Cabildo Abierto impulsa su agenda:
busca “reinstalar” la ley de caducidad y disminuir
el “autoritarismo” del fiscal Díaz
1 de agosto de 2020
La propuesta de derogar la ley interpretativa sorprendió a los legisladores de la coalición; en el Partido Nacional existen reparos sobre ambas iniciativas.
Las críticas de Cabildo Abierto (CA) contra el fiscal de Corte, Jorge Díaz, volvieron a reflotar el jueves, luego de una reunión entre el líder de esa colectividad política, Guido Manini Ríos, y el presidente Luis Lacalle Pou. El senador reiteró sus discrepancias con la actuación del fiscal –que derivó hace unas semanas en el pedido de remoción de Díaz–, pero esta vez el reclamo fue un poco más allá.
Manini Ríos dijo que no hablaron sobre el pedido de destitución, pero sí sobre “algo relacionado –yo traje el tema–, por los atropellos que se siguen dando a los principios del derecho con acciones desde la Fiscalía que ya son intolerables”, dijo, y agregó que en los próximos días habría más novedades sobre el tema. El anuncio no se hizo esperar: el senador manifestó este viernes su intención de derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad (18.831), que restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado y declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad.
Para Manini Ríos, con esta ley se violan “sistemáticamente los principios del derecho”. “No se trata de defender ni a dictadores ni a torturadores –como muchas veces quieren endilgar para mezclar los tantos–, se trata de defender el Estado de derecho”, dijo en una entrevista con Radio Montecarlo. Este tema, aclaró, fue conversado en la reunión con el presidente.
Para él, existen “ciertos magistrados” que están actuando con “prevaricación” y utilizando el derecho de forma “antojadiza”. “La ley de caducidad, una de las casi 20.000 leyes que tiene nuestro Estado desde 1830, fue la única que fue ratificada dos veces por el cuerpo electoral, que, según nuestra Constitución, está antes que los representantes del Poder Legislativo. El cuerpo electoral, dos veces, con 20 años de diferencia, ratificó esa ley”.
Sin embargo, “un buen día, riéndose del fallo del cuerpo electoral, por una mayoría muy exigua, uno o dos votos a favor, se derogó la ley de caducidad. ¿No será tiempo de reinstalar la ley de caducidad? ¿No será tiempo de derogar esa ley que derogó la ley de caducidad y de esa forma contribuir a, una vez por todas, dar vuelta la página y evitar que ciertos magistrados prevaricadores continúen usando el derecho su antojo y con falsos testimonios, llevando a inocentes presos?”, preguntó.
La propuesta, dijo, es muy “sencilla”: derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad. “Ahí se establecerían las condiciones para empezar a mirar para adelante. Eso no quita que se siga investigando, tratando de saber dónde están los desaparecidos”, dijo. Si bien aclaró que CA es el primero “en apoyar” la búsqueda de los desaparecidos, consideró que “seguir encarcelando gente con dudosos testimonios, con dudosas pruebas y probadamente falsas, le hace mal al Estado de derecho, y creo que no es propio de un país como Uruguay”.
Una salida en solitario
La propuesta tomó por sorpresa a los integrantes de la coalición. El senador nacionalista Jorge Gandini dijo a la diaria que el líder de CA está en todo su derecho de plantear la iniciativa que considere pertinente, pero aseguró que el tema no está por ahora en la agenda de la coalición. “No lo tenemos ni discutido ni conocíamos en absoluto esta propuesta”, afirmó.
La senadora nacionalista Carmen Asiaín dijo que la ley de caducidad siempre le pareció una solución fallida. “Siempre critiqué la ley de caducidad por inconstitucional. Para mí, que se le dé al Poder Ejecutivo incidencia dentro de cuestiones que tienen que ver con el ámbito del Poder Judicial es una mala solución. Quizás una solución hubiera sido que, así como se aprobó una amnistía sobre los delitos cometidos por los tupamaros, se hubiera atado eso a la de los militares. No se hizo y se buscó esa solución que, desde el punto de vista jurídico, siempre me pareció muy fallida”. De todos modos, entiende que es una ley que histórica y políticamente ha generado mucha “controversia” y volver a reflotarla es, a su entender, “volver a abrir heridas”. A nivel parlamentario, contó, ha dado su postura sobre la ley de caducidad cuando fue citada como profesora de derecho constitucional para opinar sobre el tema, y cree que “no podría, con honestidad, acompañar a que se volviera a reflotar la ley de caducidad tal cual estaba escrita”.
El senador nacionalista Sergio Botana prefiere no pronunciarse sobre el tema y estudiar el alcance de lo que propone Manini. A la salida de la dictadura, recordó, “estuve en contra del Pacto del Club Naval y voté verde”. “Hubo una disputa entre la paz y la justicia. Ganó la reconciliación nacional. Hay que respetar ese esfuerzo de la ciudadanía”, dijo.
