto, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley destinado a asignar nuevas atribuciones legales a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La iniciativa le otorga facultades  para investigar lo ocurrido en cuanto a la desaparición forzada de ciudadanos durante el período del Terrorismo de Estado.

La Corte de Roma condenó a cadena perpetua a criminales que gozan de prisión domiciliaria en Uruguay

La desaparición forzada de ciudadanos por parte de funcionarios del Estado es una práctica  represiva cruel e inhumana que merece la mayor de las condenas en todos los planos. Una práctica auténticamente condenable y repugnante.

Durante el período conocido como Terrorismo de Estado, casi doscientos uruguayos fueron secuestrados y desaparecidos en el marco del Plan Cóndor dentro y fuera de las fronteras nacionales por parte de los servicios represivos. Dos de ellos (Héctor Píriz Castagneto y Abel Ayala) por parte del Escuadrón de la Muerte cuando gobernaba Jorge Pacheco Areco, Roberto Gomensoro Josman en marzo de 1973 durante el gobierno de Juan María Bordaberry y el resto luego de la disolución de las Cámaras en junio de 1973.

Hasta el momento sólo se ha podido esclarecer un pequeño número de casos. El Poder Judicial, el órgano estatal con las mayores facultades constitucionales al respecto,  por diferentes causas, vigencia de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado (1989 a 2011), entre otras, aunque no la única, no estuvo en condiciones de actuar con la eficacia y la eficiencia que la gravedad de lo ocurrido ameritaba. La Suprema Corte de Justicia, incluso, no las considera hasta el momento como Crímenes de Lesa Humanidad y ha autorizado las prisiones domiciliarias para los escasos condenados.

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