“Independientemente de quién lo presente, no me puedo posicionar ni a favor ni en contra”, dijo a la diaria el diputado de CA Eduardo Lust. El abogado constitucionalista considera que la ley de caducidad es inconstitucional, dado que en su artículo 3 le daba competencias al Poder Ejecutivo para decidir “a quién se juzgaba y a quién no”. Sin embargo, también opina que la Ley 18.831 no es interpretativa, porque para él una ley interpretativa justamente interpreta “una palabra que no se entiende, por ejemplo”, pero en este caso “legisla de otra manera”.
También señaló que dos generaciones se pronunciaron a favor de la ley de caducidad. “Es un caso muy curioso. Una generación después de la de 1989, el partido [el Frente Amplio] que promovía [su derogación] gana las elecciones y pierde el plebiscito, lo que muestra que esa ley tiene la legitimación de que el cuerpo electoral se pronunció respecto de ella. Lo que opino desde el punto de vista filosófico, como Arechaga, es que los poderes no son tres, son cuatro. El cuarto es el poder constituyente, y su órgano es el cuerpo electoral: cuando el cuerpo electoral se pronuncia tiene un valor superior”.
Guido Manini Ríos y Luis Lacalle Pou, el 30 de noviembre de 2019, en la rambla de Kibón.
Una fiscalía controlada
La idea de crear una fiscalía colegiada retomó fuerza en la coalición de gobierno. La iniciativa que está en discusión es la del diputado colorado Gustavo Zubía, que cuenta además con el apoyo de varios legisladores de su partido, e ingresará a la cámara baja la semana que viene. El diputado colorado Felipe Schipani dijo a la diaria que es una medida que respaldan desde hace mucho tiempo. El lunes, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado recibirá a Zubía para que detalle la propuesta, pero Schipani considera que habrá consenso en apoyar la iniciativa. De hecho, el proyecto de ley cuenta con las firmas de Ope Pasquet, Conrado Rodríguez y la suya.
Para Schipani, a partir de la reforma del Código del Proceso Penal, la Fiscalía General de la Nación pasó a tener un rol protagónico, por lo que la propuesta de un colegiado sería “mucho más garantista”, como la integración de la Suprema Corte de Justicia, ejemplificó. En concreto, el proyecto prevé la creación de un directorio integrado por tres miembros: se mantendrían las competencias actuales del fiscal de Corte y los otros dos integrantes serían elegidos por el Poder Ejecutivo.
Al ser consultado sobre si la iniciativa estaba relacionada con el malestar que existe por parte de varios integrantes de la coalición con la gestión de Díaz, Schipani señaló que el tema estaba planteado desde mucho antes que los últimos “chisporroteos” con el fiscal. De todos modos, reconoció que puede haber un “ingrediente” vinculado con la actuación de Díaz, pero “lo entiendo como mucho más trascendente a eso, tiene que ver con el diseño institucional”.
Para Asiaín es necesario separar las discrepancias que existen con Díaz de una eventual reforma de la fiscalía. La legisladora entiende que es necesario discutir la iniciativa por fuera del “calor” de la coyuntura. “Que el fiscal sea cuestionado creo que tiñe de política una reforma que habría que analizar concienzudamente”.
Pero también hay aspectos de la forma que no terminan de convencer a integrantes del Partido Nacional. La legisladora dijo que a priori no se niega a estudiarlo, pero como jurista no le gusta la forma de colegiado. “Soy muy respetuosa de la institucionalidad y no promovería una reforma si no hay mérito para ello”, afirmó. A Botana tampoco le convence la iniciativa: “No me gustan los colegiados para ninguna cosa, pero habrá que estudiarlo”, dijo. “Además, pienso que hay que cuidar las cuestiones institucionales. Me parece que hay derecho a discrepar sobre todas las cosas, pero las cuestiones institucionales siempre hay que cuidarlas”, afirmó.
Lust entiende que la Fiscalía no puede ser un servicio descentralizado. Aunque reconoce que su posición es minoritaria, entiende que los servicios descentralizados fueron creados por el constituyente para darles una naturaleza jurídica a las actividades industriales y comerciales del Estado, y eso se ha ido “desfigurando a lo largo de los años”.
Más allá de estas críticas, Lust entiende que Díaz no tiene el perfil para ser el único fiscal porque “es una persona muy autoritaria”. “El conflicto se plantea así: ¿cómo le restas el autoritarismo a Díaz? Haciendo un colegiado, que es lo que propone Zubía, y ese colegio tiene tres directores”. La idea de nombrar a dos fiscales más podría “suavizar el autoritarismo” de Díaz, dijo Lust.
Si bien considera que en “el peor de los casos es una mejor solución que tenerlo solo a Díaz”, no lo convence del todo. “Sigo pensando que no puede ser un servicio descentralizado. En dos años se le vence el mandato, salvo que el presidente le retire el apoyo. De repente el próximo fiscal no tiene el perfil de Díaz, entonces sería armar un directorio porque está Díaz. Con todas las salvedades, entre que esté solo o controlado por dos, [prefiero] que esté controlado por dos”. “Me cuesta decir ‘vamos a hacer un colegiado’, pero si no hay más remedio, y con todas las salvedades, podría decir: ‘Te voto el triunvirato’”, afirmó.
Capillera: el pedido de remoción de Díaz es por los procesamientos a militares
La diputada de CA Elsa Capillera dijo en Informe capital, de TV Ciudad, que el pedido de su partido de remover a Díaz de su cargo es por los procesamientos a militares por los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.
“Hay una ley que se votó y es volver al mismo tema de siempre. Ya la ciudadanía decidió dar vuelta la página y ahora es como volver para atrás. Creo que hay que seguir para adelante”, dijo Capillera.
Al ser consultada nuevamente sobre si el pedido de remoción estaba vinculado al procesamiento de militares retirados, respondió: “Creo que sí, ¿no? Está a la vista, no sé por qué tendríamos que volver atrás. No estamos de acuerdo con nada de lo que pasó”.
Manini y la ley de caducidad
4 de agosto de 2020 ·
Escribe Pablo Rodríguez Almada
Es a todas luces conocida la intención del senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos y de su partido de reinstalar la impunidad en materia de derechos humanos, referidos a los episodios de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el pasado reciente.
Para lograr su objetivo, ha tomado diversos caminos.
En primer lugar, los senadores de CA han utilizado la media hora previa a la sesión de la Cámara de Senadores para criticar al Poder Judicial por los procesamientos y condenas a militares que cometieron crímenes de lesa humanidad. Manini Ríos señalaba en la media hora previa a la sesión de la Cámara de Senadores el 14 de abril de este año: “¿Hasta cuándo se procesará a militares octogenarios por hechos de hace 50 años?”, y finalizaba su argumento señalando que hubo una manifestación del pueblo de pasar la página en estos temas, porque no quiere seguir “sumergido en el odio que unos pocos irradian”.1 El senador del mismo partido político Raúl Lozano, el 16 de junio de 2020, en la media hora previa a la sesión de la Cámara de Senadores, criticó un fallo de la Justicia penal que procesó al soldado retirado Leonardo Vidal por el asesinato del tupamaro Nelson Berreta el 15 de julio de 1972, señalando: “La jueza, a pedido del fiscal [Ricardo] Perciballe, procesa con prisión al otrora joven soldado sin tenerse en cuenta el plazo máximo de prescripción de 20 años previsto para los delitos más graves”. Cuestionó que se considerara al delito cometido por el militar como crimen de lesa humanidad, y finalizó diciendo que el procesamiento era una “clara persecución ideológica de venganza que nada tiene que ver con la justicia”.
Otro camino que eligió CA fue comenzar a instalar en la agenda política la necesidad de una ley de amnistía que favorezca a militares que cometieron crímenes de lesa humanidad en el último gobierno de facto. El senador de CA Guillermo Domenech manifestó que “tiene que haber una amnistía que contemple también a los militares y dar vuelta la hoja”.
Recientemente los dirigentes principales de CA –Manini Ríos, Domenech y Eduardo Lust– atacaron la figura del fiscal de Corte, Jorge Díaz, y solicitaron la remoción o destitución del jerarca. Les vino como anillo al dedo la investigación administrativa que promovió el jerarca contra la fiscal de Carmelo Natalia Charquero, vinculada al Partido Nacional, quien archivó el expediente del ex intendente y actual candidato a intendente por Colonia, Carlos Moreira. La persecución política a Díaz por parte de CA tiene relación con el hecho de que, desde que existe la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, han aumentado los procesamientos y condenas a militares y policías por crímenes de lesa humanidad, y más aún cuando se instaló la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, el 22 de febrero de 2018.
Finalmente, en la última semana, Manini Ríos planteó el tema de reinstalar la ley de caducidad, y los partidos Colorado y Nacional analizarán la iniciativa.2 Lo que pretende Manini Ríos es derogar la Ley 18.831, que fue votada por el Parlamento para dar cumplimiento a la sentencia del caso “Gelman vs. Uruguay”. Manini Ríos argumenta que con la Ley 18.831 se violan “sistemáticamente los principios del derecho”. Manifiesta el senador: “No se trata de defender ni a dictadores ni a torturadores –como muchas veces quieren endilgar para mezclar los tantos–, se trata de defender el Estado de derecho”.3 Apoyando esta posición, la diputada de CA Elsa Capillera, entrevistada en el programa Informe capital, de TV Ciudad, señaló respecto de los procesamientos a militares: “Yo creo que ya hubo una ley que se votó; es como volver para atrás y seguir con el mismo tema de siempre. La ciudadanía decidió que quiere dar vuelta la página”.4
Este interés en proteger a militares que cometieron crímenes de lesa humanidad por parte de Cabildo Abierto puede explicarse porque su cúpula es manejada por militares retirados afines a Manini Ríos.
Se les debe aclarar a los legisladores de CA que los ciudadanos, mediante decisiones populares, no pueden suprimir derechos humanos ni garantías para la protección de estos consagradas en la Constitución o en instrumentos internacionales de derechos humanos.
Este interés en proteger a militares que cometieron crímenes de lesa humanidad por parte de CA puede explicarse porque la cúpula de CA es manejada por militares retirados afines a Manini Ríos, que funcionan por fuera de la estructura del partido bajando línea. En declaraciones al semanario Búsqueda el 23 de julio de 2020, la candidata a diputada por Colonia de CA Alba Berreta expresó: “Entré a Cabildo Abierto porque apostaba a un cambio, confiada en un partido nuevo con un discurso artiguista y un caudillo con una conducción destacada en el Ejército que prometía orden y justicia social. Todo eso representó Manini para un montón de gente. Pero después de las elecciones se cayeron las caretas y se vieron las caras, y los uniformes”. Además, señaló: “Es un secreto a voces que en Cabildo manda un grupo militar, y no son milicos rasos, son oficiales con galones que se reúnen como en un casino a resolver y ordenar a ‘la tropa’. Pero yo soy civil, no militar, y en un partido político nadie me puede obligar a acatar sin pensar ni discutir abiertamente. Por eso nos fuimos, porque el partido nos decepcionó, nos traicionó, dejó de ser un verdadero cabildo abierto para convertirse en algo donde manda una cúpula militar que se rige por órdenes y verticalazos, como en el Ejército, y después hay una pantalla civil más bien decorativa”.
¿Qué ocurriría si se derogara la Ley 18.831? La ley de caducidad volvería a aplicarse con todas sus consecuencias. Es decir que para que un juez al cual le llegue una denuncia por un crimen de lesa humanidad, cometido por funcionarios militares y policiales hasta el 1° de marzo de 1985 (artículo 1° de la ley de caducidad), pueda investigar dicha denuncia, lo debe comunicar al Poder Ejecutivo para que este, en un plazo de 30 días, decida si está comprendida en el artículo 1° de la ley (artículo 3° de la ley de caducidad); por tanto, el juez debe tener la autorización del Poder Ejecutivo para poder investigar, lo cual vulnera el principio de separación de poderes.
Se debe mencionar que en 2009 la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en la sentencia 365/2009 (caso de Nibia Sabalsagaray), declaró inconstitucional la ley de caducidad. A este fallo de la SCJ el constitucionalista Eduardo Esteva Gallicchio lo denominó un “leading case” por acoger el “bloque de constitucionalidad”, que abarca a la Constitución y normas de derecho internacional de derechos humanos. De las expresiones del constitucionalista referido surgía la esperanza de que la sentencia 365/2009 expedida por la SCJ marcara un antes y un después en relación a la aplicación de las normas de derecho internacional de los derechos humanos por parte del máximo órgano del Poder Judicial y ello influyera en el resto de los jueces.
Para reforzar esa tendencia, el 24 de febrero de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) expidió una sentencia en el caso “Gelman vs. Uruguay” dejando sin efecto la ley de caducidad, y, como ya se expresó, el Poder Legislativo aprobó la Ley 18.831 para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH referida.
Pero la SCJ, desde la sentencia 20/2013, ha declarado inconstitucionales los artículos 2° y 3° de la Ley 18.831, lo que ha dificultado en extremo la condena a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
A pesar de ello, se ha procesado y condenado a militares que cometieron crímenes de lesa humanidad, por tanto, la verdad y justicia han sido posibles en muchos casos. Y esto se debe principalmente a la Fiscalía General de la Nación y a jueces que interpretan en forma correcta el ordenamiento jurídico uruguayo, aplicando normas de derecho internacional de los derechos humanos como garantías contra los crímenes de lesa humanidad.
Pablo Rodríguez Almada es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Tiene un posgrado de especialización en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es docente universitario.
- Montevideo Portalde 14 de abril de 2020. Disponible en: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Manini–Hasta-cuando-se-procesara-a-militares-octogenarios-por-hechos-de-hace-50-anos–uc749989 ↩
- El Paísde fecha 1° de agosto de 2020. ↩
- la diariade fecha 1° de agosto de 2020. ↩
- Montevideo Portalde 31 de julio de 2020. Disponible en: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Diputada-de-Cabildo-cree-que-pedido-de-remocion-de-Diaz-es-por-procesamiento-de-militares-uc760105 ↩